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¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
La entidad estatal expide el acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo dentro de los términos temporales previstos en la Ley 1150 de 2007 cuando las partes no han pactado un plazo convencional distinto, debiendo verificarse la competencia temporal de la administración en el momento en que se profiere el acto. Los contratos interadministrativos suscritos entre entidades públicas para cumplir finalidades misionales y de interés público se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, debiendo ser objeto de liquidación los contratos de tracto sucesivo y aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, garantizando los elementos de existencia y validez de los actos administrativos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato ante la falta de acreditación del contratista del cumplimiento de la obligación contractual? Sí
El contratista no puede evitar la declaratoria de incumplimiento del contrato al no acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ya que la carga de la prueba recae sobre él para demostrar el cumplimiento de las mismas. Además, la falta de expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras no exime al contratista de su responsabilidad si la demora en solicitarla fue por su cuenta. En caso de incumplimiento, la entidad estatal tiene derecho a la restitución de los dineros aportados para la ejecución del contrato, especialmente si el contratista no demuestra la inversión de dichos fondos en la destinación específica pactada. Asimismo, aunque las entidades sin ánimo de lucro no pueden deducir intereses por la no ejecución del contrato, el reconocimiento del lucro cesante no está excluido en estos casos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, reforzando la importancia de la acreditación del cumplimiento contractual y la responsabilidad del contratista en la correcta gestión de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura el incumplimiento ante la no expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras por la demora de la parte contractual en solicitarlas?¿Ante el incumplimiento de la entidad en la ejecución del contrato procede la restitución de los dineros aportados para la ejecución de este?¿Procede el reconocimiento del lucro cesante por la no ejecución de un contrato en el caso de entidades sin animo de lucro?
¿Es posible que una ESAL en donde aparece como socio fundador un funcionario público de un municipio, pueda participar en procesos de contratación con entidades del orden nacional o existe algún tipo de inhabilidad?
Frente al interrogante planteado, una ESAL podrá participar en procesos de contratación siempre que cumpla con la capacidad jurídica, los requisitos de idoneidad, entre otros criterios que establecen las disposiciones normativas de contratación pública. La entidad estatal, en la revisión de la propuesta u oferta presentada deberá evaluar que el oferente no se encuentre inmerso en conflictos de intereses, en violación del régimen de integridad, el de inhabilidades e incompatibilidades y cumpla con los antecedentes exigidos.
También resuelve:Entidad sin animo de lucro esal: definición / inhabilidades, definición, finalidad–capacidad
¿Debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato, en lugar de la óptica del incumplimiento contractual, según la causa petendi, los argumentos esbozados por el recurrente y el respectivo régimen contractual? No
El contratista no puede basar su reclamación en la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato cuando el negocio jurídico se rige por el derecho privado, ya que esta figura está prevista en el estatuto general de contratación de la administración pública y no en el derecho civil o comercial. La Sala destaca que el contrato en cuestión fue suscrito por una entidad sin ánimo de lucro, sujeta a las normas del derecho privado, por lo que no aplica la revisión del contrato por desequilibrio económico. En su lugar, el caso debe resolverse desde la perspectiva del incumplimiento contractual, conforme a la normativa del derecho privado y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica analizar si la entidad demandada incumplió sus obligaciones contractuales y si la extensión del plazo del contrato fue imputable a dicha entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de distinguir entre los regímenes de contratación pública y privada en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse que la Fundación del Alto Magdalena incurrió en incumplimiento contractual por supuestas falencias en la etapa de planeación del contrato de obra No. 058 de 2013…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Puede una Entidad Sin Ánimo de Lucro cuyos miembros directivos ejercen como servidores públicos, celebrar convenios o contratos con Entidades Públicas?
El contratista no puede celebrar contratos con la entidad estatal si sus miembros directivos son servidores públicos en dicha entidad, debido a las inhabilidades que garantizan la transparencia y la moralidad en la contratación estatal. Esta regla se fundamenta en la necesidad de evitar el conflicto de intereses y el favorecimiento indebido, y se aplica tanto a los procesos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como por el Decreto 092 de 2017. En el caso específico consultado, la entidad sin ánimo de lucro, cuyos miembros directivos son servidores públicos en la entidad estatal, no puede celebrar convenios o contratos con dicha entidad, ya que esto violaría las normas de inhabilidades y las garantías de transparencia y moralidad en la contratación estatal. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre inhabilidades en la contratación estatal, lo que implica que las entidades sin ánimo de lucro deben evaluar cuidadosamente la composición de sus miembros directivos antes de participar en procesos contractuales con entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:Entidad sin animo de lucro esal: definiciónInhabilidades: definición, finalidad, limitación a capacidad, taxatividad
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
¿Puede una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) participar en un proceso de contratación limitado a MIPYME?
El contratista no puede participar en procesos de contratación limitados a MIPYME si es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), ya que estas no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros y no cumplen con el concepto legal de empresa que requiere ánimo de lucro, por lo que no son consideradas MIPYME según la Ley 590 de 2000 y su modificación por la Ley 1450 de 2011. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la participación de ESAL en contratos reservados a MIPYME, a menos que la entidad sea de economía solidaria y esté clasificada como MIPYME por disposiciones específicas como la Ley 2069 de 2020.síntesis automática
También resuelve:Mipymes: definiciónEsal: naturaleza, sin ánimo de lucro, mipymes, reparto de utilidadesDecreto 1860 de 2021: criterios diferenciales, mipymes
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-05-09Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240004800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación? Sí
El Decreto 1595 de 2015 precisó que el ONAC tiene como función principal proveer los servicios de acreditación a los organismos de evaluación de la conformidad con sujeción a las normas nacionales e internacionales en materia de acreditación, con alcance en reglamentos técnicos, normas técnicas y otros documentos normativos… .
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
¿Vulnera la entidad contratante los principios que rigen la contratación estatal al elaborar un análisis de mercado con base únicamente en datos extraídos del RUES y el SECOP, sin realizar una indagación exhaustiva sobre la experiencia de los oferentes? No
El contratista no vulnera los principios de la contratación estatal al basar el análisis de mercado en datos del RUES y SECOP sin indagar exhaustivamente sobre la experiencia de los oferentes, ya que el estudio de mercado no implica una evaluación de experiencia, y la entidad no está obligada a verificar la información reportada en estos sistemas. Además, la inclusión de indicadores económicos de entidades sin ánimo de lucro en el RUES no invalida el análisis del mercado, conforme al artículo 166 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista considera que la información en el RUES es inexacta, debe solicitar su modificación ante la Cámara de Comercio, según los artículos 14 a 17 de la Ley 1437 de 2011. La enajenación a título gratuito de un establecimiento de comercio después de la presentación de la propuesta no constituye causal de incumplimiento de requisitos habilitantes, siempre y cuando el establecimiento exista antes del proceso de contratación. Asimismo, una propuesta puede ser rechazada si no cumple con los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones, según el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el interesado acudir previamente a la Cámara de Comercio para solicitar la modificación del RUES cuando considere que la información allí contenida no refleja la realidad?¿Constituye causal de incumplimiento de los requisitos habilitantes la enajenación a título gratuito de un establecimiento de comercio con posterioridad a la presentación de la propuesta en un…¿Puede ser rechazada una propuesta en un proceso de selección si no cumple con los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones?
¿Se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública? No
El contratista no ostenta la condición de ex agente del Estado o de particular con función pública simplemente por prestar un servicio público, ya que el ejercicio de dicha actividad no implica necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado. En este caso, la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con el ICBF para ejecutar los aportes en favor de niños de escasos recursos económicos, sin que se le transfiriera una función pública. Las madres comunitarias, en su calidad de voluntarias, no tenían relación laboral con el ICBF ni con la asociación, y su participación en el programa de "Hogares de Bienestar" se consideraba una contribución voluntaria, no una relación laboral. Esta decisión reitera la distinción entre el ejercicio de la función pública y la prestación del servicio público, lo que implica que no todas las personas que prestan servicios públicos pueden ser consideradas agentes del Estado o particulares con funciones públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de una función pública?¿Con el fin de proteger y garantizar la integración y realización armónica de la familia, el Estado puede celebrar negocios jurídicos con particulares con la finalidad de que estos sujetos privados…¿Al tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público, es improcedente condenar en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia? Sí
El contratista puede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia si este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que permite la asociación entre entidades estatales y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades vinculadas a los cometidos y funciones de la entidad estatal, y si el convenio no regula aspectos específicos que requieran del derecho público. La entidad estatal debe verificar que el convenio no se desvíe de su objeto y finalidad, y que las partes cumplan con sus obligaciones contractuales de coordinación, seguimiento y control. La Sala modificó la decisión anterior, declarando el incumplimiento del convenio tanto por parte del contratista como de la entidad asociada, debido a la falta de evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento y seguimiento. Además, la entidad estatal puede amparar la garantía de cumplimiento con la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza, siempre y cuando esta no amplíe la cobertura contratada ni constituya una obligación adicional a cargo del asegurador.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió la ONIC los deberes contractuales de coordinación, seguimiento y control?¿Amparó la garantía de cumplimiento la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza?¿Procede liquidar judicialmente el convenio de asociación y fijar un saldo a favor de la entidad únicamente por concepto de cláusula penal ante la falta de acreditación de recursos no ejecutados?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2025-02-13Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020240059800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El Decreto 092 de 2017 es el régimen jurídico aplicable al convenio de asociación 334 de 2009? No
La muy importante y conocida figura jurídica de la ultraactividad opera siempre y en todo caso como una regla general de aplicación de la ley en el tiempo que permite a cualquier norma jurídica seguir produciendo plenos efectos jurídicos después de haber sido derogada formalmente, aplicándose de manera exclusiva frente a situaciones, hechos, actos o negocios jurídicos que ocurrieron o se celebraron mientras dicha disposición estuvo vigente; por tanto, los convenios de asociación suscritos bajo el amparo de normas anteriores continúan rigiéndose necesariamente por sus disposiciones específicas iniciales conforme a las reglas del ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El Decreto 777 de 1992 puede aplicarse de manera ultraactiva a los convenios de asociación suscritos durante su vigencia?¿Es posible prorrogar en el tiempo convenios o contratos suscritos en el marco normativo del Decreto 777 de 1992 con la entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017…
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
¿Operó la caducidad de la acción contractual en el presente caso, teniendo en cuenta que el proceso se rige por el artículo 136 del CCA, que la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012 y su adición el 21 de junio de 2013, y que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012 por haberse agotado el requisito de procedibilidad? No
El contratista no opera la caducidad de la acción contractual cuando la demanda se presenta dentro del plazo establecido por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, incluso si el término de caducidad estuvo suspendido por un periodo. En este caso, la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, y la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012, dentro del plazo de dos años. Además, el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012, por lo que la interrupción no afectó la oportunidad de la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 136 del CCA, garantizando que las partes puedan ejercer sus acciones dentro del plazo legal, incluso en presencia de suspensiones temporales.síntesis automática
También resuelve:¿A la luz de los criterios exigidos por el artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 777 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre convenios de apoyo y fomento…¿Con fundamento en la interpretación literal y sistemática del convenio, así como en la naturaleza de las obligaciones de medio y la inaplicabilidad del equilibrio económico a los convenios de…¿Debe el juez abstenerse de imponer condena en costas cuando, de acuerdo con el artículo 171 del CCA y el artículo 55 de la Ley 446 de 1998…
¿Cuando ambas partes apelan la sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones y revisar integralmente el asunto? Sí
El juez de segunda instancia ejerce competencia plena y revisa integralmente el litigio cuando ambas partes interponen recurso de apelación contra la providencia de primer grado. El artículo 328 del Código General del Proceso faculta al superior para pronunciarse sin limitaciones frente a los aspectos cuestionados por los extremos procesales. En el caso objeto de estudio, tanto el municipio como la parte demandante apelaron decisiones específicas relacionadas con la nulidad contractual y el alcance de las restituciones mutuas. En virtud de dicha pluralidad impugnatoria, la Sala examinó de manera integral los reparos formulados por los apelantes, garantizando la resolución efectiva de las inconformidades planteadas contra la sentencia de primera instancia dentro de los límites de la competencia funcional.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta del contrato estatal por parte del juez contencioso administrativo desconoce el carácter rogado de la jurisdicción y el principio de congruencia?¿El acuerdo en el que un municipio aporta un lote y obras de urbanismo y participa en el resultado de las ventas de un proyecto de vivienda cuya gestión integral asume un particular corresponde a un…¿El contrato estatal atípico que no se adecúa a ninguna causal de contratación directa está sujeto al factor cuantía para determinar la procedencia de la licitación pública?
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de…¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales?¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa o gravemente culposa que provocara el daño? No
Cuando la entidad pública repite contra sus servidores por una condena derivada de un atentado terrorista, la responsabilidad personal exige probar que el agente actuó con dolo o culpa grave, lo que no ocurre si el daño no era previsible y no se acredita que la conducta funcional lo causara. La regla se sostiene en tres razones: no se probó que los funcionarios conocieran denuncias sobre actividades ilegales en el sector, no se estableció si la asociación de vigilancia privada tenía sede en el lugar del ataque ni si estaba realizando actividades ilegales al momento de la explosión, y no existen pruebas directas que demuestren que los funcionarios conocían la situación y omitieron medidas para evitarla. En el caso, el alcalde y el secretario de gobierno demandados no fueron declarados responsables, y se confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad que pretende la repetición debe aportar pruebas directas del conocimiento previo y de la omisión del funcionario.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó que los hoy demandados en sus calidades de alcalde y secretario de gobierno tuvieran conocimiento de denuncias de actividades ilegales y no hubieran tomado las medidas pertinentes para…¿Se probó alguna conducta de los demandados a título de dolo o culpa grave que diera lugar al daño por el cual fue condenada la demandante?¿Culpa grave es aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su…