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Consejo de Estado
Providencia
No debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine
Sentencia — Sentencia
2023-08-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020090022402
ACCION DE REPETICION
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, teniendo en cuenta que los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la misma? No
La entidad estatal que ejerce la acción de repetición debe someter el análisis sustancial del dolo o la culpa grave del demandado a la normativa vigente al momento en que ocurrieron los hechos que sustentaron la condena judicial, pues en virtud del principio de irretroactividad la Ley 678 de 2001 solo rige para actuaciones posteriores a su entrada en vigencia, salvo excepciones. Por consiguiente, cuando los hechos generadores del daño acontecieron con anterioridad a dicha ley, no resulta aplicable su régimen sustancial sino las nociones generales de la normativa precedente. De otro lado, para acreditar el pago de la condena conforme al artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, las certificaciones financieras, órdenes de pago y comprobantes de egreso expedidos por la entidad pública demandante constituyen documentos públicos con plena capacidad probatoria para demostrar la erogación realizada, siempre que, puestos a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados ni tachados de falsos.síntesis automática
También resuelve:
¿Los documentos allegados por la demandante acreditan el pago efectivo de la condena judicial?
¿Se configuró culpa grave o dolo por parte de los demandados en el caso sub examine, por haber actuado de forma imprudente en los hechos en que perdió la vida una persona?
¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine en cuanto la parte demandada no intervino en segunda instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria
Sentencia — Sentencia
2023-08-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 13001233300020140027801
LEY 1437 REPETICION
¿Se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el que declaró la insubsistencia de un cargo? No
El departamento u otra entidad pública que promueve el medio de control de repetición contra un exgobernador u otro agente estatal tras haber resultado condenada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tiene la carga procesal inexcusable de demostrar la culpa grave o el dolo del funcionario en la expedición del acto administrativo anulado. La sola declaratoria de ilegalidad de un acto de insubsistencia y la consecuente condena patrimonial al Estado no generan una presunción automática de responsabilidad personal del agente, toda vez que el juez de la repeticion debe realizar un riguroso análisis de responsabilidad subjetiva. La acción caduca en el término de dos años contados a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y las normas del CPACA.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, por lo que los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad a ella continuarán rigiéndose por la normativa…
¿Las partes pueden acudir a cualquier medio legalmente válido para probar el pago de una obligación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En esta controversia no ocurre lo anterior
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233300020150025802
LEY 1437 REPETICION
¿El dolo o la culpa grave que la parte actora deben quedar debidamente demostrados en el expediente del proceso adelantado bajo el medio de control de repetición? Sí
El dolo o la culpa grave del agente en la acción de repetición deben demostrarse dentro del propio proceso de repetición, con pruebas válidamente aportadas, y no pueden deducirse de la sentencia condenatoria contra el Estado ni del auto que aprobó la conciliación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el análisis de responsabilidad del Estado no involucró la valoración de la conducta del agente que participó en los hechos, de modo que sus consideraciones no prueban su responsabilidad personal. Segunda, la copia de la condena y el auto aprobatorio de la conciliación solo acreditan la condena y el pago, pero no tienen vocación para demostrar el elemento subjetivo. Tercera, quien promueve la repetición no aportó los elementos que revelaran las actuaciones del demandado antes, durante y después de los hechos, ni las pruebas valoradas en el proceso ordinario. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar en el proceso prueba propia de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente, con independencia de la condena previa.síntesis automática
También resuelve:
¿Para que prospere las pretensión de repetición se debe constatar la obligación resarcitoria a cargo del Estado; la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite…
¿La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿Dado que en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2000, a los aspectos sustanciales le son aplicables las presunciones estatuidas en la Ley 678 de 2001?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta
Sentencia — Sentencia
2024-10-28
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 52001233300020180055501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral? Sí
El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?
¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?
¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993.
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 85001233300020140023201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico celebrado es absolutamente nulo porque fue suscrito sin licitación pública previa? Sí
El juez declara la nulidad absoluta de oficio del negocio jurídico celebrado entre la entidad territorial y una entidad sin agotar el procedimiento de licitación pública exigido por la ley. Aunque las partes denominaron el acuerdo como un convenio especial de cooperación, la prestación principal consistía en el servicio periódico de alimentación escolar remunerado con una contraprestación directa en dinero, por lo que debía someterse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. La pretermisión de la licitación pública obligatoria constituye una omisión sustancial de los requisitos legales para la contratación estatal en consideración a su naturaleza, configurando la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito y viciando de nulidad el acuerdo de voluntades.síntesis automática
También resuelve:
¿Se declara fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales?
¿La apelación tiene por objeto la revisión de la providencia impugnada, únicamente en aquello que haya sido censurado por el recurrente?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en un proceso contencioso-administrativo de controversias…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-04-12
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 05001233300020230030801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares con las que cuenta el juez de lo contencioso administrativo se limita a la lista taxativa de la norma? No
Considero que el argumento [que resolvió negar las medidas cautelares solicitadas] es equivocado… . Desconoce una interpretación sistemática que permite concluir que las medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011 no son taxativas. Una interpretación que incluya la revisión de los artículos 103, 229 y 230 del CPACA, permite entender que las medidas cautelares con las que cuenta el juez de lo contencioso administrativo no se limita a la lista taxativa que propone el artículo 230 del CPACA. Incluso, debe tenerse en cuenta: 1) que así lo han entendido diferentes decisiones de esta Corporación y 2) que esa interpretación se acompasa con el querer del legislador que buscaba darle herramientas al juez de lo contencioso administrativo para lograr la efectividad de los derechos.
También resuelve:
¿La decisión mayoritaria no explicó por qué las medidas cautelares pedidas no eran de aquellas previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 230 del CPACA?
¿El argumento para negar las medidas cautelares era porque no reunieron los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para su decreto?