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TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. VS ANI CCB de 20252025-12-16
El concesionario no está obligado a asumir el riesgo de actividades de mantenimiento y operación en una vía nueva que se encuentre en mal estado, ya que estos riesgos no fueron contemplados en el contrato y no corresponden a las prestaciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El Tribunal de Arbitramento sostuvo que la distribución de riesgos entre las partes debe ser clara y equitativa, y en este caso, la ANI asumió los riesgos extraordinarios o no previsibles, mientras que el concesionario se hizo cargo de los riesgos previsibles propios de la ejecución. La decisión reitera la importancia de la distribución equitativa de riesgos en contratos de concesión bajo esquemas de Asociación Público Privada, lo que implica que las partes deben negociar y definir con precisión los riesgos que asumen para evitar controversias futuras.síntesis automática
También resuelve:Tabla de contenido primera parte.- antecedentes del proceso y desarrollo del trámiteSexto: desestimar, por las razones expuestas en la parte motiva, la excepción 3.1.6. denominada “la ani se encuentra facultada para exigir a la convocante, el cumplimiento de indicadores del apéndice técnico 4 en los subsectores 1.2 y 1.3 de la unidad funcional 1 y para realizar deducciones por incumplimiento de los indicadores previstos en el apéndice técnico 4”Décimo: acceder a la pretensión 1.4, en consecuencia declarar que los tramos de la vía correspondiente a los subsectores 1.2 y 1.3 de la unidad funcional 1, identificados en la parte motiva, se encontraban en condiciones técnicas deficientes por razones ajenas y no imputables al concesionario ruta del cacao s. a. s., por las cuales no debe responder
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-06Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 85001233300020190012301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? No
El contratista no cumple con los requisitos para obtener una medida cautelar de suspensión provisional, ya que no acredita un perjuicio irremediable ni la existencia de un menoscabo material que justifique la cautela, según el concepto del Ministerio Público. La entidad estatal, por su parte, puede efectuar pagos al contratista con recursos propios y no afecta la normativa legal o constitucional, siempre y cuando no se utilicen fondos del Sistema General de Regalías. Además, los gastos de funcionamiento quedan fuera de la destinación que los departamentos pueden dar a los recursos de las regalías, según la sentencia C-579 de 2001 de la Corte Constitucional. Por último, el Ministerio Público cumple con la carga de argumentación para interponer la demanda y solicitar la medida cautelar, en virtud de su facultad para defender el orden jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional?¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías?¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela?
¿La contraprestación económica proveniente de los contratos que se suscriban con el objeto de explotación de recursos naturales no renovables, se gobierna por las normas vigentes sobre la materia, consideración que atañe a los contratos para la producción de hidrocarburos? Sí
El contratista no puede establecer mediante acuerdo contractual un sistema diferente para la liquidación y pago de las regalías en contratos para la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo hidrocarburos, ya que la Constitución en su artículo 360 establece que las condiciones para la explotación de estos recursos deben ser fijadas por la ley. Además, la modificación del régimen de regalías por la Ley 508 de 1999, que estableció un porcentaje entre el 5% y el 25% de la producción del campo, fue reconocida por las partes en un otrosí, lo que no constituye causa de nulidad y se ajusta a la normatividad vigente. Esta regla reitera y confirma la importancia de la reserva legal en la materia, impidiendo que las partes pacten condiciones que contravengan la ley, y garantiza que las regalías se liquiden conforme a la normativa aplicable en el momento de la explotación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad de una cláusula contractual que acuerda ajustar las regalías del contrato a la normatividad vigente sobre la explotación de hidrocarburos?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-07-15Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 54001233300020190028201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales que pretende la nulidad absoluta de los otrosíes celebrados por las partes, fue interpuesto oportunamente? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad absoluta del contrato y sus otrosíes mediante el medio de control de controversias contractuales, siempre que la demanda se presente dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente a su perfeccionamiento, y mientras el contrato se encuentre vigente. La Sala determina que la oportunidad del medio de control se mantiene incluso si el contrato y los otrosíes adicionales y modificativos se encuentran vigentes al momento de presentar la demanda, lo que implica que la caducidad del medio de control no opera si el contrato aún está en vigor. Esta decisión reitera la importancia de considerar la vigencia del contrato para determinar la oportunidad del medio de control, lo que garantiza el acceso a la administración de justicia y protege los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación del auto que rechaza la demanda por caducidad?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato…¿El acuerdo al que llegaron los contratantes sobre el mecanismo de arreglo directo en el Contrato de Operación, da lugar a posibles modificaciones de negocio jurídico…
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿Es procedente en esta instancia analizar una petición que no fue elevada oportunamente por el medio que el ordenamiento previó para tal efecto? No
El contratista no puede plantear súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, ya que esto vulnera el principio de congruencia, y si la entidad demandada tenía la intención de que la jurisdicción emitiera un pronunciamiento sobre el anticipo no amortizado por su contraparte, debió presentar una demanda de reconvención dentro del lapso legalmente establecido. La Sala confirma que no es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal, lo que implica que la entidad accionada no puede invocar nuevos argumentos en el recurso de apelación que no fueron planteados en primera instancia, matizando precedentes sobre la procedencia de la demanda de reconvención y la necesidad de agotar los medios procesales adecuados para reclamar créditos.síntesis automática
También resuelve:¿No pueden plantearse súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, porque con ello se vulnera el principio de congruencia?¿Si la entidad demandada tenía la intención de que la Jurisdicción emitiera un pronunciamiento atinente al anticipo no amortizado por su contraparte debió presentar demanda de reconvención dentro del…¿No es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando ello no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal?
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora? Sí
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del…¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo?¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
Sentencia Unificación — Sentencia2024-03-14Sección Tercera (Subsección A)Rad. 11001032600020220017300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo en tanto desestimó la excepción de falta de competencia del tribunal para conocer de la presente controversia? Sí
Toda vez que se probaron algunos de los cargos esgrimidos por TRANSMILENIO S.A. en contra del laudo arbitral impugnado, se declarará parcialmente fundado el recurso de anulación por la causal 2 -falta de jurisdicción y, en consecuencia, se anulará en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo, en tanto desestimó la excepción de “falta de competencia” del tribunal para conocer de la presente controversia… . Los demás cargos formulados en contra del laudo arbitral se declararán infundados, por cuanto la Sala no encontró que los mismos se configuraran en esta oportunidad.
También resuelve:¿El tribunal de arbitramento expuso las normas en las que fundó su decisión y explicó las razones por las cuales consideró procedente una condena en costas parcial a cargo de la entidad convocada?¿Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales…¿Optar por modificar variables y valores tenidos en cuenta por la entidad implicó una refutación a la presunción de legalidad de la resolución, lo que estaba proscrito para la justicia arbitral?
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-07-21Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180014100CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las Resoluciones 597 y 598 de 2014, teniendo en cuenta que ello implicaría liquidar a cargo de los operadores el valor de una “contraprestación por el uso” de los bienes y elementos objeto de reversión entre la fecha de terminación de los contratos y la fecha en que pagaron la compensación por su equivalente económico? ¿Podría entenderse que los bienes y elementos objeto de reversión nunca salieron del patrimonio de las compañías Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A.? Si se entendiera que los bienes nunca salieron del patrimonio de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A. ¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las resoluciones 597 y 598 de 2014? No
Con base en la voluntad de las partes que suscribieron los contratos de concesión —la cual se encuentra consignada en la cláusula trigésima tercera de tales acuerdos—, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en un todo acatados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-555 de 2013 y por el Tribunal de Arbitramento en el laudo del 25 de julio de 2017, la cláusula de reversión cobró eficacia en el momento en que terminaron, de manera anticipada, los contratos de concesión. Por consiguiente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adquirió la propiedad de los bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual en ese momento.
También resuelve:¿El laudo arbitral se refirió específicamente a la controversia poscontractual, en cuanto desata el punto relativo a los bienes afectos a la concesión, materia de reversión…
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión…¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que…¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados…¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente?¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…
¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación? Sí
El interviniente de una entidad pública puede actuar como coadyuvante del recurso de apelación y formular argumentos coincidentes con los del recurrente, siempre que no se opongan a los de la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho en litigio. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 610 del CGP reconoce al interviniente las mismas facultades de la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de coadyuvar; el artículo 320 del CGP remite, respecto del coadyuvante, al inciso segundo del artículo 71, que a su vez se armoniza con el artículo 224 del CPACA; y la coadyuvancia habilita los actos procesales permitidos a la parte que se ayuda. Por ello, el escrito de coadyuvancia presentado dentro de la oportunidad para impugnar la sentencia es admisible como respaldo de la apelación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos en que el recurso fue admitido.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado…¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general…¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de…
¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? No
La entidad estatal conserva competencia para liquidar unilateralmente el contrato dentro del término de caducidad de la acción contractual, aun cuando hayan vencido los plazos de liquidación bilateral y unilateral, si no hubo acuerdo entre las partes y la liquidación evita la latencia de la relación contractual. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 fija la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, salvo el plazo pactado; el artículo 61 de la misma ley permite a la administración realizar el finiquito unilateral cuando los contratantes no logran pacto o el contratista no se presenta; y el numeral 10, literal d, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 concuerda con esa facultad para que la entidad liquide dentro del término de caducidad. Por ello, la liquidación unilateral adelantada tras gestiones previas de liquidación de mutuo acuerdo no vulnera el debido proceso del contratista. La providencia se revoca.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas…¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación…
Aclaración voto — Aclaración de voto2024-03-14Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020220017300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La regla de unificación establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones con el fin de mantener el equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades excepcionales? Sí
Comparto la regla de unificación en tanto establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales, con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pues, materialmente es imposible desligar en este tipo de supuestos la legalidad del acto con sus consecuencias económicas. Es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral. Considero pertinente advertir que la regla de unificación fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera ha debido incorporarse en la parte resolutiva de la sentencia y no solo en la motiva.
También resuelve:¿Formalmente se sostiene que la decisión no versa sobre la legalidad del acto administrativo, pero materialmente se declara la invalidez de este por cuanto se modifica su contenido?¿Los árbitros pueden conocer sobre los efectos económicos contenidos en actos administrativos expedidos en ejercicio de las potestades excepcionales?