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PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato estatal: se ha indicado que la entidad contratante no puede dejar de lado lo de 2007

68001233300020150119301 de 2025 2025-07-14 Rad. 68001233300020150119301
El contratista no puede participar en el proceso de selección si suministra información que no concuerda con la realidad, lo que comporta el desarrollo del principio de buena fe y lealtad contractual. La entidad estatal, conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, puede rechazar la propuesta del proponente si esta omite aspectos o documentos necesarios para la evaluación de los ofrecimientos, pero no puede hacerlo si la información no es esencial para obtener puntaje, en cuyo caso debe otorgar al proponente la oportunidad de subsanar la omisión. La Sala de lo Contencioso Administrativo revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, declarando la nulidad de la Resolución 000366 de 2015 por la cual la Policía Nacional adjudicó el proceso de selección PN MEBUC LI 003-2015, sin condenar en costas, lo que implica que las entidades deben cumplir rigurosamente con los procedimientos establecidos para la selección objetiva de contratistas.síntesis automática
También resuelve: Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración pública Principio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponente Aplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
Consejo de Estado Providencia

Resulta conceptualmente inviable que un acuerdo contractual tenga el carácter imprevisto que exige el artículo 5-1 de la Ley 80 de 1993 para que se configure la ruptura del equilibrio económico.

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180066501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existió desequilibrio económico del contrato causado por las ampliaciones de plazo, modificaciones de mutuo acuerdo, en las cuales el contratista no dejó objeción, salvedad, reclamación o constancia alguna? No
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato causado por ampliaciones de plazo y modificaciones de mutuo acuerdo, cuando no ha dejado constancia alguna de objeción, salvedad, reclamación o costo adicional, ya que estas modificaciones son pactos que contienen su propio balance económico y no pueden ser consideradas imprevistas ni generar una ruptura del equilibrio económico inicial. La Sala reitera la jurisprudencia que sostiene que del principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios se deriva que las pretensiones de la demanda solo prosperan cuando el demandante ha dejado constancias o salvedades en las modificaciones contractuales. Esto implica que si las partes acordaron una prórroga sin modificar la cláusula de valor, esta se hará en esas condiciones, sin implicar un costo extra para la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en eventos en los cuales el recurso de apelación no prospera?
Consejo de Estado Providencia

Existe ruptura del equilibrio económico del contrato por los mayores costos causados

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 50001233100020070007401 ACCION CONTRACTUAL
¿Existe ruptura del equilibrio económico del contrato por los mayores costos causados por la modificación del método constructivo y el lucro cesante derivado de la imposibilidad de transportar la maquinaria luego de la terminación del contrato ? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por lucro cesante derivado de la imposibilidad de transportar maquinaria luego de la terminación del contrato, ya que no incluyó esta reclamación en la acta de liquidación del contrato, lo que violaría el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Además, la Sala establece que la modificación del método constructivo fue una decisión voluntaria del contratista, por lo que no se puede aplicar la teoría de la imprevisión, ya que los hechos que causaron el desequilibrio económico del contrato deben ser exógenos a las partes. La falta de modificación del contrato no enerva la acción judicial, sino que implica la falta de prosperidad de la pretensión de desequilibrio económico. Esta sentencia reitera la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos en la liquidación del contrato y la necesidad de acreditar la ocurrencia de un evento imprevisible para aplicar la teoría de la imprevisión.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020170238901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? ¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación? ¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No puede el contratista solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato si en las actas de suspensión

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 68001233300020130058802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el contratista solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato si en las actas de suspensión, prórroga y adición expresamente renunció, libre y autónomamente, a presentar reclamación judicial o extrajudicial por cuenta de tales hechos? No
La renuncia que el contratista formula de manera libre y autónoma, en actas de suspensión, prórroga o adición, a presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por los hechos que las originan es eficaz, y le impide después pretender el restablecimiento del equilibrio económico por esos mismos hechos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la renuncia es un acuerdo libre y espontáneo de voluntades sobre derechos de libre disposición, sin prueba de presión ni condicionamiento. Segunda, todas las modificaciones del contrato tuvieron origen en la petición expresa del contratista, lo que confirma la voluntad consciente con la que renunció. Tercera, el comportamiento de las partes durante la ejecución va contra el principio de buena fe y de respeto del acto propio si el contratista luego reclama. En consecuencia, la sentencia de primera instancia se confirma. Por tanto, la petición de reconocer perjuicios por los hechos de las suspensiones y prórrogas no puede prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿En el marco de un contrato estatal, la renuncia a posteriores reclamos judiciales o extrajudiciales es ineficaz a pesar de haberse realizado libre de apremio? ¿Puede el contratita efectuar una reclamación judicial, cuando en forma previa, autónoma, libre de apremio y explícita manifestó no reclamar posteriormente, ni extrajudicial ni judicialmente? ¿Procede la condena en costas cuando se ventila un interés público
CONFIRMA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Los contratos de concesión de esa naturaleza pueden verse afectados por la prohibición de la actividad respectiva, incluso durante la vigencia del negocio jurídico.

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) CLARA CECILIA SUAREZ VARGAS Rad. 25000233600020190070700 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse la nulidad de la Resolución N° VSC 000411 del 10 de mayo del 2017, mediante la cual se declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° FIN-151A, se declaró la terminación de ese contrato y adoptaron otras determinaciones, por haber sido proferida con infracción de las normas en que debería fundarse, concretamente el artículo 34 de la Ley 685 del 2001, artículo 173 de la Ley 1753 del 2015 y la Resolución 937 de 2011? ¿La ANM incumplió la cláusula vigésima primera del Contrato de Concesión N° FIN-151A, por no haber realizado la terminación bilateral de ese negocio jurídico y por no dar aplicación a la normativa vigente? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución N° VSC 000411 del 10 de mayo del 2017, que declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° FIN-151A, ya que la administración cumplió con los principios de buena fe y confianza legítima al aplicar el principio de precaución en materia ambiental, lo que tiene prevalencia sobre el interés particular. Además, la reglamentación ambiental posterior al perfeccionamiento del contrato no configura un derecho adquirido, ya que la Constitución Política y el Código Minero priorizan la protección del medio ambiente. La regla de la irretroactividad de la legislación tiene excepciones, permitiendo la modificación de condiciones contractuales en casos de bienes públicos relacionados con recursos naturales. En este caso, la declaratoria de caducidad se basa en múltiples incumplimientos por parte del contratista, incluyendo el pago de canon superficiario, multas y la presentación de licencias ambientales, lo que no genera controversia entre las partes. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la protección del medio ambiente y el interés general prevalecen sobre los derechos contractuales, permitiendo la caducidad del contrato en casos de incumplimiento grave y reiterado.síntesis automática
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acta de recibido final de obra pública: la liquidación del contrato no es solo un acta

25000233600020210061701 de 2025 2025-08-27 Rad. 25000233600020210061701
El contratista no está eximido de responsabilidades por vicios inherentes a la construcción, al terreno o a los materiales empleados, incluso cuando se emite un acta de recibo final de obra que constata la conformidad externa con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, ya que esta acta no es garantía de cumplimiento del contrato estatal ni impide que la administración efectúe descuentos en la liquidación del contrato si existen incumplimientos. La liquidación del contrato es un acto jurídico integral que revisa exhaustivamente todos los aspectos del contrato, incluyendo temas técnicos, operativos y financieros, y determina si las partes pueden declararse a paz y salvo o si existen obligaciones por cumplir, lo que implica que el acta de recibo final no es una declaración definitiva del cumplimiento cabal de todas las obligaciones del contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza jurídica del acta de recibo final y la potestad de la administración para efectuar descuentos en la liquidación del contrato, lo que tiene implicaciones significativas en la práctica contractual y en la resolución de controversias relacionadas con la entrega y liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: Acta de recibido final de obra pública: instrumento de constancia, acta de recibo final de obra, alcance, no exime al constructor por los potenciales vicios inherentes a la construcción Naturaleza jurídica del acto de liquidación del contrato: objeto de la liquidación del contrato estatal, condición técnica del contrato estatal, ecuación financiera del contrato estatal, garantías en el contrato administrativo Liquidación del contrato estatal: potestad de la administración del análisis técnicos y financiero, facultad de efectuar descuentos
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de controversias contractuales fue presentado

Sentencia — Sentencia 2025-07-18 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020170079402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato? Sí
El contratista presenta un medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato, lo que es considerado oportuno, ya que el contrato fue suspendido y ampliado en dos ocasiones, con la última prórroga suscrita el 10 de mayo de 2016, y se incorporó una cláusula de liquidación bilateral por cuatro meses. La Sala modifica la interpretación anterior sobre la caducidad del medio de control, estableciendo que la demanda presentada el 4 de mayo de 2017 no vence el término previsto en el subnumeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Además, la Sala determina que el contratista asumió los riesgos derivados de la gestión y adecuación predial del inmueble, al incorporar en el contrato una etapa de estudios y diseños que incluían el diagnóstico del inmueble y la tramitación de licencias, por lo que no puede atribuirse un incumplimiento a la entidad contratante. Finalmente, la Sala no analiza la condena decretada en primera instancia derivada de la prosperidad de las súplicas de la demanda de reconvención, debido a que el recurso de apelación no formuló reparos concretos frente a este aspecto, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar aspectos no apelados por ambas partes.síntesis automática
También resuelve: ¿El consorcio contratista asumió los riesgos derivados de la gestión y adecuación predial del inmueble, por el hecho de haber incorporado en el contrato una etapa de adecuación de estudios y de… ¿Es procedente el análisis de la condena decretada en primera instancia derivada de la prosperidad de las súplicas de la demanda de reconvención? ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por haber sido la vencida en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La demandada no trasgredió la buena fe del actor

Sentencia — Sentencia 2022-02-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150119102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Con la expedición de los actos 11900-2014-6884 del 29 de diciembre de 2014, 10200-2014-1137 del 30 de diciembre de ese año y 11900-2015-0454 del 4 de febrero de 2015, la demandada desconoció el principio de buena fe y, por consiguiente, incurrió en responsabilidad precontractual? Sí
El contratista no puede reclamar responsabilidad precontractual por la terminación de una invitación pública, ya que la entidad estatal actuó conforme a los términos inicialmente establecidos y conocidos por el contratista, cumpliendo así con el principio de buena fe. La Sala reitera que la responsabilidad precontractual no se activa cuando la entidad cumple con los deberes inherentes a la buena fe contractual. Además, el Consejo de Estado determina que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo excepciones legales, por lo que la terminación de la invitación pública no constituye un acto administrativo susceptible de nulidad. En consecuencia, el medio de control adecuado es la reparación directa, conforme al artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, al no tratarse de un acto administrativo sino de actuaciones negociales precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Consejo de Estado Providencia

No procede reconocer un desequilibrio económico contractual cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020160071604 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede reconocer un desequilibrio económico contractual cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales? No
No procede reconocer un desequilibrio económico del contrato cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al pactar modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, por lo que el juez debe examinar en cada caso el alcance de los acuerdos conforme a la buena fe; cuando la renuncia es explícita e inequívoca, el juez no debe desentrañar el sentido del acuerdo a partir de la conducta previa a la suscripción, sino respetar lo pactado; y el valor de las prórrogas fue objeto de pacto expreso, lo que impide tratar el caso como una situación de silencio. Así, la renuncia expresa a reclamar prevalece sobre la pretensión de restablecimiento. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera de 27 de julio de 2023, cuyo alcance se precisa en los acuerdos expresos. La providencia se modifica.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe reconocerse y pagarse intereses moratorios por el pago tardío de las actas parciales de obra No 4, 5, 6 y 7, pese a la ausencia de pacto contractual sobre dichos intereses y de plazo o…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Por regla general e inclusive en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las manifestaciones de voluntad que las entidades estatales emiten durante la ejecución del contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado y no a actos administrativos con presunción de legalidad y fuerza ejecutoria.

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233100020090040001 ACCION CONTRACTUAL
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2… ¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal? ¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se encuentra acreditado que la entidad estatal ante la entrega de la obra pública decidió revocar la resolución

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233300020150028801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentra acreditado que la entidad estatal ante la entrega de la obra pública decidió revocar la resolución que declaró el incumplimiento del contrato? Sí
La entidad contratante puede revocar la declaratoria de incumplimiento cuando, tras el vencimiento del plazo, el contratista ejecuta las obras faltantes y la entidad las recibe a satisfacción, de modo que la revocatoria se sustenta en el recibo de la totalidad del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, al vencer el plazo la obra no estaba ejecutada en su totalidad, lo que habilitaba la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal y el cobro de la garantía. Segunda, después del vencimiento el contratista completó las actividades faltantes y la entidad las recibió con concepto técnico favorable de un perito, mediante acta de entrega y recibo definitivo. Tercera, al resolver el recurso de reposición, la entidad revocó el acto sancionatorio con base en ese recibo, lo que se ajusta a la buena fe contractual. La providencia revoca la sentencia de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la recepción de la obra completa después del plazo, seguida de la revocatoria del acto sancionatorio, reconoce el cumplimiento sustancial del contrato y limita el alcance de la sanción.síntesis automática
También resuelve: ¿La buena fe contractual es un parámetro de conducta para valorar el cumplimiento del contrato estatal? ¿La entrega de la obra pública por fuera del plazo del vencimiento del contrato es justificación para que la entidad contratante no realice el pago de esta? ¿Procede la liquidación del contrato por vía judicial ante la ausencia de esta?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 17001233300020120029701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía , en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.
También resuelve: ¿Goza el juez de facultades para interpretar la demanda? ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia derivada de contrato celebrado por empresa industrial y comercial del Estado? ¿Se acreditó la legitimación en la causa de las partes?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020170227202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el juez de segunda instancia el principio de congruencia y el debido proceso cuando, al resolver el recurso de apelación, se pronuncia sobre la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual que no fue planteada en las pretensiones ni en los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, ni integrada oportunamente a la causa petendi del litigio? Sí
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en la demanda, ni discutidos en el proceso, ni controvertidos por la parte demandada, porque el principio de congruencia delimita su competencia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 281 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, obliga a que la sentencia guarde congruencia con los hechos y las pretensiones de la demanda; la competencia del superior se limita a la cuestión decidida, que se estructura a partir de la causa petendi y de las excepciones debidamente alegadas y probadas; y tener en cuenta una cláusula o un hecho no integrado oportunamente a la causa petendi vulnera el derecho de defensa de la contraparte. Por ello, la declaratoria de ineficacia de pleno derecho de una cláusula no pedida en la demanda excede el litigio y resulta violatoria del debido proceso. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve: ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia a los argumentos concretos expuestos en la sustentación del recurso de apelación… ¿El incumplimiento de la carga de sustentación del recurso de apelación por parte del recurrente que se limita a reiterar los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia… ¿Prospera el recurso de apelación cuyos argumentos, además de carecer de reparos concretos y específicos contra la sentencia de primera instancia…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se impone revocar la decisión que se adoptó en la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160051501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la… ¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales? ¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad

Sentencia — Sentencia 2026-10-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020250126101 Controversias contractuales
¿La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos? Sí
La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos. En el caso de los convenios interadministrativos, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas enlazan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general.síntesis automática
También resuelve: ¿El Municipio de Chigorodó incumplió las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo No. 282 de 2016? ¿Puede el municipio exonerarse de responsabilidad alegando que el incumplimiento fue exclusivamente del contratista de la obra? ¿Debe el Municipio de Chigorodó reintegrar a Prosperidad Social los recursos desembolsados para la ejecución del proyecto y sus rendimientos financieros?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160067201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas… ¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles? ¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200034201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio? ¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos? ¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Caducidad de la acción: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020090106302 ACCION CONTRACTUAL
¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso? Sí
El contratista no puede interponer una acción de controversias contractuales una vez que ha transcurrido el plazo de dos años desde la realización de la liquidación bilateral o unilateral del contrato, o desde la expiración del término para que la entidad realice la liquidación unilateral, lo que implica que la caducidad de la acción es una figura jurídica de orden público que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, operando como medio extintivo del derecho de acción una vez que se ha cumplido el límite temporal establecido. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la caducidad es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, y que el juez debe declararla de oficio si se ha configurado, independientemente de la voluntad de las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales, en los contratos que deben ser liquidados, caduca al paso de dos años contados desde el momento de haberse realizado la liquidación bilateral o unilateral… ¿La liquidación del contrato estatal deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes, dentro del plazo que ellas hayan pactado o, en su defecto… ¿Debe declararse la caducidad de la acción de controversias contractuales, cuando se observa que si bien se elaboró un acta de liquidación bilateral antes de vencido el término para tal efecto…
Consejo de Estado Providencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2023-09-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 68001233100020090011702 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales, presentada para demandar el incumplimiento de un contrato estatal en el que fue parte Ecopetrol? Sí
En las controversias contractuales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para decidir los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de interponerse la demanda. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la competencia depende de la naturaleza pública de la entidad contratante y del origen de la controversia en su actividad. Segunda, cuando la entidad contratante es una empresa estatal, el incumplimiento de su contrato entra en la competencia de esta jurisdicción y, por ello, la Sala conoce de la segunda instancia. En el caso, el incumplimiento de un contrato celebrado por una empresa petrolera estatal vinculada al Ministerio justificó esa competencia. La providencia confirma la sentencia apelada. En la práctica, el demandante que pretenda el incumplimiento de un contrato celebrado con una empresa estatal debe verificar la calidad de la entidad contratante, porque esa condición determina la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se interpuso de forma oportuna la demanda de controversias contractuales, presentada para declarar el incumplimiento del contrato estatal suscrito entre Ecopetrol y el consorcio del que hizo parte… ¿Ecopetrol S.A. incumplió el contrato N° 5201841 del 28 de noviembre de 2006, por efectuar los pagos a su cargo, directa e íntegramente al representante de la sociedad contratista…
CONFIRMA