Titulación de la relatoría 37.011 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
NULIDAD INSANEABLE / SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL / IMPEDIMENTO / DECLARACIÓN DEL IMPEDIMENTO / NEGACIÓN DEL IMPEDIMENTO / NULIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿La participación y voto de la magistrada que manifestó impedimento no aceptado configura una nulidad insaneable conforme al artículo 136 del CGP?
Respuesta al problema jurídico: No
En el recurso de apelación, el Contratista alegó la que, a su juicio, es una nulidad insaneable debido a que la magistrada ponente de la sentencia de primera instancia manifestó un impedimento, por cuanto su cónyuge habría formado parte de la interventoría del contrato objeto del litigio y, pese a ello, continuó conociendo del proceso y votó la sentencia impugnada. La Sala considera que esta situación no configura una nulidad insaneable, en la medida en que no se subsume en ninguna de las causales previstas de manera taxativa en el parágrafo del artículo 136 del CGP. Además, una vez manifestado el impedimento, la sala dual del Tribunal decidió no aceptarlo, por no encontrar configurada la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, decisión que quedó ejecutoriada y que la Sala no tiene competencia para revisar en esta instancia
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 136, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 1
PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REFORMA DE LA DEMANDA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INDEBIDA FORMULACIÓN DE CARGOS / FORMULACIÓN DE CARGOS / COADYUVANTE / ACTIVIDAD DEL COADYUVANTE / FACULTADES DEL COADYUVANTE / LÍMITES A LA ACTIVIDAD DEL COADYUVANTE / COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / COMPAÑÍA DE SEGUROS / ENTIDAD ASEGURADORA / INTERÉS JURÍDICO DEL APELANTE / FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para admitir y resolver el recurso de la aseguradora coadyuvante respecto de pretensiones declarativas de nulidad de actos de terminación del contrato con base en interés jurídico directo?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia de la Sala está delimitada por los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio y de la verificación de los presupuestos para dictar sentencia de mérito sobre las pretensiones. En este caso, el Contratista y Seguros del Estado S.A. impugnaron el fallo. La aseguradora fue vinculada al proceso por el a quo como “tercero con interés directo”, aunque las normas procesales no prevén su citación oficiosa, a diferencia de lo que ocurre con personas que ostentan la condición de litisconsortes necesarios (CGP, art. 61). (...). La compañía de seguros no formuló pretensiones propias, sino que coadyuvó las pretensiones del Contratista. (...) El coadyuvante puede realizar los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, como la interposición de recursos, siempre que no se opongan a los de esta ni impliquen disposición del derecho en litigio. Por esa razón, como ha señalado la Subsección, quien no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad contra el acto administrativo emitido con ocasión del contrato, sino que coadyuva la del demandante, no puede presentar cargos de nulidad distintos contra esa decisión. Tampoco está legitimado para apelar si la parte principal a la que coadyuva no impugna las decisiones que la desfavorezcan (...) Tanto el Contratista como Seguros del Estado S.A. impugnaron la decisión de negar las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023, mediante las cuales se terminó unilateralmente el contrato (pretensiones 4ª y 5ª). Este acto procesal de la aseguradora no se opone a la actuación de la parte a la que coadyuvó. Sin embargo, Seguros del Estado S.A. no tenía interés jurídico directo frente a este grupo de pretensiones. (...) La prosperidad o desestimación de estas pretensiones declarativas —a las que no se acumularon pretensiones indemnizatorias o de condena— no afectaba a la aseguradora, pues no determinaba una modificación de su situación jurídica subjetiva. Esto contrasta con el interés que sí tenía frente a la pretensión del Contratista de anular el acto que declaró el incumplimiento, hizo efectiva la cláusula penal y ordenó hacer efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza que emitió. Frente a esta pretensión, sí existía un interés directo, porque el acto determinó la exigibilidad de la prestación asegurada. Por lo tanto, el recurso de Seguros del Estado S.A. debería desestimarse respecto de las pretensiones de nulidad contra las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023. En todo caso, la Sala advierte que no se cumplen dos requisitos para pronunciarse sobre el mérito de las pretensiones formuladas por el Contratista contra los actos administrativos de terminación del contrato: no se agotó el trámite de conciliación extrajudicial ni se indicaron las normas violadas y el concepto de su violación. (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos para dictar sentencia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el recurso de apelación del coadyuvante, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de diciembre de 2024, exp. 67464, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, párr. 41; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de diciembre de 2024, exp. 67464, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, párr. 45; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 5 de febrero de 2020, exp. 2006-00503, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2011, exp. 2010-00006, C.P. María Noemí Hernández Pinzón.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 61, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17 NUMERAL 1
SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REFORMA DE LA DEMANDA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / OMISIÓN DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FORMULACIÓN DE CARGOS / INDEBIDA FORMULACIÓN DE CARGOS / PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / SENTENCIA INHIBITORIA POR FALTA DE COMPETENCIA / PROVIDENCIA INHIBITORIA / SENTENCIA INHIBITORIA / DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023 cuando faltan conciliación extrajudicial y formulación de cargos de nulidad?
Respuesta al problema jurídico: No
En la demanda inicial, el Contratista no pidió la nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023. Estas pretensiones se adicionaron en el escrito de reforma. Sin embargo, no fueron objeto del trámite de conciliación extrajudicial (...) En el auto del 3 de mayo de 2024, el Tribunal declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la pretensión de liquidación judicial del contrato de obra. Sin embargo, sostuvo que el requisito de la conciliación frente a las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 y 253 se había agotado (...) La Sala no comparte este razonamiento. Las Resoluciones 827 y 253, relativas a la terminación unilateral y anticipada del contrato, no tienen los mismos fundamentos que las Resoluciones 349 y 511, sobre la declaratoria de incumplimiento, la imposición de la cláusula penal y la afectación de la garantía única. Estas últimas se sustentaron en el incumplimiento del contrato, particularmente en lo concerniente a la ejecución de la obra y a las obligaciones socioambientales. La terminación unilateral, por su parte, se apoyó en el numeral 1 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y en la cláusula 22.2 del contrato, debido a la inviabilidad de continuar el proyecto conforme al concepto rendido por la Universidad Nacional y a la necesidad del Municipio de atender la calamidad pública derivada del paso del huracán Iota mediante la destinación de sus recursos a esa finalidad (...) Entre la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda no se requiere plena coincidencia textual, pero sí congruencia entre sus respectivos objetos. Esa relación no se predica de las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 y 253, en tanto los documentos del trámite conciliatorio no contienen ninguna mención a la decisión de terminar anticipadamente el contrato. A ello se suma que dichos actos quedaron en firme con la notificación de la Resolución 253, el 29 de mayo de 2023, esto es, con posterioridad al inicio del trámite. En consecuencia, respecto de las pretensiones cuarta y quinta de la reforma de la demanda no se agotó el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1° del artículo 161 del CPACA. (...) La formulación de los cargos de nulidad —estructurados a partir del señalamiento de las normas infringidas y de su concepto de violación— determina los problemas jurídicos que se deben resolver en la sentencia y, con ello, la congruencia entre esta y la causa petendi de la demanda. En consecuencia, el juez no puede declarar la nulidad de un acto administrativo con fundamento en la infracción de normas no señaladas en la demanda junto con su concepto de violación (...) En la reforma de la demanda, el Contratista adicionó la pretensión de nulidad de estos actos. En el capítulo de “fundamentos jurídicos” reprodujo dos artículos: el 141 del CPACA, sobre el medio de control de controversias contractuales, y el 173 del mismo código, relativo a la reforma de la demanda. Con todo, no indicó las normas violadas por las Resoluciones 827 y 253 ni explicó el concepto de su violación. Tampoco estructuró un cargo de nulidad para desvirtuar la presunción de legalidad de estos actos ni sostuvo que hubieran sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones de quien los profirió. Seguros del Estado S.A., que no formuló pretensiones propias, tampoco planteó cargos de nulidad contra estos actos. (...) Pese a la ausencia de cargos de nulidad que delimitaran el control de legalidad, el Tribunal entró a examinar la motivación de las Resoluciones 827 y 253. Concluyó que estas se motivaron adecuadamente (...) Estos argumentos no fueron formulados como cargos de nulidad en la demanda reformada. En ésta no se adujo que la decisión de terminación unilateral hubiera sido falsamente motivada por haberse soportado en un informe carente de validez probatoria. Tampoco que se hubiera expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, al haber aplicado la facultad excepcional de terminación unilateral del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 sin considerar alternativas menos gravosas para el interés del Contratista. En consecuencia, la Sala no estudiará estos reparos contra la sentencia de primera instancia; en su lugar, como en casos análogos, se inhibirá de estudiar de fondo este grupo de pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 25 de mayo de 2016, exp. 40077, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la compatibilidad de objetos entre la demanda y la solicitud de conciliación extrajudicial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2025, exp. 65106, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de octubre de 2024, exp. 68747, C.P. María Adriana Marín. Sobre la falta de competencia del juez para pronunciarse sobre cargos no formulados contra el acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2025, exp. 71644, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, párrs. 64-65. Sobre la procedencia de fallo inhibitorio por falta del requisito de conciliación extrajudicial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2025, exp. 65106, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 161, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17 NUMERAL 1
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA DEL DEUDOR / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debía el contratista acreditar el cumplimiento de las obligaciones de gestión social para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
El (in)cumplimiento de las obligaciones de gestión social (...) El Contratista y Seguros del Estado S.A. reprocharon que el Tribunal invirtió indebidamente la carga de la prueba al exigirle acreditar “la inexistencia del incumplimiento”, pese a que la carga de demostrar la infracción de la obligación contractual correspondía a la entidad. Agregaron que debió aplicarse la institución de la carga dinámica de la prueba. (...) Estos planteamientos no son atendibles, pues quien declara que cumplió debe acreditarlo y, además, el objeto del litigio no es la determinación de la responsabilidad contractual del Contratista, sino el control de legalidad del acto administrativo mediante el cual el Municipio declaró el incumplimiento de sus obligaciones. Dado que el acto administrativo goza de presunción de legalidad (CPACA, art. 88), correspondía al destinatario de la decisión desvirtuar dicha presunción. Para ello, debía demostrar en el proceso que la Administración omitió valorar hechos acreditados —en particular, el cumplimiento de las obligaciones de gestión social— y que, de haber sido considerados, habrían conducido a una decisión sustancialmente distinta. (...) Al deudor incumbe demostrar la extinción de sus obligaciones por pago o cumplimiento (Código Civil, art. 1757; CGP, art. 167). Por lo tanto, al margen de que el litigio versa sobre el control de legalidad de un acto administrativo, el Contratista era quien tenía la carga de acreditar en el proceso el cumplimiento de sus obligaciones, sin que fuera exigible a la entidad probar dicha negación. El Contratista podía demostrar el cumplimiento de esta obligación bajo cualquier medio de prueba idóneo para acreditarlo. (...) En conclusión, los reparos del demandante frente a la conclusión del fallo sobre la debida motivación del acto que declaró el incumplimiento de las obligaciones de gestión social no están llamados a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba sobre el cumplimiento de obligaciones, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2025, exp. 71644, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757
CONTRATO DE OBRA / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INFORME DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SUPERVISOR DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La entidad podía declarar el incumplimiento del contrato con fundamento en el avance real de la obra inferior al reportado en las actas parciales, aun cuando el plazo contractual seguía suspendido?
Respuesta al problema jurídico: Si
El (in)cumplimiento de la obligación de construir las obras de la pista de bicicross (...) El Contratista adujo que el Tribunal valoró indebidamente algunas pruebas y dejó de apreciar otras, lo que condujo a desestimar el cargo de falsa motivación sobre la declaratoria de incumplimiento de la obligación de construir la pista de bicicross. (...) tanto el informe de supervisión que sirvió de fundamento para citar a la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 como el acto que declaró el incumplimiento, se emitieron antes de que venciera el plazo de ejecución del contrato, el cual estaba suspendido. Ahora bien, en la motivación de la Resolución 349 de 2022, el Municipio no afirmó que ese plazo hubiera vencido y que, por tanto, el Contratista se hubiera constituido en mora de entregar la obra terminada (Código Civil, art. 1608.1). En la demanda, el Contratista tampoco formuló como cargo de nulidad que la entrega de la pista terminada aún no era exigible porque el plazo del contrato no había expirado ni que la declaratoria de incumplimiento fuera improcedente porque el contrato estaba suspendido. (...) La lectura integral de los considerandos del acto administrativo permite inferir que la declaratoria de incumplimiento se fundó en que antes de la tercera y cuarta suspensión del contrato, entre las cuales no hubo reinicio de la ejecución, el avance de la obra no correspondía al que era exigible al Contratista, pues solo se verificó la instalación de la estructura metálica del partidor de la pista de bicicross y no la ejecución de los otros ítems de obra. En el Anexo 5 de la propuesta, correspondiente a la oferta económica, el proponente discriminó los valores unitarios de las actividades necesarias para la construcción de la obra, agrupadas en tres categorías —obras preliminares, estructuras y cimientos, y señalización—, a las que adicionó, como ítem independiente, el suministro e instalación del partidor por valor de $139’900.000 (...) Dilucidado el incumplimiento imputado en relación con la construcción de la obra, la Sala pasa a resolver los reparos concretos del Contratista, quien sostuvo que el Tribunal no valoró debidamente las comunicaciones y los correos electrónicos cursados a la entidad territorial solicitando el recibo final de la obra. A su juicio, estos documentos acreditarían que el avance de la obra, antes del informe de supervisión que dio origen al procedimiento sancionatorio, no se limitaba a la instalación del partidor. (...) La Sala advierte que el material fotográfico aportado por el Contratista solo refleja la instalación de la estructura del partidor. Sin embargo, no evidencia la existencia de la pista de bicicross ni la ejecución de los ítems más representativos, en términos de su participación porcentual en el valor ofertado, tales como el mejoramiento del terreno con piedra rajón, la compactación de la subbase con cemento, la construcción de las placas de concreto y los sistemas de filtros de aguas lluvias. La única imagen panorámica del área es la siguiente —las demás solo muestran la estructura del partidor (...) El informe elaborado por el Contratista, de mayo de 2021, tampoco contiene soportes que den cuenta de la ejecución de actividades constructivas distintas de la instalación de la estructura metálica del partidor ni reproduce el contenido de las bitácoras de obra, como sostuvo el demandante en su recurso. Solo incluye cuadros elaborados por el constructor sobre sus afirmaciones acerca del avance físico y financiero del contrato. Las mismas consideraciones se aplican al informe producido en enero de 2021. (...) La premisa de la que partió el Tribunal al valorar estas pruebas está soportada desde el punto de vista jurídico. El hecho de que la interventoría y la supervisión del contrato hubieren avalado las primeras tres actas parciales de obra y que, con fundamento en ello, el Municipio hubiere realizado su pago, no significaba que la entidad hubiera quedado atada de manera definitiva al contenido reportado en tales documentos. Tampoco implicaba que, al revisar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Contratista antes de la tercera suspensión del contrato, hubiese quedado obligada a acoger sin más el resultado derivado de lo consignado en tales actas, sin posibilidad de verificar o rectificar su contenido a partir de la ejecución real del contrato. (...) El pago es el medio natural de extinción de las obligaciones, pues se trata de la prestación de lo que se debe (Código Civil, art. 1626). Para que este acto jurídico produzca efectos liberatorios como medio extintivo, se debe hacer “bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación” (Código Civil, art. 1627). En el marco de un contrato de obra, como el celebrado entre el Municipio y el Contratista, la obligación principal que emana del mismo es de resultado y tiene por objeto una prestación de hacer, única e indivisible, consistente en la construcción de la obra conforme a los términos pactados. En consecuencia, la contraprestación dineraria, el precio que la entidad comitente de la obra debe pagar, también es único. (...) La unicidad de la obligación de pagar el precio pactado por la ejecución de la obra no se opone a que, en virtud de las funciones de dirección, vigilancia y control, y por consideraciones financieras y operativas, la Administración —a través de la interventoría o de la supervisión, según corresponda— practique verificaciones preliminares del avance de las obras y autorice, con respaldo en ellas, desembolsos parciales del precio. Estos desembolsos no constituyen pago definitivo, pues no se realizan como contraprestación por la aceptación final de la prestación debida ni como manifestación de aquiescencia respecto de su cumplimiento pleno. Ello se debe a que la prestación única e indivisible a la que se obligó el deudor aún no se ha completado. (...) Por las mismas razones, las certificaciones o aprobaciones que emite la interventoría o el supervisor en cumplimiento de sus deberes no constituyen aprobaciones definitivas ni recepción final de las obras. Frente al examen de la realización del objeto del contrato, pueden revisarse, verificarse y, cuando existan razones que lo justifiquen, rectificarse. Esta facultad es especialmente clara en contratos a precios unitarios, como el que ocupa a la Sala, en los que el precio final resulta de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas por los precios unitarios pactados. Por ello, la Subsección ha señalado que, aunque las actas firmadas por el interventor o el supervisor son un medio de prueba pertinente sobre la ejecución de las cantidades de obra, la Administración y el juez no quedan inexorablemente vinculados a su contenido declarativo si la hipótesis fáctica sobre la ejecución de cantidades aparece desvirtuada y si, como ocurre en este caso, las estipulaciones de las partes no excluyen la posibilidad de ajustes, correcciones o revisiones posteriores (...) En síntesis, no es atendible el reparo del apelante según el cual el Tribunal restó indebidamente valor probatorio a las tres actas parciales que acreditarían un avance acumulado de la pista de bicicross superior al 80%. El Tribunal examinó su contenido y concluyó de forma justificada que el acto administrativo no estaba falsamente motivado, porque la entidad estatal no estaba llamada a acoger, sin más, el contenido de esas actas suscritas por el interventor y el supervisor, sobre las cantidades de obra ejecutadas. Lo anterior, habida cuenta de que (i) las funciones de control de la ejecución contractual se habrían ejercido indebidamente, (ii) el registro fotográfico que se acompañó al informe con base en el cual se inició el procedimiento administrativo sancionatorio no refrendaba el contenido de las actas, sino que lo contradecía y (iii) el Contratista no aportó pruebas que soportaran la veracidad de la información registrada en ellas. (...) El Contratista censuró también que el Tribunal restara valor a las actas de avance, alegando que las deficiencias de la supervisión y la interventoría comprometían la responsabilidad de la entidad conforme al artículo 50 de la Ley 80 de 1993, mas no la del constructor. (...) Sin embargo, la decisión del Municipio de apartarse del contenido de las actas de avance no fue arbitraria ni contraria al ordenamiento jurídico, pues correspondía al ejercicio del deber legal de “ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato” (Ley 80 de 1993, art. 14) y de “vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado” (Ley 1474 de 2011, art. 83). En desarrollo de tales deberes, la entidad debía verificar si la obra efectivamente presentaba el avance reportado en las actas, como lo hizo al motivar la decisión administrativa. (...) En cualquier caso, como se desprende de los apartados de la motivación del acto administrativo transcritos anteriormente, el Municipio declaró el incumplimiento con fundamento en el estado de avance de la obra antes de la suspensión del contrato ocurrida en marzo de 2020, con ocasión de las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-19. El paso del huracán Iota, ocurrido en noviembre de 2020, es posterior a esos hechos. En consecuencia, el efecto exoneratorio que se atribuye a tales eventos no podría desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, pues estos se expidieron con fundamento en un incumplimiento anterior a su ocurrencia. (...) En conclusión, los reparos del demandante sobre el incumplimiento de la obligación de construir la pista de bicicross tampoco son atendibles. Dado que no se probó la falsa motivación de los actos que imputaron al Contratista el incumplimiento de las tres obligaciones analizadas y que las partes pactaron que la pena se causaría en eventos de “incumplimiento definitivo total o parcial de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA”, la Sala confirmará la decisión de desestimar las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 349 del 9 de junio de 2022 y 511 del 30 de agosto de 2022.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50
SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PANDEMIA / FENÓMENO DE LA NATURALEZA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe restablecerse el equilibrio económico del contrato frente a eventos imprevistos cuando falta prueba del resultado económico, de los sobrecostos y existe renuncia parcial a reclamaciones?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala constata que el fallo impugnado no dejó de analizar la afectación de la ecuación económica. (...) La prueba que el Tribunal echó de menos no implicó la imposición de una carga sin justificación legal. El artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 reconoce a los contratistas el derecho a que la Administración restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato “a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables”. Como ha señalado la Subsección, de este enunciado se deduce que la obligación de restablecimiento nace si el evento imprevisto e inimputable a la parte afectada genera una situación deficitaria en el entramado financiero global del contrato (...) La ecuación económica del contrato es comprensiva de toda su ejecución. (...) El Contratista no aportó ni pidió que se practicara una prueba con este objeto. No está acreditado cuál fue el resultado económico del contrato ni que se hubiera generado una situación de pérdida atribuible a los mayores costos causados por la pandemia y el huracán Iota. Los efectos de la ausencia de esta prueba, que impide la prosperidad de la pretensión, no se relativizan por los “déficits de trazabilidad” y la pérdida parcial del expediente contractual señalados por la aseguradora. Se trata de hechos económicos propios del Contratista, que debían verse reflejados en los asientos de su libro de contabilidad y estar documentados a través de comprobantes externos. (...) La Sala también advierte que no se probó que efectivamente se hubieran causado los sobrecostos alegados por los eventos imprevisibles señalados en la demanda y que el Contratista renunció voluntariamente a reclamar una parte de ellos. En la demanda se reclamó el pago de doce partidas diferentes. (...) El Contratista no tiene, entonces, derecho a las sumas reclamadas por mayores gastos administrativos ni por las horas de uso del minicargador con rodillo y retroexcavadora, el generador de 18 kV y la mezcladora. Esta declaración es válida porque solo mira al interés individual del renunciante (Código Civil, art. 15), no hay prueba de que la entidad hubiera condicionado la firma de la suspensión a dicha renuncia (Ley 80 de 1993, art. 5.3), y pretender el cobro de esos mismos conceptos contraviene los actos propios del Contratista. Además, frente a ninguna de estas partidas se acreditó que los costos se hubieran efectivamente causado, porque no hay prueba de que se hubiera incurrido en gastos administrativos adicionales a los inicialmente previstos, ni de que los equipos hubieran sido utilizados en horas que excedieran su destinación como consecuencia de la reanudación de las actividades (...) Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros pueden ser apreciados por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (CGP, art. 262). Sin embargo, esto no significa que su contenido y valor probatorio deban ser aceptados sin examen crítico; el juez debe valorarlos en conjunto con los demás medios de prueba que obren en el expediente. 131. Las certificaciones aportadas por el demandante no acreditan los sobrecostos reclamados. Sus suscriptores —un arquitecto y dos mecánicos de diésel—, que no fueron llamados como testigos, hicieron estas declaraciones por fuera del proceso, pero en el expediente no reposan elementos que permitan inferir cuál era su vinculación con la ejecución del contrato ni la fuente de su conocimiento sobre los hechos que certifican. Ninguna de las tres certificaciones está respaldada por documentos que acrediten que el Contratista ostentaba la tenencia de los equipos al momento del paso del huracán, ya fuera como activos propios o en arrendamiento. Tampoco se precisaron las circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar en que cada equipo resultó dañado ni se explicó el método de cálculo de los valores de reparación o reposición. En esas condiciones, las tres certificaciones acreditan que sus autores afirman que ocurrieron daños sobre bienes bajo la tenencia del Contratista, pero no constituyen prueba del sobrecosto concreto cuyo reconocimiento se pretende. (...) Finalmente, como parte de la suma reclamada para restablecer el equilibrio económico del contrato, el demandante pidió el pago de $231’274.976 por concepto del saldo pendiente equivalente al 19.02% de la ejecución del contrato, y $159’579.733 por lucro cesante calculado a una tasa del 3% mensual sobre ese capital. Estas partidas no corresponden a sobrecostos derivados de un riesgo imprevisto que hubiera alterado el equilibrio económico del contrato. Se trata de sumas que solo serían exigibles como contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista si se hubiera acreditado que las intervenciones constructivas se completaron y se adecuaban a las especificaciones pactadas. Sin embargo, como se analizó anteriormente, ese hecho no fue probado. En consecuencia, el Contratista no tiene derecho a exigir el saldo del valor del contrato porque no se acreditó que, habiendo completado los diferentes ítems de obra, la entidad hubiera incurrido en mora de pagar la obligación dineraria correlativa. (...) Por las anteriores razones, la Sala también confirmará la decisión de negar la pretensión sobre el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el equilibrio económico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de mayo de 2025, exp. 69317, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de octubre de 2017, exp. 53875, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONTRATISTA / ENTIDAD ASEGURADORA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condena en costas de segunda instancia contra contratista y aseguradora que interpusieron recurso de apelación con resultado adverso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Costas (...) De conformidad con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia debe pronunciarse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se rigen por las normas del CGP. Las costas comprenden la totalidad de las expensas y gastos causados durante el trámite del proceso, así como las agencias en derecho, conforme al artículo 361 del CGP. Su imposición no exige la verificación de una conducta temeraria, pues, en el régimen vigente, responde a un criterio objetivo. (...) Conforme al numeral 1.º del artículo 365 del CGP, las costas se imponen a “la parte vencida en el proceso” o a “quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. En consecuencia, procede condenar en costas de segunda instancia tanto al Contratista como a Seguros del Estado S.A. Esta última, aunque no es parte en sentido estricto, presentó un recurso de apelación que fue resuelto desfavorablemente. (...) El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fija las tarifas de las agencias en derecho y dispone que, en segunda instancia, estas se establezcan entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La determinación de su monto debe atender a la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión desplegada por el apoderado, así como a la cuantía de la pretensión y a las demás circunstancias relevantes, con el fin de que resulten equitativas y razonables. (...) El Municipio actuó en el proceso mediante apoderado judicial y asumió la vigilancia del trámite en esta instancia. Igualmente, presentó pronunciamiento frente a los recursos de apelación dentro del término legal. Con fundamento en estos criterios, la Sala fijará las agencias en derecho a favor de la entidad estatal en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, que deberá ser pagado por partes iguales entre el Contratista y Seguros del Estado S.A.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365