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DERECHO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia.

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 52001233300020180020401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia? Sí
El contratista puede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia si este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que permite la asociación entre entidades estatales y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades vinculadas a los cometidos y funciones de la entidad estatal, y si el convenio no regula aspectos específicos que requieran del derecho público. La entidad estatal debe verificar que el convenio no se desvíe de su objeto y finalidad, y que las partes cumplan con sus obligaciones contractuales de coordinación, seguimiento y control. La Sala modificó la decisión anterior, declarando el incumplimiento del convenio tanto por parte del contratista como de la entidad asociada, debido a la falta de evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento y seguimiento. Además, la entidad estatal puede amparar la garantía de cumplimiento con la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza, siempre y cuando esta no amplíe la cobertura contratada ni constituya una obligación adicional a cargo del asegurador.síntesis automática
También resuelve: ¿Incumplió la ONIC los deberes contractuales de coordinación, seguimiento y control? ¿Amparó la garantía de cumplimiento la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza? ¿Procede liquidar judicialmente el convenio de asociación y fijar un saldo a favor de la entidad únicamente por concepto de cláusula penal ante la falta de acreditación de recursos no ejecutados?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de reposición contra el auto que declara la falta de jurisdicción.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2025-09-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020170060102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de reposición contra el auto que declara la falta de jurisdicción? Sí
El juez contencioso administrativo aplica las normas procesales para garantizar la procedencia y oportunidad de los recursos interpuestos contra las decisiones que definen la competencia judicial. En este caso, la Sección Tercera del Consejo de Estado resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el auto que declara la falta de jurisdicción, determinando que resulta procedente de conformidad con el artículo 242 del CPACA, tras haber sido presentado dentro del término oportuno, por lo que el despacho decide no reponer la providencia recurrida, confirmando la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables.síntesis automática
También resuelve: ¿Existe una distinción jurídica entre jurisdicción como función estatal única y competencia como atribución concreta a un juez determinado? ¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las controversias contractuales en las que es parte una entidad pública… ¿Se considera que el contrato de encargo fiduciario celebrado por Fiducoldex S.A. corresponde a su giro ordinario de los negocios?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-07-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 23001233300020150028501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa… ¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE… ¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020210038601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para darle solución a los conflictos temporales en la aplicación de las leyes, se deben observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad? Sí
El contratista debe observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad para resolver conflictos temporales en la aplicación de las leyes, según establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 5 de la Ley 57 de 1887. En el caso específico, la Sala determina que la Ley 685 de 2001, como ley especial, prevalece sobre la Ley 1450 de 2011, que es una ley general, al aplicar el criterio de especialidad. Además, se confirma que el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 prevalece sobre el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 en virtud del principio de favorabilidad, ya que establece una sanción más favorable. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la prelación normativa y el principio de especialidad, lo que implica que en casos similares, la aplicación de leyes especiales prevalecerá sobre las generales, siempre y cuando no se trate de una derogación explícita.síntesis automática
También resuelve: ¿La Ley 685 de 2001 (ley especial) es la aplicable al presente asunto en forma preferente a la ley posterior y general (ley 1450 de 2011), con fundamento en el criterio de especialidad? ¿El artículo 115 de la Ley 685 de 2001 por contener una sanción inferior a la posteriormente prevista en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, prevale en virtud del principio de favorabilidad? ¿Hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al concesionario y…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, negará la pretensión única formulada en la demanda

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190075801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo? ¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio? ¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 dispone que el Laudo recurrido podrá ser anulado cuando exista “caducidad de la acción”.

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020210012300 RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo el laudo arbitral cuando decide de fondo a pesar de que la acción ha caducado? Sí
El contratista no puede recurrir a la causal de anulación del laudo arbitral basada en la caducidad de la acción cuando el tribunal ha decidido de fondo sobre las pretensiones, incluso si la acción estaba caducada, y declara indebidamente la caducidad. La entidad estatal no puede alegar que el auto de unificación del Consejo de Estado no es un precedente obligatorio para el caso, ya que los hechos jurídicamente relevantes son similares y no ha habido cambios sustanciales en la legislación que afecten la interpretación del auto. Además, el tribunal arbitral y el juez de lo contencioso administrativo deben motivar sus decisiones en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, y el tribunal arbitral está obligado a seguir los precedentes judiciales, matizando la posibilidad de que el laudo pueda ser anulado si no se sigue esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿El auto de unificación sobre la reforma a la demanda proferido por el Consejo de Estado era un precedente obligatorio para la resolución del caso? ¿El juez de lo contencioso administrativo y el Tribunal Arbitral deben motivar su decisión en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado? ¿Es nulo el laudo arbitral que decide sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros?
Consejo de Estado Providencia

El contrato se ejecutaría en 7 meses contados a partir del acta de inicio

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020140093202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En eventos en que el acta de liquidación bilateral del contrato fue suscrita después del término autorizado para ello, el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales se empieza a contabilizar desde el día siguiente que finiquitó el tiempo para realizar la liquidación unilateral? Sí
En la cláusula vigésima quinta del contrato de obra civil No. 2081430, las partes acordaron que la liquidación se llevaría a cabo dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. El contrato se ejecutaría en 7 meses contados a partir del acta de inicio, la cual fue suscrita el 1 de julio de 2008, por lo que su vencimiento ocurriría el 1 de febrero de 2009; sin embargo, luego de sendas prórrogas, la última de ellas suscrita el 30 de septiembre de 2009, se acordó extender el plazo contractual hasta el 15 de octubre de 2009. De esta forma, los cuatro meses para liquidar el contrato bilateralmente corrieron hasta el 16 de febrero de 2010, y los dos meses para efectuar la liquidación unilateral transcurrieron entre el 17 de febrero y el 17 de abril de 2010.
También resuelve: ¿El objeto de esta jurisdicción gravita en torno a las controversias con origen en cualquier actividad –contractual o extracontractual– sujeta al derecho administrativo… ¿Los contratos sujetos al derecho administrativo, celebrados por FONADE en vigencia del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011… ¿Procede la condena en costas en ambas instancias contra la parte vencida en el proceso cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación.

Sentencia — Sentencia 2026-07-29 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 54001233100020110057302 Controversias contractuales
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación? No
El contratista no puede ser objeto de la declaratoria de caducidad del contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación, ya que la caducidad es una sanción excepcional que se activa ante un grave incumplimiento que puede paralizar la ejecución del contrato y afectar el interés público, pero solo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, donde resultaría ineficaz para garantizar el cumplimiento del contrato. La interpretación literal del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 confirma que la declaratoria de caducidad se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado, y no más allá. La Sala modifica la jurisprudencia anterior que admitía la caducidad hasta la etapa de liquidación, y establece que la nueva interpretación se aplica de manera retroactiva, salvaguardando el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y protegiendo los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual… ¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas… ¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos

Sentencia — Sentencia 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020240001500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve: ¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento? ¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley? ¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

El numeral 12 del artículo 25 dispone que antes de abrir el proceso de selección o de celebrar el contrato deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos.

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020220012201 Controversias contractuales
¿Las circunstancias relacionadas con el esquema de remuneración pactado y con las condiciones técnicas anunciadas por la entidad estatal durante el proceso de selección, no verificadas o alteradas durante la ejecución del contrato, constituyen una infracción del principio de planeación que exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales? No
El contratista no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales basándose en infracciones del principio de planeación por parte de la entidad estatal, ya que este principio no exonera al contratista de cumplir con las obligaciones específicas del contrato, salvo que se demuestre que la entidad estatal dejó de ejecutar una obligación contractual o que la alteración del equilibrio económico del contrato impidió efectivamente el cumplimiento de las obligaciones del contratista. La Sala establece que las condiciones técnicas anunciadas durante el proceso de selección no constituyen obligaciones contractuales propiamente dichas, sino supuestos o hipótesis para la ejecución, por lo que su alteración no exime al contratista de responsabilidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del principio de planeación y sus implicaciones en la responsabilidad contractual, lo que implica que el contratista debe cumplir con las obligaciones específicas del contrato, independientemente de las circunstancias externas no controlables por él.síntesis automática
También resuelve: ¿Es vinculante para el contratista la metodología de muestreo y el umbral de error empleados para evaluar la calidad de los paquetes auditados… ¿Configura un vicio de nulidad del acto administrativo sancionatorio la irregularidad alegada en la valoración de un dictamen pericial rendido en el procedimiento administrativo… ¿Exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales la entrega tardía, por parte de la entidad estatal, de la metodología de evaluación del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 85001233300020140023201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico celebrado es absolutamente nulo porque fue suscrito sin licitación pública previa? Sí
El 27 de abril de 2012, la Gobernación del Departamento invitó a la Caja [de Compensación Familiar de Casanare] a formular una oferta… .… El 2 de mayo de 2012, a través de su representante legal, Comfacasanare, una Caja de Compensación Familiar con personería jurídica reconocida por la Supersubsidio presentó propuesta para celebrar el negocio jurídico referido en la invitación y los estudios previos… .… La Secretaría de Educación del Departamento certificó, mediante documento del 2 de mayo de 2012, que Comfacasanare cumplía con los requisitos jurídicos y la capacidad legal para celebrar el convenio.… Luego de suscribir previamente un acta de acuerdo, el 14 de mayo de 2012 el Departamento y la Caja celebraron el CONVENIO DE COOPERACIÓN núm. 001, con el objeto descrito en la invitación, según la cláusula primera.… El 31 de mayo de 2012, Comfacasanare celebró con la UTAC el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 685… .… El 18 de julio de 2013…
También resuelve: ¿Se declara fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales? ¿La apelación tiene por objeto la revisión de la providencia impugnada, únicamente en aquello que haya sido censurado por el recurrente? ¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en un proceso contencioso-administrativo de controversias…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el juez no podrá declarar su nulidad, lo cual podría llegar a permitir la subsistencia de actos ilegales

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-01-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100019960260202 ACCION CONTRACTUAL
¿Mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa se pronuncian a través de actos administrativos? Sí
Considero importante aclarar mi voto, con el fin de reiterar parcialmente los argumentos que me llevaron a salvar el voto en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp. 42.003). Considero que, mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser administrativo.
También resuelve: ¿Resulta admisible que se controviertan los actos precontractuales a través del medio de control de reparación directa?
Consejo de Estado Providencia

La cesión de posición contractual derivada de delegación interadministrativa mantiene la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública y sus reglas de caducidad.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020140017901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al haberse efectuado la cesión de la posición contractual como consecuencia de una delegación de funciones interadministrativa, la empresa de servicios públicos cesionaria quedó habilitada para expedir actos administrativos en desarrollo de la ejecución contractual bajo el mismo régimen jurídico aplicable al Departamento de Cundinamarca (Ley 80 de 1993), sin que sea necesario fundamentar dicha potestad en las normas del derecho común o especial en materia de servicios públicos domiciliarios, y, por ende, que el cómputo de la caducidad del medio de control se rija por el artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984, atendiendo los plazos de liquidación contractual y la eventual liquidación unilateral? Sí
La entidad cesionaria en una delegación interadministrativa de funciones asume la ejecución del contrato bajo el régimen jurídico de la contratación pública y sus prerrogativas de derecho público. En esta providencia de aclaración de voto, se comparte la decisión de negar la adición de sentencia sobre el régimen jurídico y se ratifica que la empresa pública cesionaria se encontraba habilitada para expedir actos administrativos unilaterales. Con fundamento en los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993, así como en las normas de cesión y delegación, se confirma que el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales se rige por el Decreto Ley 01 de 1984 y las reglas propias de la liquidación de los contratos estatales.síntesis automática