Titulación de la relatoría 27.550 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBJETO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO
Problema jurídico:
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aseocolba formuló pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho -solicitud de nulidad de las Resoluciones (…) y de controversias contractuales -solicitud de nulidad del contrato (…), las cuales fueron acumuladas por el a quo. En lo que respecta al acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa, como lo es la Resolución (...), la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que tal decisión no es susceptible de la acción contencioso administrativa, pues no hace parte de la sede administrativa o vía gubernativa, ni genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto administrativo que se busca revocar, de modo que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es improcedente frente a esa decisión. Por ello, el a quo debió rechazar el conocimiento de la pretensión de nulidad de la resolución que denegó la revocatoria directa al momento de la admisión de la demanda, pues no era objeto de control judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 169 del CPACA, lo que no sucedió; sin embargo, ante esta omisión, la Sala considera que, sobre este puntual aspecto, corresponde declarar la ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse para fallar sobre dicha pretensión, dado que la resolución (...) no constituyó un acto administrativo definitivo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inepta demanda cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2019, rad. 54269, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 23 de octubre de 2014, rad. 25000-23-41-000-2014-00674-01, C. P. Guillermo Vargas Ayala.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 169 NUMERAL 3
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / PRETENSIÓN PRINCIPAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ACTO PRECONTRACTUAL / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de la figura de la acumulación de pretensiones, prevista en el artículo 165 del CPACA, en las demandas presentadas ante esta jurisdicción es procedente acumular diferentes clases de pretensiones, siempre que sean conexas entre sí y que: i) el juez sea competente para conocer de todas; ii) las pretensiones no se excluyen entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias; iii) no haya operado la caducidad; y iv) todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. Asimismo, según el artículo 141 del CPACA, los actos previos a la celebración del contrato estatal pueden ser demandados en los términos de los artículos 137 y 138 del CPACA -es decir, a través de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho- y el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo pueden pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. En este caso resultan procedentes las pretensiones propias de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales, pues un proponente no adjudicatario del procedimiento licitatorio 01 de 2015, en calidad de tercero con interés directo, impugnó un acto de adjudicación y un contrato estatal de cuya celebración y ejecución se le privó y también solicitó, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la utilidad que hubiera percibido si se le hubiera adjudicado el mencionado negocio jurídico. La acumulación de las pretensiones anteriormente expuestas también es procedente, como lo concluyó el a quo, debido a que: i) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer de ambas, según lo dispuesto en los numerales 3 y 5 del artículo 152 del CPACA, (…) ii) las pretensiones no se excluyen entre sí, pues se encaminan a la nulidad del acto de adjudicación y del contrato del procedimiento licitatorio; iii) no ha operado la caducidad respecto de alguna de aquellas, como se explicará más adelante, y iv) las pretensiones acumuladas se debían tramitar bajo el mismo procedimiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, 138, 141, 152, 165
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / CONCILIACIÓN FALLIDA / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo previsto en los literales c) y j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, los actos precontractuales pueden demandarse dentro de los 4 meses siguientes a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, mientras que frente a los contratos estatales se puede alegar la nulidad absoluta dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento. Teniendo en cuenta que en el presente caso se acumularon las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales, es del caso analizar la oportunidad en la presentación de la demanda de manera separada frente a cada una de ellas, pues el hecho de que la Sala las conozca en un solo proceso no quiere decir que ello posibilite pretermitir los términos previstos por el legislador para ejercer cada uno de los medios de control del CPACA. En atención a la fecha en que a la parte actora se le notificó la Resolución (…), Aseocolba podía ejercer el derecho de acción frente a tal norma (…). [T]al sociedad presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual fue declarada fallida ante la falta de ánimo conciliatorio, (…) dado que la demanda se presentó (…), se concluye que se radicó en término. En el sub examine se impugnó el contrato (…) suscrito (…), por lo que Aseocolba podía ejercer el derecho de acción (…). [I]nició la suspensión de términos, fecha para la cual faltaban 20 meses y 4 días para que operara el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que, (…) cuando se reanudaron, la oportunidad para ejercer el derecho de acción se extendió (…). En suma, la demanda se presentó en término en relación con el acto de adjudicación y el contrato impugnados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad del medio de control contractual y del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de marzo de 2020, rad. 62538, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL C, J
INHABILIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / MORALIDAD ADMINISTRATIVA / IGUALDAD DE ACCESO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / DIFERENCIA ENTRE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / INCOMPATIBILIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / INCOMPATIBILIDADES EN EL CONTRATO ESTATAL / INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA / INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de las inhabilidades en materia contractual, a los individuos se les limita su capacidad legal para ser proponentes o contratistas del Estado, en aquellos eventos en que sus conductas ponen en riesgo o perjudican valores superiores como la moralidad administrativa y la igualdad, con el fin de preservarlos y de garantizar la transparencia, objetividad e imparcialidad, propios de los procesos contractuales del Estado. Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la inhabilidad de la incompatibilidad en que, mientras que la primera se concreta en la prohibición para que una persona suscriba un contrato con el Estado, la segunda implica “lo que no se puede poseer o ejercer a un tiempo por una misma persona”. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la interpretación de las inhabilidades en materia de contratación estatal es restrictiva, debido a la limitación de derechos que conllevan, de cara al contenido prohibitivo que de allí emana para celebrar contratos con el Estado, por lo que al aplicarlas se debe acudir estrictamente al marco de lo dispuesto por el legislador, sin que proceda extenderlas a otros eventos similares. Dentro de las inhabilidades prescritas por el legislador, se destacan, a efectos de la controversia de conocimiento, las contenidas en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, antes de la modificación de la Ley 1955 de 2019, en las que se estableció que la concurrencia de varias multas y/o incumplimientos llevarían a que el contratista quedara inhabilitado para contratar con el Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de marzo de 2015, rad. 28752, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del septiembre 20 de 2001, rad. 10989, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 22 de mayo de 2013, rad. 24057, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 90, LEY 1955 DE 2019
MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las multas y las declaratorias de incumplimiento son factores que inciden en que el contratista sea hábil para contratar con el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l legislador diferenció entre las multas y las declaratorias de incumplimiento como factores que inciden en que el contratista sea o no hábil para contratar con el Estado. Ambas figuras fueron previstas en la Ley 1150 de 2007 como herramientas con las que cuenta el Estado, en calidad de contratante, para hacer cumplir los principios de la función pública y de la contratación estatal, a través del ejercicio de su potestad sancionadora. Frente a las multas, se indicó que tendrían como propósito conminar al contratista para que cumpla sus obligaciones, mientras que el incumplimiento se podría declarar con el fin de hacer efectiva la cláusula penal. En concordancia con lo anterior, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 prescribió que las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación Pública podrían declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del caso, así como imponer multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, para lo cual fijó un procedimiento con ese fin. Para esta Corporación, la declaratoria de incumplimiento tiene la vocación de establecer con carácter definitivo una insatisfacción de las obligaciones contraídas en virtud del negocio jurídico estatal, con el fin de que se haga efectiva la cláusula penal, en concordancia con los artículos 1592 y 1595 del Código Civil. Por otro lado, la multa es una sanción pecuniaria que busca impulsar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En ese sentido, la multa no se impone con el objeto de terminar el negocio jurídico, o de resarcir perjuicios, sino para conminar al contratista a que cumpla sus obligaciones, en el marco de lo cual se debe garantizar el debido proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las multas y declaratorias de incumplimiento del contratista, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2020, rad. 61500, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 19 de marzo de 2021, rad. 42135, C. P. María Adriana Marín; sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 66495, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 50130, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592, 1595
INHABILIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO ESTATAL / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / PROCESO DE LICITACIÓN / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / VIGENCIA FISCAL / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE
Problema jurídico:
¿La empresa demandante estaba inhabilitada para participar en el procedimiento de licitación pública?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala considera que, de conformidad con lo expuesto anteriormente, Aseocolba no estaba inhabilitada para participar en el procedimiento licitatorio (...), debido a que no se le declararon incumplimientos en dos contratos durante la misma vigencia fiscal, como lo exigía el literal b) del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 (…). Aseocolba no incurrió en la inhabilidad del literal b) del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, debido a que, para la fecha en que se llevó a cabo el procedimiento licitatorio (…), se le había impuesto una multa y declarado un incumplimiento y no dos incumplimientos como expresamente lo exigía el referido precepto legal. Como consecuencia de lo expuesto, no resultaba admisible que la Rama Judicial excluyera del procedimiento licitatorio a Aseocolba por una inhabilidad que no se configuró, puesto que no era jurídicamente viable extender el supuesto del literal b) del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 a un evento no contemplado por el legislador, teniendo en cuenta el carácter restrictivo de las inhabilidades.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 90 LITERAL B
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PROPUESTA MÁS CONVENIENTE / OFERTA MÁS FAVORABLE / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿El proceso de selección de contratista debe atender a factores objetivos que garanticen la transparencia y la igualdad en la contratación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El legislador dispuso en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 que las actuaciones relacionadas con la contratación estatal se rigen por los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como por los postulados de la función administrativa, de los cuales se deriva la necesidad de elegir al mejor oferente a partir de criterios objetivos y con base en un proceso de selección reglado. El artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 estableció que se entendería como objetiva la selección en la que se hiciera la escogencia de la propuesta más ventajosa para el Estado, teniendo en cuenta factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa de ellos, “contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes”, sin que la favorabilidad la constituyan elementos distintos a los contenidos en tales documentos. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que la selección objetiva implica elegir al mejor oferente sin consideración de factores subjetivos, a través de los mecanismos de selección de cada caso, de manera que solo a partir de la certeza respecto del cabal cumplimiento de las exigencias expuestas en el pliego de condiciones por parte de los proponentes se puede elegir la oferta más favorable, lo que guarda una estrecha relación con el principio de transparencia, según el cual el proceso contractual público debe someterse a criterios claros, objetivos e imparciales, en aras de hacer efectivos los fines estatales perseguidos con la contratación pública y principios como los de igualdad, libre concurrencia, economía y responsabilidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la selección objetiva del contratista, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 2012, rad. 21489, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 14 de mayo de 2014, rad. 50222, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 15 de diciembre de 2017, rad. 50045, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23
PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / PROPUESTA MÁS CONVENIENTE / OFERTA MÁS FAVORABLE / PRIVACIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN / SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la indemnización de perjuicios en eventos en que se demanda el acto de adjudicación con el argumento de que la oferta ganadora no era la más favorable?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto se encuentra que Aseocolba demostró que el hecho de que se la hubiera excluido del procedimiento licitatorio (…) injustificadamente la privó de suscribir y ejecutar el contrato producto de tal licitación, pues acreditó estar en el primer orden de elegibilidad en caso de que no se la hubiera expulsado de la licitación y, por ende, contaba con la mejor oferta, según se pasa a explicar. En el evento en que se demanda el acto de adjudicación con el argumento de que la oferta ganadora no era la más favorable, para que se reconozca una indemnización en favor del demandante, se debe: i) desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo y ii) demostrar que la oferta presentada en la licitación era la mejor, en virtud de la carga que le asiste al actor de probar los hechos en que fundamenta su demanda, en concordancia con el artículo 167 del CGP. (…) [E]s claro que Aseocolba no estaba inhabilitada para participar en el procedimiento licitatorio (…) y, además, contaba con la mejor oferta, por lo que debía adjudicársele el contrato producto de esa licitación; sin embargo, la Rama Judicial suscribió el negocio con la sociedad Serviaseo, en contravía del principio de selección objetiva y del procedimiento licitatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la oferta más conveniente y su acreditación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de agosto de 2014, rad. 26332, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de diciembre de 2018, rad. 39066, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 27 de agosto de 2020, rad. 44212, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA
Problema jurídico:
¿Procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato y del acto de adjudicación por violación del principio de selección objetiva del contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
Había lugar a anular la Resolución (…), pues tal actuación infringió los principios de la contratación pública y, dentro de ello la selección objetiva, contenidos en los artículos 23 de la Ley 80 de 1993 y 5 de la Ley 1150 de 2007, debido a que se adjudicó el contrato a un proponente distinto al que presentó la mejor oferta. A efectos de analizar la solicitud de nulidad del contrato (…), conviene destacar lo previsto en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, norma en la que se indicó que el contrato sería absolutamente nulo en los casos previstos en el derecho común y, además, si se declaran nulos los actos administrativos en que se fundamente. En ese sentido, el contrato en comento adolece de una nulidad absoluta, debido a que se declarará nulo el acto administrativo que le sirvió de sustento, en concreto, la resolución de adjudicación. Ello porque la causal de nulidad descrita se configura en ese escenario. Se precisa que el contratista Serviaseo fue vinculado y notificado en debida forma por el a quo como litisconsorte necesario por pasiva y compareció al proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / UTILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL / CREDIBILIDAD DEL PERITO / CUALIDADES DEL PERITO / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / FALTA DE PERTINENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL
Problema jurídico:
¿El dictamen pericial fue tenido en cuenta para acreditar la utilidad esperada por el proponente vencido?
Respuesta al problema jurídico: Si
Frente al cargo según el cual el dictamen no cumplió los requisitos previstos en los artículos 218 y 219 del CPACA -entre ellos, la acreditación de la experiencia del perito ni la manifestación de aceptar el régimen jurídico de responsabilidad de los auxiliares de la justicia- se estima que la mencionada experticia sí observó las exigencias en mención, dado que fue aportada oportunamente por la parte demandante y se llevó a cabo su práctica y contradicción durante la audiencia de pruebas. Junto con tal prueba se aportaron los anexos que demuestran la idoneidad de los peritos. Aunque aquellos no manifestaron expresamente aceptar el régimen jurídico de responsabilidad como auxiliares de la justicia, el artículo 219 ibidem dispuso que la manifestación bajo juramento en ese sentido se entiende prestada “con la firma del mismo” y el dictamen fue debidamente firmado. El mencionado dictamen pericial no puede ser tenido en cuenta a efectos de determinar la utilidad esperada, ya que, tal y como lo indicó el apelante, no se estimaron adecuadamente los costos e imprevistos que hubiera tenido que asumir Aseocolba de habérsele adjudicado el negocio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos del dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2016, rad. 49025, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 22 de octubre de 2012, rad. 22088, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 218, 219
INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INDEBIDA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / GASTO DE ADMINISTRACIÓN / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede la indemnización de perjuicios a favor del oferente vencido, por pérdida de oportunidad de recibir la utilidad esperada por la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que no existen pruebas para establecer con certeza el porcentaje que habría de corresponder a la utilidad esperada, la Sala acudirá a los criterios jurisprudenciales establecidos para fijar tal emolumento. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que cuando la Administración adjudica el contrato a un proponente que no formuló la oferta más favorable, esas circunstancias generan un perjuicio al oferente que debió resultar favorecido con la selección, daño que, por regla general, se concreta en la pérdida de oportunidad de recibir la utilidad que esperaba obtener por la ejecución del contrato. En relación con la cuantificación del perjuicio anteriormente explicado, el Consejo de Estado ha indicado que el mismo se debe tasar en la utilidad neta. El término de utilidad neta se refiere a la ganancia final prevista para el contrato, sin incluir sumas por costos directos e indirectos, ni los gastos de administración e imprevistos en los que no tuvo que incurrir el proponente para ejecutar el contrato. Con apoyo en pronunciamientos jurisprudenciales en los que esta Subsección ha afrontado la misma situación, se acudirá a las reglas de la experiencia y la sana crítica para efectos de calcular la indemnización que se debe, según las cuales quienes pretenden celebrar contratos con el Estado calculan un 10% por concepto de gastos de administración, un 5% por imprevistos y un 5% por utilidad. (…) En ese orden de ideas, la Sala considera que sobre la propuesta se debe calcular el 4,3% por concepto de la utilidad esperada, cifra que corresponde a la proporción entre el presupuesto oficial, la suma ofertada y la utilidad estimada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la indemnización de perjuicios por la utilidad esperada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de noviembre de 2014, rad. 29855, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 12 de mayo de 2016, rad. 49025, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 20 de noviembre de 2020, rad. 51412, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 59925, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.