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CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR

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Consejo de Estado Providencia

El contrato celebrado es un parámetro indispensable para estimar las prestaciones mutuas ejecutadas que deben devolverse luego de adoptada judicialmente la nulidad del negocio.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-04-26 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 44001233100020000054002 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

El término para interponer la acción de repetición es de dos años

Sentencia — Sentencia 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 81001233100020080010702 ACCION DE REPETICION
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve: ¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001? ¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo? ¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría.

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020180015602 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe? ¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se probaron las mayores cantidades de obra

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130068501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probaron las mayores cantidades de obra? No
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación? ¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista? ¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150181301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿De acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual? Sí
El contratista que alega la nulidad de un contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones que fundamentan su pretensión, incluyendo la identificación de los preceptos violados y las razones para pedir la invalidez del contrato. Sin embargo, el juez debe interpretar la demanda de manera conjunta para procurar una decisión de fondo que prevalezca el derecho sustancial. En este caso, aunque la parte demandante no cumplió con su carga argumentativa respecto a la nulidad parcial del contrato por violación de principios de la contratación estatal, sí demostró suficientemente que algunas cláusulas eran abusivas al vincular la vigencia de los contratos de interventoría a la ejecución de los contratos de obra, sin reconocer adecuadamente los efectos económicos de las prórrogas. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reafirmando que las cláusulas abusivas son aquellas que causan un desequilibrio importante y violan la buena fe objetiva, y que en contratos de obra, el EGCAP prohíbe las exenciones de responsabilidad derivadas de datos, informes y documentos suministrados en el proceso de selección. Esta decisión implica que los contratistas deben presentar demandas bien fundamentadas y que los jueces deben interpretar las pretensiones de manera integral para garantizar el derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve: ¿Las cláusulas acusadas por el demandante, contenidas en los contratos 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013, adolecen de nulidad absoluta o de ineficacia de pleno derecho por ser abusivas y/o contrariar… ¿Se produjo un desequilibrio económico adverso para el actor por las prórrogas de los contratos de interventoría 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013… ¿Hay lugar a proferir pronunciamiento acerca de la condena por agencias en derecho proferida en primera instancia, al exceder los límites previstos por el Acuerdo que las rige?
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Consejo de Estado Providencia

El Jardín Botánico se defendió de esta imputación de incumplimiento al contestar la demanda

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210026801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Desconoció el Tribunal el principio de justicia rogada al reconocer la responsabilidad contractual del Jardín Botánico, pese a que el demandante no solicitó expresamente la declaración de incumplimiento? No
La demanda que reclama la responsabilidad contractual por el incumplimiento de una obligación dineraria no requiere pedir expresamente la declaración de incumplimiento para que el juez la reconozca, pues no desconoce el principio de justicia rogada. La regla se sostiene en tres razones: la demanda reclamó la responsabilidad del contratante por no cumplir la obligación a su cargo y, en consecuencia, invocó las normas del derecho común sobre responsabilidad del deudor, como los artículos 1602 y 1613 del Código Civil; el demandado se defendió de esa imputación al contestar la demanda, de modo que el debate sobre el incumplimiento estuvo presente en el proceso; y la excepción previa de ineptitud sustantiva fue resuelta por el tribunal sin que la parte cuestionara ese enfoque. Así, el juez puede declarar la responsabilidad a partir de los hechos y del fundamento jurídico de la demanda. La providencia se modifica en lo relativo a la liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda fue presentada oportunamente? ¿La forma de pago pactada con base en el avance de la obra modifica la modalidad de remuneración previamente convenida como un precio fijo en un contrato de interventoría? ¿El reducido avance de la obra exonera a la entidad estatal de pagar la remuneración pactada al interventor cuando este cumplió las obligaciones propias del contrato de interventoría?
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020160115701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales administrativos cuando el contrato fue celebrado por una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA vigentes a la fecha de la demanda. Una razón es que el artículo 141 del CPACA permite pedir la declaratoria de incumplimiento, las indemnizaciones, la liquidación judicial y las demás declaraciones consecuenciales derivadas del contrato. Otra razón es que el contrato controvertido fue celebrado por un distrito, entidad territorial mencionada en el artículo 2 de la Ley 80, y la cuantía del proceso excedía el umbral de los 500 SMLMV para el año 2016. En el caso, la demanda perseguía el incumplimiento del contrato y la liquidación judicial del negocio. Su consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda determina la doble instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico? ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado? ¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993?
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Consejo de Estado Providencia

El contrato de obra suscrito entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de liquidación

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170044201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora? ¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo? ¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
Consejo de Estado Providencia

El contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180053802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? No
El contratista no puede reclamar el pago de costos asociados a la elaboración de diseños adicionales durante la formación del contrato, ya que el alcance del contrato no incluyó la obligación de actualizar diseños previamente elaborados por la entidad, sino que el contratista debía elaborar los diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Aunque el contrato utilizó la expresión "actualización de diseños", esto no implicaba la actualización de diseños previamente proporcionados por la entidad, sino la elaboración de nuevos diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas. Además, el contratista aceptó en su propuesta que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por la entidad, que excluían la existencia de diseños previos para ser evolucionados. Esta decisión reitera que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que implica que su régimen contractual está determinado por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños… ¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes… ¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de…
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Consejo de Estado Providencia

El Fondo pidió que se revoque íntegramente la sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-05-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 15001233300020180045102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación? Sí
El interviniente de una entidad pública puede actuar como coadyuvante del recurso de apelación y formular argumentos coincidentes con los del recurrente, siempre que no se opongan a los de la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho en litigio. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 610 del CGP reconoce al interviniente las mismas facultades de la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de coadyuvar; el artículo 320 del CGP remite, respecto del coadyuvante, al inciso segundo del artículo 71, que a su vez se armoniza con el artículo 224 del CPACA; y la coadyuvancia habilita los actos procesales permitidos a la parte que se ayuda. Por ello, el escrito de coadyuvancia presentado dentro de la oportunidad para impugnar la sentencia es admisible como respaldo de la apelación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos en que el recurso fue admitido.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado… ¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general… ¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de…
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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 50001233100020070005701 ACCION CONTRACTUAL
¿El fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor? Sí
Me inclino a considerar que, dado que es un asunto de responsabilidad en sede del contrato, lo procedente es que la indemnización cobije a plenitud los perjuicios probados, de manera que no bastará, para que sea integral, que cubra el valor de las obras, sino que deberá reconocer en favor del contratista la utilidad que debió obtener con su ejecución, en la medida que supondría una posible adición al acuerdo de voluntades. Como se aprecia… , lo cierto es que el fallo no profundizó ni analizó estos aspectos, pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor. En esos términos dejo sentado mi voto disidente.
También resuelve: ¿Corresponde al juez establecer unos criterios orientadores que permitan definir los eventos en los que esas obras adicionales serán pagadas al contratista? ¿Puede suceder que el contratista ejecute una serie de obras no previstas que beneficien a la entidad pública? ¿Se debía analizar la forma de pago y los requisitos para el reconocimiento de las mayores cantidades de obra que fueron ejecutadas?