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PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS

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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020140030202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento administrativo seguido contra el contratista, se hizo con afectación al debido proceso? No
El contratista no puede alegar que el procedimiento administrativo seguido por la entidad estatal para sancionar su incumplimiento del contrato estatal afectó su derecho al debido proceso, ya que el IDU mantuvo coherente el periodo de tiempo en el que se consideró el incumplimiento desde el inicio del procedimiento hasta su superación, sin alterar la fecha inicial del incumplimiento ni imponer una sanción más gravosa. Además, no se violó el principio de non reformatio in pejus, pues el IDU determinó el monto final de la sanción basándose en la fecha en que se superó el incumplimiento, lo cual no perjudicó al contratista. La Sala confirmó la resolución que desestimó las pretensiones de la demanda, condenando al contratista a asumir las costas procesales de la segunda instancia incluidas las agencias en derechos, de acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP.síntesis automática
También resuelve: ¿Existió una violación al principio de la non reformatio in pejus por parte del IDU en la determinación del monto final de la sanción al contratista? ¿Procede la condena en costas y agencias en derecho?
CONFIRMA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-11 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C) FERNANDO IREGUI CAMELO Rad. 11001333603820230034801 ACCION DE REPETICION
¿Los medios de prueba obrantes en el expediente acreditan que la señora Cristina Paola Miranda Escandón, quien fungió como directora Operativa de la secretaria de Educación de Cundinamarca, incurrió en culpa grave por omisión de sus funciones para garantizar el pago oportuno del auxilio de cesantías a la docente (...) demora que causó el pago por vía administrativa de la sanción moratoria a cargo del FOMAG? No
El contratista no puede ejercer la acción de repetición para obtener la restitución de lo pagado por el Ministerio de Educación por vía administrativa a título de indemnización moratoria en favor de un docente, ya que no se configura el daño antijurídico que exige el artículo 90 de la Constitución. La Sala establece que la sanción moratoria no surge de la reparación de un daño antijurídico causado por una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público, sino que es una penalización directa por incumplimiento legal en el pago de cesantías. Por lo tanto, la acción de repetición es improcedente en estos casos, ya que no se cumplen los requisitos legales para su ejercicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la inaplicabilidad del medio de control de repetición para sanciones moratorias, limitando así las vías legales para la recuperación de dichos pagos administrativos.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de repetición es procedente para obtener la restitución de lo pagado por el Ministerio de Educación por vía administrativa a título de indemnización moratoria en favor de un docente, o…
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia apelada porque

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 44001234000020170012901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos? ¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El acta no. 008 de 2015 no constituye ni podría constituir una liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020150032502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Alcaldía Local de Suba contaba con competencia para liquidar unilateralmente el contrato de asociación, considerando el momento en que se profirió el acto administrativo liquidatario, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación? No
El contratista no puede ser liquidado unilateralmente por la entidad estatal después de la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación, ya que la administración pierde la competencia temporal para efectuar tal liquidación una vez se presenta la demanda, lo que evita abusos por parte de la entidad contratante y se alinea con las reformas normativas introducidas por las Leyes 2080 de 2021 y 2213 de 2022. Esta regla reitera la jurisprudencia y limita la facultad de la administración para liquidar el contrato de forma unilateral hasta el momento en que se radique el libelo inicial del proceso, asegurando así el principio de non reformatio in pejus.síntesis automática
También resuelve: ¿Conforme a las reglas de la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso, esto es, la parte demandada?
Consejo de Estado Providencia

Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente.

Sentencia — Sentencia 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 76001233100020040545201 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente? Sí
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
También resuelve: ¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo? ¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
Consejo de Estado Providencia

En el sub examine se cumple este requisito

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020060097201 ACCION DE REPETICION
¿La muerte de varios soldados de la compañía Amperio en hechos ocurridos el 6 de septiembre de 1996, es imputable al demandado a título de culpa grave? No
La acción de repetición exige probar, además de la condena o conciliación y del pago efectivo de la suma, que el demandado tuvo la calidad de servidor público y que su conducta fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas vigentes en el momento de los hechos, y que la ocurrencia del daño en un operativo militar no basta, por sí sola, para imputarle culpa grave. Una razón es que la entidad acreditó la conciliación judicial aprobada, el pago efectivo mediante certificados de tesorería y la calidad de servidor público del teniente que tenía a cargo la compañía, de modo que los primeros presupuestos se cumplieron. Otra razón es que el cuarto presupuesto, que exige demostrar una conducta gravemente culposa o dolosa del agente, no se acreditó, pues la muerte de los soldados se produjo en una emboscada y no se demostró una actuación del demandado que pudiera calificarse así. En el caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la existencia del pago y de la calidad de servidor no bastan para la repetición si no se prueba la culpa grave del agente en su propia conducta.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa? ¿Cómo se determina la normatividad aplicable a la acción de repetición?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020150102202 LEY 1437 REPETICION
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001. Esta decisión modifica la competencia previa y amplía la jurisdicción del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo que las entidades públicas obtengan el reembolso o reintegro de los dineros pagados en virtud de una condena, conciliación o terminación de conflicto, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal y no se configure la caducidad del medio de control, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar… ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo… ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resultan aplicables al presente proceso de repetición los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales del Código Contencioso Administrativo

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 68001233300020140074901 ACCION DE REPETICION
¿En el caso sub examine deben aplicarse las normas del Código Contencioso Administrativo, en cuanto los hechos imputados al demandado ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el demandante tiene la carga probatoria para acreditar o demostrar todos los elementos de la responsabilidad del demandado? Sí
A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales del Código Contencioso Administrativo (CCA) porque los hechos imputados al demandado ocurrieron el 18 de junio de 1994, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001. Por lo tanto, la entidad demandante no podía prevalerse de las presunciones contenidas en esa ley y tenía la carga de acreditar todos los elementos de la responsabilidad del demandado.
También resuelve: ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda de repetición, en cuanto el daño por el cual fue condenada la entidad demandante, es decir…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es procedente declarar el incumplimiento, la terminación del contrato de arrendamiento del bien inmueble y su restitución, al encontrarse probada la mora del pago por parte del arrendatario.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233300020170136801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar el incumplimiento, la terminación del contrato de arrendamiento del bien inmueble y su restitución, al encontrarse probada la mora del pago por parte del arrendatario? Sí
Procede declarar el incumplimiento del arrendatario, dar por terminado el contrato de arrendamiento y ordenar la restitución del inmueble cuando se acredita la mora en el pago de los cánones. La regla se apoya en que la mora probada justifica la terminación y, habiéndose demostrado la restitución efectiva de uno de los inmuebles, solo procede la restitución del otro. Además, cuando el demandante es el único apelante, opera la prohibición de reformatio in pejus, de modo que el juez de segunda instancia no puede agravar la situación del apelante y debe mantener lo decidido en primera instancia. En el asunto, el arrendador no pidió en la instancia el reconocimiento de los cánones ni de los intereses de mora, lo que impedía conceder lo reclamado en apelación. La Sala confirmó la sentencia y actualizó la condena para conservar el poder adquisitivo de las sumas reconocidas. En la práctica, la condena por cánones se mantiene en su monto y solo se ajusta por indexación.síntesis automática
También resuelve: ¿La ausencia de pretensión de pago de los arrendamientos adeudados, impide el reconocimiento de lo reclamado en el recurso? ¿Procede la condena en costas en segunda instancia, a cargo del recurrente, al haberse resuelto de manera desfavorable el recurso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se probó que Xavier Francisco Socha Garzón actuó con dolo o culpa grave en los hechos

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020110124201 ACCION DE REPETICION
¿Se probó que Xavier Francisco Socha Garzón actuó con dolo o culpa grave en los hechos en los que ocurrió la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes, por la cual el Estado resultó condenado? Sí
La acción de repetición prospera cuando la entidad demuestra cuatro presupuestos: la existencia de una obligación de pagar una suma derivada de una condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto; la calidad de servidor o ex servidor público, o de particular que ejerce funciones públicas, del demandado; el pago efectivo de la suma; y que la conducta del agente, según las normas vigentes al tiempo de los hechos, haya sido dolosa o gravemente culposa. Una razón es que la condena contra la entidad quedó ejecutoriada y el pago quedó acreditado con los documentos que no fueron controvertidos. Otra razón es que los demandados tenían la calidad de servidores de la fuerza pública en la época de los hechos, lo que satisface el segundo presupuesto. En el caso, la Sala encontró demostrada la culpa grave del agente que causó la muerte de una persona, y modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la entidad debe probar cada presupuesto de la repetición, en especial el pago efectivo y la conducta gravemente culposa del agente.síntesis automática
También resuelve: ¿Cómo se determina la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de repetición? ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020190001101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente la condena en costas al advertirse que más allá de perseguir un interés público, el recurrente tenía un interés particular y económico en relación con las resultas del proceso contencioso de controversias contractuales? Sí
Cuando en un proceso de controversias contractuales ambos extremos son entidades públicas, la excepción de la condena en costas prevista en el artículo 188 del C.P.A.C.A. no es aplicable por el solo hecho de que la controversia involucre recursos públicos, pues el medio de control es de carácter subjetivo y cada entidad tiene un interés económico particular en el resultado. La regla se sostiene en tres razones: la pretensión de reintegrar recursos públicos no implica por sí misma un interés público que haga improcedente la condena; la decisión judicial impacta favorable o desfavorablemente las aspiraciones económicas de cada parte; y aceptar lo contrario dejaría sin condena en costas a todos los asuntos contractuales en que intervenga una entidad pública. En el caso, el recurrente tenía un interés particular y económico en las resultas del proceso, por lo que se confirmó la condena en costas. El documento cita una sentencia de la sección sobre la procedencia de la condena en costas; la consecuencia práctica es que la condena en costas en controversias contractuales entre entidades públicas es la regla, salvo que el asunto sea de interés público en sentido estricto.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente el Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para discutir el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior… ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente el convenio?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 20001233300020140003501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La decisión no estará justificada si no se deriva lógicamente de las premisas expresadas en el razonamiento

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160036301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, y conforme al contenido de los reproches del recurrente? Sí
El juez de segunda instancia debe complementar la sentencia del inferior cuando la parte perjudicada por la omisión de pronunciamiento haya apelado, pero su estudio queda limitado a los reproches del recurrente, conforme a los artículos 287 y 328 del Código General del Proceso. Esta regla se apoya en que la sentencia debe ser congruente con los hechos, las pretensiones y las razones de defensa, según el artículo 281 del mismo código, de modo que las pretensiones omitidas hacen parte del debate. Además, el deber de motivación exige que cada decisión se derive lógicamente de sus premisas fácticas y jurídicas, y la omisión de un punto apelado impide ese control. En el caso, el apelante alegó que el tribunal dejó de resolver la mayoría de las pretensiones, pero la Sala excluyó del análisis las pretensiones sobre incumplimientos que el tribunal sí halló probados, así como las de pago de obras ejecutadas que no fueron objeto de reproche. La providencia modifica la sentencia apelada en lo necesario. Su consecuencia práctica es que la parte debe precisar sus reproches sobre cada pretensión omitida, porque el juez de segunda instancia no decide lo que no fue apelado.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda por costos administrativos por improductividad… ¿Debe condenarse a Bogotá D.C. - Secretaría de Educación Distrital al pago de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden a las facturas de venta nº. 17 y 19… ¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista los intereses moratorios solicitados en la demanda, por los días de retardo en el pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7 y 11-17, 19?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140102501 LEY 1437 REPETICION
¿El médico tratante, en condición de médico de la ESE Hospital Hilario Lugo de Sasaima, incurrió en una conducta gravemente culposa por la atención que le suministró el once (11) de junio de dos mil tres (2003) a [la víctima], en la que a pesar del seguimiento y asistencia clínica brindada, falleció a causa de choque séptico y falla renal? No
La condena al Estado por falla del servicio médico no basta para atribuir al médico una conducta gravemente culposa, y que la culpa grave debe demostrarse respecto de la actuación concreta de cada profesional en la atención. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las sentencias declarativas de responsabilidad no comprometieron directamente al médico, porque situaron la falla en la fase inicial de la consulta y no en la intervención del galeno. Segunda, la historia clínica muestra que el médico actuó en la fase final de la atención, y el demandante no justificó con razones fácticas y científicas una actuación gravemente culposa en el período en que intervino. Tercera, la carga de probar el dolo o la culpa grave correspondía a la entidad demandante, que además desistió de la prueba técnica en que se fundó la condena. La providencia modifica la sentencia apelada y exonera al médico de la responsabilidad. La consecuencia práctica es que la pertenencia a un equipo médico no basta para imputar culpa grave a cada integrante sin distinguir la conducta de cada uno.síntesis automática
También resuelve: ¿El proyecto fue discutido y aprobado por Sala dual, dado que se aprobó la manifestación de impedimento del doctor Nicolás Yepes Corrales? ¿La competencia funcional del juzgador de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia? ¿La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es nulo, por falsa motivación, el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública.

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140044101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es nulo, por falsa motivación, el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública? Sí
El acto de adjudicación de una licitación pública es nulo por falsa motivación cuando sus consideraciones fácticas divergen de la realidad, en particular cuando se adjudica a propuestas que no cumplen las exigencias técnicas del pliego de condiciones. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la falsa motivación implica una discrepancia entre los hechos y las consideraciones en que se funda el acto, y puede configurarse por un error de hecho. Segunda, el pliego exigía que los equipos operaran dentro de un rango determinado de humedad relativa, y las propuestas no acreditaron ese rango mínimo, de modo que la conclusión de cumplimiento era errada. Tercera, la interpretación integral del pliego, contrastada con lo ofertado, permite concluir que las propuestas debían ser rechazadas, y el actor cumplió así la carga de demostrar el vicio. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la nulidad del acto. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar el cumplimiento técnico de cada propuesta frente al pliego antes de adjudicar, y que la omisión de ese control vicia la adjudicación.síntesis automática
También resuelve: ¿Está fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales, por haber rendido concepto en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado? ¿La competencia funcional del juzgador de segundo grado se circunscribe a los cargos formulados por el recurrente en contra de la providencia impugnada? ¿El ejercicio oportuno que del medio de control de nulidad y restablecimiento es dentro de los cuatro meses posteriores al día siguiente a aquel en que se notificó el acto que se pretende anular?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130052601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control en controversias contractuales cuando el contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro no admite la liquidación unilateral, computándose el término de caducidad desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral conforme al régimen jurídico aplicable, en este caso el Decreto 777 de 1992 y la Constitución. La regla establece que la liquidación unilateral no es una facultad admisible en contratos con entidades sin ánimo de lucro, por lo que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse desde la finalización del plazo para la liquidación bilateral. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la aplicación del principio de seguridad jurídica, garantizando la certeza en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y… ¿Dado que la entidad demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación, las resoluciones impugnadas en este asunto no ostentan la condición de actos… ¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no adeuda $1.084’035.265 a la UAESP?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer litigios sobre convenios de apoyo financiero suscritos por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 44001234000020140008101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero… ¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo… ¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Jardín Botánico se defendió de esta imputación de incumplimiento al contestar la demanda

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210026801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Desconoció el Tribunal el principio de justicia rogada al reconocer la responsabilidad contractual del Jardín Botánico, pese a que el demandante no solicitó expresamente la declaración de incumplimiento? No
La demanda que reclama la responsabilidad contractual por el incumplimiento de una obligación dineraria no requiere pedir expresamente la declaración de incumplimiento para que el juez la reconozca, pues no desconoce el principio de justicia rogada. La regla se sostiene en tres razones: la demanda reclamó la responsabilidad del contratante por no cumplir la obligación a su cargo y, en consecuencia, invocó las normas del derecho común sobre responsabilidad del deudor, como los artículos 1602 y 1613 del Código Civil; el demandado se defendió de esa imputación al contestar la demanda, de modo que el debate sobre el incumplimiento estuvo presente en el proceso; y la excepción previa de ineptitud sustantiva fue resuelta por el tribunal sin que la parte cuestionara ese enfoque. Así, el juez puede declarar la responsabilidad a partir de los hechos y del fundamento jurídico de la demanda. La providencia se modifica en lo relativo a la liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda fue presentada oportunamente? ¿La forma de pago pactada con base en el avance de la obra modifica la modalidad de remuneración previamente convenida como un precio fijo en un contrato de interventoría? ¿El reducido avance de la obra exonera a la entidad estatal de pagar la remuneración pactada al interventor cuando este cumplió las obligaciones propias del contrato de interventoría?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede declarar la terminación del contrato de obra en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante.

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 54001233300020200005201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede declarar la terminación del contrato de obra en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante? Sí
El contratista puede declarar la terminación del contrato de obra pública en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante, ya que la suspensión requiere la voluntad de ambas partes y no puede ser impuesta unilateralmente sin perjuicio de eventos excepcionales. En este caso, la última suspensión válida fue la del 30 de junio de 2017, en la cual se pactó la terminación del contrato para el 2 de diciembre de 2017, por lo que la prolongación unilateral posterior no es válida. Además, el municipio incumplió el contrato al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras, pese a su conocimiento previo de la necesidad de intervenir el talud. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la suspensión y terminación de contratos estatales, estableciendo que la voluntariedad de las partes es esencial para la validez de la suspensión y que la entidad contratante debe garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio de Ocaña incumplió el contrato de obra n.º 004 de 2016 al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras… ¿Procede reconocer el daño emergente derivado de la prolongación de la suspensión contractual cuando el contratista carece de pruebas sobre la efectiva causación… ¿Procede reconocer el lucro cesante con fundamento en el valor bruto de las prestaciones contractuales pendientes de ejecución…
REVOCA