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Consejo de Estado Providencia

Recurso de anulación contra laudo arbitral: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2022-09-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020220005500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Cuál es la oportunidad para proponer nulidades procesales? Sí
Las nulidades procesales pueden alegarse en cualquiera de las instancias antes de dictarse sentencia, y las causales deben acreditarse para que proceda su declaratoria. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 134 del Código General del Proceso permite alegar las nulidades en cualquier instancia antes de la sentencia, y las causales específicas están en el artículo 133. Segunda, la solicitud de suspensión del laudo fue presentada con posterioridad al auto que se pretendía anular, por lo que para el momento de su expedición el despacho no conocía esa petición. Tercera, no se configura ninguna causal de nulidad ni una violación del debido proceso que invalide el auto. En consecuencia, se niega la solicitud de nulidad. Por ello, la solicitud de nulidad debía resolverse por el despacho ponente, tras traslado y, en su caso, decreto de pruebas, conforme al artículo 134 del CGP. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la nulidad del auto admisorio por no referirse a la solicitud de suspensión de los efectos del laudo arbitral? ¿Procede la suspensión de los efectos del laudo arbitral solicitada por la entidad pública?
Consejo de Estado Providencia

La cesión de crédito no altera el contrato estatal, sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato.

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 13001233300020090044501 ACCION CONTRACTUAL
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad? ¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato? ¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la decisión de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2024-05-31 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020150087701 LEY 1437 REPETICION
¿Se condena al demandado en sede repetición a restituir la suma que la Nación pagó a las víctimas como consecuencia de la condena dictada en su contra en un proceso de reparación directa? Sí
Cuando el agente estatal es declarado responsable en un proceso de repetición por una conducta dolosa o gravemente culposa, debe restituir a la entidad pública la suma que esta pagó a las víctimas en cumplimiento de la condena, actualizada al momento de la sentencia. La regla se sostiene en tres razones: la repetición tiene carácter patrimonial y busca reintegrar lo que la entidad pagó por causa del agente, de modo que el monto a restituir corresponde al pago efectivamente realizado; la actualización del valor pagado preserva el poder adquisitivo de la suma; y la norma del Código General del Proceso sobre interrupción de la caducidad no es aplicable al proceso contencioso administrativo, pues el artículo 306 del C.P.A.C.A. remite al procedimiento civil solo en los aspectos no regulados por ese código. En el caso, el tribunal condenó al exagente a pagar a la entidad pública afectada la suma actualizada que la entidad pagó por la condena de reparación directa, y la sala confirmó esa condena. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el monto de la repetición corresponde al pago efectivo actualizado y debe probarse con la constancia del pago.síntesis automática
También resuelve: ¿Dado que el CPACA regula el fenómeno de la caducidad no procede aplicar el artículo 94 del CGP en este proceso? ¿Se declara la responsabilidad patrimonial extracontractual del exservidor por estar demostrados los elementos objetivos y subjetivos del medio de control de repetición? ¿La parte demandada solo pidió que se verifique la existencia de la caducidad en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales 2025-02-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 47001233300020190067201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados? Sí
El Tribunal determina que la nulidad derivada de la pretermisión íntegramente de una instancia es insaneable, por lo que no admite la subsanación de los vicios generados por esta irregularidad, incluso si la parte afectada manifiesta su conformidad. Esta regla se fundamenta en la omisión del Tribunal Administrativo de efectuar el control de admisibilidad de la demanda presentada por la Aseguradora, impidiendo así el análisis de los presupuestos procesales y requisitos formales necesarios para su admisión, lo que afecta el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Además, la falta de traslado de la demanda a la UMAG en los términos del artículo 172 del CPACA, impide que esta pueda proponer excepciones y solicitar pruebas, configurando una causal de nulidad procesal insaneable que impide la adición de la sentencia en segunda instancia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la imposibilidad de subsanar nulidades insaneables, lo que implica que los procesos en los que se produzca esta irregularidad quedarán anulados sin posibilidad de rectificación.síntesis automática
También resuelve: ¿La nulidad se configuró debido a que el Tribunal Administrativo no se pronunció sobre las pretensiones y cargos de nulidad formulados por la aseguradora… ¿La omisión del Tribunal configura una causal de nulidad procesal insaneable, lo que impide la adición de la sentencia en segunda instancia? ¿Las nulidades saneables el juez no puede declararlas de oficio, en cualquier estado del proceso, y de no haberse subsanado…
DECLARA NULIDAD
Consejo de Estado Providencia

La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233300020120017302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación? ¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública? ¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El contrato de concesión se mantenía vigente para el momento que se presentó la demanda

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020180009801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de concesión se mantenía vigente para el momento que se presentó la demanda? Sí
El contratista mantiene su legitimación en la causa para solicitar la nulidad absoluta del contrato de concesión, ya que acredita el interés directo en el proceso, lo que es suficiente en esta etapa inicial del procedimiento. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena que rechazó la demanda por falta de subsanación, al considerar que el contrato de concesión se mantenía vigente al momento de presentarse la demanda, y que la entidad demandada es competente para conocer del asunto. La vigencia del contrato hasta el 21 de octubre de 2018 y la presentación de la demanda el 18 de enero de 2018 demuestran que el medio de control se promovió oportunamente. Esta decisión reitera la importancia de la legitimación en el proceso y la oportunidad del recurso de apelación, y establece que el Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de autos que dispongan el rechazo de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que dispongan el rechazo de la demanda? ¿Al incumplimiento de algún requisito formal se deberá inadmitir la demanda indicando claramente la irregularidad o falencia de que adolece? ¿La legitimación de hecho refiere a la relación procesal entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandante

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020090016901 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandante, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia? Sí
El contratista debe cumplir con el trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acciones de controversias contractuales, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento de este requisito debe analizarse de forma independiente respecto a las nuevas pretensiones, sin considerar la fecha de presentación de la demanda inicial, conforme a la regla de unificación jurisprudencial. La Sala modifica la decisión de primera instancia para inhibirse de fallar de fondo respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que no cumplieron con el requisito de conciliación, lo que implica que los contratistas deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos de procedibilidad antes de presentar reformas a sus demandas.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la fecha en que la accionante radicó su reforma de la demanda, la norma vigente exigía como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial para las acciones de… ¿Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento del requisito de procedibilidad debe analizarse respecto de las nuevas pretensiones de forma independiente sin tener en… ¿La legitimación por activa supone que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable

Sentencia — Sentencia 2026-04-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020100031602 ACCION CONTRACTUAL
¿El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas? Sí
El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas, ya que la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, permitiendo al superior jerárquico confrontar la decisión apelada con los argumentos del apelante. Además, la imposición de multas contractuales es improcedente cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación, salvo en casos donde la cláusula penal estipula un incumplimiento definitivo que resulta irreversible y frustra el interés del acreedor, en cuyo caso es procedente la condena al pago de la cláusula penal. Esta decisión modifica precedentes y establece límites claros para la competencia funcional del juez de segunda instancia y la exigibilidad de sanciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente imponer multas contractuales cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación? ¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal cuando no existe avance en la ejecución de la obra objeto del contrato? ¿Es procedente la indexación de la cláusula penal cuando el deudor ha incurrido en mora de la obligación principal, con el fin de garantizar el efecto solutorio del pago en términos de valor real?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No es posible tener por acreditado el cabal cumplimiento de las obligaciones que adquirió el consorcio

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 44001234000020140000101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra? ¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa? ¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2026-07-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 44001233300020130013501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado? ¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa… ¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es definitivo que este tipo de convenios están excluidos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por mandato legal su régimen es el derecho privado.

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 23001233300020170028702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El convenio especial celebrado entre las partes está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)? No
El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) cuando celebra un convenio especial de cooperación, ya que este tipo de acuerdo no se inscribe en la noción de contrato estatal debido a la naturaleza asociativa y no conmutativa del interés jurídico que lo rige, lo que lo sitúa bajo el régimen del derecho privado. Esta caracterización implica que las facultades excepcionales y los actos administrativos previstos en el EGCAP no son aplicables a estos convenios, y cualquier atribución de potestades administrativas por las partes debe respetar la naturaleza contractual del acuerdo, sin poder convertirlo en actos administrativos. La Sala matiza la interpretación de que los convenios de cooperación científica y tecnológica pueden ser sometidos a procedimientos administrativos previstos en el EGCAP, estableciendo que las facultades de declarar incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal deben surgir del acuerdo entre las partes y no de la ley, lo que limita la capacidad de la administración para actuar en estos casos como si estuvieran sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ejercer potestades excepcionales y expedir actos administrativos en el marco de un convenio regido por… ¿Puede el Departamento, en el marco de un convenio regido por el derecho privado, ejercer las facultades previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para declarar incumplimiento y hacer… ¿Puede hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria sin la constatación previa del incumplimiento de una obligación principal?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300620180021701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sentencia que negó la nulidad de los mismos actos administrativos contractuales en otro proceso produce efectos de cosa juzgada respecto de un cargo de nulidad que no hizo parte de la causa petendi juzgada? No
El inciso primero del artículo 189 del CPACA dispone que (se trascribe): “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”. De los cargos de nulidad formulados en la demanda que dio origen al proceso de la referencia, la Sala centrará su análisis en aquel según el cual los actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, debido a que, durante el procedimiento administrativo, el Distrito negó injustificadamente una prueba pericial que cumplía todos los requisitos para ser decretada y que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría.
También resuelve: ¿Las aseguradoras garantes de un contrato estatal, pese a ser terceros respecto de este, están legitimadas en la causa por activa para pretender la declaratoria de nulidad absoluta de un acuerdo… ¿Están legitimadas en la causa por activa las aseguradoras que actúan como garantes del contratista para pretender que se declare el incumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de la… ¿Procede declarar la nulidad absoluta de un acuerdo modificatorio de un contrato estatal por desviación de poder y causa ilícita…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas

Sentencia — Sentencia 2022-09-23 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020070010301 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.síntesis automática
También resuelve: ¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia? ¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual? ¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?
Consejo de Estado Providencia

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020100061601 ACCION CONTRACTUAL
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca? ¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede… ¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente

Sentencia — Sentencia 2023-05-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 63001233300020180023401 LEY 1437 REPETICION
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición en el caso sub examine, considerando que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984? Sí
Para efectos de determinar si la demanda se presentó en la oportunidad legal prevista, la Sala estima conveniente precisar que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que el municipio de Calarcá debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo. De este modo, la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 2017… , por ende, el plazo para el pago venció el 15 de agosto de 2018.… Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero.
También resuelve: ¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, es decir… ¿El juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al pronunciarse sobre unas actuaciones que no fueron imputadas en la demanda? ¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020180005101 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal? ¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban? ¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo.

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 15001233100020060296602 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo? Sí
La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de una decisión de fondo frente a controversias derivadas del negocio jurídico estatal. Resulta procedente utilizar esta herramienta para cuestionar la nulidad absoluta del contrato, fundada en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación. La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persigue la nulidad absoluta de un contrato se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado, del Ministerio Público o de cualquier tercero que acredite un interés directo. La caducidad de la acción de controversias contractuales no se aplica en este caso, ya que la demanda fue interpuesta después de la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, lo que permite perseguir la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persiga la nulidad absoluta de un contrato, se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado… ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, respecto de las pretensiones correspondientes al restablecimiento del derecho solicitado por el Consorcio… ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere…
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 25000233600020130178801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve: ¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero? ¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad? ¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020070292402 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad? ¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria? ¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que definió los medios

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 85001233300220160014601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que definió los medios de controles de nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales por razón de la cuantía? Sí
La Corporación es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia que decide, de manera acumulada, pretensiones de nulidad y restablecimiento y de controversias contractuales, cuando la cuantía supera los 300 salarios mínimos para la primera y los 500 para la segunda al presentarse la demanda, según los numerales 3 y 5 del artículo 152 y el artículo 150 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el acto de adjudicación de un contrato, expedido antes de su celebración, se cuestiona mediante nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al inciso segundo del artículo 141 del CPACA. La segunda es que el medio de controversias contractuales es el idóneo para obtener una decisión de fondo sobre las controversias del negocio estatal, incluida la nulidad del contrato y la legalidad de los actos de su ejecución y liquidación. En el caso concreto la cuantía de 2016 supera esos umbrales, por lo que la Sala es competente. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es el medio de control procedente para cuestionar la legalidad del acto de adjudicación de un contrato estatal? ¿Cuál es el medio de control procedente para obtener una decisión de fondo frente a las controversias contractuales? ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia para la acumulación de pretensiones?