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GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente prescindir de la audiencia de pruebas

Auto interlocutorio — Auto que prescinde de audiencia de pruebas 2025-03-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020140002400 LEY 1437 REPETICION
¿Resulta procedente prescindir de la audiencia de pruebas, con el fin de agilizar el proceso judicial y cumplir el mandato de la Ley 2213 de 2022, dado que las pruebas que deben practicarse son pruebas documentales que reposan en el expediente y fueron objeto de traslado para que se surtiera la contradicción de las mismas, por economía procesal y eficacia, al no advtirse una violación al debido proceso como quiera que las partes tuvieron la oportunidad de controvertir la prueba con el traslado realizado, y en garantía del acceso a la administración de justicia? Sí
El contratista puede prescindir de la audiencia de pruebas en un proceso contencioso administrativo si las pruebas a incorporar son documentales y ya fueron objeto de traslado para su contradicción, siempre que esto no vulnere el debido proceso y las partes hayan tenido la oportunidad de controvertir dichas pruebas. Esta decisión se fundamenta en el mandato de agilizar los procesos judiciales establecido por la Ley 2213 de 2022 y en la garantía del acceso a la administración de justicia consagrada en la Constitución. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la economía procesal y la eficacia en la administración de justicia, permitiendo así una mayor celeridad en la resolución de conflictos.síntesis automática
PRESCINDE
Consejo de Estado Providencia

El 21 de febrero de 2024 se dispuso correr traslado a las partes del dictamen pericial rendido por el señor

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2024-06-26 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020090103001 ACCION CONTRACTUAL
¿El dictamen pericial que incluyó el dispositivo de almacenamiento óptico fue trasladado a las partes y estuvo a su disposición en la Secretaría de la Sección Tercera para su revisión de manera física, por tratarse de un documento sometido a reserva y con cadena de custodia? Sí
El juez debe garantizar que el dictamen pericial, incluyendo el dispositivo de almacenamiento óptico sometido a reserva bancaria y cadena de custodia, sea trasladado a las partes de manera física y segura en la Secretaría de la Sección Tercera, asegurando que solo las partes autorizadas puedan acceder a él para preservar su cadena de custodia y autenticidad. Este procedimiento se justifica por la necesidad de proteger la información reservada y el derecho fundamental a la protección efectiva de los derechos, sin que la digitalización sea obligatoria cuando pueda comprometer la integridad de la prueba. La Sala reitera que el juez debe cumplir con el procedimiento adecuado para proteger la prueba, lo que implica que el acceso a documentos sensibles debe realizarse de manera presencial y controlada, evitando su modificación o alteración.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber del juez cumplir con el procedimiento para la protección de la prueba, y salvaguardar la autenticidad de la misma?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

Los impedimentos son una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso

Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150102401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los impedimentos son una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, y materializan la tutela judicial efectiva de los individuos? Sí
El Consejero de Estado declara fundado el impedimento invocado por un magistrado que se encuentra en segundo grado de consanguinidad con un familiar que ocupa un cargo directivo en la entidad demandada, lo que configura una relación de interés directo y conflictivo que compromete la imparcialidad del juez. Esta decisión reitera la jurisprudencia según la cual los impedimentos son una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, materializando la tutela judicial efectiva de los individuos. La Sala establece que la aceptación del impedimento se debe a la necesidad de garantizar la seguridad de las partes en el proceso, independientemente de que el juez pueda actuar con imparcialidad, y separa al magistrado del conocimiento del asunto.síntesis automática
También resuelve: ¿Las causales de impedimento y de recusación están llamadas a prosperar porque prima la garantía que deben tener las partes comprometidas en un conflicto? ¿Se declara fundado el impedimento invocado por el magistrado y se le separará del conocimiento del asunto?
FUNDADO
Consejo de Estado Providencia

No se le puede trasladar esa situación a la parte actora para negarle el acceso a la administración de justicia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 73001233300020210019701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La remisión de la demanda a la justicia arbitral, dio lugar a la suspensión del término de caducidad del medio de control, por haber sido una decisión errada del Tribunal Administrativo el declarar la falta de jurisdicción, a pesar de haber operado previamente la extinción de los efectos del pacto arbitral? Sí
El contratista no puede ser penalizado por la caducidad del medio de control cuando la remisión de la demanda a la justicia arbitral fue una decisión errónea del tribunal administrativo, a pesar de la extinción previa de los efectos del pacto arbitral. En este caso, la Sala revocó el auto del Tribunal Administrativo de Tolima que declaraba la falta de jurisdicción y la caducidad del medio de control, al considerar que el periodo en que el asunto estuvo en la justicia arbitral debía suspender el término de caducidad. La Sala destacó que el tribunal debió esperar a que la contraparte alegara la existencia del pacto arbitral y que los efectos del pacto arbitral se extinguieron conforme a lo decidido por el tribunal arbitral. Además, la Sala sostuvo que no se puede trasladar a la parte actora las consecuencias negativas de las decisiones erróneas del tribunal, permitiendo así la excepción a la regla general de que la falta de pago de honorarios en la justicia arbitral no suspende el término de caducidad. Esta decisión garantiza el acceso a la administración de justicia y evita que la parte actora sufra las consecuencias de errores judiciales.síntesis automática
También resuelve: ¿El artículo 95.4 del CGP no es aplicable al asunto, porque la falta de jurisdicción por existencia de pacto arbitral fue declarada de oficio?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020190068401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade que corresponde a su giro ordinario? No
Las controversias contractuales de las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero que corresponden a su giro ordinario no son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 105 del CPACA. Esta conclusión se apoya en la naturaleza de la entidad, pues el artículo 1 del Decreto 288 de 2004 la define como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, vigilada por la Superintendencia Bancaria, y en que la controversia recae sobre su actividad ordinaria. La falta de jurisdicción conduce a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. En el caso concreto, el despacho declaró la falta de jurisdicción, anuló lo actuado y adoptó medidas para continuar el trámite en la jurisdicción ordinaria. Como consecuencia práctica, las controversias contractuales de este tipo deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria y no ante la de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia inicial de 1 de diciembre de 2021 en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

Se debe precisar que el ordenamiento jurídico da especial importancia al derecho de probar, pues señala que las partes pueden “presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra”, se impone la carga “onus probandi” de acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-06-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200029601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad? ¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio? ¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 2 de junio de 2023

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2024-05-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020180013001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 2 de junio de 2023 por medio del cual se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación, en cuanto este se presentó de forma oportuna, ya que el tribunal por error ordenó de forma expresa la notificación de la providencia impugnada en los términos del artículo 205 del CPACA de la ley 1437 de 2011, por lo cual, debe garantizarse el derecho de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el principio de buena fe? Sí
El juez repone la decisión que rechaza por extemporáneo un recurso de apelación cuando la autoridad judicial ordena de forma expresa notificar la providencia impugnada en los términos del artículo 205 del CPACA de la Ley 1437 de 2011 y el recurso se formula oportunamente bajo esa regla. Aunque los autos no sujetos a notificación personal se notifican por anotación en estados electrónicos conforme al artículo 201 del CPACA con una contabilización distinta de los términos procesales, un error en el contenido de la parte resolutiva que dispone aplicar el artículo 205 obliga a respetar esa orden para garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el principio de la buena fe. Al prosperar el recurso de reposición, el juez de segunda instancia se abstiene de emitir pronunciamiento de fondo sobre las solicitudes subsidiarias de nulidad procesal y recurso de súplica por sustracción de materia.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configuró sustracción de materia, por lo cual, puede pronunciarse el juez de segunda instancia en el caso sub examine…
REPONE
Consejo de Estado Providencia

Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2025-09-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 08001233100020060184703 ACCION CONTRACTUAL
¿Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose por las normas procesales del CCA y el CPC? Sí
El contratista sigue rigiendo sus procesos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con anterioridad al 2 de julio de 2012 por las normas procesales del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil, conforme al artículo 308 del Código Procesal Administrativo Contencioso Actualizado. Además, el magistrado ponente tiene competencia para resolver el recurso de reposición y el auto que niega la nulidad procesal, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, oportunidad y sustentación. Asimismo, la notificación por estado se considera surtida con la inserción de la providencia en el estado electrónico, sin necesidad de constancia física del sello o fecha del estado, conforme a los artículos 9 del Decreto 806 de 2020 y 9 de la Ley 2213 de 2022. Por último, el plazo para interponer el incidente de liquidación de condena comienza desde el momento en que se efectúa la notificación por estado, y la nulidad se considera saneada si el actor presenta recurso sin proponer la nulidad que ahora alega. El recurso de apelación no es procedente en contra del auto que niega la nulidad procesal, reiterando la competencia del magistrado ponente para resolver estos trámites.síntesis automática
También resuelve: ¿En la providencia a notificar no tenía que constar el sello o la mención de la fecha del estado, ya que este último se fijaba de manera virtual con el contenido de la providencia? ¿Desde el momento en que se efectuó la notificación por estado es cuando comenzó el plazo de 60 días para interponer el incidente? ¿El recurso de apelación no resulta procedente en contra el auto que niega la nulidad procesal?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

Se deja sin efectos el auto proferido y se declara que esta jurisdicción es competente para resolver la controversia.

Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia 2022-06-15 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020050278501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se deja sin efectos el auto proferido y se declara que esta jurisdicción es competente para resolver la controversia? Sí
El despacho declara la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales cuando un tribunal arbitral ha declarado la extinción definitiva de los efectos del pacto arbitral, lo que implica la terminación del vínculo jurídico entre las partes y la imposibilidad de que el acuerdo arbitral continúe produciendo efectos. En este caso, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de La Dorada–Caldas declaró extinguidos definitivamente los efectos del pacto arbitral el 1 de junio de 2007, lo que llevó a la anulación de la providencia que declaraba la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta decisión garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, asegurando su acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, y prevalece sobre cualquier disposición procesal que pudiera desconocer el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve: ¿La decisión proferida garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante? ¿El pacto arbitral obliga a las partes a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233300020230074401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve: ¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados? ¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020170051801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha en la que culminó el contrato? Sí
El contratista no puede acreditar la fecha en la que culminó el contrato ni la fecha en que el interventor recibió el objeto del contrato a su entera satisfacción, lo que impide determinar el inicio del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la insuficiencia probatoria, se aplican los principios pro actione y pro damato para garantizar el acceso a la administración de justicia, revocando la decisión que rechazó la demanda y ordenando la devolución del expediente para continuar el trámite del proceso, sin perjuicio de que en etapas posteriores se declare la caducidad si se encuentran elementos que la demuestren.síntesis automática
También resuelve: ¿Esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos? ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción? ¿No se cuenta con los elementos suficientes para tener por probada la fecha de terminación del negocio jurídico?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La demandada no trasgredió la buena fe del actor

Sentencia — Sentencia 2022-02-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150119102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Con la expedición de los actos 11900-2014-6884 del 29 de diciembre de 2014, 10200-2014-1137 del 30 de diciembre de ese año y 11900-2015-0454 del 4 de febrero de 2015, la demandada desconoció el principio de buena fe y, por consiguiente, incurrió en responsabilidad precontractual? Sí
El contratista no puede reclamar responsabilidad precontractual por la terminación de una invitación pública, ya que la entidad estatal actuó conforme a los términos inicialmente establecidos y conocidos por el contratista, cumpliendo así con el principio de buena fe. La Sala reitera que la responsabilidad precontractual no se activa cuando la entidad cumple con los deberes inherentes a la buena fe contractual. Además, el Consejo de Estado determina que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo excepciones legales, por lo que la terminación de la invitación pública no constituye un acto administrativo susceptible de nulidad. En consecuencia, el medio de control adecuado es la reparación directa, conforme al artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, al no tratarse de un acto administrativo sino de actuaciones negociales precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Consejo de Estado Providencia

El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-06-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020170001400 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve: ¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso? ¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos? ¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
REMITE POR COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 50001233100020110009801 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales, al haber transcurrido más de dos años desde la liquidación bilateral del contrato y la presentación de la demanda? Sí
El juez declara la caducidad de la acción de controversias contractuales, al haber transcurrido más de dos años desde la liquidación bilateral del contrato y la presentación de la demanda. En estos casos, el acta de liquidación bilateral fue suscrita entre las partes contratantes, por lo que el término de caducidad de la acción empezó a correr el día siguiente y, aunque el término para demandar se suspendió por el trámite conciliatorio previsto en la Ley 640 de 2001, una vez reanudado se venció el plazo legal. Asimismo, el hecho de que en el acta de liquidación bilateral del contrato se hubiera dejado una salvedad, no tiene la virtualidad de extender el plazo previsto en la ley para accionar, pues el legislador estableció claramente que el término de caducidad era de dos años contados a partir de la suscripción de la respectiva acta, sin prever como excepción para un conteo diferente el que la parte demandante hubiera consignado la salvedad alegada.síntesis automática
También resuelve: ¿En lo contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción contractual empieza a contar desde la suscripción del acta de liquidación, sea bilateral o unilateral? ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo? ¿En el presente caso operó la renuncia tácita al pacto arbitral, toda vez que la jurisprudencia vigente al momento de iniciar el proceso disponía que el silencio de las partes al presentar la demanda…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El incidente de regulación de honorarios no se contrae a declarar la existencia del vínculo jurídico

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2024-05-21 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001333300020130157701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la ausencia de prueba que respalde las condiciones en las que se pactó el contrato de prestación de servicios, debe negarse el incidente de regulación de honorarios del abogado por falta de parámetros para tasar su liquidación? Sí
Cuando la solicitud de regulación de honorarios de un abogado no adjunta el contrato de prestación de servicios ni un acuerdo de voluntades que permita tasar los honorarios causados, el incidente no puede resolverse porque no se satisface la carga probatoria mínima. La regla se sostiene en tres razones: el monto de los honorarios se calcula con base en el respectivo contrato, conforme al artículo 76 del Código General del Proceso; las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, según el artículo 167 de ese código y el artículo 1757 del Código Civil; y la falta de prueba del contrato no equivale a negar su existencia, sino a impedir determinar el monto. En el caso, el incidente no aportó los documentos necesarios, por lo que se confirmó el auto que lo rechazó. El documento cita precedente sobre la carga de la prueba; la consecuencia práctica es que el abogado que pide la regulación de honorarios debe aportar el contrato o el acuerdo que sirva para tasarlos.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de reposición deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto recurrido? ¿Para la determinación del monto de los honorarios del abogado a quien se le ha revocado el poder, el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en el CGP para la fijación… ¿El abogado cuenta con otros medios judiciales para solicitar el pago de sus honorarios?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

Por regla general e inclusive en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las manifestaciones de voluntad que las entidades estatales emiten durante la ejecución del contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado y no a actos administrativos con presunción de legalidad y fuerza ejecutoria.

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233100020090040001 ACCION CONTRACTUAL
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2… ¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal? ¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2024-04-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia, toda vez que la ordenada en el fallo emitido por esta Corporación fue desestimada por el juez de primera instancia al liquidar la condena en abstracto? Sí
El juez contencioso administrativo hace uso de las facultades oficiosas prescritas por el artículo 169 del CCA y 179 del CPC para decretar la práctica de pruebas de oficio cuando advierte falencias o puntos oscuros en los dictámenes periciales rendidos en el proceso. En sede de controversias contractuales relativas al incumplimiento del contrato de concesión y a la condena en abstracto, el juzgador debe atenerse estrictamente al principio de congruencia que rige las decisiones judiciales, delimitando el debate procesal a los hechos y pretensiones formulados en la demanda sin alterar el marco fijado por la norma sustancial o municipal que generó la afectación financiera. Por lo tanto, el dictamen pericial ordenado de oficio debe ceñirse exclusivamente al período comprendido entre la entrada en vigencia del decreto respectivo y la finalización del vínculo contractual, descartando extremos temporales ajenos a la litis para garantizar la correcta liquidación de los perjuicios.síntesis automática
También resuelve: ¿En virtud del desequilibrio económico del contrato provocado por el Municipio al modificar la tasa de alumbrado público acordada al suscribir el negocio jurídico… ¿El decreto de las pruebas de oficio no es solo una facultad del juez sino también un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente… ¿La parte demandante debe sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tiene derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una…
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020060207701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro? ¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar? ¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

VIVA no contaba con la facultad de liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020140201501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede dejar sin efectos las resoluciones que adoptaron decisiones unilaterales sobre la liquidación del convenio interadministrativo, al evidenciarse que la entidad demandada no tenía facultad para proferir dichos actos? Sí
El contratista no puede adoptar unilateralmente decisiones sobre la liquidación de un convenio interadministrativo si no dispone de la facultad legal o contractual para hacerlo, y si dichas decisiones se toman después de que haya caducado la acción contractual para resolver conflictos previos, lo que implica que los actos jurídicos considerados como administrativos son inexistentes y deben dejarse sin efectos. La entidad estatal no contaba con la facultad de liquidar el convenio interadministrativo unilateralmente, ya que este no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las partes no habían establecido claramente dicha prerrogativa en el acuerdo. La Sala reitera que los convenios interadministrativos no se rigen automáticamente por el régimen general de contratación, sino que deben autorregularse según sus propias estipulaciones, lo que implica que la liquidación de estos negocios debe seguir el régimen especial que los rige, no el general.síntesis automática
También resuelve: ¿El acuerdo interadministrativo de cofinanciación suscrito entre dos entidades públicas para el cumplimiento de funciones administrativas y para la prestación de servicios a su cargo… ¿En los convenios interadministrativos, es posible que las entidades, en ejercicio de la autonomía que tienen para regular este tipo de acuerdos… ¿Las resoluciones emitidas por la demandada en las que se liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo, gozan de la condición de actos administrativos?
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Consejo de Estado Providencia

Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020240019501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente? ¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador… ¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
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