Titulación de la relatoría 21.617 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO / SOLICITUD DE OFERTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ETAPA PRECONTRACTUAL / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación atacó el razonamiento de la primera instancia para denegar la pretensión de nulidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[R]ecuerda la Sala que el a quo estimó que el demandante carecía de legitimación en la causa por activa para pretender la nulidad del contrato celebrado entre Gensa S.A. y el consorcio I.A. & Tamayo, en tanto el régimen de la capacidad de las personas jurídicas se asimilaba al de las personas naturales bajo curatela, según lo dispuesto en el artículo 1745 del Código Civil, eventos en que la falta de capacidad no generaba la nulidad absoluta sino la nulidad relativa del acto o contrato. De ahí coligió el a quo que la parte actora carecía de legitimación en la causa para elevar esa pretensión al tenor del artículo 1743 del Código Civil que disponía que la nulidad relativa solo podía ser alegada por aquellas personas en cuyo beneficio la han establecido las leyes. El recurso de apelación no indicó ni un solo cargo de disenso dirigido a atacar el razonamiento de la primera instancia para denegar la pretensión de nulidad del contrato, ausencia de argumentación que, sin necesidad de agregar más, por haber sido decantada esta cuestión en acápite que precede, trae como consecuencia que la decisión apelada se mantenga incólume. […] En mérito de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 3 de septiembre de 2021, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1743, 1745
RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTOS DE HECHO / FUNDAMENTOS DE DERECHO
Problema jurídico:
¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. De manera reciente, esta Subsección consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el recurso de apelación, requisitos de la sustentación y el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 54675, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 51212, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); auto de 14 de octubre de 2015, rad. 48502, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 9 de abril de 2014, rad. 27550, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 7 de diciembre de 2021, rad. 65962, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 53376, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 66390, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, M. P. Humberto Murcia Ballén. Este pronunciamiento fue citado en la sentencia de 19 de junio de 2020, rad. 49572, C. P. María Adriana Marín.
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ETAPA PRECONTRACTUAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Desconoció el tribunal de primera instancia el medio procesal idóneo al resolver lo relacionado con la fase precontractual desde el ángulo del medio de control de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto a la aplicación de las sentencias de unificación de jurisprudencia para la resolución de casos iniciados con anterioridad a su expedición, el Consejo de Estado ha considerado que el precedente, por regla general, opera de manera retrospectiva y que, excepcionalmente, tendrá efectos prospectivos o hacia el futuro, ejercicio que se ha de emprender siempre que a partir de esta dinámica se evidencie una efectivización de principios constitucionales, la cual se materializó en este caso. En efecto, el tribunal de primer grado resolvió lo relacionado con la fase precontractual desde el ángulo del medio de control de reparación directa, en desarrollo de lo cual enfatizó la distinción entre el análisis del régimen de responsabilidad aplicable en el marco de la oferta como acto unilateral y aquel que se presenta en el escenario de la invitación a presentar ofertas, optando por la aplicación del segundo en el caso concreto y determinando, a la luz de las pruebas valoradas, que no se habían configurado conductas culposas que comprometieran la responsabilidad de Gensa S.A en el íter negocial en su etapa preliminar. Como se aprecia, el caso fue resuelto de fondo con apoyo en la valoración de las pruebas y de los argumentos en que se fundaron las pretensiones, análisis que fue posible emprender gracias a la definición del asunto por la vía de la reparación directa. De lo contrario, en el evento de haberse ventilado el litigio desde la óptica del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que era el que, por esencia, en vigencia del CPACA habría de corresponder hasta antes de dictarse el fallo de unificación, nada de lo anterior hubiera podido resolverse, toda vez que, del estudio de la oportunidad de la interposición de la demanda, se deriva con nitidez que en ese supuesto habría operado la caducidad en lo respecta a la responsabilidad derivada de la decisión de adjudicación del contrato. […] En cuanto concierne al segundo argumento de este cargo, según el cual, la interpretación dispensada por el a quo en relación con el contenido de la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación dictada el 3 de septiembre de 2021 dentro del expediente 42003 fue errada, puesto que, en su criterio, de su texto no se desprendía que debiera aplicarse a demandas presentadas con anterioridad a su expedición […]. En momento alguno el tribunal de primera instancia desconoció que el medio procesal idóneo, en parte, fuera el de controversias contractuales, al cabo que fue bajo esa comprensión que se pronunció frente a la pretensión de nulidad del contrato de obra 027 de 2013. Cuestión distinta es que, para brindar ilustración sobre la tesis en que fundaba su decisión, el fallador se viera compelido a aclarar que la contención relacionada con la legalidad del acto de la adjudicación atacada, a partir de la sentencia de unificación no podía ser ventilada a través de la nulidad y restablecimiento del derecho -que de antaño era la procedente- por no ser un acto administrativo, siendo necesario adecuar su estudio a la pretensión de reparación directa. […] Con base en los términos expuestos, la Sala estima infundado el primer cargo del recurso de apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el medio de control idóneo para demandar la responsabilidad de las empresas de servicios públicos domiciliarios derivados de actos precontractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2021, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata. Respecto de la aplicación del precedente en forma retrospectiva, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de unificación de jurisprudencia de 28 de marzo de 2019, rad. 2003-00605 (0288-15), C. P. William Hernández Gómez; Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, SU 2012-00143, C. P. César Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ETAPA PRECONTRACTUAL / OFERTA / SOLICITUD DE OFERTA / INVITACIÓN A NEGOCIAR / ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA / PRESUPUESTOS PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA / PLAZO DE LA OFERTA / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Incurrió el a quo en una imprecisión al sostener que Gensa S.A. E.S.P. dio estricto cumplimiento a la decisión proferida en el marco del incidente de desacato de la acción de tutela?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera que no solo era pertinente, sino que resultaba necesario que el juez se adentrara en el estudio encaminado a distinguir el manejo normativo, jurisprudencial y doctrinal dispensado a la fase precontractual cuando se estaba en el terreno de la oferta o cuando se estaba en presencia de una solicitud de ofertas, puesto que solo como resultado de ese trasegar podrían establecerse los términos en que debía analizarse la responsabilidad de la entidad. Además de ese examen, el fallador estimó que, al no estar en el ámbito de la oferta como acto unilateral por parte de la entidad, regulada en el artículo 845 del Código de Comercio, acto que se tornaba irrevocable una vez comunicado al interesado, so pena de generar la obligación de indemnizar los perjuicios que se causaran, sino en el ámbito de la solicitud de ofertas, campo en el que la conformidad del destinatario con el ofrecimiento no implicaba el nacimiento del vínculo jurídico contractual, puesto que la solicitud comportaba una simple invitación a concertar negociaciones, la responsabilidad en este último panorama surgía ante el actuar culposo del que invitaba en desmedro de la buena fe precontractual de los aspirantes a presentar posturas. Fue con sustento en este razonamiento que el tribunal efectuó el estudio objeto de debate y concluyó que no existió conducta culposa atribuible a Gensa S.A. E.S.P, análisis en el que, en punto a la pertinencia de la diferenciación de las dos referidas figuras, nada de cuestionable e innecesario encuentra esta Sala. No obstante lo anterior, y sin perjuicio del reparo del que puedan ser objeto las decisiones judiciales adoptadas en el marco de las acciones de tutela en las que, infundadamente, se inmiscuyen en aspectos del resorte convencional dejando de lado que su propósito exclusivo es el de proveer sobre la protección de los derechos fundamentales, la Sala considera que le asiste la razón al recurrente al advertir, en el segundo punto de este cargo, que el a quo incurrió en una imprecisión al sostener que Gensa S.A. E.S.P. dio estricto cumplimiento a la decisión proferida en el marco del incidente de desacato de la acción de tutela, en el entendido de que la orden estaba encaminada a adjudicar el contrato al consorcio I.A & Tamayo. Con todo […], tal impresión por parte del a quo en realidad no constituyó el fundamento principal de su decisión denegatoria de las pretensiones, a lo que se suma que el aspecto medular de su determinación no fue atacado por el apelante, razón que lleva a considerar que el referido error no comporta suficiente potencialidad para revocar la sentencia impugnada […]. Se sigue de lo anterior que, en principio, la orden de tutela realmente ordenó efectuar un nuevo informe de evaluación en el que se considerara como habilitada la propuesta de Incer S.A., por ser esa la fase en la que se hallaba el procedimiento de selección antes de su culminación y no como lo sostuvo el Tribunal en el sentido de que la orden del desacato estuvo dirigida a que adjudicara el contrato a I.A. & Tamayo. Sin embargo, como se anticipó, se presenta una particularidad que hace que tal yerro no tenga la relevancia para apartarse de la decisión del a quo y que lleva a que su decisión, en todo caso, resulte acertada al estimar que Gensa S.A. E.S.P. debía adjudicar el contrato al consorcio I.A. & Tamayo. Sobre este aspecto, se recuerda que el a quo fue enfático en señalar que las observaciones presentadas por Inter S.A. al informe de evaluación y en cuyo mérito resultó nuevamente habilitada, no podían ser consideradas por la empresa de servicios públicos, dado el carácter extemporáneo de su presentación, en contravía con lo previsto en la cláusula 3.5 del pliego de condiciones. Esto conducía a que, ante la inviabilidad jurídica de considerar esas observaciones, el informe de evaluación en el que se ubicaba al consorcio I.A. & Tamayo en el primer lugar en el orden de elegibilidad debiera mantenerse, dando como resultado que fuera su oferta la llamada a resultar favorecida con la adjudicación. Con todo, en el recurso de apelación ningún cargo se elevó frente a esta consideración medular, en la que el a quo sentó su posición de que Gensa S.A. E.S.P. no incurrió en una conducta culposa al adjudicar el contrato al mencionado consorcio. […] Así pues, lo que se observa frente a este punto es una inexistencia de disenso en la apelación sobre el aspecto en que se edificó la sentencia de primera instancia, pues no obstante haber tenido la razón parcialmente en su argumento, ello no era eficaz para derribar la motivación principal sobre la que el a quo estructuró su decisión en relación con la ausencia de responsabilidad de Gensa S.A. E.S.P. al adjudicar el contrato al consorcio I.A. Por lo expuesto, el cargo de la apelación que se acaba de analizar no tiene vocación de prosperidad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 845
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / NULIDAD DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / MEJOR PROPUESTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ETAPA PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La parte demandante se encuentra legitimada para pretender la nulidad del contrato que se celebra como resultado de un acto administrativo de adjudicación proferido en el marco de un procedimiento de selección regido por la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con la legitimación en la causa por activa para pretender la nulidad de un contrato que se celebra como resultado de un acto administrativo de adjudicación proferido en el marco de un procedimiento de selección regido por la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en los términos del artículo 141 del CPACA que dispone “que un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato”, al oferente no favorecido con la adjudicación le asiste un interés elevar la pretensión anulatoria en contra del negocio jurídico, originado en el mejor derecho que alega por haber presentado la mejor propuesta. A propósito de esta cuestión, cabe acotar que tanto la jurisprudencia de lo contencioso administrativo como la constitucional han coincidido en considerar que el interés directo al que aluden las normas en el contexto del contrato celebrado por una entidad pública como resultado de un procedimiento de selección no guarda correspondencia con el ánimo público dirigido exclusivamente a mantener un estado inalterable de legalidad. Contrario sensu, para su configuración se exige además que se procure definir una situación que eventualmente podría afectar el ejercicio y goce de un derecho subjetivo, que incluso puede no ser siempre de contenido económico. Se ha reconocido por esta Sección que ese interés se deriva de la posible transgresión del derecho subjetivo del proponente cuya aspiración a celebrar el contrato se ve truncada en el marco del procedimiento de selección que da origen al acto de adjudicación acusado y cuya discusión sobre su legalidad en sede judicial podría dar lugar a su nulidad, abriendo paso consecuencialmente a la nulidad del contrato celebrado como producto de ese acto administrativo por configurarse la causal contemplada en el ordinal 4) del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con la cual el contrato celebrado por el Estado será nulo cuando “4) Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten”. Ahora, en casos como el que ocupa la atención de la Sala, el análisis de la gestión precontractual de la empresa prestadora de servicios públicos no se corresponde con el examen de la legalidad de sus decisiones con apego a las causales de nulidad del acto administrativo. El estudio sobre la actuación adelantada en la fase prenegocial deberá realizarse con apego a los postulados de la responsabilidad in contrahendo o responsabilidad por culpa, devenir al cabo del cual no obstante concluirse acerca de la configuración de los elementos que la integran, ello no llevará automáticamente a la nulidad del acuerdo que se celebre como resultado del respectivo concurso de ofertas. En atención a ese contexto, la nulidad del consecuencial negocio jurídico ya no podrá discutirse al amparo de la disposición contenida en el ordinal 4) del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, por no existir ya en este escenario una relación coligada entre la ilegalidad del acto previo -pues este no se produce- y el contrato al que le habría de dar sustento, siendo necesario acudir al catálogo de causales que para ese propósito contemplan las normas del derecho privado que gobernaron el procedimiento de selección que le dio origen a su celebración. Es por la razón advertida que la legitimación en la causa para pretender la nulidad del contrato en este tipo de eventualidades necesariamente corresponderá analizarse en cada caso concreto a la luz de sus particularidades y de las causales que para su configuración se aducen por el demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la restricción de la titularidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2004, rad. 13529, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 1 de abril de 2016, rad. 34050, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Corte Constitucional, sentencia C-221 1999 de 14 de abril de 1999, M. P. Fabio Morón Díaz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 4
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en costas a cargo de la parte vencida, en este caso la parte actora. Procede la Sala a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en cuenta en la liquidación de costas. Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo Código, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda -Acuerdo 1887 de 2003-, en materia de tarifas de agencias en derecho, se observa que: Se trata de un proceso con pretensiones equivalentes a […], asunto en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia. A su vez, el artículo 6 del Acuerdo consagró que en los procesos con cuantía las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en el 1% […].
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4
Texto extraído del PDF oficial 74.696 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 44001234000020140008301 (68781)
Actor: SOCIEDAD INCER S.A.
Demandado: SOCIEDAD GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P GENSA S.A.
E.S.P. Y OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES (LEY 1437 DE 2011)
Temas: MEDIO DE CONTROL PARA DEMANDAR LA RESPONSABILIDAD DE
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DERIVADA DE ACTOS
PRECONTRACTUALES – Medio de control de reparación directa – Aplicación de la
sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 / PRETENSIÓN DE NULIDAD
DEL CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO – el interés del demandante deberá
analizarse de cara a cada caso concreto
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de la
Guajira, el 3 de septiembre de 2021, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda y se condenó en costas a la parte actora.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno a la nulidad del acto por el cual Gensa S.A.
E.S.P. adjudicó la solicitud pública de oferta s SPO-0016-GENSA-12 al consorcio
I.A. & Tamayo y la nulidad del contrato de obra celebrado como resultado de esa
selección.
Se afirma que la adjudicación adolece de nulidad porque se favoreció a la oferta de
un consorcio cuyo representante carecía de capac idad para contratar y, además,
porque, si bien el procedimiento de selección, pese a ser terminado abruptamente
por Gensa S.A. E.S.P., fue reanudado por orden de tutela, lo cierto es que la orden
proferida en sede de la acción constitucional consistía en q ue se reconsiderara el
informe de evaluación incluyendo la propuesta de la demandante, sociedad Incer
Expediente: 440012340000201400083 01
Actor: Sociedad Incer S.A.
Demandado Gensa S.A. E.S.P.
Referencia: 68781
2
S.A. y no en que se adjudicara el contrato al consorcio I.A. & Tamayo , como
erradamente lo hizo la empresa de servicios públicos.
2. La demanda
El 5 de mayo de 201 4, la sociedad Ingenierías y Servicios I ncer S.A. promovió
demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales , contra
la sociedad Gestión Energética S.A. E.S.P. Gensa S.A. E.S.P., con el fin de que se1:
• Declarara la nulidad absoluta del contrato de obra suscrito entre Gensa S.A.
E.S.P. y el consorcio I.A & Tamayo, como resultado de la solicitud pública de
ofertas SPO-0016-GENSA-12.
• Declarara la nulidad del acto de adjudicación de la solicitud pública de ofertas
SPO-0016-GENSA-12.
• Como consecuencia, se condenara a Gensa S.A. E.S.P. a pagar a la
demandante las siguientes sumas:
i) $127’282.273 por concepto de utilidad dejada de percibir por la no
adjudicación del contrato.
ii) $445’487.957 por concepto de gastos de admin istración que habría
dejado de recibir para ejecutar el contrato no adjudicado.
iii) $63’641.137 a título de imprevistos que no se le reconocieron por no
haber resultado favorecida con la adjudicación.
iv) $305’963.200 concretados en el daño causado al buen nombr e de la
sociedad como resultado de la no adjudicación del negocio.
v) $350’963.200 a título de pérdida de oportunidad , por haber sido
privada injustamente de la celebración del acuerdo.
vi) $6’778.475 materializados en los gastos de elaboración de la oferta.
vii) $7’000.000 por concepto de gastos de acompañamiento jurídico
durante el procedimiento de selección.
3. Hechos
3.1. En julio de 2012, Gensa S.A. E.S.P. publicó en su página web la solicitud pública
de ofertas SPO-0016-GENSA -12, con el objeto de contratar todas las actividades
para la construcción de la línea 34,5 kV Manaure - Uribia y la construcción de la
subestación 5 MVA Uribia del departamento de La Guajira.
1 En el orden señalado fueron formuladas las pretensiones.
Expediente: 440012340000201400083 01
Actor: Sociedad Incer S.A.
Demandado Gensa S.A. E.S.P.
Referencia: 68781
3
3.2. A la convocatoria se presentaron cinco oferentes, entre ellos, la sociedad Incer
S.A. y el consorcio I.A. & Tamayo.
3.3. En el informe final de evaluación del 19 de octubre de 2012 se determinó que
el consorcio I.A. & Tamayo había ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad,
frente a lo cual la sociedad Incer S.A. presentó una observación dirigida a que se
habilitara su propuesta , la que había sido descartad a por no haber aportado e l
certificado de vigencia de la matrícula del ingeniero electricista.
3.4. Gensa S.A. E.S.P., al resolver la observación , el 10 de diciembre de 2012,
consideró que ese documento efectivamente había sido aportado a la entidad, por
lo que era procedente habilitar la propuesta de Incer S.A. y modificar el informe de
evaluación.
3.5. Se aduce en la demanda que, como resultado de la modificación del informe de
evaluación que debía realizar la entidad , la oferta de Incer S.A. estaba llamada a
ocupar el primer lugar en el orden de elegibilidad, pero que, en lugar de proceder
en esa dirección, en oficio del 19 de diciembre de 2012 Gensa S.A. E.S.P. informó
que se daba por terminada anticipadamente la convocatoria pública.
3.6. Lo anterior motivó que uno de los proponentes , el consorcio I.A. & Tamayo ,
instaurara acción de tutela contra Gensa S.A. E.S.P., demanda que fue decidida el
6 de febrero de 2 013, por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Montería, en el sentido de amparar el derecho al debido proceso , la buena fe y la
confianza legítima del accionante y, como consecuencia, ordenó dejar sin efectos
las decisiones que terminar on anticipadamente la convocatoria, a lo cual dio
cumplimiento la demandada.
3.7. El accionante en tutela promovió incidente de desacato de la orden impartida,
lo que condujo a que el juzgado de conocimiento, mediante auto del 6 de marzo del
2013, ajustara la decisión en el sentido de que , además de dejar sin efectos la
terminación anticipada de la convocatoria, Gensa S.A. E.S.P. debía reanudar la
convocatoria en el estado en que se hallaba al momento en que dispuso su
terminación, lo que , en criterio de l ahora demandante, implicaba que debía
retrotraerse la actuación al instante en que se consideró la realización del nuevo
informe de evaluación considerando la propuesta de Incer S.A. por hallarse
debidamente habilitada.
3.8. Con todo, en cumplimiento del auto proferido en el incidente de de sacato, el 3
Expediente: 440012340000201400083 01
Actor: Sociedad Incer S.A.
Demandado Gensa S.A. E.S.P.
Referencia: 68781
4
de abril de 2013 Gensa S.A. E.S.P. publicó en su portal oficial la decisión de
adjudicar el contrato producto de la solicitud de oferta SPO -0016-GENSA-12 al
consorcio I.A. & Tamayo.
3.9. Como consecuencia, el 9 de abril de 2013, Gensa S.A. y el consorcio I.A. &
Tamayo celebraron el contrato de obra 027-2013.
3.10. En criterio del demandante, el consorcio I.A. & Tamayo no podía resultar
favorecido con la adjudicación del contrato , debido a que el representante de la
sociedad Ingenieros Asociados S.A. no tenía capacidad para presentar la
propuesta, pues carecía de facultades para conformar un consorcio, aspectos que,
no obstante haber sido puestos en conocimiento de Gensa S.A. E.S.P.
oportunamente, fueron desestimados.
4. Normas violadas y concepto de la violación
Señaló el demandante que “el proceder ilegal de GENSA S.A. E.S.P. al favorecer a
un proponente que no tenía capacidad para presentar oferta, además de no ser la
mejor propuesta de la convocatoria pública es constitutiv o de declaratoria de
absoluta del contrato”.
Como sustento de lo anterior, se refirió a las normas del Código Civil que regulan
las nulidades absoluta y relativa del contrato y la obligación de declarar
oficiosamente la primera.
En lo sucesivo, se refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con
el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir y la p érdida de oportunidad en
escenarios en los que se desvirtúa la legalidad del acto de adjudicación de contratos
en los que resultan escogidas ofertas que no son las más favorables para la
administración pública.
5. Contestación de la demanda
5.1. Sociedad Gestión Energética S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P
La entidad accionada contestó la demanda dentro del término legal. En esa
oportunidad se opuso a las pretensiones formuladas.
Expediente: 440012340000201400083 01
Actor: Sociedad Incer S.A.
Demandado Gensa S.A. E.S.P.
Referencia: 68781
5
Argumentó que el contrato de obra celebrado con el consorcio I.A. & Tamayo no
adoleció de nulidad , porque no se demostró que el representante del con sorcio
careciera de capacidad legal para presentar propuesta o para suscribirla.
5.2. Consorcio I.A. & Tamayo
El consorcio adjudicatario fue vinculado al proceso mediante orden dispuesta en el
auto admisorio de la demanda.
Contestó la demanda en la respectiva oportunidad legal. Adujo que el procedimiento
de selección se adelantó con apego a la legislación aplicable y con respeto al
principio de selección objetiva.
Sostuvo que, aun cuando las propuestas presentadas por la sociedad Incer S.A. y
el co nsorcio I.A. & Tamayo se encontraban en el primer lugar del orden de
elegibilidad con 600 puntos, no era cierto que la oferta de aquella fuera la mejor ,
toda vez que existió un empate que se definió en favor de la adjudicataria. En ese
sentido explicó que, de conformidad con lo previsto en la cláusula 3.4. del capítulo
3 del pliego de condiciones, en caso de empate, la propuesta ganadora sería la que
tuviera el menor valo
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.