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¿El desequilibrio económico del contrato es un eximente de responsabilidad y excusa a las partes del cumplimiento del contrato? No
El contratista no puede excusarse del cumplimiento del contrato alegando desequilibrio económico, ya que esta situación no es un eximente de responsabilidad, sino una garantía para la continuada ejecución del contrato, incluso en presencia de dificultades económicas. La Sala establece que la ruptura del equilibrio económico no libera al contratista del deber de cumplir sus obligaciones contractuales. Además, para que una fuerza mayor excuse el incumplimiento, debe acreditarse la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad del hecho, lo cual no ocurrió en este caso, ya que el contratista no presentó pruebas suficientes ni argumentos jurídicos que justifiquen su falta de cumplimiento. La Sala reitera que la modificación del contrato, como la adición de plazos, no implica la configuración de una fuerza mayor, y que la indisponibilidad de los bienes no fue acreditada como causa eximente. Esta decisión matiza la interpretación de que el desequilibrio económico puede ser utilizado como excusa para el incumplimiento contractual, enfatizando la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales a menos que se acrediten las circunstancias excepcionales que eximen de responsabilidad, como la fuerza mayor.síntesis automática
También resuelve:¿Es necesario que el juez reporte y comente el contenido de cada una de las pruebas que obran en el expediente para entender que su decisión cumplió con los principios y obligaciones relacionados con…¿Las causas extrañas, entre las cuales se encuentran la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero eximen de responsabilidad al deudor?¿Procede la condena en costas en esta instancia a la parte demandante?
¿Es procedente declarar la nulidad del acto administrativo contractual que negó la solicitud de suspensión de un contrato de concesión por razones de fuerza mayor? No
En el marco del contrato de concesión de mediana minera n.° 16.715 del 15 de septiembre de 1993, para la explotación de materiales de construcción, en un terreno ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor Jorge Enrique Ponguta Orduz, quien después lo cedió a la sociedad Constructora Palo Alto Cía S. en C., se solicita la nulidad de los artículos primeros de las resoluciones n.°s DSM 751 y DSM 369 del 26 de julio de 2006 y del 20 de abril de 2007, respectivamente, por medio de las cuales el Instituto Colombiano de Geología y Minería, en adelante, Ingeominas, negó la solicitud de suspensión temporal de las obligaciones derivadas de la referida concesión.
También resuelve:¿Se configura una fuerza mayor como presupuesto para la suspensión de un contrato la aplicación de normas de orden público…¿Es la acción de controversias contractuales la procedente para que el Consejo de Estado resuelva en segunda instancia la demanda por nulidad de un acto administrativo contractual?¿Está configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, pues es el Ingeominas el legitimado en este asunto?
¿En la liquidación judicial del convenio No. 20151013 se debió considerar la devolución de la totalidad de los aportes realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y no solo lo relacionado con las obligaciones que dejó de ejecutar la AACIWASUG?? Sí
El contratista no debe devolver la totalidad de los aportes realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la liquidación judicial del convenio No. 20151013, sino solo lo relacionado con las obligaciones que dejó de ejecutar, debido a que la entidad no consumó la totalidad de sus obligaciones por condiciones climáticas adversas, configurándose la fuerza mayor. La liquidación judicial realizada por el tribunal de primera instancia fue coherente con esta valoración, al considerar lo que efectivamente se ejecutó y no impuso la devolución de recursos por las actividades que se dejaron de desarrollar. Además, la Sala considera procedente la actualización de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia mediante indexación, para evitar la pérdida del valor adquisitivo del dinero en el tiempo, y no hay lugar a imponer condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la reliquidación de la condena?¿Es procedente la condena en costas?
¿Se probó un caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil; esto es, de un imprevisto que no era posible resistir? No
El caso fortuito o la fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil, exige un imprevisto que no era posible resistir, de modo que la parte que lo invoca debe demostrar tanto su imprevisibilidad como su irresistibilidad. Una razón es que las solicitudes que la parte presentó a la entidad contenían las razones que, a su juicio, justificaban el cambio de predios, pero no se demostró el carácter imprevisible ni irresistible de esas razones. Otra razón es que aunque los documentos acompañados demostraron el compromiso e inversión de recursos y algunas actividades previstas, no se acreditó que esos recursos se invirtieran según el plan operativo anual ni que las actividades se ajustaran a las exigencias técnicas del convenio. En el caso, la Sala no encontró probada la fuerza mayor alegada para el incumplimiento del convenio, por lo que modificó la sentencia apelada en el monto a restituir y en el valor proporcional de la cláusula penal. Su consecuencia práctica es que el asociado que invoca la fuerza mayor para justificar el incumplimiento debe demostrar la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho y la correcta ejecución de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta?¿Procede la condena en costas contra la parte a la que se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Al declarar el incumplimiento parcial del contrato, la Aerocivil actuó con desviación de poder, e incurrió en violación del principio de buena fe y la obligación de cooperación estipulada en el contrato, por no acceder a las solicitudes de prórroga necesarias para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, al considerar que no era viable exceder la vigencia fiscal para la cual estaba presupuestado el pago de ese negocio jurídico? No
Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si la Aerocivil actuó con desviación de poder, vulneró el principio de buena fe y faltó a la obligación de cooperación estipulada en el contrato, al declarar el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, a través de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, sin haber accedido a las prórrogas requeridas y necesarias para que el contratista hubiera podido cumplir con el objeto contractual, bajo el argumento de que no era posible exceder la vigencia fiscal para la cual había sido presupuestado el pago del negocio jurídico.… En relación con el vicio de desviación de poder,… el demandante se limitó a argumentar que los actos demandados habrían sido expedidos con desviación de poder, o con ausencia o falsa motivación, porque el ente contratante no habría informado el inicio de dos procedimientos sancionatorios…
También resuelve:¿Las Resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, con las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, impuso pena pecuniaria…¿En el procedimiento sancionatorio iniciado por la Aerocivil fue vulnerado el debido proceso por no garantizarse el derecho de contradicción y defensa del contratista…¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello…
¿Resulta procedente el análisis de lo manifestado por la Empresa por Axia Energía SAS en su recurso apelación, respecto de que la sentencia de primera instancia señalo que dicha sociedad no presentó alegatos de conclusión, cuando se observa que la apelante no formuló esta circunstancia como un motivo de la apelación, ni señaló que con ello se le hubiese vulnerado derecho alguno, ni se alegó como una causal de nulidad procesal? No
En primera medida, es necesario pronunciarse sobre lo manifestado por Axia en su apelación, en cuanto a que, según la sentencia de primera instancia, dicha sociedad no presentó alegatos de conclusión (en el acápite correspondiente, se señaló que “guardó silencio”).… Al respecto, resulta importante precisar que la contratista no formuló esta circunstancia como un motivo de la apelación, ni señaló que con ello se le hubiese vulnerado derecho alguno, dado que solo se refirió al tema para anotar la situación. En ese sentido, no explicó de qué forma dicha eventualidad habría impactado la decisión de primer grado, en cuanto a la omisión de argumentos específicos o la alusión a hechos modificativos o extintivos que se hubiesen invocado en esa oportunidad.
También resuelve:¿El Tribunal incurrió en un falso juicio de valor en cuanto a los elementos constitutivos de la fuerza mayor, al desestimar que el retiro del mercado de Axia configuraba dicha circunstancia?¿El a quo omitió referirse a la inejecución del contrato, al no valorar adecuadamente la cláusula decimoctava atinente a los mecanismos para resolver las diferencias entre las partes en el marco de…¿El fallo apelado prescindió de la valoración de que la EDEQ debió agotar la negociación directa con Axia, prevista en la cláusula decimoctava, como un requisito para interponer la demanda…
¿Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios? Sí
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al deudor y causante de un daño cierto, personal y directo, confiere al acreedor el derecho a solicitar la indemnización integral de los perjuicios. Este principio se fundamenta en el equilibrio económico del contrato estatal, que busca garantizar la continuidad del servicio público y los intereses generales. La responsabilidad contractual y el desequilibrio financiero del contrato estatal son conceptos distintos, con la primera orientada al derecho de crédito y la segunda al mantenimiento del servicio público. La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo, reiterando la importancia de la congruencia y la imparcialidad en el proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El equilibrio económico del contrato estatal se concreta en el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar?¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes?¿La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo?
¿La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que debe ser restablecido? No
La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. no dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que deba ser restablecido. La causa que determinó la terminación del contrato obedeció a un evento de fuerza mayor, por lo que ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones. La E.S.E. no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieran generado como consecuencia de la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Es admisible que se analicen nuevos cargos planteados en el recurso de apelación?¿Es competencia del liquidador de una empresa estatal resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su…¿La Sala tiene competencia para definir el asunto relativo a la imputación de los perjuicios derivados de la terminación anticipada y unilateral del contrato por efecto de la liquidación forzosa de…
¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación? Sí
El interviniente de una entidad pública puede actuar como coadyuvante del recurso de apelación y formular argumentos coincidentes con los del recurrente, siempre que no se opongan a los de la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho en litigio. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 610 del CGP reconoce al interviniente las mismas facultades de la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de coadyuvar; el artículo 320 del CGP remite, respecto del coadyuvante, al inciso segundo del artículo 71, que a su vez se armoniza con el artículo 224 del CPACA; y la coadyuvancia habilita los actos procesales permitidos a la parte que se ayuda. Por ello, el escrito de coadyuvancia presentado dentro de la oportunidad para impugnar la sentencia es admisible como respaldo de la apelación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos en que el recurso fue admitido.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado…¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general…¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de…
¿El recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes? No
El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes, sino que su naturaleza es limitada a revisar la legalidad de la sentencia y las causales específicas establecidas en la ley. La Sala declaró infundado el recurso interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la denegación de las pretensiones de nulidad del acto administrativo en un proceso de controversias contractuales. La Sala sostuvo que las pruebas documentales pudieron haber sido aportadas durante el proceso ordinario si la parte recurrente hubiera actuado con diligencia, y que la imposibilidad de aportarlos no obedeció a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Además, los documentos recuperados no desvirtuaron la legalidad de los actos administrativos por los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de interventoría. Esta decisión reitera la limitación del recurso extraordinario de revisión y subraya la importancia de la diligencia procesal en la presentación de pruebas.síntesis automática
También resuelve:¿Las pruebas documentales pudieron ser aportados durante el curso del proceso ordinario si el recurrente hubiera ejercido diligentemente las actuaciones que llevó a cabo con posterioridad a la…¿La imposibilidad de aportar los documentos al proceso ordinario obedeció a circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria?¿El contenido de los documentos tiene la aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. De tal modo, como EMCALI es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado (artículo 17 de la Ley 142 de 1994), es una entidad pública del nivel territorial, perteneciente al sector descentralizado por servicios, en los términos de la Ley 489 de 1998.
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento?¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento?¿Los contratos celebrados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se rigen por el derecho privado pero deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen de…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto? Sí
El contrato denominado llave en mano, en el que el contratista se obliga a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado a cambio de una remuneración que usualmente se estipula a precio global, es un contrato de obra cuando una de las partes es un establecimiento público y se celebra en vigencia de la Ley 80 de 1993, caso en el cual se rige por las disposiciones de ese estatuto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la modalidad llave en mano, de común utilización en obras de infraestructura, consiste en que el contratista entrega un producto terminado en funcionamiento, lo que corresponde a la noción de obra. Segundo, la fecha de celebración del contrato y la naturaleza pública de una de las partes determinan la aplicación de la Ley 80 de 1993 al negocio. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el régimen aplicable se determina por la fecha de celebración, la naturaleza de la entidad contratante y el objeto de la obra entregada en funcionamiento.síntesis automática
También resuelve:¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos?¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios?¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando el contrato fue celebrado por una entidad pública y la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la acción se contará a partir de la terminación del contrato cuando este no sea susceptible de liquidación, tal como dispone el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, lo que es aplicable a contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones que se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación. En el caso en cuestión, la terminación del contrato por vencimiento de plazo y la presentación de la demanda dentro del término de dos años permiten concluir que la acción fue oportuna, revocando así la sentencia de primera instancia y permitiendo el estudio de las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo?¿La demanda se presentó oportunamente?¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-06-25Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020200029801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia del decreto y práctica de pruebas en segunda instancia tienen que concurrir los supuestos del artículo 212 del CPACA y los principios de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba? Sí
El contratista no puede obtener el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia si no acredita la configuración de alguna de las causales previstas en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ni justifica con claridad el objeto de la prueba. Estas causales incluyen la solicitud de pruebas de común acuerdo entre las partes, la práctica de pruebas no realizadas en primera instancia sin culpa del solicitante, pruebas sobre hechos ocurridos después del término para pedirlas en primera instancia, documentos no presentados por fuerza mayor o caso fortuito, y pruebas que desvirtúen documentos presentados por la parte contraria. Además, el juez debe evaluar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba antes de decretarla. La Sala reitera que la falta de acreditación de estas causales y la falta de precisión en la justificación del objeto de la prueba llevan a la denegación del decreto de pruebas en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente decretar pruebas en segunda instancia cuando no se acredita la configuración de alguna de las causales legales ni se justifica su objeto con claridad?
Laudo Arbitral Sociedad Autopistas De La Sabana S.A.S Vs Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (11-05-2016)2013-09-18Rad. Laudo Arbitral Sociedad Autopistas De La Sabana S.A.S Vs Agencia Nacional de Infraestructura
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-09-08Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000232600020100035701ACCION CONTRACTUAL
¿Puede decretarse y practicarse prueba en segunda instancia dentro del proceso contencioso administrativo sin que se configure alguno de los eventos establecidos en el artículo 214 del CCA? No
El contratista no puede decretar y practicar pruebas en segunda instancia del proceso contencioso administrativo si no se configuran los eventos establecidos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, que permiten la excepcionalidad de la prueba en esta etapa, tales como pruebas dejadas de practicar sin culpa del solicitante, hechos sobrevinientes, documentos no aducidos por fuerza mayor o caso fortuito, o para desvirtuar documentos previamente presentados. Además, la oportunidad para solicitar pruebas en segunda instancia está limitada al término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. En este caso, la Sala negó la solicitud de prueba documental por no cumplir con los requisitos de procedencia, ya que la liquidación aritmética no se basaba en hechos sobrevinientes y no se alegaron causas que impidieran su presentación en primera instancia, además de no ser pertinente para probar un hecho fáctico sino para discutir un punto de derecho. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la admisión de pruebas en segunda instancia y subraya la necesidad de presentar pruebas en el momento oportuno en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse como prueba sobreviniente una liquidación aritmética posterior si esta se basa en hechos ocurridos con antelación a la presentación de la demanda?