Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
(i) Determinar si el Instituto de Desarrollo Urbano incumplió el contrato de obra IDU 1765 de 2021, suscrito con el Consorcio Construcción Vial 027, al no suministrar los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones de las empresas de servicios públicos y/o terceros, y/o si no definió y armonizó los cronogramas de ejecución con la empresa de acueducto. (ii) Establecer si hay imposibilidad de continuar con el objeto contractual y en consecuencia declarar la terminación anticipada del Contrato de Obra IDU 1765 de 2021. Sí
El contratista puede declarar la terminación anticipada del contrato de obra pública cuando la entidad estatal incumpla con la entrega de los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones necesarias, y no defina y armonice los cronogramas de ejecución con las empresas de servicios públicos, lo que impide el inicio de la fase de construcción. La Sala establece que el incumplimiento de la entidad demandada en proveer los estudios y diseños aprobados, que son insumos esenciales para la ejecución de la obra, genera la imposibilidad de continuar con el objeto contractual, conllevando la terminación anticipada del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la responsabilidad contractual del Estado y la necesidad de cumplir con los estudios previos al contrato estatal, y tiene implicaciones en la liquidación judicial del contrato y la acreditación de perjuicios y sobrecostos.síntesis automática
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de alguna de las pretensiones de la demanda, y, en particular, de la declaratoria de nulidad absoluta y la ineficacia de pleno de derecho de las renuncias contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 en las que se señalaba que el contratista renunciaba a cualquier reclamación económica o que no generaría costos para el IDU? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para declarar la nulidad absoluta o la ineficacia de pleno derecho de las renuncias económicas contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017, ya que dichas pretensiones fueron presentadas después de los dos años siguientes al perfeccionamiento de los actos contractuales y fuera de la vigencia del contrato, lo que opera la caducidad del medio de control. Además, la administración no incurrió en un acto administrativo contractual al negar la reclamación económica del contratista, pues esta comunicación no tiene la naturaleza de un acto administrativo unilateral que cree, modifique o extinga derechos u obligaciones. Asimismo, el incumplimiento contractual del IDU no fue acreditado, ya que los riesgos durante la ejecución fueron previstos y mitigados por las partes, y el principio de non adimpleti contractus impide declarar el incumplimiento del IDU cuando el contratista incumple en aspectos como el desembolso del anticipo o la facturación oportuna. Por último, no se acredita un desequilibrio económico grave del contrato, ya que los hechos y alegaciones de la demanda se basan en el incumplimiento del contratista y los riesgos imprevistos tuvieron soporte presupuestal en el contrato. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la caducidad del medio de control y la naturaleza de las comunicaciones durante la ejecución contractual, y limitan las posibilidades de declarar incumplimientos y desequilibrios económicos en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del oficio con radicado DTP 20202250740641 del 5 de octubre de 2020 por medio del cual el IDU negó la reclamación económica presentada por el contratista?¿Debe declararse el incumplimiento contractual del Instituto de Desarrollo Urbano por la exigencia de una nueva alternativa de factibilidad, las observaciones al componente de tránsito y transporte…¿Se encuentran acreditados los presupuestos para declarar el desequilibrio económico del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 y reconocer los sobrecostos reclamados por el contratista?
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer pretensión de nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea para declarar la nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de dichas pretensiones en virtud del fuero de atracción, pero el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años desde el perfeccionamiento del contrato de seguro, sin posibilidad de extenderse durante toda la vigencia del contrato principal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior al establecer que la caducidad opera frente a las pretensiones de nulidad relativa, independientemente del estado del contrato principal, lo que implica que las acciones presentadas después del término bienal son extintivas. Además, las compañías que participan en un contrato de coaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario para las pretensiones relacionadas con la declaración del siniestro y la efectividad de la póliza, pero no necesariamente deben intervenir todas las aseguradoras para fallar de fondo. Por último, la Sala considera que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro puede ser suspendida por circunstancias excepcionales, como la emergencia sanitaria declarada en 2020, lo que impide declarar la prescripción extintiva de la acción en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones dirigidas a declarar la nulidad relativa del contrato de seguro?¿Las compañías que profieren el cuaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario de cara a la pretensión de nulidad de los actos que declaren el siniestro y ordenen hacer efectiva la póliza?¿Debió el a quo declarar la prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguro?
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad?¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial?¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo en virtud de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para obtener la declaratoria de incumplimiento de un contrato estatal y la nulidad de los actos contractuales, incluido el acto que declara el siniestro por incumplimiento, conforme al artículo 141 del CPACA, y que la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia procede según la cuantía de la pretensión, de acuerdo con los artículos 150 y 152 del mismo código. Una razón es que el artículo 141 permite demandar, en un mismo medio de control, el incumplimiento y la nulidad de los actos contractuales que lo declaran. Otra razón es que la cuantía de la pretensión mayor determina la segunda instancia ante la corporación. En el caso, la demanda se presentó dentro del término legal, contado desde la resolución que resolvió el recurso de reposición contra el acto de declaración del incumplimiento, de modo que no operó la caducidad. Su consecuencia práctica es que la impugnación de la declaratoria del incumplimiento y del siniestro se cuenta desde la decisión sobre la reposición, y puede tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es la procedente para solicitar la declaratoria del incumplimiento contractual y la nulidad de las resoluciones demandadas?¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal?¿El juez incurrió en un defecto procedimental absoluto al declarar próspera la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto debía resolverse o sanearse en la audiencia inicial?
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública?¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos? Sí
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017?¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento…¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso…¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato…¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del…¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo?¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
¿Se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la demandada y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras? No
No hay nexo causal demostrado entre la infracción del deber de planeación de la SED y los perjuicios clamados por el Consorcio. Por el contrario, entre ellos existen varios señalamientos en su contra, que aluden a la trasgresión de sus obligaciones contractuales, y que no merecieron despliegue probatorio alguno del actor. Por lo tanto, el sentido del fallo de primera instancia debe mantenerse.… Una de las razones por las que no hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado, la responsabilidad por incumplimiento contractual, y la consecuente reparación de perjuicios que perseguía el demandante, es que no se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la SED, y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras.
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo de controversias contractuales proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado de manera oportuna?¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?
Sentencia — Sentencia2023-03-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220001600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales?¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños…¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿El soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados? Sí
Las partes quedan obligadas por lo que acordaron libremente, de modo que el contratista que solicita y firma una adición responde por sus implicaciones económicas, aun cuando la entidad haya incumplido su deber de planeación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el régimen contractual, incluida la contratación pública, se sustenta en el mutuo consentimiento, que genera obligaciones recíprocas por la autonomía de la voluntad y el principio pacta sunt servanda. Segunda, la falencia de los diseños es imputable a la indebida planeación de la entidad, pero el contratista también tenía la carga de estructurar sus precios con diligencia, incluida la ubicación de las fuentes de materiales. Tercera, previa solicitud del contratista, las partes acordaron la adición con conocimiento de sus causas, y era al contratista a quien correspondía estimar las implicaciones económicas de las mayores distancias de acarreo que solicitó. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista acreditó los sobrecostos en los que aduce haber incurrido por la inactividad de equipos, maquinaria y personal técnico, administrativo y operativo…¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima?¿El medio de control de controversias contractuales es adecuado para dirimir el conflicto presentado por la parte actora en el que pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico del…