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¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que aprobó la liquidación unilateral del convenio? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de dos años se cuenta desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral del contrato, conforme al cuarto supuesto del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la conciliación extrajudicial. La regla se sostiene en tres razones: la norma señala como punto de partida la liquidación unilateral cuando las partes no logran la liquidación de mutuo acuerdo; la liquidación unilateral del convenio se produjo en un momento que, sumado a la suspensión por la conciliación extrajudicial, permite presentar la demanda dentro del término legal; y el cómputo debe efectuarse desde la fecha de ejecutoria del acto que aprueba la liquidación, y no desde la fecha de la terminación del convenio. Por ello, la demanda presentada dentro de ese plazo es oportuna. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom corresponde a un contrato estatal, y no a uno de los convenios de asociación que celebran las entidades…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del convenio No. 23 de 2011 por haberse celebrado contra expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección objetiva consagrada en el…¿Hay lugar a ordenar restituciones mutuas cuando no está acreditada la existencia de prestaciones ejecutadas pendientes de pago hasta el momento de la declaratoria?
¿Dado que las partes acordaron que la CAR haría unos desembolsos a la Lotería de Cundinamarca por la impresión y distribución de unos billetes de lotería que habían sido impresos y distribuidos incluso antes de la suscripción del negocio jurídico, se configura la causal de nulidad absoluta de causa ilícita? Sí
El contratista no puede reclamar el incumplimiento del convenio interadministrativo para obtener recursos públicos por actividades ya realizadas, ya que la celebración del negocio jurídico debe ajustarse a la legalidad y moralidad administrativa, y no puede financiar hechos cumplidos. La Sala declaró la nulidad absoluta del contrato estatal respecto de los billetes de lotería impresos y distribuidos antes de su celebración, por configurarse causa ilícita en virtud del artículo 1524 del Código Civil, que prohíbe financiar actividades ya ejecutadas. Además, la entidad estatal no acreditó el incumplimiento del contrato por parte de la Lotería de Cundinamarca, ya que la carga de la prueba recae sobre quien alega el incumplimiento, y no se demostró que la demandada no cumpliera con sus obligaciones. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los principios de legalidad y moralidad en la contratación estatal y la necesidad de acreditar el incumplimiento contractual para reclamar responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto de los billetes de lotería que se imprimieron y distribuyeron en el marco de ejecución del negocio jurídico, se cumplen los requisitos para declarar el incumplimiento de la demandada?
¿Las acciones relativas a los contratos caducan en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? Sí
El contratista debe presentar las acciones relativas a los contratos dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, según el régimen de caducidad del Código Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Ley 2304 de 1989. Esta regla no se aplica cuando el contrato sigue en ejecución a la fecha de presentación de la demanda, permitiendo al juez declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato si el objeto es ilícito, siempre que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso para respetar el debido proceso. La Sala modifica la interpretación previa, reforzando la potestad judicial para declarar la nulidad absoluta en cualquier instancia, incluso si la controversia no giró en torno a la nulidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿La potestad de declarar la nulidad absoluta del contrato puede ejercerse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, incluso si la controversia judicial no giró en torno a la nulidad?¿Los bienes declarados monumentos nacionales son considerados bienes de interés cultural, en tanto conforman el patrimonio cultural de la Nación, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables?¿Se torna imperativa la modificación del fallo apelado, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto?
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por activa para promover un medio de control de controversias contractuales cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a su existencia como persona jurídica. La entidad estatal, en este caso el municipio, y los particulares que suscribieron el acto constitutivo de la sociedad de economía mixta, sí ostentan dicha legitimación. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones, siempre y cuando éstas excedan los 500 SMLMV. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en este tipo de casos, ampliando su alcance en controversias contractuales de mayor cuantía.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales cuando se pretende la declaratoria de incumplimiento de un ente territorial derivado de la suscripción de un acto constitutivo…¿Carece de legitimación en la causa por activa una sociedad de economía mixta cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a…¿Es requisito esencial para la constitución válida de una sociedad de economía mixta en Colombia contar con una autorización legal o reglamentaria previa…
¿¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del litigio derivado del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el municipio de San José de Uré y la IPS Promosalud & Cía. Ltda.? Sí
El contratista está legitimado para demandar la liquidación judicial del convenio de cooperación interinstitucional celebrado con el municipio, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del litigio, conforme al artículo 104 del CPACA. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dado que la cuantía supera los 500 SMLMV. La demanda fue presentada en tiempo, considerando el plazo de ejecución y liquidación del convenio, y sin afectar el término de caducidad por la conciliación extrajudicial. El marco de competencia del juez de segunda instancia se limita a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, sin que el juez pueda pronunciarse sobre aspectos no discutidos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar el incumplimiento obligacional del convenio de cooperación interinstitucional por parte del municipio y para solicitar…¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, hay que tener en cuenta el plazo de ejecución del convenio, el término para liquidarlo…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la IPS demandante y por pasiva sobre el municipio por ser las partes que celebraron el convenio objeto de la controversia?
- ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, en tanto (i) el presente asunto no corresponde a una controversia contractual sino a una actio in rem verso, (ii) el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria; (iii) desconoció que la violación de las normas y principios de la contracción estatal tienen como consecuencia la nulidad absoluta del contrato No. 500 de 2016, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993; y (iv) desconoció los principios de la contratación estatal (transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva, buena fe, libre concurrencia, igualdad, planeación), en tanto los bienes cuyo pago se reclama se suministraron con anterioridad a la celebración del contrato No. 500 de 2016? Sí
El contratista no puede obtener el pago de bienes suministrados antes de la celebración del contrato, ya que el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria y desconoció la violación de los principios de la contratación estatal, lo que implica la nulidad absoluta del contrato según los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal celebró el contrato No. 500 de 2016 con un objeto ilícito, desviando el poder y contraviniendo el principio de transparencia y la selección objetiva, por lo que la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio la nulidad del contrato, negando las pretensiones del contratista. Esto implica que los bienes cuyo pago se reclama no están sujetos a la obligación de pago por parte de la entidad estatal, y que el juez de segunda instancia debe limitarse a resolver sobre el incumplimiento del contrato y no sobre la controversia que no se ajusta a la naturaleza del medio de control.síntesis automática
¿Cuál es el término para declarar de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta del contrato y cuál es la normatividad aplicable? Sí
El juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal cuando este se celebre en violación de una prohibición legal expresa o cuando su objeto sea ilícito, independientemente de la petición de las partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 1742 del Código Civil y el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. En el caso analizado, la entidad celebró un contrato de obra bajo la figura de un contrato de cooperación, lo cual contraviene la prohibición legal expresa del artículo 2 del Decreto 777 de 1992, configurando una nulidad absoluta por objeto ilícito. Además, la omisión del procedimiento licitatorio previsto en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 también genera una nulidad absoluta, según el artículo 1741 del Código Civil. La Sala reitera que el juez debe declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato cuando se evidencie de manera manifiesta una violación a la ley o a la naturaleza del contrato, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con las disposiciones legales y reglamentarias en la celebración de contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se ejecuta un contrato de obra bajo la figura de un contrato de cooperación, se configura una nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito que debe ser declarada de oficio?¿Cuál es la diferencia del contrato de cooperación y el contrato de obra pública y la ejecución de un contrato con la indebida nominación de contrato de cooperación configuran la causal de nulidad…¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas y cuáles son los parámetros para la liquidación?
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora? Sí
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
¿En los casos de contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empieza a correr a partir del momento de su terminación? Sí
El contratista debe presentar la demanda relativa a contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación dentro del término de dos años contados a partir de la terminación del contrato, conforme al literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal no puede declarar la nulidad absoluta del contrato de comodato de manera oficiosa ni declarar la terminación anticipada del contrato sin acreditar la necesidad urgente e imprevista del bien comodatado, según el artículo 2205 del Código Civil. Además, la entidad demandante será condenada en costas y agencias en derecho cuando el recurso de apelación sea negado, de acuerdo con el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la terminación anticipada del contrato de comodato, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con el plazo para presentar sus demandas y las entidades estatales deben acreditar adecuadamente las causales de terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato incluso de manera oficiosa por el Juez?¿Se configura la causal de terminación anticipada del contrato de comodato por aparecer al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa?¿Procede la condena en costas respecto al recurrente ante la negación del recurso de apelación?
25000233600020160120802 de 20252025-11-10Rad. 25000233600020160120802
El contratista no puede celebrar un contrato de sociedad comercial o suscribir un acto contractual o unilateral de constitución para crear una sociedad de economía mixta sin una autorización legal o reglamentaria que disponga expresamente su creación, lo que implica la aplicación concurrente de disposiciones de derecho público y privado. Esta regla reitera la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998 y el Código de Comercio para la constitución de sociedades de economía mixta, y subraya que la nulidad absoluta del contrato puede ser declarada de oficio por el juez siempre que esté plenamente demostrada y no sea susceptible de saneamiento por ratificación, lo cual tiene implicaciones significativas en la práctica contractual y en la obligación de cumplir con los requisitos legales para la constitución de estas entidades.síntesis automática
También resuelve:Sociedad de economía mixta: Constitución, autorización legal o reglamentaria que disponga expresamente su creación, celebración de un contrato de sociedad comercial o suscripción de acto contractual o unilateral de constitución, s.a.sNulidad absoluta del contrato: causales, concepto, facultad oficiosa del juez en su declaratoria, presupuestos para la declaratoriaCaducidad del medio de control: presupuesto procesal para decidir de fondo, facultad oficiosa del juez, límites del pronunciamiento del juez
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el proceso de controversias contractuales en el que se elevaron pretensiones en torno a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, Empresa Departamental para la Salud EDSA? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias contractuales relativas a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación de la sentencia del tribunal, según el artículo 150 del mismo código, en la versión vigente al presentarse la demanda. La regla se apoya en que una de las partes del contrato es una entidad pública departamental de salud, lo que sitúa la controversia en el ámbito de los contratos estatales. En el caso, la entidad pública departamental de salud que celebró el contrato de concesión habilita la competencia del Consejo de Estado en apelación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las controversias sobre concesiones de juegos de suerte y azar celebradas por entidades públicas son competencia de la jurisdicción, y la apelación contra la sentencia de primera instancia se resuelve por esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿La Empresa Departamental para la Salud EDSA y la sociedad SUSUERTE S.A. se encuentran legitimados por pasiva y por activa, respectivamente, en los dos procesos acumulados…¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción…¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la existencia del contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por la Empresa…
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve:¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y…¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato?¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…
¿La decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de explotación minera, para garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena U’wa, debe ser revocada por ser incongruente con los hechos y pretensiones de la demanda, y porque no guarda relación con la finalidad de la medida cautelar? Sí
El juez de primera instancia profiere sentencia dentro del medio de control de controversias contractuales relativo a un contrato de concesión minera, debiendo guardar estricta congruencia entre los hechos y pretensiones de la demanda y las decisiones adoptadas, resultando improcedente prorrogar o ampliar los efectos de medidas cautelares de suspensión para ordenar la realización de trámites de consulta previa no solicitados por la comunidad indígena. Asimismo, la autoridad judicial declara de oficio la nulidad absoluta del contrato de concesión minera al constatar la superposición del área con zonas de reserva forestal, aplicando las prohibiciones legales contenidas en el artículo 34 del Código de Minas y los artículos 206 y 207 del Decreto Ley 2811 de 1974, las cuales impiden el desarrollo de actividades mineras en dichas zonas protegidas salvo previa sustracción por la autoridad ambiental competente.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de la sentencia de primera instancia que de oficio declaró parcialmente la nulidad absoluta del contrato de concesión de explotación minera…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso, cuando se observa que en la presente litis se ventiló un interés público?
¿Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, en virtud de su competencia funcional y conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de litigios originados en la actividad de las entidades públicas, incluyendo a los municipios. Además, el Consejo de Estado considera que existe renuncia al pacto arbitral cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la otra omite proponer la excepción de cláusula compromisoria, en virtud del artículo 21 del Código de Arbitraje. Asimismo, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante la conciliación previa, y la acción judicial contra un contrato estatal sometido a liquidación es válida si se presenta dentro del plazo de dos años desde la fecha límite para la liquidación unilateral, conforme al artículo 164 del CPACA. Finalmente, el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal cuando su objeto es ilícito y contraviene normas imperativas del ordenamiento jurídico, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿Debe entenderse que existe renuncia al pacto arbitral incorporado en un contrato cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la parte demandada omite…¿La acción judicial instaurada contra un contrato estatal sometido a liquidación fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011?¿Debe el juez a declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando advierte de manera manifiesta que su objeto es ilícito por contrariar normas imperativas del ordenamiento jurídico?
¿El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio? Sí
El contratista no puede omitir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de radicar la demanda, ya que el juez puede constatar permanentemente el incumplimiento de este presupuesto procesal y declarar la inhibición del proceso si no se ha cumplido adecuadamente, sin que pueda sanearse en etapas posteriores del trámite. Además, la medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial, por lo que debía cumplirse el requisito de procedibilidad estudiado, lo que releva al juez de poder resolver la controversia y obliga a inhibirse para analizar de fondo la litis. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, en virtud de la competencia funcional del juez de segunda instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial y, por lo tanto, se debía agotar el requisito de procedibilidad estudiado, sin que se haya procedido de esa manera?¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia?¿El medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende el retiro del ordenamiento jurídico de actos administrativos contractuales?
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