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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Fondo pidió que se revoque íntegramente la sentencia

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Fecha
2026-05-08
Radicado
15001233300020180045102
Número interno
72839
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FONDO DE ADPATACION
Demandado
CONSORCIO VIAL ITACOL, HMV INGENIEROS LTDA, CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C, SYM INGENIERIA SAS, UNIÓN TEMPORAL JUANCHITO, PROGIN SUCURSAL COLOMBIA, ANAS SUCURSAL COLOMBIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Fondo pidió que se revoque íntegramente la sentencia

Lo que dijo la Sala

Dentro de la oportunidad legal para impugnar la sentencia de primera instancia, la ANDJE presentó un escrito en el que coadyuvó el recurso de apelación interpuesto por el Fondo. Según el artículo 610 del CGP, esta entidad puede actuar en el proceso como interviniente y tiene las mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de “proponer excepciones previas y de mérito, coadyuvar u oponerse a la demanda”. El artículo 320 del CGP, que regula la impugnación de sentencias, establece: “respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”. Esta disposición prescribe, en coherencia con el artículo 224 del CPACA, que el coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El interviniente de una entidad pública puede actuar como coadyuvante del recurso de apelación y formular argumentos coincidentes con los del recurrente, siempre que no se opongan a los de la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho en litigio. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 610 del CGP reconoce al interviniente las mismas facultades de la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de coadyuvar; el artículo 320 del CGP remite, respecto del coadyuvante, al inciso segundo del artículo 71, que a su vez se armoniza con el artículo 224 del CPACA; y la coadyuvancia habilita los actos procesales permitidos a la parte que se ayuda. Por ello, el escrito de coadyuvancia presentado dentro de la oportunidad para impugnar la sentencia es admisible como respaldo de la apelación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos en que el recurso fue admitido.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 224
  • Ley 1564 de 2012, arts. 320, 610 y 71

También resuelve

  • ¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado…
  • ¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general…
  • ¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PARTES DEL PROCESO FONDO ADAPTACIÓN COADYUVANTE ALCANCE DE LA COADYUVANCIA FACULTADES DEL COADYUVANTE PROCEDENCIA DE LA COADYUVANCIA OPORTUNIDAD PROCESAL DE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DEMANDANTE PARTE DEMANDANTE PRETENSIONES DE LA DEMANDA RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE CONSULTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN NORMA DE DERECHO PRIVADO VIGENCIA DE LA NORMA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES HECHO DAÑOSO DISEÑO DE VÍA PÚBLICA DISEÑO DE CARRETERA LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INTERÉS JURÍDICO DIRECTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBLIGATORIEDAD DE GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OBRA VIAL OBRA EN VÍA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA VIAL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL FASE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FASE DE PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL DUEÑO DE LA OBRA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA SOLIDARIDAD DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPIO DE COLABORACIÓN PRINCIPIO DE COLABORACIÓN ARMÓNICA FALLA DEL SERVICIO POR OBRA PÚBLICA IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CONTRATO DE DISEÑO SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORÍA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA COLIGACIÓN NEGOCIAL EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL EN MATERIA ECONÓMICA PUENTE VEHICULAR EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FACULTADES DEL INTERVENTOR PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SERVICIO CONEXO OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DEBERES DEL CONTRATISTA PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO DE SEGURO SEGURO DE DAÑOS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INDEMNIZACIÓN POR SEGURO DE DAÑOS REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIO GEOTÉCNICO INVERSIONES EN SÍSMICA, GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA USO DEL SUELO PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL DESLIZAMIENTO DE TIERRA ESTRUCTURA FENÓMENO DE LA NATURALEZA RIESGO DE DESASTRES INFORME TÉCNICO INTERVENTOR CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR ACTIVIDAD CONSTRUCTORA OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL FUERZA MAYOR ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR CONCEPTO DE FUERZA MAYOR CONFIGURACIÓN DE LA FUERZA MAYOR PRUEBA DE FUERZA MAYOR ESTUDIO DE SUELOS IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE RIESGO EXTRAORDINARIO ESTUDIO DE RIESGO DE DESASTRES OBLIGACIÓN DE RESULTADO PRINCIPIO DE NO OBLIGATORIEDAD A LO IMPOSIBLE OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA AUSENCIA DE CULPA CIVIL CAUSA GENERADORA DEL DAÑO CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO MEDIOS DE PRUEBA CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA PROFESIÓN DE INGENIERÍA INGENIERO VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL IRRESISTIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO HECHO IRRESISTIBLE IMPREVISIBILIDAD HECHO IMPREVISIBLE HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA CONCEPTO DE IMPREVISIBILIDAD IMPREVISIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR AUSENCIA DEL DOLO BUENA FE CONTRACTUAL DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN CONCEPTO DE OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN LÍMITES DE LA OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO FALTA DE PRUEBA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA CONSTRUCTOR EXTERIORIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA CARACTERÍSTICAS DE LA CAUSA EXTRAÑA RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO MATRIZ DE RIESGOS PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN FISCAL IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA ARCHIVO DEL PROCESO PENAL EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL INEXISTENCIA DE FALTA DISCIPLINARIA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA DECISIÓN DISCIPLINARIA DOCUMENTO PÚBLICO PRUEBA DE LA CAUSA EXTRAÑA CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DAÑO RECIPROCO DEUDOR COMPENSACIONES FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 53.554 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PARTES DEL PROCESO / FONDO ADAPTACIÓN / COADYUVANTE / ALCANCE DE LA COADYUVANCIA / FACULTADES DEL COADYUVANTE / PROCEDENCIA DE LA COADYUVANCIA / OPORTUNIDAD PROCESAL DE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA / INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO / DEMANDANTE / PARTE DEMANDANTE / PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación? Respuesta al problema jurídico: Si Dentro de la oportunidad legal para impugnar la sentencia de primera instancia, la ANDJE presentó un escrito en el que coadyuvó el recurso de apelación interpuesto por el Fondo. Según el artículo 610 del CGP, esta entidad puede actuar en el proceso como interviniente y tiene las mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de “proponer excepciones previas y de mérito, coadyuvar u oponerse a la demanda”. El artículo 320 del CGP, que regula la impugnación de sentencias, establece: “respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”. Esta disposición prescribe, en coherencia con el artículo 224 del CPACA, que el coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. El Fondo pidió que se revoque íntegramente la sentencia, tanto la decisión de declarar la caducidad de las pretensiones formuladas contra el Diseñador y el Interventor de Diseños, como la de negar las dirigidas contra el Constructor y el Interventor de Obra. La ANDJE circunscribió sus argumentos a los puntos impugnados por el Fondo y formuló razones coincidentes o complementarias para apoyar su pretensión impugnaticia. En consecuencia, al resolver los reparos del Fondo, se examinarán igualmente los argumentos aducidos por la ANDJE. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 224, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 610, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 71 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / FONDO ADAPTACIÓN / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMA DE DERECHO PRIVADO / VIGENCIA DE LA NORMA Problema jurídico: ¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado previsto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 4819 de 2010 y, por ende, exceptuados de la aplicación integral del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Respuesta al problema jurídico: Si contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra no estaban sometidos en su integridad al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). (…) El Contrato de Consultoría se celebró el 5 de julio de 2013; el de Interventoría de Diseños, el 15 de julio de 2013; el Contrato de Obra, el 30 de diciembre de 2014; y el de Interventoría de Obra, el 30 de diciembre de 2014. Los cuatro negocios se perfeccionaron antes del 31 de diciembre de 2014. Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración. Por ello, les resulta aplicable el régimen contractual derivado del artículo 7.º del Decreto 4819 de 2010. Las Leyes 1753 de 2015 (art. 155) y 1955 de 2019 (art. 46), que posteriormente precisaron el régimen contractual del Fondo, no rigen estos contratos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen legal de los contratos celebrados por el Fondo Adaptación, ver: Corte Constitucional, sentencia C 251 de 6 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. FUENTE FORMAL: DECRETO 4819 DE 2010 - ARTÍCULO 7, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 1753 DE 2015 - ARTÍCULO 155, LEY 1955 DE 2019 - ARTÍCULO 46 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / HECHO DAÑOSO / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / DISEÑO DE CARRETERA / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGATORIEDAD DE GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general, a partir del día siguiente al motivo de hecho que sirve de fundamento a la demanda, por ser el momento en que se verifica el incumplimiento de la obligación postcontractual? Respuesta al problema jurídico: Si Para establecer si se aplica la regla general o las especiales para el cómputo del término de caducidad, se debe considerar el objeto y la causa de las pretensiones, que revelan el interés jurídico del actor. La determinación del momento en que surge ese interés es relevante en la identificación de la regla aplicable: si es posterior a la liquidación del contrato, el término no puede computarse desde el día siguiente a la firma del acta. De lo contrario, la restricción temporal operaría antes de que se actualice el presupuesto que sustenta el ejercicio del derecho de acción, lo que comprometería la garantía de acceso a la justicia. En relación con obligaciones exigibles aun después de la terminación de la convención que les dio origen, el término de caducidad no debe contarse necesariamente desde la suscripción del acta de liquidación. Como ha señalado la Corporación, si el interés jurídico se actualiza con posterioridad a la liquidación del contrato, porque solo entonces se verifica el incumplimiento de la obligación postcontractual, el término debe contarse, conforme a la regla general, a partir del día siguiente al motivo de hecho que sirve de fundamento a la demanda. En estos casos, el término no debe computarse desde la suscripción del acta de liquidación, pues la causa y el objeto de las pretensiones no están determinados por el contenido del balance final jurídico, técnico y financiero sobre las obligaciones ejecutadas durante su vigencia. (…) Si el motivo de hecho determinante para elevar un reclamo judicial por responsabilidad contractual se estructura con posterioridad a la liquidación del contrato, como ocurre en el caso bajo examen de la Sala, esta no lo cobija y, menos aún, puede interpretarse como una declaración que libera toda responsabilidad, salvo respecto de los hechos conocidos o que diligentemente se debieron conocer. No se trata de propiciar un sistema de responsabilidad perpetuo o de estatuir una regla que erosione el principio de seguridad jurídica por falta de certeza sobre el inicio del conteo, pues tratándose de obligaciones postcontractuales, son las partes -o en algunos casos la ley- quienes definen el ámbito temporal de tales compromisos, esto es, hasta cuándo resultan exigibles, lo que fija con suficiente certeza el horizonte de la responsabilidad. De manera que el cómputo del término de caducidad siempre correrá conforme a la ley, esto es, a partir de la ocurrencia del motivo de hecho que sirve de sustento a la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en demandas que reclaman el incumplimiento de obligaciones postcontractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 1 de agosto de 2019, exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 21 de marzo de 2025, exp. 69721, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 11 de julio de 2025, exp. 72252, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 4 de abril de 2025, exp. 64241, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia de 29 de septiembre de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / HECHO DAÑOSO / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / DISEÑO DE CARRETERA / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGATORIEDAD DE GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Problema jurídico: ¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de garantía relacionadas con la calidad de los estudios y diseños, cuyas deficiencias solo pudieron evidenciarse con posterioridad a la terminación y liquidación de los contratos? Respuesta al problema jurídico: Si El Fondo no afirmó explícitamente en el recurso de apelación que la causa de la demanda consistía en una reclamación fundada en el incumplimiento de una obligación exigible luego de la liquidación de los dos negocios. Sin embargo, citó como fundamento de su alzada la salvedad consignada en las actas de liquidación de los contratos de Consultoría e Interventoría de Diseños (…). Este señalamiento permite entender que el apelante sostuvo que la causa de la demanda comprendía una reclamación fundada en la garantía de calidad de los diseños, respecto de deficiencias que podían evidenciarse con posterioridad a la terminación y liquidación de los contratos. (…) [E]l Fondo basó sus pretensiones indemnizatorias en la obligación del Diseñador y el Interventor de Diseños de responder por la calidad de los estudios y diseños, respecto de deficiencias que, aduce, solo podían evidenciarse de forma sobreviniente a la liquidación de los contratos. (…) [L]a regla para determinar la oportunidad de las pretensiones contra el Diseñador y el Interventor de Diseños es la que, con carácter general, establece el artículo 164.2 (j) del CPACA. El término de caducidad de dos años se cuenta “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. El motivo de hecho que sirvió de fundamento a la demanda fueron las fallas del puente que se revelaron con posterioridad a la liquidación de los contratos, asociadas, en criterio del demandante, a una deficiencia en la calidad de los estudios y diseños con base en los cuales fue construido. Las pruebas del expediente acreditan, y esto no fue controvertido por los demandados, que el 27 de diciembre de 2016 el INVÍAS presentó un informe al Fondo registrando un primer grupo de anomalías en el puente relacionadas con agrietamientos y separación de las juntas de dilatación. Esta fue la primera fecha en que se tuvo conocimiento de presuntas deficiencias; no hay constancia de que antes de esa fecha se hubieran registrado patologías en la estructura o superestructura del puente vehicular. (…) Por lo anterior, las pretensiones contra el Diseñador y el Interventor de Diseños, formuladas en la demanda del 10 de agosto de 2018, resultaron oportunas. Para esta fecha no habían transcurrido dos años desde la comunicación en que se registraron las primeras anomalías del puente. La Sala revocará parcialmente la sentencia impugnada y estudiará de fondo las pretensiones del Fondo contra estos dos sujetos procesales. Este examen se adelantará en conjunto con el análisis de los reparos relativos a la responsabilidad contractual del Constructor y del Interventor de Obra, que se presenta a continuación. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J OBRA VIAL / OBRA EN VÍA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA / INFRAESTRUCTURA VIAL / DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA / ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL / FASE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / FASE DE PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / DUEÑO DE LA OBRA / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SOLIDARIDAD DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN ARMÓNICA / FALLA DEL SERVICIO POR OBRA PÚBLICA / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / CONTRATO DE DISEÑO / SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORÍA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / COLIGACIÓN NEGOCIAL / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL EN MATERIA ECONÓMICA / PUENTE VEHICULAR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / SERVICIO CONEXO / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿En el marco de contratos coligados para el diseño, construcción, consultoría e interventoría de obras públicas, la existencia de un nexo funcional entre negocios jurídicamente autónomos permite imputar responsabilidad a los distintos contratistas por las fallas de la obra derivadas de riesgos de interfaz y de incumplimientos concurrentes, sin desconocer el principio de relatividad contractual ni extender automáticamente las obligaciones más allá del objeto propio de cada contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La construcción de una obra de infraestructura vial exige, cuando menos, dos actividades interdependientes: el diseño y la ejecución material. El dueño de la obra tiene la opción de encargar el diseño definitivo y la construcción a un solo contratista o de celebrar negocios con distintos contratistas para cada una de estas actividades. La separación de actividades permite aprovechar la especialización de cada contratista. Sin embargo, también genera el riesgo de interfaz: la posibilidad de que las obligaciones de los distintos contratistas no se articulen de manera adecuada en los puntos de contacto entre sus prestaciones, como ocurre entre la elaboración del diseño y su ejecución material38. Este riesgo puede generar que, cuando se presentan fallas en la obra, se dificulte la identificación de la conducta causalmente relevante y, por ende, la imputación del daño. Cuando el dueño de la obra resuelve encargar por separado el diseño y la construcción, la interdependencia entre ambas actividades no desaparece. Como el fin perseguido por la entidad estatal no se circunscribe a recibir los estudios y diseños en la oportunidad acordada, sino a que estos sean idóneos para permitir la construcción de la obra, el consultor debe responder, por regla general, por su calidad. Este atributo no solo puede verificarse al fin del contrato de consultoría, sino también durante la ejecución de la obra, cuando los contratistas replantean el diseño en campo y acometen las intervenciones: es entonces cuando se determina si las especificaciones y planos suministrados por el consultor eran adecuados para satisfacer ese fin. Los contratos de consultoría y obra, aunque jurídicamente independientes, se ordenan conjuntamente a la realización de una operación jurídico-económica unitaria y compleja. De ahí que pueda configurarse entre ellos una relación de coligación. (…) [S]i bien cada contrato conserva su individualidad jurídica, existe entre ellos un nexo funcional. Este vínculo se explica porque las obligaciones del contrato de obra (o el de consultoría de diseños) constituyen, precisamente, el objeto abstracto del contrato de interventoría y, en conjunto, las obligaciones de uno y otro están orientadas a un fin práctico común. (…) El nexo entre los distintos negocios jurídicos no desvirtúa su carácter autónomo ni iguala las obligaciones de los contratistas. (…) [E]n virtud del principio de relatividad, cada parte es responsable de las obligaciones derivadas de los contratos que firmó, no de los celebrados por otros, más aún si no se pactó una responsabilidad mancomunada o solidaria por las actuaciones de los demás contratistas de la entidad estatal. Lo anterior no niega la existencia de deberes secundarios de conducta a cargo de las partes de los contratos coligados, como el de revelar oportunamente a la entidad estatal las conductas de otros intervinientes que pudieran comprometer el fin común de los contratos coligados. Tampoco niega que el vínculo funcional debe tenerse en cuenta al examinar si un mismo daño tiene causas concurrentes en el incumplimiento de varios contratistas, caso en el cual cada uno responde en la medida en que su incumplimiento contribuyó causalmente a producirlo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la finalidad primera e inmediata de cada parte de un contrato bilateral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de julio de 2025, exp. 71258, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 30 de mayo de 2025, exp. 70671, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / CONTRATO DE DISEÑO / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / PUENTE VEHICULAR / ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE SEGURO / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / SEGURO DE DAÑOS / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN POR SEGURO DE DAÑOS / CONTRATO DE CONSULTORÍA / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / ESTUDIO GEOTÉCNICO / INVERSIONES EN SÍSMICA, GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA / USO DEL SUELO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ESTRUCTURA / FENÓMENO DE LA NATURALEZA / RIESGO DE DESASTRES / INFORME TÉCNICO Problema jurídico: ¿Puede atribuirse jurídicamente al Diseñador, el daño estructural del puente de Otanche derivado de un fenómeno de remoción en masa originado fuera del área del ponteadero, bajo el argumento de que incumplió una supuesta obligación implícita, derivada del principio de buena fe contractual, de realizar estudios geotécnicos profundos y análisis de amenaza en un radio superior al expresamente previsto en el anexo técnico del Contrato de Consultoría? Respuesta al problema jurídico: No En la cláusula primera del Contrato de Consultoría se pactó que el Diseñador se obligaba a elaborar y entregar los diseños fase III para la construcción de los puentes de las vías no concesionadas del grupo 2, entre los que se encontraba el puente vehicular ubicado en Otanche. También se estableció que esta actividad debía realizarse de conformidad con los estudios previos que formaban parte integral del contrato. (…) En congruencia con lo anterior, conforme a la cláusula novena, el Diseñador se obligó a tomar un seguro (…). En esta especie de seguro de daños, la aseguradora no asume la obligación de ejecutar el contrato amparado, sino que acepta que se le trasladen los riesgos derivados de los incumplimientos en que pueda incurrir el contratista, caso en el cual se obliga a indemnizar a la entidad contratante asegurada a cambio del pago de una prima. La exigencia de contratar este amparo específico presupone que el Diseñador había asumido, bajo el Contrato de Consultoría, la obligación de responder por la calidad de sus diseños con posterioridad a la entrega: el riesgo de que esa obligación resultara insatisfecha no podría haberse trasladado a la aseguradora si la obligación no existía. (…) [E]l Diseñador no estaba obligado a realizar exploraciones geotécnicas mediante perforaciones y sondeos subterráneos en un radio de 10 kilómetros desde el ponteadero para identificar amenazas de remoción en masa que pudieran afectar la estabilidad de la estructura. El estudio de geología regional previsto para esa escala tenía por objeto definir el marco litoestratigráfico, no prever fenómenos de inestabilidad mediante métodos de exploración a profundidad del subsuelo. La identificación de amenazas geológicas naturales, conforme al anexo técnico, debía efectuarse en el sitio del ponteadero. (…) [E]l principio de buena fe cumple una función integradora del contenido contractual: además de los deberes primarios de prestación, a las partes les son exigibles deberes secundarios de conducta que, aunque no estén expresamente pactados, emanan de la naturaleza de la relación obligatoria y se orientan a preservar la utilidad práctica que la contraparte espera obtener del contrato. (…) La función integradora del principio de buena fe contractual no lleva, pues, a sustituir el contenido prestacional previsto en el anexo técnico. No implica que el Diseñador tuviera la obligación de llevar a cabo una exploración geotécnica mediante perforaciones y sondeos a varios kilómetros de distancia del ponteadero para la detección de amenazas de remoción en masa. (…) Las anteriores consideraciones sobre el alcance de los estudios que debía realizar el Diseñador resultan relevantes para la atribución jurídica del hecho dañoso. Esto se debe a que las pruebas coinciden en indicar que el fenómeno de remoción en masa -causa material del desplazamiento del estribo del costado de Otanche y de las demás fallas que presentó la estructura- tuvo su origen a más de 1 kilómetro de la zona del ponteadero y a profundidades cercanas a 30 metros. (…) El fenómeno geológico que produjo la falla de la estructura se ubicó a una distancia y profundidad que superaban los límites geográficos de las obligaciones del Diseñador en materia de identificación de amenazas naturales a la estabilidad del puente. En conclusión, el hecho dañoso no es atribuible a una mala calidad del diseño derivada de la insuficiencia de los estudios geológicos y geotécnicos ni de la ausencia de un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa en las laderas circundantes al puente. (…) Los criterios técnicos para calificar la suficiencia de los estudios geotécnicos y de la estabilidad de las laderas circundantes al ponteadero no se detallaron en el documento. No se indicó cuáles eran las características de una campaña de exploración geotécnica suficiente en cuanto al número de exploraciones y al radio o área cubiertos. Tampoco se detalló en qué debía consistir el análisis de estabilidad de las laderas circundantes. Bateman Ingeniería evaluó la suficiencia de los estudios del Diseñador aplicando su propio criterio técnico profesional, no el estándar exigible conforme al anexo técnico. (…) El incumplimiento debe definirse frente a las especificaciones pactadas por las partes en el anexo técnico, no frente al nivel de detalle que un experto consideraría óptimo desde una perspectiva técnica. En consecuencia, las afirmaciones de Bateman Ingeniería sobre la insuficiencia de los estudios no resultan determinantes para la decisión: no porque estén desprovistas de fundamento técnico, sobre lo cual la Sala no tiene elementos de juicio, sino porque no se refieren al estándar que el Diseñador debía observar según lo pactado en el contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la cobertura del seguro de daños en la contratación administrativa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de septiembre de 2025, exp. 69591, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 1 de julio de 2025, exp. 71258, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el principio de buena fe contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, exp. 25390, C.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871 INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INTERVENTOR / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA / OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / DISEÑO DE CARRETERA / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OBRA VIAL / PUENTE VEHICULAR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / ESTUDIO GEOTÉCNICO / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Puede imputarse jurídicamente al Interventor de Diseños, al Constructor y al Interventor de Obra la falla estructural del puente vehicular de Otanche por no haber advertido, exigido o incorporado estudios geológicos y geotécnicos adicionales sobre amenazas de remoción en masa, pese a que sus obligaciones contractuales se limitaban a la revisión, validación y ejecución de los diseños conforme a los parámetros definidos en el Contrato de Consultoría y no comprendían la ampliación del alcance técnico de dichos estudios? Respuesta al problema jurídico: No Establecido que el daño no es atribuible al Diseñador por omitir la realización de estudios señalados por el Fondo y la ANDJE, la Sala advierte que tampoco es imputable a los demás intervinientes en el diseño y construcción del puente vehicular. Aunque la conclusión sea coincidente, las razones que la sustentan difieren, porque el Interventor de Diseños, el Constructor y el Interventor de Obra asumieron, bajo sus respectivos contratos, obligaciones cuyo contenido es distinto. (…) Las obligaciones del Interventor de Diseños no son, pues, las de un codiseñador. A él no le incumbe adelantar los estudios ni confeccionar los diseños definitivos de la obra, sino verificar que el Diseñador cumpla su obligación de concebirlos con arreglo a los parámetros y especificaciones definidos por el contratante y los que exigen las normas técnicas; requerir los informes, aclaraciones y explicaciones pertinentes sobre el desarrollo de la consultoría; y mantener informada a la entidad contratante de los hechos que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o que impliquen su infracción. (…) La obligación del Interventor de Diseños consistía en verificar que los diseños se ajustaran a los parámetros contractualmente exigibles, no en elaborarlos. Dado que esos parámetros no incluían los estudios cuya omisión invocaron el Fondo y la ANDJE, el daño no es imputable a la mala calidad de los servicios del Interventor de Diseños por haber aprobado los productos, incluido el estudio de geología para la ingeniería. El daño tampoco es imputable al Constructor por este motivo. El diseño definitivo para acometer las intervenciones constructivas del puente vehicular fue suministrado por el Fondo, que había contratado su elaboración con el Diseñador. Sin embargo, el Constructor asumió obligaciones relacionadas con la revisión de los diseños. (…) La obligación del Constructor en la etapa de preconstrucción era revisar los diseños entregados por el Fondo dentro de los parámetros contractualmente definidos, no ampliar el alcance de los estudios geológicos y geotécnicos que los sustentaban. Dado que esos parámetros no incluían los estudios cuya omisión invocaron el Fondo y la ANDJE, el daño no es imputable al Constructor por incumplimiento de sus obligaciones de revisión en esa etapa. Esta conclusión presupone, además, que el Constructor no introdujo modificaciones a los diseños recibidos que le hubieran transferido responsabilidad sobre su calidad, lo cual está acreditado por el acta de recibo definitivo de la obra y por el informe de Bateman Ingeniería S.A. Por último, el daño tampoco es imputable al Interventor de Obra por las razones aducidas por el Fondo y la ANDJE. De acuerdo con el capítulo de “especificaciones técnicas / alcance del objeto” del estudio previo de este contrato, el Interventor de Obra tenía en la etapa de preconstrucción, entre otras, la obligación de “revisar y aprobar” los ajustes o modificaciones que el Constructor propusiera sobre los productos del Diseñador. Las demás obligaciones se referían al seguimiento técnico de las intervenciones constructivas, no a la verificación del alcance de los estudios geológicos y geotécnicos del Diseñador, materia que correspondía al Interventor de Diseños . Dado que el Constructor construyó el puente vehicular con arreglo a los diseños recibidos y no hubo modificaciones que el Interventor de Obra debiera revisar o aprobar, no cabe ningún reproche a su conducta por este motivo. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL / FUERZA MAYOR / ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / CONCEPTO DE FUERZA MAYOR / CONFIGURACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / PRUEBA DE FUERZA MAYOR / CONTRATO DE DISEÑO / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PUENTE VEHICULAR / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / DESLIZAMIENTO DE TIERRA / FENÓMENO DE LA NATURALEZA / RIESGO DE DESASTRES / ESTUDIO GEOTÉCNICO / ESTUDIO DE SUELOS / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA / RIESGO EXTRAORDINARIO / ESTUDIO DE RIESGO DE DESASTRES / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / PRINCIPIO DE NO OBLIGATORIEDAD A LO IMPOSIBLE / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / AUSENCIA DE CULPA CIVIL / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / MEDIOS DE PRUEBA / CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA / PROFESIÓN DE INGENIERÍA / INGENIERO / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / IRRESISTIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / HECHO IRRESISTIBLE Problema jurídico: ¿Se acreditó, mediante el dictamen técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los informes de Bateman Ingeniería S.A., los testimonios y los demás medios de prueba obrantes en el expediente, que el fenómeno de remoción en masa que ocasionó las fallas del puente vehicular era irresistible, en cuanto ninguna solución técnica razonablemente exigible dentro del objeto contractual podía evitar su ocurrencia, y que, por tanto, configuraba un supuesto de fuerza mayor exoneratorio de responsabilidad para los diseñadores, constructores e interventores de la obra? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Tribunal no incurrió en una indebida valoración de las pruebas: el fenómeno de remoción en masa que causó las fallas del puente vehicular sí constituyó un evento de fuerza mayor. Se trató de un evento externo al Diseñador y al Constructor -y con mayor razón al Interventor de Diseños y al Interventor de Obra- que no podía preverse ni resistirse. La conclusión (…) de que no puede hacerse un reproche a la conducta de los demandados por no haber realizado los estudios a los que hizo referencia el Fondo o por no haber advertido su omisión, es insuficiente para exonerarlos de responsabilidad. Esta conclusión se circunscribe a la inexistencia de la obligación de llevar a cabo una campaña geotécnica de investigación subterránea mediante perforaciones para identificar amenazas de remoción en masa más allá del área del ponteadero. Sin embargo, los demandados propusieron la excepción de fuerza mayor. El artículo 1604 del Código Civil dispone que “la prueba del caso fortuito [incumbe] al que lo alega”. Ello implica acreditar el hecho preciso que impidió la satisfacción del interés del acreedor y que reúne las características de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad. Esta prueba exonera definitivamente de responsabilidad a los intervinientes en el diseño y la construcción del puente vehicular y el seguimiento técnico de tales actividades, por las siguientes razones. Primero: en ninguno de los cuatro contratos se pactó, como autoriza el artículo 1604 del Código Civil, que los intervinientes asumieran el riesgo derivado de la fuerza mayor. Segundo: aun en las obligaciones de resultado, salvo excepciones legales, la fuerza mayor tiene efecto exoneratorio. En este sentido, la Subsección ha señalado que quien debe una prestación de resultado nacida de una convención no puede justificar su incumplimiento sino con prueba de que este ocurrió por fuerza mayor o caso fortuito o por culpa de la víctima, porque nadie está obligado a lo imposible. (…) Tercero: en este caso se conoce la causa material del hecho dañoso. Por ello, la prueba de la fuerza mayor, que envuelve la ausencia de culpa, exonera definitivamente de responsabilidad a los intervinientes en el diseño y la construcción del puente. (…) La irresistibilidad es un elemento que se predica tanto del evento como de sus consecuencias: “un hecho es irresistible, en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias”. El estándar para evaluar si al deudor le era imposible evitar el evento y sus consecuencias debe fijarse considerando sus calidades. Así, si se trata de un profesional en materia de diseño de obras de infraestructura, como ocurre con el Diseñador, su conducta debe compararse con la de otro profesional de la misma especialidad, y no con la figura del buen padre de familia o la persona del común. (…) [E]l perito señaló que la única alternativa teórica para evitar el siniestro, un trazado diferente de la vía que interconectaba el puente, excedía el objeto del contrato ejecutado por el Diseñador y habría requerido estudios previos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que no hacían parte del alcance de sus obligaciones. La Sala considera igualmente relevante que esta conclusión del dictamen de la SCI concuerde con lo que Bateman Ingeniería S.A. señaló expresamente tanto en el informe de geología como en el de geotecnia, aportados para soportar probatoriamente las pretensiones de la demanda del Fondo. Más aún, en estos documentos se precisó que, aun si se hubiera ampliado la luz del puente diseñado, las consecuencias habrían sido igualmente inevitables dada la magnitud del fenómeno geológico. (…) La imposibilidad de diseñar y construir una estructura capaz de sobreponerse al fenómeno de remoción en masa fue destacada, además, por el testigo (...), ingeniero civil. El declarante se desempeñó como director territorial de Boyacá del INVÍAS entre el 2008 y 2017, al tiempo en que se celebraron y ejecutaron los contratos de diseño y construcción del puente vehicular. La Sala le confiere credibilidad a su dicho por las siguientes razones: no tiene vínculos con el Diseñador ni con el Constructor que comprometan su imparcialidad; cuenta con formación en ingeniería civil; y observó directamente los efectos del fenómeno en ejercicio de sus funciones como gestor de la infraestructura vial no concesionada que se interconectaba con el puente vehicular. Este testimonio corrobora, desde la perspectiva de quien gestionaba la infraestructura vial afectada, las conclusiones técnicas del dictamen de la SCI y del informe de Bateman Ingeniería S.A., que constituyen los medios de prueba de mayor peso para acreditar la irresistibilidad del fenómeno por su carácter técnico (…). Las pruebas del expediente demuestran que ninguna solución técnica disponible dentro del objeto de los contratos habría permitido evitar las consecuencias del fenómeno de remoción en masa, dada su magnitud, profundidad y origen externo al ponteadero. El elemento de irresistibilidad está acreditado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las obligaciones de resultado en la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de julio de 2023, exp. 60628, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la irresistibilidad como presupuesto de la fuerza mayor, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2021, exp. 48427, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de marzo de 2023, exp. SC065-2023, M.P. Ilda González Neira. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL / FUERZA MAYOR / ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / PRUEBA DE FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / CONFIGURACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD / HECHO IMPREVISIBLE / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA / CONCEPTO DE IMPREVISIBILIDAD / IMPREVISIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / DESLIZAMIENTO DE TIERRA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR / AUSENCIA DEL DOLO / BUENA FE CONTRACTUAL / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / CONCEPTO DE OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / LÍMITES DE LA OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / FALTA DE PRUEBA / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA / CONSTRUCTOR / OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR / INFRAESTRUCTURA VIAL / OBRA VIAL / PRINCIPIO DE NO OBLIGATORIEDAD A LO IMPOSIBLE Problema jurídico: ¿Debe considerarse que el fenómeno de remoción en masa que ocasionó el desplazamiento y siniestro del puente vehicular era imprevisible para el Constructor y los demás deudores profesionales, en atención a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como a la inexistencia de antecedentes técnicos que permitieran anticipar un evento de esa magnitud al momento de la celebración y ejecución de los contratos? Respuesta al problema jurídico: Si En lo que atañe a la imprevisibilidad del evento debe determinarse si una persona colocada en las mismas circunstancias del deudor debió prever su ocurrencia. En otras palabras, la imprevisibilidad se aprecia por comparación con un modelo abstracto: lo que una persona de similares condiciones (deudores profesionales en este caso) habría podido anticipar al momento de contratar. (…) La calificación debe efectuarse atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el suceso, para lo cual son relevantes la normalidad y frecuencia del hecho, la probabilidad de su realización y su carácter excepcional y sorpresivo (…). Conforme a lo concluido previamente, el proceso geológico que produjo la falla de la estructura se originó a una distancia y profundidad que superaban el alcance de los estudios geotécnicos que el Diseñador estaba obligado a realizar. Adicionalmente, la Sala advierte que tampoco un profesional de la misma especialidad, colocado en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, habría podido anticipar la ocurrencia del fenómeno: las pruebas del expediente demuestran que no existían antecedentes que permitieran prever un proceso de remoción en masa con las características de distancia, profundidad y magnitud del que causó el desplazamiento del puente vehicular. Por otra parte, desde el punto de vista de la normalidad y frecuencia del hecho, determinantes de la probabilidad de su realización, la Sala concluye que el Diseñador así como los demás intervinientes en el proyecto tampoco podían anticipar la ocurrencia de un fenómeno con la magnitud que se presentó. La Contraloría resolvió archivar el proceso, aunque en el auto de imputación de responsabilidad fiscal había considerado que el evento era previsible. Tomó esta decisión precisamente porque no encontró antecedentes que permitieran inferir que la ocurrencia de un fenómeno con las magnitudes indicadas había tenido lugar en décadas anteriores. (…). La imprevisibilidad debe analizarse al momento de la celebración del contrato. Como ha señalado la Subsección, en ese estadio el deudor debe evaluar los eventos que, dentro de un horizonte razonable de anticipación, pueden incidir en el cumplimiento de sus obligaciones y en la satisfacción del interés del acreedor. Este es el principio que informa el artículo 1616 del Código Civil, conforme al cual, si no hay dolo imputable al deudor, este solo responde por los perjuicios “que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato”. Ahora, si durante la ejecución del contrato el deudor adquiere conocimiento de circunstancias que amenazan el interés del acreedor y que no eran previsibles al tiempo de su celebración, el principio de buena fe le impone adoptar las medidas necesarias para evitar el resultado dañoso. En la comunicación SRN-63643 del 27 de diciembre de 2016, el INVÍAS efectivamente informó al Fondo que se habían registrado algunos desplazamientos, agrietamientos y separación de las juntas de dilatación del puente vehicular. (…) Esta información es posterior a los contratos, celebrados entre julio de 2013 y diciembre de 2014, por lo que no permite afirmar que el fenómeno de remoción en masa fuera previsible en esas fechas. Los documentos del expediente tampoco demuestran que, en virtud de esta comunicación, el Constructor adquiriera conocimiento de la inminencia del fenómeno de remoción en masa que, en mayo de 2017, produjo la falla definitiva del puente. Los documentos acreditan que el Constructor adoptó, conforme lo recomendado por el INVÍAS, los mecanismos de seguimiento y monitoreo que se les solicitaron. (…) En conclusión, las pruebas del expediente demuestran que ningún profesional, colocado en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, habría podido anticipar la ocurrencia de un fenómeno de remoción en masa con las características de distancia, profundidad y magnitud del que causó el desplazamiento del puente vehicular. El elemento de imprevisibilidad está acreditado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la previsibilidad del hecho dañoso, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2021, exp. 48427, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL / ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / PRUEBA DE FUERZA MAYOR / EXTERIORIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA / CARACTERÍSTICAS DE LA CAUSA EXTRAÑA / RIESGO EXTRAORDINARIO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO DE DESASTRES / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MATRIZ DE RIESGOS / PUENTE VEHICULAR / DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ESTUDIO GEOTÉCNICO / ESTUDIO DE SUELOS / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCTOR / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / BUENA FE CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LÍMITES DE LA OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL DE INFORMACIÓN / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN FISCAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Se configura el requisito de exterioridad de la fuerza mayor como causal de exoneración de responsabilidad contractual, cuando el fenómeno de remoción en masa que ocasionó el colapso del puente vehicular fue ajeno a la órbita de control y a los riesgos contractualmente asumidos por el Diseñador y los demás intervinientes, pese a la asignación contractual de riesgos por deficiencias en la recopilación de información? Respuesta al problema jurídico: Si La exterioridad, en tanto elemento de la fuerza mayor, se concreta en que el evento que se invoca como causa extraña debe ser ajeno a la órbita jurídica del deudor. Debe tratarse de un suceso que no sea consecuencia de su conducta, de la de las personas por quienes responde como un subcontratista ni de un riesgo que haya asumido jurídicamente, independientemente de que, desde el punto de vista físico, se trate de un suceso en el que no haya tenido intervención directa. En este caso, el evento causante de la remoción en masa cumple el requisito de exterioridad. El concepto de riesgo en el ámbito contractual denota, en estricto sentido, las circunstancias externas a las partes del contrato, que son identificables y cuantificables, y que pueden alterar los resultados económicos esperados, tanto en los ingresos como en los costos, no las conductas antijurídicas de los contratantes que determinan su responsabilidad contractual. En la matriz del estudio previo del Contrato de Consultoría se incluyó un riesgo “técnico”, que se tipificó como el causado por “deficiencias en la recopilación de la información, diseños deficientes y/o incompletos”, que se asignó al Diseñador y cuyo impacto se calificó como medio/bajo. (…) Esta hipótesis se descartó al estudiar la imputación por inobservancia de sus deberes en la elaboración de estudios geológicos y geotécnicos. (…) Finalmente, la ANDJE también sostuvo que el daño es atribuible al Diseñador porque, en virtud del carácter “bifronte” del principio de planeación, debió advertir al Fondo la inexistencia de un análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa sobre las laderas circundantes al ponteadero. El EGCAP no era aplicable a la formación ni a la ejecución del Contrato de Consultoría. Por ello, el deber de informar la ausencia de este análisis en la fase de formación no puede deducirse directamente de las reglas previstas en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Su fuente sería el principio de buena fe. El deber de informar cumple un papel central en la fase de formación del contrato. Consiste, en términos generales, en suministrar a la otra parte los datos relevantes para que pueda decidir si celebra el negocio y en qué condiciones. (…) Cuando una de las partes omite injustificadamente suministrar información que habría sido determinante para la decisión de contratar de su contraparte, puede haber lugar a la indemnización de perjuicios conforme al artículo 863 del Código de Comercio. (…) [C]uando el litigio tiene su origen en el incumplimiento del deber de información, debe establecerse si ese deber se integró implícitamente al contrato como una prestación, caso en el cual el análisis se encauza por la vía de la responsabilidad contractual, o si permaneció en la esfera precontractual, evento en el que rige el artículo 863 del Código de Comercio. (…). En virtud de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, que sí eran aplicables al proceso de contratación del Diseñador, el Fondo era el primer llamado a verificar la suficiencia de la información para determinar la factibilidad de diseñar y construir el puente vehicular dentro del trazado de una vía ubicada en una zona previamente calificada como crítica desde el punto de vista geológico. (…) [E]l Diseñador no incumplió el deber de informar la ausencia de un análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa sobre las laderas circundantes a kilómetros del ponteadero. Tampoco lo incumplieron el Interventor de Diseños, el Constructor y el Interventor de Obra. Por ello, independientemente de si la infracción de este deber determinaba una responsabilidad precontractual y no contractual de todos los intervinientes, la Sala concluye que no hay lugar a imponer a ninguno de ellos una obligación indemnizatoria porque no fue desatendido. NOTA DE RELATORÍA: Sobre al exterioridad de la causa extraña como elemento de la fuerza mayor, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2024, exp. 63696, C.P. William Barrera Muñoz; sentencia de 7 de febrero de 2025, exp. 70250, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 11 de julio de 2025, exp. 72160, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 22043, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / MEDIOS DE PRUEBA / ARCHIVO DEL PROCESO PENAL / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL / INEXISTENCIA DE FALTA DISCIPLINARIA / PROFESIÓN DE INGENIERÍA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA DECISIÓN DISCIPLINARIA / DOCUMENTO PÚBLICO / EXTERIORIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA / PRUEBA DE LA CAUSA EXTRAÑA Problema jurídico: ¿Las decisiones de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y el COPNIA sobre la configuración de un evento de fuerza mayor produjeron efectos de cosa juzgada? Respuesta al problema jurídico: No Las decisiones de la Contraloría y el COPNIA gozan de presunción de veracidad y legalidad en cuanto actos administrativos (CPACA, art. 88). La decisión de archivo de la Fiscalía, en tanto documento público, hace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ella hizo el funcionario que lo autorizó (CGP, art. 257). Aunque sirven como elementos de juicio en este proceso y evidencian la convergencia en la calificación del fenómeno como una causa extraña, su contenido no vincula a la Sala, porque no tienen fuerza de cosa juzgada. Ninguna de esas decisiones es una sentencia judicial emitida en un proceso con identidad de causa, objeto y partes respecto de este litigio (CGP, art. 303). Las decisiones se adoptaron en actuaciones adelantadas con propósitos diferentes: la Fiscalía examinó si el fenómeno excluía la tipicidad de la conducta investigada y procedía el archivo de la investigación (Ley 906 de 2004, art. 79); la Contraloría, si excluía la responsabilidad fiscal por el daño al patrimonio público (Ley 610 de 2000, art. 4.º, parágrafo 1.º); el COPNIA, si excluía la responsabilidad disciplinaria en el ejercicio de la ingeniería (Ley 842 de 2003, art. 55). Las tres decisiones, además, reprodujeron el contenido del dictamen de la SCI como sustento de su conclusión. El valor probatorio de estos documentos sobre la calificación del fenómeno no puede desligarse, por ello, del valor probatorio del dictamen en que se apoyaron. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 257, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 303, LEY 610 DE 2000 - ARTÍCULO 4 PARÁGRAFO 1, LEY 842 DE 2003 - ARTÍCULO 55, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 79 CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DAÑO RECIPROCO / DEUDOR / COMPENSACIONES / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FONDO ADAPTACIÓN Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas de segunda instancia al Fondo Adaptación y reconocer agencias en derecho a favor del Diseñador, el Interventor de Diseños y el Interventor de Obra, al haber resultado materialmente desfavorable la sentencia frente a las pretensiones de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala condenará en costas de segunda instancia al Fondo. Aunque se revocó la decisión de declarar la caducidad de las pretensiones con el Diseñador y el Interventor de Diseños, ninguna pretensión de la demanda fue acogida. La sentencia de segunda instancia es, por tanto, materialmente desfavorable a los intereses del recurrente. La condena en costas se impondrá a favor del Diseñador, el Interventor de Diseños y el Interventor de Obra. Se excluirá al Constructor porque su recurso de apelación también se resolvió desfavorablemente. El Constructor debería ser condenado en costas a favor del Fondo, pero como este también debería ser condenado en costas a favor de aquel, ambos sujetos procesales serían recíprocamente deudores, lo que determinaría que opere una compensación que extingue ambas obligaciones. El numeral 7º del artículo 365 establece que “si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado”. El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fija las tarifas de las agencias en derecho y dispone que, en segunda instancia, se establezcan entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La determinación de su monto debe atender a la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión desplegada por el apoderado, así como a la cuantía de la pretensión y a las demás circunstancias relevantes, con el fin de que resulten equitativas y razonables. El Diseñador, el Interventor de Diseños y el Interventor de Obra presentaron escritos oponiéndose al recurso del Fondo. Sus argumentos fueron parcialmente acogidos en este fallo. En consecuencia, se condenará al Fondo a pagar a favor de cada uno de estos sujetos, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 7

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201800451021100103