Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala determina que el contrato No. 229 de 2015 no puede ser celebrado mediante contratación directa, ya que no se ajusta a la definición legal de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, lo que implica la procedencia de declarar su nulidad absoluta por violar el principio de selección objetiva. Además, reconoce el derecho de la demandante al pago de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, considerando que el precio del contrato era global y que se han acreditado los actos de apertura y clausura de los juegos deportivos, aunque no se completó el pago total. Esta sentencia reitera y matiza la interpretación restrictiva de los contratos de apoyo a la gestión y refuerza la necesidad de cumplir con los principios de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato No. 229 de 2015 no podía ser celebrado mediante la modalidad de selección de contratación directa por no ser un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión?¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 229 del 05 de noviembre de 2015…¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato No. 229 de 2015?
- ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, en tanto (i) el presente asunto no corresponde a una controversia contractual sino a una actio in rem verso, (ii) el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria; (iii) desconoció que la violación de las normas y principios de la contracción estatal tienen como consecuencia la nulidad absoluta del contrato No. 500 de 2016, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993; y (iv) desconoció los principios de la contratación estatal (transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva, buena fe, libre concurrencia, igualdad, planeación), en tanto los bienes cuyo pago se reclama se suministraron con anterioridad a la celebración del contrato No. 500 de 2016? Sí
El contratista no puede obtener el pago de bienes suministrados antes de la celebración del contrato, ya que el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria y desconoció la violación de los principios de la contratación estatal, lo que implica la nulidad absoluta del contrato según los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal celebró el contrato No. 500 de 2016 con un objeto ilícito, desviando el poder y contraviniendo el principio de transparencia y la selección objetiva, por lo que la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio la nulidad del contrato, negando las pretensiones del contratista. Esto implica que los bienes cuyo pago se reclama no están sujetos a la obligación de pago por parte de la entidad estatal, y que el juez de segunda instancia debe limitarse a resolver sobre el incumplimiento del contrato y no sobre la controversia que no se ajusta a la naturaleza del medio de control.síntesis automática
¿La nulidad absoluta del contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de su perfeccionamiento? Sí
La demanda fue presentada en ejercicio de la acción de controversias contractuales y en ella se pidió la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión de una infraestructura educativa para la organización, operación y prestación en ella del servicio público de educación formal, celebrado entre el municipio de Malambo y el Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., como consecuencia de la ilegalidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. LP-002-2010. De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. -vigente para la época de presentación de la demanda-, la nulidad absoluta del contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de su perfeccionamiento.
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho¿Procedía el rechazo de la oferta presentada dentro de la Licitación Pública No. LP-002-2010 por la Corporación Pino Verde por haber superado el presupuesto del contrato?¿Se acreditó temeridad de las partes que conlleve a la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2025-04-07Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 50001233100020054053801ACCION CONTRACTUAL
¿Se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
Por cumplir los requisitos previstos en el artículo 212 CCA, SE ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia… , proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad absoluta del Convenio… celebrado por las partes y declaró que no hay lugar a restituciones mutuas. De forma previa a la sentencia de primera instancia, la apoderada de la parte demandada presentó renuncia. Por lo tanto, SE ACEPTA la renuncia al poder presentada por la abogada… como apoderada del Municipio de Acacías, de conformidad con el artículo 69 CPC. En consecuencia, SE REQUIERE a la parte para que designe nuevo apoderado para el proceso.
¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa? Sí
El contratista no puede fundamentar la nulidad de un contrato de concesión minera en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, ya que estos principios no constituyen disposiciones legales que prohíban la celebración de contratos en determinados casos, sino que buscan orientar las políticas ambientales basadas en investigaciones científicas. La nulidad del contrato estatal se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, y no es viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez del negocio jurídico. Esto implica que los jueces no pueden ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear nuevas causales que no hayan sido previstas por el legislador.síntesis automática
También resuelve:¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito?¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio…¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales, siempre que el término de caducidad se suspenda durante la conciliación prejudicial o en el trámite de ésta, lo que permite que el plazo se prolongue hasta que se agote la suspensión. En este caso, la entidad estatal no impugnó la oportunidad de la presentación de las demandas, y el tribunal de instancia reconoció que el término de caducidad se suspendió entre el 9 de enero de 2015 y el 27 de febrero del mismo año por la conciliación prejudicial, y entre el 19 de diciembre de 2014 y el 27 de febrero de 2015, lo que permitió que las demandas se presentaran dentro del plazo legal. Esta decisión modifica la interpretación anterior sobre la contabilización del término de caducidad, permitiendo una mayor flexibilidad en la aplicación del plazo para presentar el medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿Debe modificarse la liquidación judicial del contrato de consultoría declarado nulo, para reconocer al contratista valores adicionales por prestaciones ejecutadas descritas en el informe no. 8?¿Puede la entidad estatal, en la liquidación del contrato declarado nulo, excluir de la amortización del anticipo valores ya imputados y aprobados por el supervisor durante la ejecución contractual…¿Resulta improcedente la condena en costas porque el recurso de apelación prosperó parcialmente?
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad?¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato?¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
¿Hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado que de su texto propuso la firma demandante? No
El liquidador de una entidad estatal en liquidación ejerce una función pública cuyos efectos se extienden en el tiempo incluso después de que concluya la liquidación, y es responsable indirectamente por los perjuicios ocasionados por su actuación dolosa o gravemente culposa. La entidad en liquidación mantiene su capacidad jurídica para concluir operaciones pendientes y enajenar bienes de la masa en liquidación, siendo representada por el liquidador. La Sala confirma que no es posible invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado de su texto, reafirmando la importancia de la liquidez del negocio jurídico y la necesidad de una interpretación integral del contrato. Esta decisión reitera la responsabilidad del liquidador y la continuidad de la función pública que ejerce, con implicaciones significativas para el control jurisdiccional de los actos administrativos durante y después del proceso de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidadora está llamada a responder por los perjuicios que indirectamente hubiera generado la nulidad en cuanto hubiera sido ocasionada por el actuar doloso o gravemente culposo en el desempeño…¿El liquidador ejerce una función pública atribuida a él directamente, cuyos efectos se extienden en el tiempo pese a que la liquidación concluya?¿La entidad demandada insiste en la excepción de falta de legitimación en la causa que le asiste?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020210056101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La no presentación de recursos ordinarios frente a un auto en el proceso judicial, deriva en la aceptación de lo estipulado en dicha providencia? Sí
El auto que declara la falta de competencia del juez y se notifica sin que se interponga recurso queda aceptado por la parte, de modo que no puede reabrirse el asunto después en el mismo proceso. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el despacho declaró su falta de competencia para conocer en única instancia porque, aunque la demanda se promovió como nulidad y restablecimiento, la naturaleza contractual de los actos definía la competencia del tribunal conforme a la Ley 685 de 2001. Segunda, la providencia fue notificada y no fue recurrida, por lo que el proceso se remitió al tribunal competente y la falta de oposición implica aceptación de lo decidido. Tercera, la excepción prevista para bienes estatales imprescriptibles e inenajenables del literal b del numeral 1 del artículo 164 del CPACA se aplica solo cuando se controvierte la propiedad del bien, y no cuando se discuten actos sobre la cesión de derechos. La providencia confirma la decisión. La consecuencia práctica es que la falta de recurso oportuno contra el auto de remisión por competencia cierra la discusión sobre ese punto dentro del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente dar aplicación a la premisa establecida en el artículo 164 del CPACA numeral 1 literal b), para litigios que giran en torno a la licitud de actos administrativos que resolvieron sobre…
¿Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el curso del proceso adelantado bajo el ejercicio de la acción popular? Sí
La cosa juzgada puede declararse de oficio cuando un proceso reúne las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa de otro ya decidido, y en tal caso el juez debe estarse a lo resuelto en ese proceso anterior. La regla se apoya en que la cosa juzgada impide pronunciarse sobre asuntos ya conocidos, debatidos y juzgados, y protege la inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Para que opere, deben confluir los límites subjetivo, objetivo y causal de la figura, que en el momento de los hechos estaban regulados en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. En el asunto, las pretensiones del proceso analizado coincidían en objeto con las de la acción popular ya decidida, por lo que la Sala declaró configurada la cosa juzgada y revocó la sentencia apelada. En la práctica, el juez no puede volver a decidir las pretensiones que ya fueron resueltas en un proceso con idénticos sujetos, objeto y causa.síntesis automática
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a un contrato que no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en que debió liquidarse? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza desde el día siguiente a la fecha en que debió liquidarse el contrato, incluso si este no fue liquidado, lo que implica que la entidad estatal puede demandar oportunamente si la acción se presenta dentro del plazo establecido. La Sala determina que la demanda fue presentada dentro del término de caducidad, iniciando desde el 1° de julio de 2016, fecha en que debió liquidarse el contrato de arrendamiento, y concluye que la condena en costas y agencias en derecho procede conforme a la norma procesal aplicable, condenando a la demandante a pagar tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la providencia, de acuerdo con los criterios y tarifas establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró un daño antijurídico derivado de la ocupación del bien inmueble durante la ejecución del contrato de arrendamiento?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de acuerdo con la norma procesal aplicable?
¿En casos donde existen acuerdos de voluntades innominados y especiales que no están relacionados con una necesidad surgida del ente estatal contratante, es necesaria la suscripción de estudios previos y de la planeación precontractual? Sí
El contratista debe suscribir estudios previos y planeación precontractual en acuerdos de voluntades innominados y especiales, independientemente de que no surjan de una necesidad del ente estatal contratante, en virtud de los principios de la función administrativa y gestión fiscal consagrados en la Constitución Política. La entidad estatal no puede declarar nula la contratación por el desconocimiento del principio de planeación, ya que este no vicia de nulidad el negocio jurídico. Además, el juez de segunda instancia no puede revocar la declaratoria de nulidad del contrato si el recurso de apelación únicamente aborda una de las razones por las que el juez de primera instancia declaró la nulidad. Finalmente, la entidad estatal puede ser condenada en costas en segunda instancia si el recurso de apelación es negado y el apoderado de la parte demandada presenta alegatos de conclusión, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿El desconocimiento del principio de planeación vicia de nulidad el negocio jurídico?¿Resulta dable al juez de segunda instancia revocar la declaratoria de nulidad del contrato, teniendo en cuenta que para ello el juez de primera instancia tuvo en cuenta varias razones…¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP…
¿Es procedente que, una vez declarado judicialmente nulo un contrato estatal y ordenada su terminación, el contratista continúe administrando recursos públicos provenientes de dicho contrato mientras se liquida?
Los contratos de las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993 se rigen, en general, por el derecho privado y, de manera excepcional, por el derecho público, pues las normas civiles y comerciales son el derecho común de los contratos estatales. El artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece que la declaratoria de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impide reconocer y pagar las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. Esa regla especial aplica cuando el contrato es nulo por objeto o causa ilícita y se prueba que la entidad se benefició, y solo hasta el monto del beneficio obtenido, siempre que las prestaciones cumplidas hubieran servido para satisfacer un interés público. Esta disposición debe interpretarse de forma armónica con el artículo 1746 del Código Civil, que regula los efectos restitutorios de la nulidad. En consecuencia, la nulidad declarada no permite, por sí sola, que el contratista siga administrando los recursos del contrato sin un fundamento que la norma reconozca.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen mixto, derecho público, derecho privadoNulidad del contrato estatal: nulidad absoluta, nulidad relativa, efectos de la nulidadNulidad del contrato: efectos, restituciones autónomas, condiciones
¿Se desconoció el deber de selección objetiva por cuanto la empresa seleccionada no cumplía los requisitos de experiencia contenidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista no cumple con los requisitos de experiencia exigidos en el pliego de condiciones, lo que desconoce el deber de selección objetiva y viola el principio de selección objetiva, configurando una nulidad absoluta del contrato estatal conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La Sala modifica la jurisprudencia anterior al establecer que la declaración de nulidad del contrato por abuso o desviación de poder no requiere previamente despojar de la presunción de legalidad al acto administrativo de adjudicación, lo que amplía la facultad de los jueces para declarar la nulidad de contratos estatales en casos de desconocimiento de la selección objetiva.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos en que los municipios o distritos entregan en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros están sujetos a la Ley 80 de 1993?¿Los contratos estatales son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993?¿Para que proceda la declaración de nulidad del contrato por la configuración del vicio de abuso o desviación de poder se requiere previamente despojar de la presunción de legalidad al acto…
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales debido a que, conforme con la fecha de celebración del contrato de reestructuración de una obligación, la norma aplicable era el Código Contencioso Administrativo, artículo 136 numeral 10, puesto que el término de caducidad aplicable era de cinco años a partir del perfeccionamiento del contrato por ser un contrato con vigencia superior a dos años? Sí
La Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, porque comparte las razones expuestas por la citada entidad al sustentar su recurso de apelación. De acuerdo con lo solicitado en las pretensiones de la demanda, la sociedad demandante persigue que se declare la nulidad del contrato de reestructuración, en cuanto en el mismo contrato se aceptó el pago de intereses en violación de las normas legales. Pide que se declare que, en desarrollo de ese pacto (ilegal, de acuerdo con la demanda), se hicieron cobros de intereses, daciones en pago y ampliación de gravámenes hipotecarios indebidos.
También resuelve:¿Debe condenarse en costas a la parte vencida, en este caso la parte demandante?
¿El demandante debió ser el adjudicatario de la licitación pública ya que el acto de adjudicación fue expedido con infracción de las normas en que debia fundarse, y mediante falsa motivación, ya que los fundamentos jurídicos presentados por la administración para sustentar el rechazo de la segunda observación del Consorcio demandante desconocieron el pliego de condiciones y el EGCP? Sí
La entidad estatal que adjudique una licitación pública debe sustentar el acto de adjudicación en las reglas del pliego de condiciones, y el defecto formal de una oferta que puede verificarse no justifica su rechazo cuando el pliego no lo prevé como causal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, si el pliego exige discriminar el AIU en pesos pero la oferta lo presenta en porcentajes y señala su valor total, una operación aritmética permite conocer cada componente y comparar las propuestas, de modo que el defecto no configura una causal de rechazo. Segundo, las causales de rechazo deben interpretarse según lo efectivamente previsto en el pliego, sin extenderlas a supuestos que este no contempla, pues hacerlo conduce a la falsa motivación del acto de adjudicación. Tercero, para obtener la nulidad del acto de adjudicación basta probar la causal alegada, mientras que para el restablecimiento del derecho el demandante debe acreditar que su propuesta ocupaba el primer orden de elegibilidad. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y concluye que el demandante debió ser adjudicatario; en la práctica, la entidad no puede desconocer la oferta mejor calificada por defectos formales verificables.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reconocerse la utilidad esperada al demandante pues era el único proponente habilitado en el proceso y por ello debió ser el adjudicatario del contrato de obra pública y se vio privado de su…¿Debe condenarse en costas en primera y segunda instancia a la parte vencida en este caso el departamento y el consorcio que no debía ser adjudicatario?
Sentencia — Sentencia2024-11-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240001500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve:¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento?¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley?¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
¿Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación? Sí
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial porque son áreas de manejo especial reservadas para conservar valores sobresalientes de fauna, flora y paisajes, de modo que en ellas solo pueden realizarse actividades de conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura. La regla se apoya en tres razones. Primera, el Decreto ley 2811 de 1974 considera el ambiente patrimonio común y crea las áreas de manejo especial, dentro de las cuales se encuentra el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Segunda, el artículo 63 de la Constitución atribuye a los parques naturales las prerrogativas de los bienes de uso público, es decir, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Tercera, el artículo 34 del Código de Minas impide ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas delimitadas como de protección, entre ellas los parques nacionales naturales. En el caso se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El acto administrativo mediante el cual se declara, reserva, delimita y alindera un Parque Nacional Natural goza de ejecutividad y ejecutoriedad desde su publicación en el Diario Oficial?¿El contrato de concesión minera otorga a favor del concesionario un derecho real de dominio sobre el área otorgada o sobre los minerales que se encuentran en ella?¿Ante la nulidad absoluta del contrato de concesión minera, se hace viable la restitución que normalmente conlleva esta declaratoria de anulación?