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¿Procede la nulidad del acto administrativo mediante el cual la entidad demandada hizo efectivo el amparo de estabilidad y calidad de la obra? Sí
Cuando la entidad declara la ocurrencia de un siniestro y hace efectiva la garantía de estabilidad y calidad de la obra, el acto es nulo si se funda en una apreciación técnica que no fue contrastada con los planos de la estructura y que no permite establecer con certeza un defecto constructivo. La regla se sostiene en tres razones: los indicios, necesarios o contingentes, son medio de prueba válido y se aprecian en conjunto según su gravedad, concordancia y convergencia; el colapso de la cubierta, ocurrido después de cuatro años sin anomalías y en medio de vientos fuertes, permitía inferir una causa externa; y la visita de obra no fue suficiente para declarar el siniestro, pues la entidad misma suspendió la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para contratar una consultoría sobre las causas. En el caso, se confirmó la sentencia que declaró la nulidad de los actos que hicieron efectiva la póliza de cumplimiento. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la entidad debe verificar la causa técnica del colapso antes de declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo? Sí
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad…
¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave…¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo…¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001. La caducidad de la acción de repetición no opera en este caso, ya que la demanda se presentó dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del último pago total de la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, fortaleciendo la competencia del Consejo de Estado en estos asuntos y garantizando el acceso a la justicia para las entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de repetición presentada para reclamar el pago de los perjuicios causados con una privación injusta de la libertad?¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución…¿Para la procedencia de la acción de repetición, se debe probar la obligación reparatoria a cargo del Estado; que el demandando tenga la calidad de servidor o exservidor público o particular que…
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena? Sí
Presentada la demanda de manera oportuna, el objeto de la controversia consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad personal a la señora… quien, en la condición de Fiscal… le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación al señor… por el delito de secuestro, sindicado que finalmente fue absuelto mediante sentencia… proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, hechos por los cuales la entidad actora afirma fue condenada a indemnizar perjuicios materiales y morales en favor de terceros en acción de reparación directa, cuyo pago pretende recuperar a través del presente medio de control.
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición?¿Se acreditó uno de los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición consistente en la existencia de una condena judicial contra el Estado?¿El pago efectivo de la condena por parte de la Fiscalía General de la Nación se acreditó mediante documentos públicos que gozan de plena validez y capacidad probatoria?
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
¿Se acreditó la calidad de agentes estatales de los demandados en repetición? No
Las presunciones de dolo o de culpa grave del agente estatal en la acción de repetición no operan por el solo hecho de que la firma del servidor aparezca en el acto que originó la condena, pues es necesario probar quién lo elaboró y atribuir a cada demandado una conducta personal revestida de culpa grave o dolo que haya sido determinante en la condena. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la mera rúbrica no acredita la autoría del acto cuando no hay prueba de quién lo estudió, preparó y elaboró. Segundo, la imputación general y concomitante de las presunciones a todos los demandados desconoce el derecho de defensa y el debido proceso, pues cada agente debe conocer la conducta que se le reprocha. Tercero, cuando no se demuestran los supuestos de hecho de las presunciones alegadas, no puede declararse la responsabilidad del agente, y la calidad de agente estatal debe acreditarse respecto de cada demandado. La providencia niega las pretensiones; en la práctica, la entidad que repite debe individualizar la conducta de cada servidor y probar su calidad de agente estatal antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto de cada uno de los demandados, se estableció y determinó la conducta concreta que se les reprochaba de manera individual?¿El hecho que en el proceso se acreditó que la ministra fue la persona que firmó la resolución, esto es suficiente para endilgarle responsabilidad?¿La falta de prueba sobre la participación de dos de los demandados en la expedición de la resolución conlleva a que las pretensiones de la demanda sean negadas?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista debe interponer un recurso de apelación contra la sentencia de un Tribunal Administrativo en el que se detallen los yerros o desaciertos del juez de primera instancia, y si la cuantía de la demanda supera el límite establecido por la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso en segunda instancia. La entidad estatal debe responder a esta interposición presentando argumentos que confronten los fundamentos de hecho y derecho del recurso, y la Sala determinará si el recurso de apelación se ajusta a los límites de competencia funcional del juez de segunda instancia, reiterando la necesidad de que la parte recurrente detalle los cargos específicos contra la decisión recurrida para que el proceso tenga validez.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal?¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida?¿La falta de contestación de la demanda y la renuencia a la exhibición de documentos, eventualmente pueden constituir un indicio en contra?
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿La conducta de no contestar la demanda es suficiente para acreditar el elemento subjetivo del medio de control de repetición? No
El contratista no acredita el elemento subjetivo del medio de control de repetición simplemente por no contestar la demanda, ya que esta conducta debe ser valorada por el juez como un indicio grave, pero no como un allanamiento a las pretensiones. La entidad estatal no puede ser condenada basándose únicamente en esta omisión, ya que se requiere un análisis más profundo para establecer la causalidad y la culpa grave del agente estatal. La Sala confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda, reiterando que el proceso de repetición debe hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado para determinar si su comportamiento es la causa adecuada del daño.síntesis automática
También resuelve:¿El proceso de repetición está para hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado y para determinar si dicho comportamiento es la causa adecuada del daño?¿No se demostró el elemento subjetivo ni el nexo de causalidad entre la supuesta omisión del demandado y la condena?¿El tribunal al analizar la conducta que se alegó en la demanda, consideró que el municipio no acreditó la omisión en que incurrió el demandado?
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista? No
El contratista no debe ser declarado en litisconsorcio necesario con la entidad aseguradora, ya que la relación entre ambas no es indispensable para que uno de ellos actúe en el proceso, configurándose así un litisconsorcio cuasinecesario. Además, las objeciones al dictamen pericial presentadas por la aseguradora no constituyen un error grave, afectando solo la credibilidad y solidez técnica de la prueba, pero no su validez. Asimismo, la UT contratista no tiene la obligación de corregir y ajustar los diseños de la obra, y el incumplimiento en la entrega de los planos no justifica hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 100% del valor estipulado, ya que no se demostró un nexo causal entre la deficiencia en los diseños y la inejecución de las obras. Por último, la entidad estatal rechaza la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, al no acreditarse adecuadamente la inversión del anticipo por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante?¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011?¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo pactado?
¿Es oportuna la demanda de controversias contractuales presentada después de vencidos los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, cuando dentro de ese término se radicó solicitud de conciliación extrajudicial que suspendió la caducidad y la demanda se presentó antes del vencimiento del término reanudado? Sí
El contratista interpone la demanda de controversias contractuales dentro del plazo legal aplicable tras la suspensión temporal derivada de un trámite de conciliación extrajudicial fallido. De conformidad con lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literal j), sub literal iii) del CPACA, cuando se trate de contratos que requieran liquidación y esta se haya efectuado de común acuerdo entre las partes, el término para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de liquidación. En el presente caso, la liquidación del contrato fue suscrita por ambas partes el 5 de septiembre de 2013, y aunque el término vencía inicialmente el 6 de septiembre de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 28 de agosto de 2015 suspendió el plazo por noventa días, permitiendo que la demanda presentada de manera oportuna fuera tramitada y confirmada en su integridad por la corporación judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez del contrato estudiar como desequilibrio económico las pretensiones que el demandante formuló como incumplimiento contractual…¿Permite apartarse de la sentencia de primera instancia el recurso de apelación que se limita a afirmar de manera genérica que el análisis integral de las pruebas conducía a acceder a las…¿El incumplimiento de la entidad demandada del deber de aportar los antecedentes administrativos con la contestación de la demanda releva al contratista demandante de la carga de probar el…
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-12-14Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019951170402ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…