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Consejo de Estado
Providencia
Está probado que las contratistas determinaron que ese diseño no era viable
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 76001233100020100051701
ACCION CONTRACTUAL
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:
¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
Consejo de Estado
Providencia
Es imputable a Ecopetrol el incumplimiento de las obligaciones del contratista
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 52001233300020180000602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es imputable a Ecopetrol el incumplimiento de las obligaciones del contratista? Sí
El contratista no puede imputar a Ecopetrol el incumplimiento de sus obligaciones en un contrato de obra pública, ya que la entidad cumplió con entregar la información técnica necesaria para la ejecución de la obra de acuerdo con lo pactado en la cláusula 8 del contrato, y no se demostró que la entrega de la ingeniería de detalle fuera incompleta o tardía. Además, el juez no puede subsanar la falta de prueba por parte del demandante mediante pruebas de oficio, ya que la ley establece que dicha facultad se limita al esclarecimiento de la verdad y no para acreditar los hechos alegados por las partes. Por lo tanto, la condena en abstracto no procede cuando no se ha probado la cuantía de los perjuicios reclamados, y el decreto de pruebas de oficio no es procedente ante la inactividad del demandante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba y limita la facultad del juez de decretar pruebas de oficio en casos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿Ante el incumplimiento de la carga de la prueba por parte de la demandante, corresponde al juez subsanar dicha falencia mediante pruebas de oficio?
¿La condena en abstracto procede cuando se incumple la carga de probar la cuantía de los perjuicios?
¿Procedía el decreto de pruebas de oficio ante la inactividad del demandante?
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2023-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020150083901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo en virtud de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para obtener la declaratoria de incumplimiento de un contrato estatal y la nulidad de los actos contractuales, incluido el acto que declara el siniestro por incumplimiento, conforme al artículo 141 del CPACA, y que la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia procede según la cuantía de la pretensión, de acuerdo con los artículos 150 y 152 del mismo código. Una razón es que el artículo 141 permite demandar, en un mismo medio de control, el incumplimiento y la nulidad de los actos contractuales que lo declaran. Otra razón es que la cuantía de la pretensión mayor determina la segunda instancia ante la corporación. En el caso, la demanda se presentó dentro del término legal, contado desde la resolución que resolvió el recurso de reposición contra el acto de declaración del incumplimiento, de modo que no operó la caducidad. Su consecuencia práctica es que la impugnación de la declaratoria del incumplimiento y del siniestro se cuenta desde la decisión sobre la reposición, y puede tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es la procedente para solicitar la declaratoria del incumplimiento contractual y la nulidad de las resoluciones demandadas?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal?
¿El juez incurrió en un defecto procedimental absoluto al declarar próspera la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto debía resolverse o sanearse en la audiencia inicial?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico?
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020100049801
ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico? Sí
Los contratos que celebran las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por regla general por el derecho privado, de modo que su análisis debe hacerse bajo la óptica del incumplimiento contractual y con las reglas civiles y comerciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 establece que el régimen de estos contratos es, por regla general, de derecho privado. Segunda, en controversias sobre el quebranto de la ecuación económica de contratos regidos por el derecho común, el marco lo determinan el artículo 868 del Código de Comercio y la buena fe contractual del artículo 1603 del Código Civil, y no el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Tercera, el asunto versaba sobre el supuesto incumplimiento y no sobre el desbalance económico, por lo que el error en la fundamentación normativa de la primera instancia no tiene una gravedad insuperable. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la discusión sobre el incumplimiento de un contrato de empresa de servicios públicos se resuelve con normas de derecho privado y no con la figura del desequilibrio económico del estatuto contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿En el contrato 299901-26731 suscrito por una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios para la construcción de redes de gas se produjo un incumplimiento contractual…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 68001233100020010132001
ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
El contratista demuestra fehacientemente la mayor permanencia en la obra pública que resulta directamente atribuible a la entidad demandante cuando se prueba de manera incontrovertible en el proceso judicial que esta ordenó la disminución del ritmo de avance por falta de presupuesto para pagar al constructor y permitió de forma negligente que el contrato de obra principal se quedara sin interventoría por vencimiento del plazo estipulado en las cláusulas, obligando por consiguiente al juez de segunda instancia a modificar la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato estatal y disponer que la administración asuma todas las consecuencias resarcitorias derivadas de la alteración grave del equilibrio económico y la ejecución irregular del objeto contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago?
¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante?
¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Acertó el a-quo en su decisión de denegar las pretensiones
Sentencia — Sentencia
2023-12-01
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 41001233100020110016401
ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:
¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?
¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?
¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico
Sentencia — Sentencia
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190046401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales?
¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños…
¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No le asistió razón a la parte apelante en que la Universidad incumplió el contrato
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 41001233300020120018402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve:
¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles?
¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial?
¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El contenido del acto demandado es claro
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233100020110072101
ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?
¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?
¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción
Sentencia — Sentencia
2022-03-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090088801
ACCION CONTRACTUAL
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…
¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…
¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
Consejo de Estado
Providencia
El Fondo pidió que se revoque íntegramente la sentencia
Sentencia — Sentencia
2026-05-08
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 15001233300020180045102
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación? Sí
El interviniente de una entidad pública puede actuar como coadyuvante del recurso de apelación y formular argumentos coincidentes con los del recurrente, siempre que no se opongan a los de la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho en litigio. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 610 del CGP reconoce al interviniente las mismas facultades de la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de coadyuvar; el artículo 320 del CGP remite, respecto del coadyuvante, al inciso segundo del artículo 71, que a su vez se armoniza con el artículo 224 del CPACA; y la coadyuvancia habilita los actos procesales permitidos a la parte que se ayuda. Por ello, el escrito de coadyuvancia presentado dentro de la oportunidad para impugnar la sentencia es admisible como respaldo de la apelación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos en que el recurso fue admitido.síntesis automática
También resuelve:
¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado…
¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general…
¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el principio de planeación se vio vulnerado por ambos sujetos contractuales
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-06-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170114601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El principio de planeación se vio vulnerado por ambos sujetos contractuales? Sí
En la motivación se debió efectuar un análisis en torno a la falta de planeación en la que incurrieron las dos partes contractuales… . Desde el punto de vista de este Despacho, el principio de planeación sí se vio vulnerado; pero por ambos sujetos contractuales, dado que, en la etapa precontractual, no se tenía clara cuál era la necesidad concreta que la entidad buscaba satisfacer, en tanto la refacción de las sedes es una exigencia predicable -in genere- de todo ente estatal. Así, si bien es cierto que la finalidad, en últimas, fue la “REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS ZONALES, SEDES REGIONALES, UNIDADES APLICATIVAS Y DE SERVICIO DEL ICBF A NIVEL NACIONAL”, la contratante estaba en la obligación de determinar, de forma antepuesta a la vinculación del contratista, cuáles de dichas sedes serían objeto de intervenciones y -especialmente- la dimensión de éstas.
También resuelve:
¿La planeación que se debe observar en la etapa previa a la celebración del contrato se demanda respecto de ambos extremos precontratantes?
Consejo de Estado
Providencia
El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la decisión únicamente respecto a los reparos concretos formulados.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-10-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 68001233300020190009501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El principal reparo que la impugnante planteó fue que la suscripción de otrosíes y de contratos adicionales no supuso renuncia al derecho que considera le asiste a recibir los reconocimientos económicos que debieron ser efectuados en su favor? Sí
El juez de segunda instancia circunscribe su competencia funcional y de decisión al examen estricto de los reparos concretos formulados por el apelante en el respectivo recurso. En el salvamento de voto se argumenta que la litis planteada exigía valorar el alcance específico de los otrosíes y contratos adicionales suscritos por las partes, sin que la suscripción de dichos instrumentos contractuales supusiera una renuncia automática a los derechos económicos ciertos e indiscutibles reclamados por la impugnante en el marco del medio de control de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La norma asigna al recurrente la exigencia de exponer con claridad los motivos de inconformidad para con los argumentos que sustentan la providencia judicial objeto del recurso?
¿La jurisprudencia definió los parámetros con que debe ser analizado el alcance de los otrosíes y contratos adicionales, que no son otros diversos de la realización…
¿Se debió atender lo exigido por la Sala Plena de la Sección Tercera, cuyas reflexiones trazaron un derrotero de análisis y estudio tanto de las pretensiones de la demanda como del reparo formulado…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 50001233100020070005701
ACCION CONTRACTUAL
¿El fallo no profundizó ni analizó algunos aspectos pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor? Sí
Me inclino a considerar que, dado que es un asunto de responsabilidad en sede del contrato, lo procedente es que la indemnización cobije a plenitud los perjuicios probados, de manera que no bastará, para que sea integral, que cubra el valor de las obras, sino que deberá reconocer en favor del contratista la utilidad que debió obtener con su ejecución, en la medida que supondría una posible adición al acuerdo de voluntades. Como se aprecia… , lo cierto es que el fallo no profundizó ni analizó estos aspectos, pues se limitó a negar la indemnización por una suerte de falta de competencia o capacidad del interventor. En esos términos dejo sentado mi voto disidente.
También resuelve:
¿Corresponde al juez establecer unos criterios orientadores que permitan definir los eventos en los que esas obras adicionales serán pagadas al contratista?
¿Puede suceder que el contratista ejecute una serie de obras no previstas que beneficien a la entidad pública?
¿Se debía analizar la forma de pago y los requisitos para el reconocimiento de las mayores cantidades de obra que fueron ejecutadas?