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¿Puede un integrante de un consorcio acreditar como propia, en un proceso regido por Documentos Tipo, la experiencia derivada de un subcontrato celebrado con el mismo consorcio del que hacía parte, mediante certificación expedida por este?
El contratista no puede acreditar como propia la experiencia derivada de un subcontrato celebrado con el mismo consorcio del que forma parte, ya que la subcontratación requiere que el subcontratista sea un tercero independiente, no un integrante del consorcio. Esta regla se fundamenta en que la responsabilidad y la naturaleza de los integrantes del consorcio no permiten que simultáneamente ocupen la posición de subcontratistas, lo cual sería contrario al principio lógico de no contradicción. Además, la certificación expedida por el consorcio en cuestión configura una autocertificación, lo que no cumple con los requisitos de independencia y objetividad necesarios para la acreditación de la experiencia. En la práctica, esto implica que la experiencia adquirida por los integrantes del consorcio debe acreditarse solo según su participación en el consorcio y no a través de subcontratos internos.síntesis automática
También resuelve:Proponente plural: consorcio, unión temporal, concepto, diferenciasSubcontratación: concepto, limitaciones jurídicasIntegrantes de estructura plural: subcontratación, terceros, imposibilidad de fungir como subcontratistas
¿Es posible la subcontratación entre un consorcio o unión temporal y los integrantes de la estructura plural que la conforman?
No es posible subcontratar entre un consorcio o unión temporal y los integrantes de la misma estructura plural. La razón es que los consorcios y las uniones temporales carecen de personería jurídica, de modo que la calidad de contratista se predica de cada uno de sus integrantes. Por esa razón, quien ocupa la posición de parte en el negocio jurídico no puede tener, por exclusión, la naturaleza de tercero para efectos de la subcontratación. La subcontratación supone un contrato derivado, eventual y accesorio, celebrado entre el contratista y un tercero para ejecutar parcialmente el contrato principal. Su alcance depende de lo que determinen el pliego de condiciones y el contrato, dada la escasa regulación normativa. Si el contrato no la permite para ciertas actividades, o la condiciona a la autorización previa de la entidad, el contratista no puede subcontratar sin cumplir esa condición. Si el contrato guarda silencio, la subcontratación se entiende en principio permitida con fundamento en la libertad de empresa, sin perjuicio de las limitaciones legales. La distinción frente a la responsabilidad se mantiene: en el consorcio los integrantes responden solidariamente, mientras en la unión temporal la responsabilidad se individualiza según su participación.síntesis automática
También resuelve:Proponente plural: consorcio, uni ó n temporal, concepto, diferenciasSubcontratación: concepto, limitaciones jurídicasIntegrantes de estructura plural: subcontratación, terceros, imposibilidad de fungir como subcontratistas
¿La distribución interna de funciones prevista en el decreto que fija la estructura de una entidad estatal condiciona la competencia para adelantar procesos de contratación y celebrar contratos, de manera que constituya un límite para que una dependencia estructure un proceso cuyas obligaciones se relacionan con funciones asignadas a otra dependencia?
El contratista no puede estructurar un proceso contractual cuyas obligaciones se relacionen con funciones asignadas a otra dependencia de la entidad estatal, ya que la competencia para contratar reside en el jefe o representante legal de la entidad y no en las dependencias, según establece el artículo 11 de la Ley 80 de 1993. La distribución de funciones internas en el decreto que fija la estructura de la entidad no fragmenta la competencia contractual, sino que sirve como referente para verificar que la actividad contratada corresponde al giro ordinario de la entidad. Además, la desconcentración de funciones no confiere autonomía administrativa a las dependencias, y la celebración de contratos de prestación de servicios debe estar relacionada con actividades que hacen parte del funcionamiento de la entidad considerada en su conjunto, no solo de una dependencia específica. Este concepto reitera y matiza precedentes sobre la titularidad de la competencia contractual, reforzando que la estructura interna de la entidad no limita la capacidad de las dependencias para estructurar procesos contractuales, siempre y cuando estos no se salgan del ámbito de la entidad como un todo.síntesis automática
También resuelve:Competencia para contratar: titularidad, jefe o representante legal, dependenciasDelegación y desconcentración: Artículo 12 de la Ley 80 de 1993, acto formalEstructura administrativa: Decreto de estructura, alcance frente a la actividad contractual
De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico ¿Es posible la subcontratación entre un consorcio o unión temporal y los integrantes de la estructura plural que la conforman
Los consorcios y las uniones temporales son convenios de asociación de colaboración empresarial, en los que sus integrantes se organizan mancomunadamente para obtener la adjudicación de un contrato estatal, compartiendo recursos, utilidades y riesgos. La diferencia entre ambas figuras está en la responsabilidad: en el consorcio los miembros responden solidariamente, mientras que en la unión temporal la responsabilidad se individualiza según la participación de cada integrante. Frente a la subcontratación, la figura no es admisible entre el consorcio o la unión temporal y los integrantes de la estructura plural que la conforman, porque esas personas ya participan directamente en la ejecución del contrato como integrantes del proponente plural. En ese sentido, los integrantes no pueden fungir como subcontratistas del consorcio o de la unión temporal del que hacen parte, por sustracción de materia. La consecuencia práctica es que las obligaciones de cada integrante deben quedar definidas en la carta de conformación y en el contrato, sin recurrir a subcontratos entre la estructura plural y sus propios miembros.síntesis automática
También resuelve:Proponente plural: consorcio, unión temporal, concepto, diferenciasSubcontratación: concepto, limitaciones jurídicasIntegrantes de estructura plural: subcontratación, terceros, imposibilidad de fungir como subcontratistas
¿Es procedente reconocer al contratista el valor máximo previsto en la canasta de precios o estructura de costos sin acreditar el gasto efectivamente realizado y, en caso contrario, qué consecuencias jurídicas y criterios de verificación resultan aplicables?
El contratista no puede recibir el valor máximo establecido en la canasta de precios o estructura de costos sin acreditar el gasto efectivamente realizado, ya que estos instrumentos son meros límites de referencia y no constituyen un derecho automático al pago; la entidad estatal debe verificar que el gasto esté debidamente soportado y ajustado a la realidad del mercado para evitar sobrecostos, lo cual implica cumplir con el deber de vigilancia contractual y exigir la presentación de facturas y comprobantes de pago cuando así lo estipule el contrato. Este concepto reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de justificar los gastos y verificar la adecuación de los precios a la realidad del mercado, lo que implica que las entidades estatales deben ejercer un control riguroso en la ejecución de los contratos para prevenir el uso indebido de recursos públicos y asegurar la eficiencia en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:Sobrecostos: contratación estatal, definición, causasEstudios del sector: manifestación, principio de planeaciónCanasta de precios o estructura de costos: naturaleza, valor máximo, reconocimiento del gasto efectivamente realizado
¿Puede un integrante de un consorcio o unión temporal ceder su participación a otro de los integrantes de la misma estructura plural, o ello está prohibido y la cesión debe recaer necesariamente en un tercero?
La cesión de la posición contractual supone transferir derechos y obligaciones a un tercero, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 prohíbe ceder los contratos estatales sin previa autorización escrita de la entidad contratante, por ser intuito personae. Conforme a la postura de la Subdirección, que sigue al Consejo de Estado, la cesión debe recaer en un tercero con capacidad jurídica, sin inhabilidades ni incompatibilidades, y con capacidad técnica, económica y financiera suficiente. Por ello, un integrante de un consorcio o unión temporal no puede ceder su participación a otro integrante de la misma estructura plural, porque esa redistribución interna modificaría la oferta adjudicada sin que intervenga un sujeto nuevo que acredite los requisitos habilitantes. Lo que el ordenamiento admite es la cesión de la participación de un integrante a un tercero, previa autorización escrita de la entidad contratante. La entidad debe verificar que el tercero propuesto cumpla los requisitos del pliego de condiciones, del contrato y de las demás disposiciones aplicables. En la práctica, la entidad no puede aprobar la redistribución interna como si fuera una cesión y debe exigir la acreditación de los requisitos del nuevo integrante cuando autorice una cesión externa.síntesis automática
También resuelve:Cesión del contrato estatal: noción, sujetos, exigencia de un tercero, Artículo 41 de la Ley 80 de 1993Cesión: integrantes de consorcio o unión temporal, prohibición, Artículo 9 de la Ley 80 de 1993Prohibición de cesión entre integrantes: alcance, carácter general
¿Es posible la subcontratación entre un consorcio o unión temporal y los integrantes de la estructura plural que la conforman?
Los integrantes de un consorcio o una unión temporal no pueden tener, al mismo tiempo, la calidad de subcontratistas de esa estructura plural, pues son partes del negocio y no terceros. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, la calidad de parte excluye la de tercero para efectos de la subcontratación, por lo que quien integra la estructura plural no puede ser a la vez subcontratista de la misma, en aplicación del principio lógico de no contradicción. Segunda, la subcontratación es un contrato derivado que ejecuta parcialmente el contrato principal, y en la contratación pública está supeditada a lo dispuesto en el pliego de condiciones y en el contrato, así como a las limitaciones de la ley, de modo que si una actividad requiere autorización previa, el contratista no puede subcontratarla sin ella. Tercera, por la misma razón, solo la experiencia adquirida por los integrantes del proponente plural puede acreditarse en otros procesos de selección, pues no pueden fungir como subcontratistas del consorcio o de la unión temporal de la que hacen parte. Terceros son las personas distintas del contratista, de sus integrantes y de la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve:Proponente plural: consorcio, unión temporal, concepto, diferenciasSubcontratación: concepto, limitaciones jurídicasIntegrantes de estructura plural: subcontratación, terceros, imposibilidad de fungir como subcontratistas
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-08-02Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020200039401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta necesario el decreto de los dieciséis testimonios adicionales solicitados por la parte actora, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo ordenado por el a quo, el objeto de la prueba se cumple, idónea y suficientemente, con los cinco testimonios ya decretados y, que con en el expediente administrativo solicitado, contentivo de los antecedentes que dieron lugar a los actos administrativos demandados, deben reposar todos los documentos relacionados con su celebración, estructuración y ejecución de los acuerdos derivados? No
El contratista no puede obtener el decreto de dieciséis testimonios adicionales solicitados, ya que el tribunal de primera instancia determinó que los cinco testimonios ya decretados cumplen idóneamente con el objeto de la prueba y que el expediente administrativo solicitado debe contener todos los documentos relacionados con la celebración, estructuración y ejecución de los acuerdos derivados. Además, la entidad estatal, en este caso el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, que son una sola entidad para efectos de liquidación de contratos, deben allegar los informes requeridos que deben estar en el expediente administrativo ya solicitado. Esta regla reitera la necesidad de aplicar el principio de necesidad de la prueba y matiza la posibilidad de decretar pruebas innecesarias, lo que implica que las partes deben limitar sus solicitudes de prueba a lo estrictamente necesario para el caso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el decreto como prueba de los informes requeridos por parte del representante administrativo y del director de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-11Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180102302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes en cuanto a su naturaleza, procedimiento e intervención de terceros? Sí
El contratista y la entidad estatal deben distinguir entre la conciliación y la transacción, mecanismos que aunque buscan resolver conflictos de manera consensuada, difieren en su naturaleza y procedimiento. La conciliación requiere la intervención de un conciliador o un agente del Ministerio Público, y su objetivo es extinguir la obligación en conflicto mediante la mediación de un tercero. En contraste, la transacción es un contrato bilateral en el que las partes realizan concesiones recíprocas para poner fin a un litigio pendiente o potencial sin la intervención de un tercero. La Sala reitera que la conciliación prevalida debe contar con la intervención de un conciliador, y que la transacción celebrada por entidades públicas debe cumplir con los requisitos contractuales y contar con la autorización previa de la autoridad competente, lo que implica que un acuerdo suscrito sin dicha intervención o autorización no puede ser considerado como una conciliación válida y debe ser tratado como una transacción, cuya aceptación depende de la legalidad y procedencia de los requisitos y autorizaciones respectivas.síntesis automática
También resuelve:¿Puede calificarse como conciliación un acuerdo suscrito entre entidades y particulares sin la intervención de un agente del Ministerio Público o de un juez?¿Debe una transacción cumplir requisitos contractuales y contar con autorización previa de la autoridad competente cuando es celebrada por entidades públicas?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-05-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020150125001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en…¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario…¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
La desviación de poder constituye un vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada, no pudiendo predicarse un actuar gravemente culposo respecto de aquel agente estatal que adopta una decisión de insubsistencia con la supuesta finalidad de tomar represalias políticas, toda vez que la culpa grave se halla inmersa en una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves, concebida esencialmente como un error, imprudencia o negligencia imposible de justificar sino por la propia necedad o desidia del agente, sin que el hecho de sostener relaciones personales de amistad con adversarios o aliados pueda tomarse como prueba determinante de tal vicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder?¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali?¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
Auto interlocutorio — Auto que inadmite demanda2025-10-01Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 11001032600020250007800LEY 1437 REPETICION
¿El consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición formulada contra el Representante a la Cámara por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, atendiendo al factor subjetivo de competencia y a la garantía de la doble conformidad? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra el Representante a la Cámara por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, ya que la competencia del Consejo de Estado para conocer de estos casos está limitada a servidores públicos específicamente enlistados en la legislación, y el Representante a la Cámara no se encuentra en dicha lista. Además, la demanda de repetición debe cumplir con los requisitos formales como la legitimación en la causa, la acreditación de la calidad de agente del Estado, la condena judicial, la conciliación, la constancia del pago total de la indemnización y la oportunidad en la presentación del medio de control. En este caso, la falta de acreditación de la calidad de agente público del demandado en su condición de Representante a la Cámara llevó a la inadmisión de la demanda, lo que implica que el contratista no podrá obtener el reembolso de las sumas pagadas por cuenta de una condena judicial en contra del Representante a la Cámara.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición debe cumplir con los presupuestos procesales, en lo relativo a la legitimación en la causa, la acreditación de la calidad de agente del Estado, una condena judicial…¿A pesar de encontrarse acreditada la legitimación en la causa por activa del Congreso de la República, debe inadmitirse la demanda por falta de acreditación de la legitimación en la causa por…¿Se encuentran acreditados los presupuestos procesales para la admisión de la demanda de repetición, consistentes en la existencia de una condena judicial contra un entidad del Estado y la prueba del…
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
Sentencia — Sentencia2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020230003300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La decisión del Panel Arbitral fue tomada en derecho y la fundamentación jurídica y probatoria sustentó lógica y objetivamente las conclusiones del Laudo? Sí
En el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, el juez de anulación no puede realizar una nueva valoración de las pruebas que el tribunal arbitral tuvo en cuenta para proferir el laudo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el control del laudo se limita a las causales legales, y la valoración probatoria del tribunal no se revisa por esa vía. Segunda, la pretensión de que la Sala se pronuncie sobre la forma en que se valoraron las pruebas excede el objeto de la anulación. En el caso, la recurrente alegó que el tribunal decidió sin sustento probatorio y que fragmentó las pruebas, pero la providencia concluye que la decisión fue tomada en derecho y que su fundamentación probatoria sustenta las conclusiones del laudo. La providencia declara infundado el recurso. En la práctica, quien impugne un laudo por indebida valoración de las pruebas debe encuadrar su reproche en una causal de anulación y no en un nuevo análisis probatorio.síntesis automática
También resuelve:¿La recurrente no acreditó que la decisión del Panel no estuviera motivada sino que no compartió la fundamentación del Laudo?¿El Laudo concluyó que la suma de dinero correspondiente al valor total de las glosas presentadas por el FOMAG sobre las cápitas ya había sido pagada a la Unión Temporal?¿La decisión del Tribunal está sustentada en derecho y en las pruebas del trámite arbitral?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2024-12-04Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020230074700CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Cuál es el alcance e interpretación de la norma prevista en el artículo 5º y su parágrafo de la Ley 1066 de 2006 en materia de cobro coactivo por parte de las entidades públicas, así como la aplicación que, en la misma materia, debe darse a los artículos 98 y 100 de la Ley 1437 de 2011, al artículo 169 del Decreto- Ley 1421 de 1993 y al artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, para los efectos del cobro coactivo de facturas cambiarias de venta generadas por la prestación de servicios de salud por parte de Empresas Sociales del Estado E.S.E? Sí
La muy importante y ampliamente reconocida empresa social del Estado sujeta siempre y en todo momento su respectiva contratación contractual al régimen ordinario general de derecho privado con la aplicación excepcional y muy estricta de cláusulas exorbitantes cuando así se disponga de forma discrecional, reflejando así el claro carácter excepcional de toda la regulación jurídica aplicable en el privilegio exclusivo reservado al Estado para incluirlas adecuadamente cuando las normas ordinarias no otorguen garantía suficiente para la prestación correcta y adecuada del servicio público esencial de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con lo previsto en las Leyes 6 de 1992, 1066 de 2006 y 1437 de 2011, principalmente, y teniendo en cuenta la naturaleza y régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado…¿En caso de no considerarse procedente que las Empresas Sociales del Estado adelanten el cobro coactivo de las facturas generadas por la prestación de servicios de salud ¿qué otras alternativas o…
Sentencia — Sentencia2021-12-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210016700LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció sobre puntos no alegados por las partes? Sí
El Tribunal de Arbitramento no se pronuncia sobre puntos no alegados por las partes, limitándose a resolver la controversia conforme a los argumentos y pruebas presentadas en el proceso. Esta regla se sostiene en que el juez de la anulación no puede revisar el fondo de la controversia ni calificar los razonamientos del Tribunal Arbitral, sino que se encarga únicamente de verificar la existencia de errores in procedendo. En el caso específico, el Tribunal de Arbitramento no incurrió en tales errores, ya que sus decisiones estuvieron debidamente fundamentadas en las pruebas y argumentos presentados por las partes. Además, el Tribunal de Arbitramento actuó dentro de los términos procesales establecidos, y la parte recurrente no hizo valer oportunamente la circunstancia de que el plazo del proceso hubiera expirado, lo que impide la procedencia de la causal de anulación basada en este hecho. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre los límites del pronunciamiento del juez en la anulación de laudos arbitrales, lo que implica que las partes deben presentar sus alegatos de manera clara y oportuna para evitar la improcedencia de sus recursos.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo arbitral estuvo fundado en pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso?¿El laudo arbitral fue proferido por fuera de los términos procesales?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA? Sí
La entidad estatal que profiere decisiones administrativas definitivas en el marco de su actividad negocial y legal emite verdaderos actos administrativos amparados por la presunción de legalidad, los cuales producen efectos jurídicos unilaterales frente a los particulares. Cuando el actor promueve un medio de control de controversias contractuales fundado en la inconformidad con una determinación de esta naturaleza, resulta indispensable incluir dentro de las pretensiones la solicitud expresa de nulidad del respectivo acto administrativo y desarrollar el concepto de violación conforme a los requisitos establecidos en las normas procesales del CPACA. La omisión de este presupuesto procesal esencial impide el estudio de fondo de la controversia y conduce inexorablemente a proferir un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente un fallo inhibitorio cuando hay una indebida integración de la pretensión de nulidad del acto administrativo…¿Existen formalidades para la conformación y existencia de un acto administrativo?¿Se debe aplicar el Estatuto General de Contratación al contrato de participación suscrito por el ICBF?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales si lo presenta fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Esta regla se sostiene porque el contrato en cuestión, sometido al derecho privado, no pactó cláusulas de liquidación y, por tanto, el plazo de caducidad se calcula a partir de la fecha de terminación del contrato, no de los plazos establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala revoca la sentencia de primera instancia al determinar que la demanda fue presentada después del plazo legal, lo que implica que la entidad estatal pierde la oportunidad de litigar sobre la controversia contractual. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la caducidad en contratos sometidos al derecho privado, subrayando la importancia de la autonomía de las partes en la determinación del plazo de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las empresas sociales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, de naturaleza jurídica especial, siendo, entonces…¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio…¿Los contratos estatales que no están sujetos al Estatuto General de Contratación de Administración Pública sino al derecho privado requieren del trámite de liquidación?
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