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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-09Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 76001233300720160029502LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir? Sí
El contratista no puede obtener la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir cuando no cumple con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para la petición de prueba testimonial, específicamente al no enunciar de manera concreta los hechos objeto de la prueba. La Sala confirma la decisión del tribunal que niega el decreto de prueba testimonial, al no cumplirse con la carga de la prueba impuesta por el artículo 212 del CGP. Además, el despacho establece que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que no pueden ser modificadas, derogadas ni sustituidas por las partes o por el juez sin una autorización legal expresa, lo que implica que el juez debe respetar estrictamente los procedimientos establecidos en la ley para la admisión de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden las normas procesales ser modificadas por las partes o por el juez sin autorización legal expresa?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020160241301LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de pruebas en segunda instancia se justificaron las razones por las cuales los documentos aportados con el recurso de alzada no fueron allegados dentro de las oportunidades probatorias en el trámite de la primera instancia? No
Cuando la parte solicita en segunda instancia la práctica de pruebas que no corresponden a ninguna de las hipótesis taxativas del artículo 212 del C.P.A.C.A., la solicitud debe denegarse, aunque sea oportuna. La regla se sostiene en tres razones: las pruebas en segunda instancia solo proceden en los supuestos que la ley prevé, y la parte debe justificar por qué los documentos no se aportaron en la primera instancia; el juez puede decretar pruebas de oficio para aproximarse a la verdad material, pero no puede relevar o sustituir injustificadamente a las partes en el cumplimiento de las cargas probatorias que la ley les asigna; y en el caso no existían puntos oscuros o difusos que aclarar. En el caso, la solicitud cumplía el requisito de oportunidad, pero no se justificó la omisión en la primera instancia, por lo que se denegó la petición probatoria. El documento cita precedentes sobre la carga de la prueba; la consecuencia práctica es que el documento que no se aportó en primera instancia solo puede incorporarse en apelación si la parte demuestra una causal legal para ello.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente viable que el juez de lo contencioso administrativo releve o sustituya de manera injustificada a las partes en el cumplimiento de las cargas probatorias expresamente asignadas a…
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-06-16Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 52001233300020170057301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez de segunda instancia decretar de oficio la incorporación al expediente de una sentencia previa proferida en otro proceso, cuando esta resulta pertinente, útil y conducente para el análisis del caso en grado de apelación? Sí
El juez de segunda instancia decreta de oficio la incorporación de providencias pertinentes, útiles y conducentes para el análisis jurídico del caso en grado de apelación de acuerdo con el ordenamiento procesal. En este caso procesal, la Sección Tercera decreta de oficio la incorporación al expediente de la sentencia del 17 de junio de 2024 emitida en otro proceso respecto a la nulidad de actos de incumplimiento contractual, por considerar que dicha determinación puede impactar directamente la decisión que se adopte en el presente asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el decreto del informe bajo juramento como prueba de oficio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-24Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 85001233300020200000403LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los requisitos para la procedencia del desistimiento respecto del recurso de apelación interpuesto? Sí
De conformidad con el artículo 316 del Código General del Proceso , aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , las partes pueden desistir de los recursos interpuestos, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido, razón por la cual, dado que en este caso la solicitud se presentó en tiempo y la apoderada de Nacional de Seguros SA estaba facultada expresamente para desistir, se aceptará el desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en audiencia inicial, que negó una solicitud probatoria.
También resuelve:¿Para la procedencia de una prueba debe determinarse en la solicitud su utilidad, pertinencia y conducencia?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los demandados, al suprimir el cargo de una de las funcionarias de la Alcaldía, en cumplimiento de los Decretos que ordenaron la reestructuración de la planta de personal? No
La conducta gravemente culposa del agente que suprime un cargo en desarrollo de una reestructuración administrativa no se presume a partir de la nulidad de los actos de supresión, sino que debe ser acreditada por el actor conforme a la carga probatoria del artículo 167 del Código General del Proceso. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la nulidad de los decretos de reestructuración no genera por sí misma la presunción de culpa grave, pues la anulación se derivó de la invalidez de un acto previo sobre el que se fundó la planta de personal, circunstancia que no revela la conducta del agente. Segundo, cuando antes de expedir el acto de reestructuración existe un estudio técnico que sustenta la modificación de la planta, el agente demuestra que cumplió el deber de gestionar ese estudio y que contaba con él al momento de suscribir los decretos, lo que impide tener por acreditada la culpa grave. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición contra el funcionario que suprimió un cargo debe probar la conducta gravemente culposa con independencia de la nulidad del acto de supresión.síntesis automática
También resuelve:¿Las presunciones legales de culpa grave y dolo imponen la carga de desvirtuarlas probatoriamente?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020200029601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad?¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio?¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato ante la falta de acreditación del contratista del cumplimiento de la obligación contractual? Sí
El contratista no puede evitar la declaratoria de incumplimiento del contrato al no acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ya que la carga de la prueba recae sobre él para demostrar el cumplimiento de las mismas. Además, la falta de expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras no exime al contratista de su responsabilidad si la demora en solicitarla fue por su cuenta. En caso de incumplimiento, la entidad estatal tiene derecho a la restitución de los dineros aportados para la ejecución del contrato, especialmente si el contratista no demuestra la inversión de dichos fondos en la destinación específica pactada. Asimismo, aunque las entidades sin ánimo de lucro no pueden deducir intereses por la no ejecución del contrato, el reconocimiento del lucro cesante no está excluido en estos casos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, reforzando la importancia de la acreditación del cumplimiento contractual y la responsabilidad del contratista en la correcta gestión de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura el incumplimiento ante la no expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras por la demora de la parte contractual en solicitarlas?¿Ante el incumplimiento de la entidad en la ejecución del contrato procede la restitución de los dineros aportados para la ejecución de este?¿Procede el reconocimiento del lucro cesante por la no ejecución de un contrato en el caso de entidades sin animo de lucro?
¿Está demostrado que el demandado, entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al expedir el acto administrativo de insubsistencia, incurrió en una conducta dolosa, específicamente, por obrar con desviación de poder? No
La desviación de poder que sustenta una conducta dolosa en la acción de repetición debe estar probada y no se presume a partir de la sola expedición de un acto de insubsistencia. Esta regla se apoya en el análisis conjunto del material probatorio, que debe demostrar que el agente tuvo una finalidad distinta al mejoramiento del servicio público. Cuando el acto fue proyectado y revisado por los funcionarios competentes, quienes dieron visto bueno en los aspectos jurídicos y fácticos, y cuando contiene las razones de la desvinculación y las funciones que estaban siendo inobservadas, la intención distinta no queda acreditada. En el caso concreto la subsección no halló probado que el demandado obrara con propósito distinto al de mejorar el servicio, y negó la pretensión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la repetición por desviación de poder exige prueba directa o suficiente de la intención del agente y no basta con el carácter insubsistente del acto.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva, recae sobre el funcionario al que se le imputa el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?¿En casos de repetición regidos por la Ley 678 de 2001, la carga de la prueba corresponde al demandante, quien tiene el deber de acreditar la presunción prevista en la Ley?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
¿Es imputable a Ecopetrol el incumplimiento de las obligaciones del contratista? Sí
El contratista no puede imputar a Ecopetrol el incumplimiento de sus obligaciones en un contrato de obra pública, ya que la entidad cumplió con entregar la información técnica necesaria para la ejecución de la obra de acuerdo con lo pactado en la cláusula 8 del contrato, y no se demostró que la entrega de la ingeniería de detalle fuera incompleta o tardía. Además, el juez no puede subsanar la falta de prueba por parte del demandante mediante pruebas de oficio, ya que la ley establece que dicha facultad se limita al esclarecimiento de la verdad y no para acreditar los hechos alegados por las partes. Por lo tanto, la condena en abstracto no procede cuando no se ha probado la cuantía de los perjuicios reclamados, y el decreto de pruebas de oficio no es procedente ante la inactividad del demandante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba y limita la facultad del juez de decretar pruebas de oficio en casos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Ante el incumplimiento de la carga de la prueba por parte de la demandante, corresponde al juez subsanar dicha falencia mediante pruebas de oficio?¿La condena en abstracto procede cuando se incumple la carga de probar la cuantía de los perjuicios?¿Procedía el decreto de pruebas de oficio ante la inactividad del demandante?
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado?¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales?¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020230029301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve:¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar?¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz?¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato fue liquidado de manera bilateral? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza a correr desde la fecha de liquidación bilateral del contrato, sin considerar la conciliación extrajudicial. La Sala confirmará la oportunidad de la demanda si se presenta dentro del plazo legal, como ocurrió en este caso donde la liquidación se efectuó el 2 de enero de 2015 y la demanda se radicó el 26 de febrero de 2016. Además, el acta de liquidación bilateral, que tiene efectos de transacción, debe ser acreditada libremente por las partes sin necesidad de requisitos formales específicos, siempre y cuando no se demuestre la existencia de vicios del consentimiento como la fuerza o coacción, que deben ser probados por quien los alega. Esta decisión reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la liquidación de contratos estatales regidos por el derecho privado y establece que la carga de la prueba para alegar vicios del consentimiento recae en quien los invoca, matizando la interpretación previa sobre la necesidad de acreditar estos vicios.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son las causales que pueden alegarse respecto del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado?¿Cuál es el alcance del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado?¿A quien le corresponde acreditar la existencia de vicios del consentimiento plasmados en las actas bilaterales para determinar su validez?
¿En el evento donde el pago de la condena por parte de la entidad del Estado se hace por fuera del plazo de 18 meses, el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe contarse a partir del vencimiento de dicho plazo? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si el pago de la condena por parte de la entidad estatal se realiza fuera del plazo de 18 meses establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, y en tal caso, el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe iniciarse a partir del vencimiento de dicho plazo. La entidad estatal debe cumplir con la carga de identificar claramente la presunción legal aplicable y garantizar el derecho de defensa del demandado, y si no lo hace, no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001. Además, la entidad debe acreditar la existencia de dolo o culpa grave para que se configure la responsabilidad patrimonial del agente estatal, y si no lo hace, no se configura la responsabilidad. Esto implica que el contratista debe actuar con diligencia en el plazo establecido y la entidad debe cumplir con sus obligaciones procesales para evitar la caducidad del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La Ley 678 de 2001 es aplicable solamente a hechos ocurridos después de su entrada en vigor?¿Se configura la responsabilidad patrimonial del agente ante la falta de acreditación del dolo o culpa grave en su conducta?¿Cuál es el criteriode procedencia de la condena en costas y agencias para asuntos tramitrados con el CCA?
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificar el turno de fallo y emitir sentencia anticipada en procesos de repetición contra exfuncionarios, en virtud de su naturaleza y con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 63A de la Ley 270 de 1996? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el turno de fallo y emitir sentencias anticipadas en procesos de repetición contra exfuncionarios, en virtud de la naturaleza de estos casos y conforme a lo establecido en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de 1996, lo que permite dar prelación a estos asuntos de acuerdo con su importancia y urgencia. Además, el medio de control de repetición es procedente cuando se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución Política de 1991, artículo 90, y en las leyes 1437 de 2011 y 678 de 2001, es decir, cuando la condena al Estado se origina en una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, se ha satisfecho la condena y se acredita la calidad de servidor público del demandado. Asimismo, la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo de insubsistencia y ordena el reintegro y pago de salarios y prestaciones constituye una condena judicial que habilita el medio de control de repetición, siempre y cuando se acredite el pago de la condena, incluyendo los salarios, prestaciones y emolumentos, aunque no los intereses moratorios. En caso de incumplimiento en la carga de la prueba que demuestre que el demandado fue servidor público y responsable de la conducta que dio lugar a la condena, la prosperidad del medio de control de repetición debe ser negada.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de repetición únicamente cuando la condena al Estado se origina en una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal…¿Constituye la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo de insubsistencia, y ordena el reintegro y pago de salarios y prestaciones…¿Constituye el pago de los valores reconocidos en una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, sin incluir los intereses moratorios…
¿La sociedad contratista acreditó la inversión del anticipo, cumplió con el objeto contractual y probó los eximentes de responsabilidad alegados? No
El contratista no acredita la inversión del anticipo ni el cumplimiento del objeto contractual, y no demuestra la configuración de eximentes de responsabilidad como fuerza mayor o hecho de un tercero. En este caso, el contratista no entregó las fotografías requeridas por el contrato y no presentó pruebas que evidenciaran la ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el plazo y en las zonas de ejecución del contrato. Además, la demora de la Aerocivil en la expedición de los permisos no constituyó una eximente de responsabilidad, ya que el contratista debía contar con las aeronaves disponibles y los permisos para operar según su oferta. La Sala también determinó que el contratista no acreditó la inversión del anticipo en el objeto contractual, y que la acción derivada del contrato de seguro no prescribió, ya que la demanda fue presentada antes de que se configurara la prescripción. Finalmente, la entidad aseguradora debe reintegrar el valor del anticipo en virtud de la póliza de cumplimiento del contrato, ya que el anticipo fue entregado a título de inversión en la ejecución del contrato y no como pago anticipado.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto a la acción derivada del contrato de seguro operó la prescripción?¿En virtud de la póliza de cumplimiento del contrato corresponde a la entidad aseguradora reintegrar el valor del anticipo?¿Procede la condena por la cláusula penal pactada en el contrato?
¿La Unidad Nacional de Protección incumplió los contratos por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral? No
El contratista no puede acusar al interventor de incumplimiento por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral de los contratos, ya que esta es una facultad legal y no convencional, y su no ejercicio no constituye una desatención contractual. La Sala modifica la sentencia al establecer que la liquidación unilateral es una prerrogativa del poder público y no un acuerdo entre las partes, por lo que no genera responsabilidad contractual. Además, la pretensión de liquidación judicial del contrato debe estar acompañada de causas específicas y precisar el litigio que se desea resolver, lo que en este caso no se cumplió, por lo que la liquidación judicial resulta improcedente. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la naturaleza legal de la liquidación unilateral y la necesidad de fundamentos claros en las pretensiones de liquidación judicial, lo que implica que los contratistas deben aclarar las causas específicas de su pretensión para que sea considerada procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral puede catalogarse como una desatención de naturaleza contractual ?¿La Jurisdicción Contencioso Administrativa está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en el marco de los negocios jurídicos en los que estén involucradas entidades…¿La pretensión de liquidación judicial del contrato está completamente carente de una causa específica que la sustente?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2023-06-14Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140007000LEY 1437 REPETICION
¿Procede la adecuación del proceso al trámite de sentencia anticipada en el caso concreto, en cuanto se configura el supuesto que consagra el numeral b del artículo 182A del CPACA, toda vez que se allegaron pruebas documentales, siendo innecesario realizar la audiencia inicial? Sí
Adecuación del proceso al trámite de sentencia anticipada. El Despacho dará aplicación a las modificaciones procesales a que hubiere lugar introducidas por la Ley 2080 de 2021 puesto que estas reformas prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación.… El proceso ingresó al Despacho para convocar a los sujetos procesales a la audiencia inicial que establece el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sin embargo, el Despacho encuentra que se configura el supuesto que da lugar a dictar sentencia anticipada del numeral b del artículo 182A del CPACA toda vez que se allegaron pruebas documentales, no es necesario practicar pruebas y no existen situaciones que acarreen posibles nulidades o excepciones que deban ser resueltas.
También resuelve:¿La fijación del litigio consiste en que el juez debe identificar y formular el problema jurídico a resolver en la sentencia?¿Las decisiones judiciales se deben fundar en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, siendo relevante la regla de la carga de la prueba que establece el artículo 167 del CGP, esto…
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-03-31Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020200013400LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial? Sí
El juez puede modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial siempre que se cumplan las causales establecidas en el artículo 182A numeral 1 del Código General del Proceso Administrativo, y siga el procedimiento de pronunciarse sobre las pruebas, fijar el litigio y correr traslado para alegar de conclusión, sin alterar el orden establecido por la norma. Asimismo, el juez no puede decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición, salvo que se demuestre que la petición no fue atendida o fue negada por razones de reserva legal, conforme a los artículos 78 y 173 del Código General del Proceso. Además, el juez no debe decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración, ya que el artículo 212 del Código General del Proceso establece que es necesario enunciar concretamente los hechos objeto de prueba. Por último, la excepción de caducidad no es una excepción previa y debe resolverse en la sentencia, no antes de la audiencia inicial, como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Administrativo y el artículo 101 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición?¿Puede el juez decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración?¿Debe la excepción de caducidad resolverse en la sentencia y no como excepción previa, en atención a que no se encuentra prevista en el listado taxativo del artículo 100 del Código General del…
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación ni revocar la sentencia por razones que no fueron impugnadas, aunque se acojan los cargos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el recurso al examen de la cuestión decidida en relación con los reparos concretos; el artículo 328 del CGP obliga al superior a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y cuando una de las razones que fundamentan la negativa de las pretensiones no fue impugnada, esa razón queda firme y la sentencia no puede revocarse por los demás cargos. Por ello, la sentencia se mantiene, pues la razón no apelada basta para sostener la decisión. Esta regla opera aun cuando el recurrente acoja todos los demás cargos de su recurso.síntesis automática
También resuelve:¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista?¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?