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¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
¿Las horas adicionales en que incurrió el consultor para ejecutar su objeto debían ser asumidas por la entidad contratante? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento y pago de horas adicionales por la entidad contratante, ya que no se demostró un desequilibrio financiero del contrato ni la ocurrencia de un riesgo imprevisto, dado que las horas adicionales correspondieron a un riesgo previsible asumido por el contratista en su matriz de riesgos. Además, el contratista no demostró haber desplegado mecanismos para mitigar el impacto del riesgo ni que las horas adicionales tuvieran origen en actividades no previstas en la etapa precontractual. La Sala también rechazó los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa, considerando que no se incluyó en la demanda una pretensión tendiente a declarar la configuración de esa figura y que su estudio resultaría inconsecuente para acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, la Sala confirma la decisión de primera instancia, rechazando la pretensión del contratista y condenándolo en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Son procedentes los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante y su litisconsorte, por ser las vencidas en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-05Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020170051801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha en la que culminó el contrato? Sí
El contratista no puede acreditar la fecha en la que culminó el contrato ni la fecha en que el interventor recibió el objeto del contrato a su entera satisfacción, lo que impide determinar el inicio del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la insuficiencia probatoria, se aplican los principios pro actione y pro damato para garantizar el acceso a la administración de justicia, revocando la decisión que rechazó la demanda y ordenando la devolución del expediente para continuar el trámite del proceso, sin perjuicio de que en etapas posteriores se declare la caducidad si se encuentran elementos que la demuestren.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos?¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿No se cuenta con los elementos suficientes para tener por probada la fecha de terminación del negocio jurídico?
¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos de consultoría relacionados con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA? Sí
El contratista debe cumplir con todas las obligaciones pactadas en un contrato de consultoría relacionado con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y su incumplimiento puede dar lugar a la negativa del pago de porcentajes pendientes, como el 15% por viabilización de proyectos, si estos no cumplen con los requisitos establecidos. La Sala reitera que el contrato de consultoría se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y que la autonomía de la voluntad permite a las partes modificar el contrato, renunciando a reclamaciones económicas por ampliación de plazos, sin generar desequilibrio financiero que justifique indemnizaciones adicionales. Esto implica que las partes deben cumplir con las modificaciones acordadas y que el juez del contrato debe respetar estas decisiones transaccionales.síntesis automática
También resuelve:¿Existió incumplimiento de la parte demandada en la ejecución del contrato de consultoría 429 de 2009?¿se generó desequilibrio económico del contrato?, y de ser así, ¿habría lugar al reconocimiento indemnizatorio pretendido por la parte demandante?¿Es procedente la condena en costas?
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección…¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por…¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-06-17Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020130160902LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas recaudadas en ejercicio de la facultad oficiosa son las que el juez decreta y practica porque en su criterio resultan conducentes, pertinentes y útiles? Sí
Las pruebas que el juez recauda en ejercicio de sus facultades oficiosas son aquellas que decreta y practica porque, a su criterio, resultan conducentes, pertinentes y útiles para constatar los hechos del caso, de acuerdo con el artículo 213 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en tres razones: la utilidad de la prueba exige decretar solo los elementos de juicio necesarios para decidir de fondo; deben desestimarse los elementos simplemente corroborantes o que no ofrezcan información relevante sobre el objeto del litigio; y las noticias que no informan directamente sobre los hechos del proceso carecen de utilidad. En el caso, los enlaces a noticias y publicaciones que aportó el demandante no permitían establecer el cumplimiento de la obligación de entregar el informe final pactado, por lo que la solicitud probatoria presentada en segunda instancia fue negada y esa decisión se confirmó en súplica. El documento cita una providencia previa sobre la prueba de oficio, pero no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la prueba que se pide debe aportar información directa sobre el objeto del litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión mediante el cual se negó la solicitud de pruebas en segunda instancia?¿Se puede afirmar razonablemente que los medios de prueba documentales mencionados por el demandante son pertinentes?¿Las pruebas en segunda instancia deben solicitarse en la oportunidad legal correspondiente y su admisibilidad está sometida a un doble escrutinio?
¿El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal, por corresponder al giro ordinario de su objeto social, y en consecuencia, no son aplicables al caso los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 sobre el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato ni los artículos 3, 4, 24, 25 y 28 de ese mismo ordenamiento invocado por la parte apelante en su recurso? Sí
El contratista no tiene derecho a reclamar sobrecostos ni a considerar que la entidad estatal incumplió el contrato cuando existen diferencias entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, dado que el contrato se pactó a precio global y abarcaba todos los costos directos e indirectos relacionados con la realización de los diseños. La entidad contaba con anteproyectos que estimaban una posible área a diseñar, pero el resultado preciso solo se determinaría con los diseños definitivos, por lo que no se acreditó que la parte contratante desconociera la extensión y alcance de lo pactado. Además, aunque se realizaron modificaciones en la acomodación de la población carcelaria dentro del grupo 1, la ocupación estimada de cada centro penitenciario se mantuvo inalterada, lo que implica que el contrato no se pactó a precios unitarios por metro cuadrado de diseño. Esta regla reitera la jurisprudencia sobre la interpretación de contratos a precio global en proyectos de infraestructura, limitando las reclamaciones de sobrecostos basadas en diferencias de área en diseños finales.síntesis automática
También resuelve:¿El solo hecho de existir diferencia entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, otorga derecho al contratista a reclamar sobrecostos y constituye incumplimiento de la demandada…¿Procede el reconocimiento de sobrecostos derivados de la variación de la fuente hídrica para el Centro Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo…¿Procede el reconocimiento al contratista de sobrecostos derivados de la supuesta exigencia de FONADE de ejecutar trabajos no previstos en el contrato?
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias relativas a la validez de contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas, conforme al artículo 104 del CPACA. En la presente providencia, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo, en atención a la vocación de doble instancia del proceso y dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal?¿Dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección?¿El acuerdo de voluntades celebrado por las partes se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios?
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes?¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio?¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?
¿La ejecución de labores tendientes a completar la cartografía base necesaria para el cumplimiento del objeto contractual era una obligación del contratista, cuyos costos debieron ser asumidos conforme a los términos de referencia? Sí
El contratista que ejecuta un contrato cuyos términos de referencia le exigen completar la información faltante de la cartografía suministrada por la entidad debe asumir el costo de esas labores, pues forman parte de las actividades necesarias para la cumplida ejecución del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando los términos de referencia prevén expresamente la georreferenciación de espacios que no aparecen en la cartografía entregada, el proponente conoce desde el proceso de selección que debe presupuestar esa eventualidad. Segundo, que la cartografía cubra el total del área no elimina el deber de completar sus vacíos cuando son necesarios para ejecutar el objeto. Tercero, no existe un sobrecosto reembolsable cuando el gasto corresponde a una obligación que el contratista debía asumir y no se prueba un incumplimiento de la entidad que lo haya generado. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista que alegue sobrecostos por labores de cartografía debe demostrar que, según los documentos del proceso de selección, esas labores no le correspondían.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato?¿Las salvedades plasmadas de forma clara y expresa en el acta de liquidación bilateral del contrato, habilitan al contratista afectado a acudir al juez contractual…
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes?¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto?¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Sí
Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.síntesis automática
También resuelve:¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la…¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270…¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato?¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad?¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente? Sí
El contratista puede utilizar la fecha de ejecución del acto administrativo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio como punto de partida para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en ausencia de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto impugnado, dado que la ejecutoria del acto supone su notificación y comunicación al afectado, y su firmeza en los términos del procedimiento administrativo correspondiente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas formular oportunamente la demanda en casos en que no se cuente con la fecha exacta de notificación del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría…¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato…¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo…
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿La suscripción sin reservas del acta de recibo final y del acta de liquidación del contrato impedía exigir al consultor su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por los defectos del diseño? No
El contratista no queda eximido de su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por defectos en el diseño, ni de la garantía de calidad, simplemente por suscribir sin reservas el acta de recibo final y la acta de liquidación del contrato, ya que estas no impiden exigir el cumplimiento de obligaciones subsistentes después de la liquidación contractual. La Sala considera que la suscripción sin reservas de dichos documentos no elimina la obligación del contratista de corregir, completar o aclarar los diseños entregados cuando se detecten errores o discrepancias durante la ejecución de las obras, lo que implica que la garantía de calidad es una obligación postcontractual exigible con posterioridad a la entrega de los diseños y la liquidación del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la responsabilidad del contratista incluso después de la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La carga de sustentación del recurso de apelación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida?¿El recurso de apelación está debidamente sustentado y procede el estudio de los reparos formulados en contra de la sentencia impugnada?¿El contrato celebrado por el consultor con la EAAB, está sometido al Estatuto General de Contratación de Administración Pública?
¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría? Sí
Cuando el consultor apela una sentencia contra el instituto contratante, la segunda instancia se limita a los reparos concretos del recurso y debe precisar si la controversia versa sobre el incumplimiento contractual o sobre el desequilibrio económico, pues ambos conceptos obedecen a causas diferentes y producen consecuencias distintas. La regla se sostiene en tres razones: el juez de segunda instancia decide sobre los reparos formulados, salvo las situaciones que debe examinar de oficio; los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión determinan si la discusión es de incumplimiento o de desequilibrio; y la pretensión que se apoya en el incumplimiento exige establecer si la entidad se apartó de lo pactado en el pliego y el contrato. En el caso, las pretensiones del consultor solo planteaban si el instituto incurrió en incumplimiento y si modificó lo pactado en el pliego, por lo que la sala delimitó la controversia a ese aspecto y confirmó la sentencia. El documento reitera el criterio de la sección sobre el alcance de la apelación; la consecuencia práctica es que el recurrente debe identificar de manera precisa el concepto que reclama.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP?¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades…¿Se modificó el contrato por parte del IDU en relación con el predio en donde se ubicarían los patios y talleres y eso supuso un mayor gasto al contemplado por el contratista?
¿En los contratos que requieran liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar, en este caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por ello se interpuso en tiempo? Sí
En los contratos que requieren liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años contados desde el incumplimiento de la obligación de liquidar, cuando la liquidación no se realizó. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 136, numeral 10, literal d, del Código Contencioso Administrativo fija ese término, de modo que el plazo corre desde que la liquidación debió efectuarse y no se efectuó. Segunda, cuando el contrato prevé que la liquidación se haga conforme a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, esas reglas determinan el momento en que la obligación de liquidar se incumple. En el caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por lo que la providencia confirma que fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe identificar la fecha en que se incumplió la obligación de liquidar y no la fecha del acto de liquidación unilateral para calcular el término.síntesis automática
También resuelve:¿Las copias simples de documento cuentan con valor probatorio?¿Los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados aportados por la parte demandante cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso…¿Tiene mérito probatorio el dictamen pericial practicado en el proceso que, se basó de forma exclusiva en la interpretación de los documentos contractuales…