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Es procedente declarar contractualmente responsable a la empresa CCX Colombia S.A., por el incumplimiento sobre los aportes establecidos en el convenio de colaboración N.º 12-089 de 2012? No
El contratista no puede ser declarado contractualmente responsable por el incumplimiento de aportes establecidos en un convenio de colaboración, ya que estos convenios, regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, tienen como finalidad la cooperación para el desarrollo conjunto de actividades de interés general, sin implicar una relación conmutativa como la que caracteriza a los contratos regidos por el estatuto general de contratación administrativa. La Sala reitera que los convenios de asociación no deben interpretarse como contratos de conmutación, por lo que no es procedente exigir el pago de contraprestaciones por los servicios prestados, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el cobro de aportes no son admisibles en la práctica.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020190086001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
¿Se modifica la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales? Sí
El cesionario promotor de un convenio asociativo pretende el restablecimiento del equilibrio económico del negocio, alterado por el no pago de la contribución a cargo de los beneficiarios del proyecto, la tardanza en la realización de desembolsos y las mayores cantidades de obra requeridas por las entidades demandadas. La parte demandante apeló para insistir en el derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y en el análisis del impacto de la suspensión de la ejecución contractual. No obstante, al examinar la oportunidad de la acción interpuesta, la corporación judicial advierte que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, lo que impone revocar el fallo de primera instancia y decretar la respectiva caducidad conforme a las normas del estatuto procesal administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad inició a contabilizarse desde la finalización del convenio, que según acuerdo, expiraba al vencimiento de la vigencia de los subsidios?¿Los subsidios otorgados por el municipio para la culminación de las obras no impactaban la terminación del convenio, porque el plazo se sujetó al vencimiento de los subsidios del orden nacional?¿Se condenará en costas de esta instancia a la parte apelante en favor de las entidades demandadas?
¿El convenio interadministrativo debió ser liquidado según lo acordado por las partes, y la liquidación no se logró? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo si no está expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de voluntades, lo que implica que la entidad contratante no está facultada para realizar la liquidación unilateral del negocio jurídico ni legal ni negocialmente, salvo que las partes hayan establecido explícitamente dicha facultad. En este caso, la entidad estatal no tenía la facultad de liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo, ya que del convenio no se extraía que las partes hubieran estipulado tal facultad en cabeza del Ministerio del Interior. Entre el 16 de febrero y el 16 de junio de 2015 corrió el plazo convenido para liquidar bilateralmente el convenio, y a partir del 17 de junio de 2015 empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que transcurrió hasta el 20 de junio de 2017, lo que llevó a la Sala a revocar la sentencia de primera instancia y declarar, de oficio, la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Esto implica que en casos similares, es crucial que las partes acuerden explícitamente la facultad de liquidación unilateral en el convenio interadministrativo para evitar problemas de caducidad en el ejercicio del medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral siempre, que esté expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de…¿De las cláusulas del convenio interadministrativo no se extrae que las partes hayan estipulado en cabeza del Ministerio del Interior, la facultad de liquidar unilateralmente el convenio?¿El Ministerio del Interior no estaba facultado ni legal ni negocialmente para liquidar unilateralmente el negocio jurídico?
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia? Sí
El contratista puede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia si este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que permite la asociación entre entidades estatales y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades vinculadas a los cometidos y funciones de la entidad estatal, y si el convenio no regula aspectos específicos que requieran del derecho público. La entidad estatal debe verificar que el convenio no se desvíe de su objeto y finalidad, y que las partes cumplan con sus obligaciones contractuales de coordinación, seguimiento y control. La Sala modificó la decisión anterior, declarando el incumplimiento del convenio tanto por parte del contratista como de la entidad asociada, debido a la falta de evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento y seguimiento. Además, la entidad estatal puede amparar la garantía de cumplimiento con la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza, siempre y cuando esta no amplíe la cobertura contratada ni constituya una obligación adicional a cargo del asegurador.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió la ONIC los deberes contractuales de coordinación, seguimiento y control?¿Amparó la garantía de cumplimiento la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza?¿Procede liquidar judicialmente el convenio de asociación y fijar un saldo a favor de la entidad únicamente por concepto de cláusula penal ante la falta de acreditación de recursos no ejecutados?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2025-02-13Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020240059800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El Decreto 092 de 2017 es el régimen jurídico aplicable al convenio de asociación 334 de 2009? No
La Sala se ha pronunciado en reiterados Conceptos sobre régimen aplicable a los convenios de asociación entendiendo que: los convenios celebrados con personas jurídicas particulares sin ánimo de lucro se rigen por el régimen exceptuado del artículo 355 constitucional, y su ejecución necesariamente ha de realizarse dentro del contexto de tal disposición constitucional, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la misma carta, y con sujeción a las reglas del Decreto 777 de 1992, modificado por los Decretos 1403 de 1992 y 2459 de 1993.
También resuelve:¿El Decreto 777 de 1992 puede aplicarse de manera ultraactiva a los convenios de asociación suscritos durante su vigencia?¿Es posible prorrogar en el tiempo convenios o contratos suscritos en el marco normativo del Decreto 777 de 1992 con la entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017…
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
¿Los contratos de fomento se caracterizan porque son celebrados entre dos sujetos cualificados; su finalidad se traduce en el impulso tanto de programas como de actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo; solo pueden comprometerse sumas de dinero destinadas a ello por la contratante y en su celebración han de observarse diversas reglas conforme a su regulación? Sí
El contratista y la entidad estatal celebran contratos de fomento entre dos sujetos cualificados, donde la entidad estatal es quien impulsa programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo, comprometiendo solo sumas de dinero destinadas previamente a ese fin, y observando diversas reglas conforme a su regulación. Estos contratos difieren de los convenios de asociación, en los cuales el particular contratista no necesariamente debe ser una entidad sin ánimo de lucro y las partes cooperan mutuamente en el cumplimiento del objeto pactado, sin generar una relación conmutativa. Además, el convenio de asociación se rige por el derecho privado, salvo en la inclusión de facultades exorbitantes previstas en la legislación vigente, y la liquidación de la relación jurídica negocial no está sujeta a la misma regulación que la liquidación del contrato estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, proporcionando una mayor claridad sobre la naturaleza y características de los contratos de fomento y convenios de asociación en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación se diferencia del contrato de fomento en que en el convenio el particular contratista no necesariamente debe ser una entidad sin ánimo de lucro y, también…¿El Convenio 3799 de 2009 es un convenio de asociación que se rige por el derecho privado, al que resulta ajena la liquidación, no del contrato, sino de la relación jurídica negocial?¿La relación jurídica que existió entre el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Integración Social y Proactiva no estaba sujeta a liquidación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 85001233300020230008501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado?¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra?¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública?¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
¿Cuando ambas partes apelan la sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones y revisar integralmente el asunto? Sí
El juez de segunda instancia ejerce competencia plena y revisa integralmente el litigio cuando ambas partes interponen recurso de apelación contra la providencia de primer grado. El artículo 328 del Código General del Proceso faculta al superior para pronunciarse sin limitaciones frente a los aspectos cuestionados por los extremos procesales. En el caso objeto de estudio, tanto el municipio como la parte demandante apelaron decisiones específicas relacionadas con la nulidad contractual y el alcance de las restituciones mutuas. En virtud de dicha pluralidad impugnatoria, la Sala examinó de manera integral los reparos formulados por los apelantes, garantizando la resolución efectiva de las inconformidades planteadas contra la sentencia de primera instancia dentro de los límites de la competencia funcional.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta del contrato estatal por parte del juez contencioso administrativo desconoce el carácter rogado de la jurisdicción y el principio de congruencia?¿El acuerdo en el que un municipio aporta un lote y obras de urbanismo y participa en el resultado de las ventas de un proyecto de vivienda cuya gestión integral asume un particular corresponde a un…¿El contrato estatal atípico que no se adecúa a ninguna causal de contratación directa está sujeto al factor cuantía para determinar la procedencia de la licitación pública?
¿Se garantizó el debido proceso en la declaratoria de incumplimiento y posterior terminación unilateral del convenio? Sí
Cuando la entidad declara el incumplimiento y ordena la terminación unilateral de un convenio, debe permitirse al garante conocer la actuación y controvertir sus fundamentos, aunque la audiencia de citación no sea obligatoria. La regla se apoya en que el garante, por su condición, debe poder conocer la actuación con base en la cual se declara el incumplimiento y se exige el pago de perjuicios, y en que esa posibilidad de contradicción se materializa mediante la notificación o la audiencia que pone en conocimiento la situación, sus eventos y consecuencias. Con ello se protege el debido proceso en el procedimiento sancionatorio. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la citación efectiva del garante a la audiencia se encontraba acreditada, y la sentencia de primera instancia se revocó. Como consecuencia práctica, la entidad que termina unilateralmente un convenio debe documentar que el garante tuvo oportunidad real de intervenir antes de exigirle el pago de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia la delimitan los cargos planteados contra la decisión recurrida?¿Los cuestionamientos contra la decisión del a quo se deben formular dentro del término establecido para apelar, para que puedan ser analizados por el juez de segunda instancia y deben hacer parte de…¿La Subsección, en aplicación del principio pro actione, en garantía de acceso y protección a los derechos de contradicción y defensa…
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo? Sí
El juez de segunda instancia se circunscribe al contenido del recurso de apelación, salvo excepciones derivadas de principios constitucionales, compromisos internacionales del Estado y normas legales imperativas, lo que implica que su competencia se limita a los aspectos específicamente planteados por el recurrente, a menos que se trate de materias que por su naturaleza deben ser decididas oficiosamente. En otro orden, el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para resolver disputas que surgen de la ejecución de contratos estatales, como en el caso de una Unión Temporal que reclama el pago de mayores cantidades de servicios prestados en el marco de un contrato de asociación y apoyo, siempre y cuando la controversia tenga su origen en el contrato y no en un enriquecimiento sin causa. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la competencia del juez de segunda instancia y la procedencia del medio de control de controversias contractuales, lo que tiene implicaciones significativas para la interpretación y aplicación de la ley en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de servicios educativos prestados en el marco de un Contrato de…¿Aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación para “la prestación del servicio público educativo en…¿Debe declararse de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales incoado para reclamar el pago de las sumas por concepto de mayor cantidad de servicios de educación…
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero…¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo…¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
¿Se encuentran acreditados los elementos que activan la facultad-deber del juez de declarar de oficio la nulidad del convenio en este caso, es decir, el vicio aparece de forma palmaria o manifiesta en el negocio jurídico? No
El juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal solo cuando el vicio aparece de forma palmaria o manifiesta en el proceso, pues esa facultad y ese deber se ejercen bajo los lineamientos estrictos fijados por la ley y desarrollados por la jurisprudencia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, aunque la ley confiere al juez el poder y el deber de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos para proteger el orden jurídico, esa atribución no puede ejercerse a partir de argumentos que no demuestren la causal en el expediente. Segundo, la exigencia de que el vicio sea manifiesto protege la seguridad jurídica y el principio de conservación de los contratos, que impide anular negocios que pueden subsistir. Tercero, cuando los argumentos que sustentan la existencia de la nulidad son insuficientes para afirmar su configuración, no se cumplen los presupuestos de la declaratoria oficiosa. La providencia revoca la decisión en la que el tribunal declaró de oficio la nulidad del convenio; en la práctica, la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta exige identificar en el expediente, de manera manifiesta, la causal que la origina.síntesis automática
También resuelve:¿Tenía competencia la entidad territorial para expedir el acto administrativo de terminación y liquidación unilateral del convenio de asociación en este caso?¿Acreditó la parte actora la falsa motivación de la resolución del Municipio que declaró terminado y liquidado el convenio de asociación, de forma unilateral?¿El actor planteó la existencia de elementos fácticos o jurídicos tendientes a indicar que la expedición de la resolución de terminación y liquidación unilateral del convenio de asociación…
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados…¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente?¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…