Titulación de la relatoría 29.010 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN EJECUTIVA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO ESENCIAL DE LA SENTENCIA / FALTA DE REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DEL FALLO
Problema jurídico:
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los puntos de inconformidad manifestados en el recurso de apelación que deben estar debidamente sustentados y dirigidos a controvertir lo decidido en primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. (…) De manera reciente, esta Subsección consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se controviertan los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente (…). [A]l advertirse la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sean simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia ver sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 54675, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 51212, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, auto del 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 9 de abril de 2014, Exp. 27550, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROCESO EJECUTIVO / ACCIÓN EJECUTIVA / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / DEPÓSITO JUDICIAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / CESACIÓN DE LA CAUSACIÓN DE LOS INTERESES / PAGO POR CONSIGNACIÓN / AUTORIZACIÓN DE PAGO POR CONSIGNACIÓN / PROCEDENCIA DEL PAGO POR CONSIGNACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Se evidenció una falta de sustentación del recurso de apelación por parte del ejecutado al omitir impugnar la sentencia en relación con la decisión del juez de primera instancia de negar los efectos jurídicos del depósito judicial constituido para realizar el pago parcial de la obligación y cesar la causación de intereses?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este caso la Sala destaca que, si bien la actora recurrió formalmente la sentencia dictada por el Tribunal a quo, lo cierto es que de su escrito de impugnación no se extrae ningún reparo concreto contra las razones jurídicas del fallo de primera instancia, de ahí que se advierta la carencia de sustentación. En efecto, en la sentencia apelada se negaron los argumentos de la entidad ejecutada, en cuanto al efecto jurídico que pretendía hacer valer sobre la constitución de un depósito judicial para realizar el pago parcial de la obligación y la cesación de la causación de intereses; no obstante, la entidad, en lugar de presentar inconformidades concretas contra los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la decisión impugnada, utilizó la vía del recurso de apelación para indicar someramente por qué no había enviado la comunicación al despacho y al ejecutante. Es así como la recurrente no rebatió en forma alguna los argumentos del a quo en torno a la aplicación de los artículos 1656 y 1658 del Código Civil y la conclusión sobre que el pago por consignación requería ser demostrado para su validación y posterior aceptación por el acreedor (…). Así las cosas, la Sala no se pronunciará de fondo sobre el cargo planteado por la ejecutada, por cuanto en el recurso de apelación no se atacaron los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron al Tribunal a quo a adoptar la decisión recurrida, lo que evidencia una falta de sustentación que no puede ser suplida por el juzgador.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de sustentar el recurso de apelación, ver sentencia del 14 de mayo de 2014, Exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1656, 1658
RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / CIRCUNSTANCIAS DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / AUTO QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / RECURSO DE REPOSICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución, es improcedente para controvertir el monto de las agencias en derecho, las cuales, debieron discutirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal condenó en costas a la parte ejecutada, para lo cual fijó como agencias en derecho el equivalente al 5% del valor reconocido a la parte ejecutante en el auto que libró mandamiento de pago. La entidad ejecutada indicó en el recurso de apelación que no estaba de acuerdo con el monto fijado, teniendo en cuenta que la excepción de compensación había prosperado parcialmente. (…) Pues bien, dado que la impugnación se dirigió a cuestionar el monto de las agencias en derecho, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 366 del Código General del Proceso, solo pueden controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, la Sala considera que es improcedente el recurso en este punto, pues dicho monto no es susceptible de ser discutido a través del recurso de apelación contra la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución. Adicionalmente, se observa que la apoderada ni siquiera esgrimió algún fundamento normativo para desvirtuar la condena en costas o la fijación del monto de las agencias en derecho, pues se limitó a decir que eran muy altas, por lo que tampoco es viable interpretar que exista cuestionamiento sobre las razones jurídicas de la imposición de la condena en costas, ya que las agencias en derecho constituyen uno de los rubros que integran las costas procesales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la fijación de agencias en derecho, ver sentencia del 2 de julio de 2021, Exp. 65018, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 5
COBRO DE INTERESES / COBRO EXCESIVO DE INTERESES / EXCEPCIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO CONTRACTUAL / TÍTULO EJECUTIVO JUDICIAL / ORIGEN JUDICIAL DEL TÍTULO EJECUTIVO / PROVIDENCIA JUDICIAL / CONCILIACIÓN JUDICIAL / ACCIÓN EJECUTIVA / PROCESO EJECUTIVO / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
Problema jurídico:
¿La discusión relativa a la regulación o pérdida de intereses fue resuelta en primera instancia junto con las excepciones formuladas, a pesar de no ser una excepción, conforme al artículo 425 del Código General del Proceso, y es susceptible del recurso de apelación, en aplicación de la prevalencia de la sustancia sobre la forma?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este proceso la parte ejecutada propuso como “excepción” el “cobro indebido de intereses”. (…) Es importante precisar que el cobro indebido de intereses no está enlistado en el numeral 2 del artículo 442 del Código General del Proceso como una de las excepciones procedentes cuando el título ejecutivo lo constituya una providencia judicial, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, de manera que resulta claramente improcedente encauzar esta clase de controversia como un medio exceptivo (…). No obstante lo anterior, el artículo 425 del Código General del Proceso permite que la discusión relativa a la regulación o pérdida de intereses -que es lo que en esencia alega el SENA- pueda ser propuesta en el marco del proceso ejecutivo y decidida en sentencia o incidente por el juzgador. (…) Si se tiene en cuenta que las solicitudes de regulación o pérdida de intereses se deben tramitar y decidir junto con las excepciones formuladas, o mediante incidente que debe decidirse fuera de audiencia si no se proponen excepciones, se evidencia que, al margen de su indebida denominación como excepción, el trámite que se le dio a la petición de la aquí ejecutada resulta materialmente acorde con lo que dispone el artículo 425 del CGP, decisión que, por ser adoptada en la sentencia de primera instancia, es pasible del recurso de apelación, como sucedió en el caso que se analiza, por lo que, en aplicación de la prevalencia de la sustancia sobre la forma, la Sala está facultada para resolver en esta instancia lo relacionado con la discusión sobre la causación de intereses, pero en el marco de la figura procesal relativa a su regulación o pérdida, contemplada en el mencionado artículo 425 del CGP.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la causación de intereses, ver sentencia de 10 de octubre de 2019, Exp. 62424, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 425, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 442 NUMERAL 2
COADYUVANCIA / SOLICITUD DE COADYUVANCIA / PROCEDENCIA DE LA COADYUVANCIA / FINALIDAD DE LA COADYUVANCIA / ALCANCE DE LA COADYUVANCIA / FACULTADES DEL COADYUVANTE / INTERVENCIÓN DEL COADYUVANTE / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / SENA / SUJETOS EN EL PROCESO EJECUTIVO / FUNCIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Es procedente pronunciarse de manera conjunta sobre la coadyuvancia formulada por la Procuraduría en apoyo a la apelación presentada por el SENA, dado su carácter de sujeto procesal especial que interviene en defensa del patrimonio público?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien la coadyuvancia formulada en este caso por la Procuraduría no constituye un recurso de apelación autónomo, es procedente pronunciarse sobre su argumentación en apoyo al SENA al resolver de fondo el caso concreto, dado su carácter de sujeto procesal especial y las facultades que le concede la ley en defensa del patrimonio público. En vista de la coincidencia del primer argumento de la coadyuvancia con la apelación de la ejecutada, se resolverán de manera conjunta en este acápite, para definir posteriormente sobre los dos argumentos restantes en forma separada.
ACCIÓN EJECUTIVA / PROCESO EJECUTIVO / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / FINALIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL / AUTO QUE APRUEBA LA CONCILIACIÓN / AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CESACIÓN DE LA CAUSACIÓN DE LOS INTERESES / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / COBRO DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIÓN DE COBRO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PÚBLICA / SUJETOS EN EL PROCESO EJECUTIVO / EJECUTADO / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Ante la omisión del ejecutante en solicitar el pago, durante los 3 meses de plazo otorgados por el Decreto 2469 de 2015, de la suma aprobada en el acuerdo conciliatorio, operó La cesación de los intereses moratorios a favor del ejecutado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 192 del CPACA (…) se deduce que la consecuencia jurídica relativa a la cesación de los intereses moratorios causados con ocasión de la aprobación de una conciliación extrajudicial opera cuando hayan transcurrido 3 meses contados desde la ejecutoria de la providencia aprobatoria, sin que obre, por parte de los beneficiarios, la presentación de la solicitud de pago acompañada de los documentos exigidos para el efecto en el artículo 2.8.6.5.1. del Decreto 2469 de 2015, normativa de orden público y de obligatorio acatamiento para las partes y los funcionarios judiciales, de manera que no corresponde a un asunto que por disposición legal debiera ser objeto de determinación en la providencia aprobatoria de la conciliación extrajudicial con efectos constitutivos o definitorios frente al trámite de pago, en tanto el referido decreto establece deberes imperativos de orden público que deben ser acatados por los beneficiarios y las autoridades destinatarias del cumplimiento de las providencias; por lo mismo, fija su régimen de cumplimiento, sin que para su efectividad se requiera de una declaración judicial para que surta efectos. De acuerdo con los hechos probados, se tiene que en este caso no se acreditó la presentación de la solicitud de pago en los términos exigidos por el decreto anteriormente mencionado, como se explica a continuación. (…) [E]l representante de la unión temporal (…) reconoció que no allegó los documentos solicitados (…) por parte de la entidad, dado que para ese momento ya se había promovido un proceso ejecutivo por la suma adeudada y uno de los documentos requeridos era la declaración, bajo la gravedad del juramento, en la que se debía indicar que no se había presentado otra solicitud de pago por el mismo concepto, ni se había intentado el cobro ejecutivo. (…) [L]a solicitud de pago nunca se efectuó, ya que no se cumplió con lo estipulado por el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015, pues fue necesario un segundo requerimiento para que el beneficiario allegara lo solicitado para realizar el pago, petición que fue desatendida por el ahora ejecutante, de manera que no es dable considerar que la solicitud de pago fue radicada a tiempo para evitar la cesación de intereses, ya que solo con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el decreto en mención es que puede entenderse presentada y surtir tales efectos. (…) A pesar de lo anterior, el recurso de la ejecutada no planteó ningún argumento sobre la fecha en la que se debería entender reanudada la causación de intereses y, como quedó visto en acápite anterior, no rebatió con argumentos jurídicos la conclusión del a quo sobre los efectos del depósito judicial realizado, situación que debe acompasar la Sala con los argumentos expuestos por la delegada del Ministerio Público cuando coadyuvó la apelación de la entidad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2469 DE 2015 - ARTÍCULO 2.8.6.5.1., LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192
TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO JUDICIAL / ORIGEN JUDICIAL DEL TÍTULO EJECUTIVO / CLASES DE TÍTULO EJECUTIVO / CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO EJECUTIVO / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL / AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / ORDEN JUDICIAL / ORDEN JUDICIAL DE PAGO / EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / INTERÉS COMERCIAL / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS COMERCIAL / PROCEDENCIA DEL INTERÉS COMERCIAL / TASA DE INTERÉS COMERCIAL / INTERÉS MORATORIO COMERCIAL
Problema jurídico:
¿La exigibilidad del título ejecutivo constituido por el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio operó desde el día siguiente al vencimiento de los 6 meses dispuesto en el artículo 298 del CPACA aplicable al presente asunto, y con ello la causación de intereses moratorios a la tasa comercial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según lo dispuesto en (…) el artículo 297 del CPACA (…) y (…) el texto del artículo 298 ejusdem (…), es claro que la exigibilidad del título ejecutivo, constituido por el auto aprobatorio en firme que aprobó el acuerdo conciliatorio, ocurrió pasados 6 meses desde su ejecutoria, pues no se pactó un plazo supletorio distinto por las partes, de manera que no les resultaba posible desconocer dicha previsión contenida en una norma de orden público, de obligatorio acatamiento para los jueces y los particulares, tal como lo ordena categóricamente el artículo 13 del CGP, por lo que no es posible considerar que se derivara una confianza legítima, según deja entrever el argumento del Ministerio Público. Por lo anterior, el artículo 192 del CPACA no es aplicable al caso y la causación de intereses moratorios a la tasa comercial operó al día siguiente del vencimiento de los mencionados 6 meses para su exigibilidad (…), lo cual se desprende de la remisión que hace el inciso segundo del artículo 298 del CPACA a “las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo”, de manera que es dable encuadrar lo estatuido en el numeral 4 del artículo 195 ejusdem, en el sentido de que a partir de la fecha de exigibilidad de la obligación -6 meses- corren intereses moratorios a la tasa comercial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, 297, 298, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 13
MANDAMIENTO EJECUTIVO / AUTO DE MANDAMIENTO EJECUTIVO / ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE MANDAMIENTO EJECUTIVO / PROCEDENCIA DE MANDAMIENTO EJECUTIVO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / DEPÓSITO JUDICIAL / CONSIGNACIÓN DEL DEPÓSITO JUDICIAL / PAGO PARCIAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El pago derivado del depósito judicial se realizó dentro de los 5 días concedidos para el efecto en el auto de mandamiento ejecutivo, conforme al artículo 431 del CGP?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a verificación de los términos le permite concluir a la Sala que el mencionado depósito judicial se realizó dentro del término de 5 días concedido para el efecto en el auto de mandamiento de pago, tal como se desprende de lo acreditado en el expediente. (…) [E]l mandamiento de pago quedó ejecutoriado (…), según lo dispuesto en el artículo 302 del CGP, por lo que el término de 5 días concedido para pagar corrió entre el 25 y el 31 de octubre de 2019, mientras que el 25 de octubre de 2019, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA constituyó un depósito judicial. (…) Al contrastar la suma depositada frente a la ordenada en el mandamiento de pago es claro que no operó un pago total de la obligación, pues el monto entregado por la ejecutada fue inferior al indicado por el tribunal a título de capital y no tuvo en cuenta los intereses causados, además de que este aspecto no ha sido materia de liquidación en el proceso, por lo que es válido afirmar que dicho depósito tuvo los efectos de un pago parcial, conclusión a la a cual llega la Sala en ejercicio de sus potestades oficiosas en materia de excepciones, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 281 y 288 del CGP y 187 del CPACA, facultad que de tiempo atrás ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia de la Sección Tercera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el pago del depósito judicial ver sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 17952, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 4 de diciembre de 2002, Exp. 17951, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, sentencia de 2 de agosto de 2004, Exp. 21177, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia de 3 de agosto de 2006, Exp. 27022, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia de 3 de mayo de 2007, Exp. 25647, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia de 7 de febrero de 2011, Exp. 23886, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia de 1 de febrero de 2018, Exp. 40254, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, 288, 302, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 431
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / LIQUIDACIÓN DE INTERESES / PAGO PARCIAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / PLAZO PARA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / DEPÓSITO JUDICIAL / CONSIGNACIÓN DEL DEPÓSITO JUDICIAL / MANDAMIENTO EJECUTIVO / EFECTOS DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / CAUSACIÓN DE LOS INTERESES / INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / NORMATIVIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / EXCEPCIÓN POR COMPENSACIÓN / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / TÍTULO EJECUTIVO / CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿Se debe declarar probada parcialmente la excepción de compensación por el cobro de la cláusula penal pecuniaria, y la excepción de pago parcial, por el pago realizado por la ejecutada a través de depósito judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien la parte ejecutada no cumplió con las previsiones del inciso 3 del artículo 461 del CGP, en orden a presentar la liquidación del crédito y las costas, no puede desconocerse el cumplimiento parcial de la orden de pago en la fecha del depósito (…), lo cual tendrá efectos en la imputación de la suma a interés y capital en la respectiva liquidación del crédito que habrá de presentarse en etapa posterior a esta providencia, en los términos del artículo 446 del CGP. En estas condiciones, la censura tiene vocación de prosperidad, por lo que la Sala modificará la sentencia de primera instancia en lo relativo a los períodos de causación de intereses y (…) su liquidación se deberá tener en cuenta lo siguiente: El Tribunal aprobó el acuerdo conciliatorio mediante auto (…) que quedó ejecutoriado el 6 de febrero del mismo año. Como la ejecutante nunca allegó lo requerido a la entidad para proceder al pago, la causación de intereses (DTF) se suspende (…) hasta el 6 de agosto del mismo año, es decir, al vencimiento del término de 6 meses con los que contaba la entidad para pagar la obligación dineraria, según lo indica el inciso segundo del artículo 298 del CPACA (…), se seguirán causando intereses moratorios, con fundamento en el artículo 884 del Código de Comercio. (…) [L] a norma general sobre (…) la causación de intereses moratorios (…) que se ha utilizado por la jurisprudencia es el artículo 884 del mismo código, que permite llenar la remisión a que se refiere el inciso 4 del artículo 195 del CPACA, en armonía con el plazo de exigibilidad contemplado en el inciso segundo del artículo 298 ejusdem. Para la imputación de los pagos derivados de la compensación reconocida por el a quo y el pago parcial realizado por la ejecutada a través de depósito judicial, se tendrá en cuenta lo siguiente: La compensación declarada por el a quo (…) aplicable (…), cuando quedaron ejecutoriados los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual e hicieron efectiva la cláusula penal pecuniaria. El pago parcial (…) realizado por la parte ejecutada mediante depósito judicial (…). El depósito judicial (…), resultante de las medidas cautelares decretadas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 884, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 298, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 461 INCISO 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 466
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / ACCIÓN EJECUTIVA / EJECUTADO / SENA / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO / DURACIÓN DEL PROCESO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La procedencia de la condena en costas debe estar determinada por el criterio objetivo que impone condenar a la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo consagrado en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, se establece un criterio objetivo de condena en costas, que impone condenar en este asunto a la parte vencida en este litigio. Se condenará en costas a la parte ejecutada, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP, norma aplicable a los procesos ejecutivos que se tramitan ante esta jurisdicción. (…) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP. El Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda ejecutiva, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, el artículo 2 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. A su vez, el artículo 5 del Acuerdo consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. Así, para los procesos ejecutivos, las agencias en derecho en segunda instancia, según el mencionado Acuerdo, deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas, ver sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 54675, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 51212, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, auto del 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 9 de abril de 2014, Exp. 27550, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 14 de mayo de 2014, Exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia del 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, 266