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¿La presunción de legalidad de los actos administrativos le impiden al demandante utilizar el recurso de apelación para intentar restarle efecto a la declaración de incumplimiento total y definitiva que realizó el Fondo? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso de apelación para intentar restar efecto a la declaración de incumplimiento total y definitiva emitida por el Fondo, debido a que dicha declaración es un acto administrativo definitivo que goza de la presunción de legalidad y carácter ejecutorio, conforme a lo establecido en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 155 de la Ley 1753 de 2015. Además, la entidad pública ejerció correctamente su facultad para declarar el incumplimiento del contratista y determinar la efectividad de la cláusula penal pactada, lo que no puede ser impugnado por el contratista mediante el recurso de apelación. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, limitando la capacidad del contratista para desafiar la legalidad de las declaraciones de incumplimiento emitidas por la entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de declarar el incumplimiento del contratista está cobijada por la presunción de legalidad y goza de carácter ejecutorio?¿El contenido del acuerdo firmado reúne los elementos esenciales del contrato de transacción?¿La formulación de las excepciones previas está limitada al término de traslado de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-11Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180102302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes en cuanto a su naturaleza, procedimiento e intervención de terceros? Sí
El contratista y la entidad estatal deben distinguir entre la conciliación y la transacción, mecanismos que aunque buscan resolver conflictos de manera consensuada, difieren en su naturaleza y procedimiento. La conciliación requiere la intervención de un conciliador o un agente del Ministerio Público, y su objetivo es extinguir la obligación en conflicto mediante la mediación de un tercero. En contraste, la transacción es un contrato bilateral en el que las partes realizan concesiones recíprocas para poner fin a un litigio pendiente o potencial sin la intervención de un tercero. La Sala reitera que la conciliación prevalida debe contar con la intervención de un conciliador, y que la transacción celebrada por entidades públicas debe cumplir con los requisitos contractuales y contar con la autorización previa de la autoridad competente, lo que implica que un acuerdo suscrito sin dicha intervención o autorización no puede ser considerado como una conciliación válida y debe ser tratado como una transacción, cuya aceptación depende de la legalidad y procedencia de los requisitos y autorizaciones respectivas.síntesis automática
También resuelve:¿Puede calificarse como conciliación un acuerdo suscrito entre entidades y particulares sin la intervención de un agente del Ministerio Público o de un juez?¿Debe una transacción cumplir requisitos contractuales y contar con autorización previa de la autoridad competente cuando es celebrada por entidades públicas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-12Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 85001233300020140019601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al consejero de Estado ponente conocer del recurso de apelación presentado contra el auto adoptado por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante el cual se niega el decreto o la práctica de pruebas? Sí
El magistrado ponente, y no la sala, es competente para resolver la apelación contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas. Esta regla se apoya en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, que hace apelable esa decisión, y en el artículo 150 del mismo código, que atribuye al Consejo de Estado el conocimiento en segunda instancia de las apelaciones contra autos susceptibles de ese recurso. El artículo 125 del CPACA asigna al despacho del ponente la resolución de estos recursos cuando no corresponden a la sala. Por ello la competencia para decidir la impugnación de una negativa probatoria se radica en el despacho del ponente. En el caso concreto el despacho se declaró competente para conocer y resolver el recurso contra la negativa de decretar o practicar pruebas proferida por el tribunal, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa probatoria se tramita ante el despacho del ponente.síntesis automática
También resuelve:¿Para que los medios de convicción puedan ser apreciados por el juez, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en el CPACA…¿Resulta procedente la solicitud de pruebas de la demandante con miras a aportar un dictamen pericial de parte, cuando se observa que la peticionaria dejó vencer las oportunidades procesales…
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se extiende a la revisión de apelaciones en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo a las entidades públicas obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados indebidamente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política—…¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones…¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor…
18001234000020180014501 de 20252025-03-10Rad. 18001234000020180014501
La Sala confirmará la Sentencia de primera instanci a porque los argumentos expuestos por la parte demandante no están llamados a prosperar. En primer lugar, el Ministerio alegó que como las pretensiones prosperaron parcialmente, el juez no podía condenar en costas. Al respecto…
También resuelve:Medio de control de controversias contractuales: contratación estatal, convenios interadministrativos, improcedencia de la condena en costas, facultades del juezControversias contra entidad territorialAgencias en derecho
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020200029601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad?¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio?¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
¿La Ley 1437 de 2011, al regular la competencia funcional del medio de control de repetición, derogó el criterio de conexidad previsto en la Ley 678 de 2001 e introdujo factores subjetivo y objetivo para determinar la competencia en única y doble instancia? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de repetición ante el Consejo de Estado, en única o doble instancia, conforme a la Ley 1437 de 2011, que derogó el criterio de conexidad previsto en la Ley 678 de 2001 y estableció factores subjetivos y objetivos para determinar la competencia, incluyendo la cuantía del asunto. La entidad estatal, en este caso, debe cumplir la condena impuesta en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984 dentro del plazo de 18 meses desde la ejecutoria de la sentencia, y el término de caducidad para acudir ante el Consejo de Estado se inicia desde la fecha del pago o el vencimiento del plazo para cumplir la obligación. La Nación, a través del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, está legitimada en la causa por activa por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de la condena. El recurso de apelación debe ser coherente y sustentado con argumentos específicos para ser admitido y analizado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿El Ejército Nacional debía cumplir la condena impuesta en el proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984 dentro del plazo de 18 meses contados desde la ejecutoria de la sentencia…¿La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional está legitimada en la causa por activa, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001…¿El recurso de apelación, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), debe contener cargos concretos y debidamente sustentados que cuestionen las conclusiones de hecho y de derecho…
¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Sí
El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-01Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020130153302LEY 1437 REPETICION
¿Procede la aprobación de la liquidación de costas realizada por el Tribunal Administrativo en el proceso de repetición, al tratarse de un asunto en el que no se ventila un interés público? Sí
En los procesos de repetición procede la condena en costas, porque el interés público a que alude el artículo 188 del CPACA se asimila al contencioso objetivo y en la repetición no se ventila un interés público, sino un interés meramente patrimonial de la entidad demandante. Esta regla se apoya en la interpretación del efecto útil de las normas, que la subsección ha aplicado a esa expresión, y en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, que exige que las agencias en derecho estén probadas. Por ello la liquidación de costas es procedente cuando el demandado actuó en el proceso por intermedio de apoderado. El argumento de la recurrente, que atribuía a la repetición el interés público de recuperar el patrimonio estatal, no fue acogido. La subsección reitera esta interpretación al resolver la apelación contra el auto que aprobó la liquidación. En el caso concreto el auto del tribunal fue confirmado, porque el demandado estuvo representado por apoderado y las agencias en derecho quedaron acreditadas. La consecuencia práctica es que en la repetición la condena en costas procede cuando las agencias en derecho están probadas en el expediente.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-05-30Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 41001233300020210019001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la solicitud de adición y/o aclaración contra la sentencia de 21 de marzo de 2025 proferida por la sección tercera del Consejo de Estado? No
El contratista no puede solicitar adición y/o aclaración contra la sentencia de 21 de marzo de 2025 proferida por la sección tercera del Consejo de Estado, ya que dicha solicitud no está dirigida a esclarecer el sentido de alguno de los puntos resolutivos del fallo ni a pronunciarse sobre un aspecto que haya dejado de decidirse, sino que busca discutir la declaratoria de caducidad de la acción, la cual limita el ejercicio de los derechos individuales en favor del principio de seguridad jurídica. La sentencia ya explica plenamente la fecha de caducidad del medio de control, que es el 18 de julio de 2021, por lo que no procede aclarar o adicionar este aspecto. Esta decisión reitera la importancia de no utilizar la figura de aclaración para reabrir el debate judicial o modificar decisiones ya tomadas, lo que implica que las partes deben aceptar la sentencia tal como fue dictada y no buscar vías alternativas para discutir aspectos ya resueltos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 85001233300020210014301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero tiene la competencia para resolver el recurso de apelación contra la providencia que niega el decreto de una prueba? Sí
El contratista debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para solicitar el decreto de prueba testimonial, incluyendo una enunciación clara y suficiente del objeto de la prueba y su relación con los hechos controvertidos. La entidad administrativa, al negar el decreto de prueba, debe fundamentar su decisión, y el recurso de apelación contra esta providencia es apelable ante el Consejo de Estado, en virtud de los artículos 125 numeral 3 y 150 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. La Sala confirma que el Consejero tiene competencia para resolver este recurso, lo que implica que la entidad debe argumentar adecuadamente la negativa a la prueba y el contratista debe presentar su solicitud de manera precisa y conforme a la ley, para evitar improcedencias.síntesis automática
También resuelve:¿Contra la decisión que niega el decreto de una prueba procede el recurso de apelación?¿Para que proceda la solicitud de la prueba testimonial se deben argumentar con suficiencia la relación de dicha prueba con los hechos objeto de la controversia que originó el proceso?¿Se cumplen los requisitos para el decreto de los testimonios solicitados por la parte demandada?
Sentencia — Sentencia2025-10-24Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 11001032600020250010600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer la nulidad del laudo arbitral derivado del contrato de concesión 445 de 1994, celebrado por una entidad pública? Sí
El contencioso-administrativo tiene competencia para conocer la nulidad del laudo arbitral derivado del contrato de concesión 445 de 1994 celebrado por una entidad pública, conforme al inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el numeral 7 del artículo 104 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El contrato incluyó un pacto arbitral que permitió al tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá conocer del asunto, y el recurso de anulación fue interpuesto en tiempo y forma, cumpliendo con el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. Sin embargo, el recurso fue declarado infundado al no configurarse la causal del numeral 7 del artículo 41 de la misma ley, dado que el laudo se sustentó en el material probatorio y en el marco jurídico aplicable, sin apartarse de ellos de manera protuberante. Esta decisión reitera la limitada naturaleza del recurso de anulación y su carácter excepcional, restringiendo la revisión a las causales taxativas establecidas en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de concesión 445 de 1994 incluyó en la cláusula cuadragésima segunda un pacto arbitral que permitió al tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá conocer del asunto?¿El recurso de anulación contra el laudo arbitral fue interpuesto en tiempo, al haberse radicado el 11 de julio de 2025 dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del auto de…¿El recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que condenó a la ANI a restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión 445 de 1994, modificado por el otrosí No. 10…
¿Operó la caducidad de la acción contractual en el presente caso, teniendo en cuenta que el proceso se rige por el artículo 136 del CCA, que la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012 y su adición el 21 de junio de 2013, y que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012 por haberse agotado el requisito de procedibilidad? No
El contratista no opera la caducidad de la acción contractual cuando la demanda se presenta dentro del plazo establecido por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, incluso si el término de caducidad estuvo suspendido por un periodo. En este caso, la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, y la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012, dentro del plazo de dos años. Además, el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012, por lo que la interrupción no afectó la oportunidad de la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 136 del CCA, garantizando que las partes puedan ejercer sus acciones dentro del plazo legal, incluso en presencia de suspensiones temporales.síntesis automática
También resuelve:¿A la luz de los criterios exigidos por el artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 777 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre convenios de apoyo y fomento…¿Con fundamento en la interpretación literal y sistemática del convenio, así como en la naturaleza de las obligaciones de medio y la inaplicabilidad del equilibrio económico a los convenios de…¿Debe el juez abstenerse de imponer condena en costas cuando, de acuerdo con el artículo 171 del CCA y el artículo 55 de la Ley 446 de 1998…
¿Se pudo establecer que el demandado actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Instituto Financiero de Boyacá para realizar la reestructuración de la planta de personal contaba con la aprobación del gobernador? Sí
En el presente caso los demandados no actuaron con dolo y/o culpa grave, pues se pudo establecer que [el demandado] actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Infiboy para realizar la reestructuración de la planta de personal, contaba con el visto bueno y la aprobación del gobernador para hacerlo. Como [sus subalternos] no suscribieron los actos administrativos que fueron parcialmente anulados, tampoco están llamados a responder a título de dolo o culpa grave. Por lo anterior, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos bajo examen?¿La anulación de los actos administrativos por falta de cumplimiento de requisitos legales, lleva consigo la conclusión de que se obró con dolo o culpa grave?¿El hecho de que la junta directiva del Infiboy delegara al gerente para determinar la planta de personal, llevaba consigo la aquiescencia del gobernador del departamento?
Auto interlocutorio con estado — Auto que confirma el auto recurrido2026-06-25SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOSRad. 11001333603720250041101ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a revocar el auto de 11 de marzo de 2026, proferido por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá que negó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte actora, respecto de la suspensión provisional de la Resolución No. 328 del 14 de febrero de 2025, por medio de la cual se declaró el incumplimiento del Contrato IDU-1682-2023 y la Resolución No. 1331 del 27 de junio de 2025, mediante la cual confirmó la anterior decisión? No
La suspensión provisional de un acto administrativo no procede cuando la demanda no señala las normas superiores que se consideran violadas ni explica la forma en que ocurre la vulneración, porque el demandante debe cumplir la carga argumentativa que le impone el primer inciso del artículo 231 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones: el análisis de la medida cautelar exige que el actor identifique la violación en el escrito de solicitud, sin que el juez deba suplir esa carga; y la afirmación de que la inscripción de una multa en el registro de proponentes afectaría la participación en procesos de contratación no reemplaza la confrontación del acto con las normas invocadas. Por ello, la negativa de la medida es suficiente para desestimar la suspensión, sin necesidad de examinar otros requisitos. Esta regla aplica a las solicitudes de suspensión provisional de actos contractuales sancionatorios que carezcan de argumentación normativa.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-02-12Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180102302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El documento que se allegó al proceso para efectos de pronunciamiento del a quo constituye un acuerdo conciliatorio, cuando se observa que no se surtió con audiencia del Ministerio Público? No
El contratista no puede allegar al proceso un documento denominado acuerdo conciliatorio cuando no se ha surtido con audiencia del Ministerio Público, ya que este requisito es esencial para que el acuerdo sea válido y pueda ser aprobado judicialmente. La conciliación y la transacción, aunque similares en su propósito de resolver conflictos de manera consensuada, difieren en sus requisitos formales, siendo la conciliación administrativa necesaria la presencia de un agente del Ministerio Público para la elaboración del acta y la verificación de la legalidad del acuerdo. Por tanto, un acuerdo que no cumple con estos requisitos no puede ser considerado como un acuerdo conciliatorio y, por ende, el auto que lo imprueba no es apelable. Además, el recurso de súplica es procedente contra el auto que durante el trámite de la apelación rechace el recurso de apelación, según lo dispuesto en el artículo 246 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que imprueba una transacción?¿Resulta procedente el recurso de súplica contra el auto que durante el trámite de la apelación la rechace?
¿De conformidad con el artículo 142 del CPACA, el artículo 7° de la Ley 678 de 2001 y los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo —y específicamente esta Sala en segunda instancia— es competente para conocer un medio de control de repetición promovido por una entidad pública, cuando la condena impuesta supera los 500 SMLMV y se dirige a obtener el reembolso de perjuicios ocasionados por la actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público? Sí
El contratista es competente para promover un medio de control de repetición ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, específicamente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en segunda instancia, cuando la condena impuesta supera los 500 SMLMV y se dirige a obtener el reembolso de perjuicios ocasionados por la actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, conforme al artículo 142 del CPACA, el artículo 7° de la Ley 678 de 2001 y los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta regla reitera la competencia de la Sala para conocer estos casos, lo que implica que las entidades públicas pueden recurrir a este medio de control para obtener el reembolso de perjuicios causados por la mala conducta de servidores públicos, siempre que la cuantía del proceso supere el límite establecido.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con el artículo 2° de la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución Política, es procedente el medio de control de repetición para declarar responsables patrimonialmente a O.…¿De conformidad con el régimen aplicable previsto en los artículos 164 (num. 2, lit. l), 306 y 308 del CPACA; el artículo 177 (inciso 4°) del CCA…¿De conformidad con la verificación del presupuesto procesal de legitimación en la causa, puede afirmarse que el municipio de Yumbo se encuentra legitimado por activa —al haber sido condenado…
determinar si los señores Oscar Rodrigo Velasco Arcos y Jhon Ricardo Céspedes Gaviria son responsables, por su presunto actuar doloso, en los hechos ocurridos el 24 de junio de 2009, cuando el señor Fernando José Parejo Lozano fue víctima de los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, circunstancias por las cuales el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Descongestión de Cundinamarca los condenó, providencia que fue conciliada y aprobada el 21 de marzo de 2012 y por la cual la entidad demandante tuvo que pagar $591.679.273,49 pesos. No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si no demuestra que la conducta del servidor público fue dolosa o gravemente culposa, ya que estos elementos son requisitos necesarios y concurrentes para que surta efectos el mecanismo. La entidad demandante debe probar la calidad del servidor público y su participación en la acción u omisión dañina, la existencia de una condena judicial o conciliación que genere la obligación de pagar una suma de dinero, el pago efectivo realizado por el Estado y que la conducta del servidor fue dolosa o gravemente culposa. En este caso, la Sala concluyó que la parte demandante no probó que la conducta de los demandados en los hechos ocurridos el 24 de junio de 2009 hubiera sido con dolo o culpa grave, por lo que no se le permite ejercer el medio de control de repetición.síntesis automática
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
Sentencia — Sentencia2025-12-12Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240003900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se debe revocar la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, porque no se probó una falla en el servicio, dado que las autoridades actuaron de manera diligente frente a las actividades ilegales de DMG y que, además, el daño alegado fue consecuencia del actuar imprudente del propio demandante, quien tampoco utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006? Sí
El contratista no puede obtener responsabilidad patrimonial del Estado por daños alegados, dado que no se probó una falla en el servicio por parte de las autoridades, estas actuaron con diligencia frente a actividades ilegales de una organización, y el daño fue consecuencia del actuar imprudente del propio contratista, quien no utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006. Además, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por un consejero debido a que algunos de sus parientes invirtieron en la organización en cuestión, configurándose así la causal de interés directo o indirecto prevista en el artículo 141 del Código General del Proceso. Asimismo, la Sala se abstiene de condenar en costas al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El impedimento manifestado por el consejero F. I. M. debe declararse fundado, dado que algunos de sus parientes invirtieron en el Grupo DMG S.A.…¿Al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso, la Sala debe abstenerse de imponer condena en costas conforme al artículo 171 del CCA…