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Consejo de Estado
Providencia
El cargo de la apelante resulta infundado
Sentencia — Sentencia
2025-02-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 88001233300020210002801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó que la sentencia de primera instancia impuso a la aseguradora la asunción de riesgos de manera indiscriminada y a responder por la materialización de ellos indistintamente de su fuente? No
La aseguradora no asume de manera indiscriminada todos los riesgos que se materialicen en la ejecución de un contrato, sino que responde por los riesgos que la póliza cubre y por la cuantía de la pérdida que se acredite conforme al artículo 1077 del Código de Comercio. Cuando el contrato requiere liquidación y esta no se logra por mutuo acuerdo ni se practica unilateralmente, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales es de dos años, contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación bilateral y unilateral, según el artículo 164 del CPACA. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia no impuso a la aseguradora la asunción indiscriminada de riesgos, porque la afectación de la póliza se determinó a partir de los recursos no invertidos y de la obligación de reintegro incumplida, y la demanda se presentó dentro del término de caducidad, por lo que la providencia confirmó la decisión. Como consecuencia práctica, la aseguradora solo responde por el riesgo amparado y la parte que reclame debe probar la cuantía de la pérdida, mientras que el término de caducidad se cuenta desde el vencimiento de los plazos de liquidación.síntesis automática
También resuelve:
¿En relación con la caducidad del medio de control de controversias contractuales, la demanda fue presentada oportunamente?
¿El régimen especial de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros consagrado en el Código de Comercio, es plenamente aplicable a la presente controversia?
¿El Código de comercio establece dos tipos de prescripciones en materia de seguros, la ordinaria que es de dos años y la extraordinaria que se configura con el paso de cinco años?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Servicios públicos domiciliarios: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-07-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150305201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía…
¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que…
¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para juzgar los actos administrativos contractuales expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020210033701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, es competente para conocer del proceso y del recurso de apelación, conforme a los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, dado que los actos fueron expedidos por la Aerocivil y la cuantía superaba 500 SMLMV? Sí
El juez contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de actos administrativos expedidos por entidades públicas como la Aerocivil en relación con contratos estatales, según el artículo 104 del CPACA. En este proceso sobre las Resoluciones No. 01310 y 02933 de 2019 vinculadas al contrato No. 14000165-OK, la jurisdicción asumió el conocimiento del asunto. Asimismo, el Consejo de Estado desata el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para solicitar la nulidad de las Resoluciones 01310 de 2019 y 2933 de 2019…
¿La Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Aerocivil estaban legitimados para intervenir como parte activa y pasiva en la demanda por la declaratoria del siniestro…
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversial contractuales cuando el demandante presentó la demanda una vez vencido el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020060207701
ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:
¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?
¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?
¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Fondo pidió que se revoque íntegramente la sentencia
Sentencia — Sentencia
2026-05-08
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 15001233300020180045102
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación? Sí
El interviniente de una entidad pública puede actuar como coadyuvante del recurso de apelación y formular argumentos coincidentes con los del recurrente, siempre que no se opongan a los de la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho en litigio. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 610 del CGP reconoce al interviniente las mismas facultades de la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de coadyuvar; el artículo 320 del CGP remite, respecto del coadyuvante, al inciso segundo del artículo 71, que a su vez se armoniza con el artículo 224 del CPACA; y la coadyuvancia habilita los actos procesales permitidos a la parte que se ayuda. Por ello, el escrito de coadyuvancia presentado dentro de la oportunidad para impugnar la sentencia es admisible como respaldo de la apelación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos en que el recurso fue admitido.síntesis automática
También resuelve:
¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado…
¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general…
¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa
Sentencia — Sentencia
2025-04-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 50001233100020100061601
ACCION CONTRACTUAL
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?
¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…
¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado.
Sentencia — Sentencia
2025-05-05
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170239802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado? Sí
La pérdida de oportunidad es un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, pues consiste en la frustración definitiva de la expectativa de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo. Esta figura combina un componente de certeza, que es la existencia de una posibilidad real y seria de alcanzar el resultado favorable, con un componente de incertidumbre, derivado de la imposibilidad de determinar con exactitud si la expectativa se habría concretado sin la conducta atribuible a un tercero. Que incorpore incertidumbre no la convierte en un daño eventual o hipotético, porque lo jurídicamente relevante es que desaparece de manera definitiva la posibilidad de obtener el provecho o de evitar el detrimento, situación que merece tutela jurídica. Su explicación puede darse como mecanismo probatorio del nexo causal, como daño autónomo con perjuicio particular o como daño reparable mediante las categorías tradicionales de perjuicios, y algunos instrumentos de armonización del derecho contractual la reconocen en proporción a la probabilidad de que la expectativa se hubiera materializado. Como consecuencia práctica, la reclamación por pérdida de oportunidad debe acreditar la posibilidad real y seria que se perdió, y no solo el resultado final que no se obtuvo.síntesis automática
También resuelve:
¿La pérdida de oportunidad constituye un daño cierto y resarcible, pese a incorporar un componente de incertidumbre?
¿Constituye un daño contractual indemnizable la pérdida de oportunidad procesal derivada del incumplimiento del deber profesional del abogado frente a su cliente?
¿Requiere la procedencia de la acción de repetición que se demuestre la existencia de una condena, el pago efectivo, la calidad del agente y la calificación dolosa o gravemente culposa de su conducta?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso
Sentencia — Sentencia
2022-02-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020100066001
ACCION CONTRACTUAL
¿Qué incidencia tiene el recurso de apelación en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación, limitando así su competencia funcional a los aspectos específicamente impugnados en la apelación, sin poder abordar cuestiones no debatidas en esta etapa, a menos que sean de resolución de oficio. Esto implica que si la parte no presenta reparos frente a determinados puntos en el recurso de apelación, el juez ad quem no puede pronunciarse sobre ellos, incluso si se reiteran en etapas posteriores del proceso, como los alegatos de conclusión, ya que estas no son oportunidades preclusivas para sustentar el recurso de apelación. Esta regla reitera la importancia del principio de congruencia y la preclusión en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia, salvaguardando el debido proceso y la defensa de las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos, la finalidad y cómo es la ejecutoriedad de la garantía de cumplimiento en el contrato estatal?
¿Cuál es la normatividad aplicable en todo lo relacionado con la garantía de cumplimiento en el contrato estatal y cuáles son sus presupuestos?
¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de calidad y el riesgo de funcionamiento?
Consejo de Estado
Providencia
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 25000233600020220013101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80…
¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993?
¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020040078002
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda, conforme al principio de congruencia y al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que limita la competencia del juez superior a los problemas jurídicos derivados de los motivos de inconformidad presentados. Además, el artículo 137.4 del Código Contencioso Administrativo establece que el demandante debe señalar las normas presuntamente violadas y su concepto de violación, determinando así los problemas jurídicos a resolver en la sentencia. La Sala reitera que el juez no puede declarar la nulidad de actos administrativos con base en normas no señaladas en la demanda, salvo en casos de vulneración de derechos fundamentales de aplicación inmediata, lo que implica que las partes deben presentar sus cargos de nulidad con precisión y exhaustividad para evitar decisiones judiciales que excedan los límites establecidos por la congruencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre un cargo de nulidad fundado en hechos o argumentos no planteados en la demanda ni en su reforma?
¿Puede la parte demandante solicitar la declaratoria de la cosa juzgada como excepción de fondo en un proceso de lo contencioso administrativo?
¿Puede un contrato estatal estar sometido simultáneamente a normas nacionales y extranjeras por acuerdo de las partes?
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