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¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
25000233600020200019801 de 20252025-10-23Rad. 25000233600020200019801
El contratista no se libera del pago de la obligación al realizarlo al cedente en una cesión de crédito, si no ha notificado al deudor sobre la transferencia del derecho, según establece el artículo 1963 del Código Civil. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reitera que la cesión de crédito requiere la entrega del título que acredite el derecho y su notificación al deudor para que surta efectos oponibles frente a éste y terceros. En ausencia de esta notificación, el deudor puede continuar pagando al cedente sin incurrir en responsabilidad, preservando así la seguridad jurídica y la estabilidad del deudor. Esta regla implica que el cesionario debe cumplir con los requisitos legales para que la cesión sea válida y efectiva frente a terceros, lo que resulta crucial en contratos estatales donde la certeza y la transparencia son fundamentales.síntesis automática
También resuelve:Cesión de crédito: alcance, régimen jurídico, obligación de parte del deudorEfectos y oponibilidad de la cesión de créditos: requiere entrega del título, solo vale ante el deudor si se notifica o aceptaDiferencia entre cesión de créditos y cesión de contratos: el crédito es transferible por el acreedor, vínculo solo entre partes– los terceros no resultan afectados, la cesión de crédito transfiere solo el cobro, la cesión de contrato transfiere derechos y obligaciones
Para absolver los cargos de alzada, le corresponde a la Sala establecer si, atendiendo a las particularidades del caso concreto, las obras ejecutadas por la demandante con posterioridad a la terminación del plazo de ejecución del contrato de obra pública 357 de 2010, la habilitan para exigir su pago por parte de la entidad demandada.
También resuelve:Principio de buena fe: definición, dimensiones, contratosPrincipio de buene fe: no fuente de obligacionesMora del deudor: derecho civil, contratación estatal − aplicación
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019990115504ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo? No
La culpa grave del agente no se presume por el solo hecho de que la entidad haya debido pagar una obligación, sino que debe demostrarse que el servidor omitió con negligencia la gestión de recursos disponibles o desconoció de manera manifiesta normas de derecho presupuestal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la entidad debe acreditar que el presupuesto estaba disponible para pagar la deuda y que, pese a ello, los agentes omitieron su pago. Segunda, no se probó negligencia en la gestión de las obligaciones ni una utilización deficiente de los recursos financieros, ni una falta de organización del sistema contable o de costos. Tercera, sin esos supuestos no se configura la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que el retraso en el pago de facturas que dio lugar a una ejecución judicial no basta para repetir contra los gerentes, si no se prueba la disponibilidad presupuestal y la conducta gravemente negligente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas…¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena?¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de…
¿En el sistema del precio global, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, de manera que el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista también percibe los beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él? Sí
El contratista asume los riesgos y beneficios inherentes a la ejecución de un contrato estatal a precio global, donde la entidad contratante conviene en pagar una suma única que remunera todos los costos, directos e indirectos, sin posibilidad de ajustes posteriores, lo que implica que el contratista debe estimar cuidadosamente los riesgos y factores que podrían incidir en la terminación de la obra. Esta modalidad no solo se aplica a contratos de obra, sino también a contratos de interventoría, donde el precio global fijo es la estimación anticipada del costo total de la supervisión y vigilancia de otro contrato estatal, con el contratista asumiendo tanto los mayores como los menores costos derivados de su eficiencia y organización. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la modalidad de precio global, lo que implica que en la práctica, las partes deben tener en cuenta los riesgos y beneficios inherentes a esta forma de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU incumplió el contrato de interventoría al no pagar a la contratista el precio total pactado en el contrato, dada la terminación anticipada de dicho negocio jurídico por el cumplimiento del…¿La exigibilidad se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron, mientras que la mora…¿La contratista tiene derecho a que se le reconozcan intereses moratorios sobre la obligación dineraria no reconocida por la demandada, al no haberle pagado
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal?¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto?¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva?¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos?¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
¿Resulta procedente el decreto oficioso de nulidad procesal advertida por el Ministerio Público, relativa a la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por existir cláusula compromisoria facultativa? No
El contratista no puede obtener la nulidad procesal de oficio por parte del Ministerio Público basada en la falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando existe una cláusula compromisoria facultativa en el contrato, ya que esta permite a las partes optar entre los mecanismos de resolución de controversias establecidos, y la Sala considera que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para resolver la controversia. Además, el juez de segunda instancia no puede estudiar cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de demanda, ya que ello violaría el principio de congruencia de la sentencia. Finalmente, la Sala reitera que si un acuerdo concordatario se somete a una condición suspensiva que nunca se cumple, la novación no se produce, y por lo tanto, la entidad que se comprometió a asumir los pasivos no queda obligada a responder por las obligaciones contractuales del deudor original.síntesis automática
También resuelve:¿En el marco del principio de congruencia de la sentencia de segunda instancia, resulta procedente el estudio de los cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de la demanda?¿Si bien es cierto que el trámite concordatario del Ingenio desembocó en un negocio jurídico mediante el cual el Departamento de Antioquia se comprometió a asumir los pasivos de la entidad en…
¿El desequilibrio económico del contrato es un eximente de responsabilidad y excusa a las partes del cumplimiento del contrato? No
El contratista no puede excusarse del cumplimiento del contrato alegando desequilibrio económico, ya que esta situación no es un eximente de responsabilidad, sino una garantía para la continuada ejecución del contrato, incluso en presencia de dificultades económicas. La Sala establece que la ruptura del equilibrio económico no libera al contratista del deber de cumplir sus obligaciones contractuales. Además, para que una fuerza mayor excuse el incumplimiento, debe acreditarse la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad del hecho, lo cual no ocurrió en este caso, ya que el contratista no presentó pruebas suficientes ni argumentos jurídicos que justifiquen su falta de cumplimiento. La Sala reitera que la modificación del contrato, como la adición de plazos, no implica la configuración de una fuerza mayor, y que la indisponibilidad de los bienes no fue acreditada como causa eximente. Esta decisión matiza la interpretación de que el desequilibrio económico puede ser utilizado como excusa para el incumplimiento contractual, enfatizando la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales a menos que se acrediten las circunstancias excepcionales que eximen de responsabilidad, como la fuerza mayor.síntesis automática
También resuelve:¿Es necesario que el juez reporte y comente el contenido de cada una de las pruebas que obran en el expediente para entender que su decisión cumplió con los principios y obligaciones relacionados con…¿Las causas extrañas, entre las cuales se encuentran la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero eximen de responsabilidad al deudor?¿Procede la condena en costas en esta instancia a la parte demandante?
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El medio de control de controversias contractuales se entiende presentado dentro del término legal cuando la demanda se interpone oportunamente dentro del plazo de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA. La contabilización del término de caducidad se efectúa a partir del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del contrato, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende dicho término hasta la fecha en que se declare formalmente fallida la diligencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente posible suspender o prorrogar un contrato ya finalizado?¿La Empresa Aguas de Facatativá actuó de mala fe al trasladar al contratista obligaciones propias de la planeación y ejecución previa del proyecto…¿Los demandados acreditaron que subsistían las causas de suspensión del contrato y que estas configuraban una excepción de contrato no cumplido o una causa extraña que exonerara a la contratista de…
¿El pago que realizó la entidad constituyó un pago indemnizatorio? No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición para recuperar el pago indemnizatorio realizado por la entidad estatal, ya que la acción de repetición está orientada a proteger el patrimonio público y en este caso no se ha afectado el patrimonio de la entidad, ni por la devolución del dinero ni por el pago de la corrección monetaria. La Sala considera que la pérdida de capacidad adquisitiva del capital pagado debe ser asumida por el Estado, no por el contratista, por lo que la repetición por indexación es improcedente. Además, los intereses de mora no resultan imputables al demandado ya que no tenía la obligación de hacer el pago, ese rubro corresponde a la demora en que incurrió la entidad. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la finalidad del medio de control de repetición y la protección del patrimonio público, limitando su aplicación en casos donde no se ha producido una afectación real al patrimonio estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público?¿Las pretensiones son improcedentes, porque el patrimonio público de la demandante no se vio afectado por la devolución del dinero ni por el pago de la corrección monetaria de la suma que fue…¿Los intereses de mora no resultan imputables al demandado ya que no tenía la obligación de hacer el pago, ese rubro corresponde a la demora en que incurrió la entidad?
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones…¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio…¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
¿Es procedente la orden de seguir adelante con la ejecución, al acreditarse la debida integración del título ejecutivo complejo con el que se persigue el pago de la cláusula penal por incumplimiento del contrato? Sí
El título ejecutivo complejo se integra con los documentos que lo componen aportados en original o en copia auténtica, y el acta de liquidación del contrato no es exigible cuando se persigue el pago de la cláusula penal por incumplimiento. Esta regla se apoya en el numeral 4 del artículo 297 del CPACA, que exige los documentos del título, y en que la cláusula penal no está ligada a la liquidación del contrato. La liquidación es un cruce final de cuentas que no tiene por objeto suspender la exigibilidad de obligaciones previas. Por ello, la entidad estatal puede exigir por vía ejecutiva el cumplimiento de la cláusula penal sin esperar la liquidación. En el caso concreto el título se encontraba debidamente integrado, por lo que se ordenó seguir adelante con la ejecución, con una modificación en la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta del acta de liquidación no impide ejecutar la cláusula penal pactada para el incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen normativo aplicable al presente proceso ejecutivo es el Código General del Proceso?¿Las excepciones previas alegadas podrán ser objeto de pronunciamiento en esta instancia en aras de verificar la exigibilidad y los requisitos de forma del título?¿Los documentos que integran el título base de recaudo, deberán aportarse en original o en copia auténtica?
25000233600020150237601 de 20262026-08-10Sección TerceraRad. 25000233600020150237601
El contratista debe interpretar las cláusulas del contrato estatal en consonancia con la intención común de las partes y el principio de buena fe contractual, conforme a lo establecido en el Código Civil. Esta interpretación implica considerar la relación sistemática entre las estipulaciones del contrato, es decir, interpretar cada cláusula en el contexto del contrato en su totalidad, y no de manera aislada. Además, el intérprete puede recurrir a otras cláusulas de contratos entre las mismas partes y sobre la misma materia, así como a la práctica efectiva de las partes en la ejecución del contrato para esclarecer el sentido de las estipulaciones controvertidas. La regla de la especificidad o especialidad, por su parte, limita la interpretación a la materia sobre la que se ha contratado, evitando la amplificación del alcance de los derechos y obligaciones más allá del objeto convenido. Esta decisión reitera y matiza precedentes, proporcionando una guía más precisa para la interpretación de contratos estatales en casos de ambigüedad o duda.síntesis automática
También resuelve:Interpretación del contrato: principios, intención de las partes, buena fe contractual, Código CivilReglas de interpretación del contrato: Código Civil artículo 1622, interpretación de las cláusulas del contrato, reglas, interpretación contextualInterpretación contextual: relación sistemática entre las estipulaciones del contrato
¿Se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante? No
El acta de liquidación unilateral que la entidad expide sin que el contratista acredite un daño patrimonial derivado de ella no puede ser anulada, pues sin perjuicio no se examina si el acto adolece de algún vicio. La regla se apoya en que el contrato condicionaba la liquidación unilateral a una previa declaratoria de caducidad, potestad que la entidad no ejerció, y en que el contratista no probó que hubiera efectuado pago alguno derivado del balance de cuentas. Por ello, el incumplimiento de las condiciones pactadas para la liquidación unilateral no se traduce, por sí solo, en un perjuicio indemnizable ni en la nulidad del acta. En el asunto, la Sala concluyó que el acta no afectó patrimonialmente a la contratista y revocó la sentencia en cuanto había anulado el acta de liquidación. En la práctica, la contratista que impugna el acta de liquidación debe demostrar el daño patrimonial que le causó para obtener su nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿El que los pantalones azules no se ajustaran a los requerimientos técnicos constituyó un incumplimiento contractual?¿No existe mérito para acoger las pretensiones porque de la liquidación hecha por Electranta no se derivaron perjuicios patrimoniales para la demandante?¿Habiendo sido el contrato de suministro de una sola prestación, resultó incumplido cuando al vencimiento de su plazo no se entregó la totalidad de los ítems contratados?