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¿La certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales presentada por RFID Tecnologías S.A.S. satisfizo las exigencias previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pliego de condiciones y el régimen de subsanación de la Ley 1882 de 2018? Sí
… En efecto, en el asunto no se demuestra que RFID Tecnologías S.A.S. hubiera incumplido sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral o que la certificación aportada contuviera información falsa. La discusión planteada por la demandante no se dirige a cuestionar el cumplimiento material del requisito, sino la persona que suscribió el documento mediante el cual aquel fue acreditado. Por ello, aun aceptando que la certificación debió provenir del revisor fiscal, esa circunstancia, por sí sola, no permite concluir que el adjudicatario careciera del requisito habilitante exigido por la ley.
¿Si se encuentra afectada de nulidad, la Resolución No. 01392 de 15 de junio 2021 que adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UARIV-SA-004-2021 a la Unión Temporal Sotavento Group S.A.S., al configurarse las causales de i) Falsa Motivación y ii) Desviación de Poder? No
El contratista no puede declarar nula la resolución que adjudica un contrato estatal mediante selección abreviada de menor cuantía, cuando no se acredita que el pliego de condiciones contenga falsa motivación o desviación de poder, siempre y cuando el pliego distinga adecuadamente entre la experiencia general habilitante y los factores de evaluación, estableciendo reglas previas, claras y objetivas para todos los proponentes. Además, la entidad no desconoce el principio de selección objetiva ni permite la subsanación indevida de la oferta, pues la adjudicataria aporta desde el inicio la certificación del contrato que respalda su cobertura territorial, y la revisión de información ya existente en la administración no constituye la incorporación de un requisito puntuable después del cierre. La Sala reitera que la presunción de legalidad del acto administrativo persiste mientras no se demuestre la inexistencia, falsedad o apreciación equivocada de los motivos del acto de adjudicación, y que la desviación de poder no prospera sin identificar una finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento.síntesis automática
68001233300020150119301 de 20252025-07-14Rad. 68001233300020150119301
El contratista no puede participar en el proceso de selección si suministra información que no concuerda con la realidad, lo que comporta el desarrollo del principio de buena fe y lealtad contractual. La entidad estatal, conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, puede rechazar la propuesta del proponente si esta omite aspectos o documentos necesarios para la evaluación de los ofrecimientos, pero no puede hacerlo si la información no es esencial para obtener puntaje, en cuyo caso debe otorgar al proponente la oportunidad de subsanar la omisión. La Sala de lo Contencioso Administrativo revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, declarando la nulidad de la Resolución 000366 de 2015 por la cual la Policía Nacional adjudicó el proceso de selección PN MEBUC LI 003-2015, sin condenar en costas, lo que implica que las entidades deben cumplir rigurosamente con los procedimientos establecidos para la selección objetiva de contratistas.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración públicaPrincipio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponenteAplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA2025-06-05Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020200039901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala Plena de la Sección Tercera, debe avocar conocimiento para unificar jurisprudencia en relación con los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que adjudican o declaran desierto un proceso de selección de contratista específicamente, en lo que concierne al análisis de la oferta más favorable; y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada? Sí
El contratista debe demostrar el quantum de su afectación en un juicio de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que declara desierto o adjudica un proceso de selección de contratista, y la entidad estatal puede ser condenada a pagar una indemnización por la utilidad esperada, siempre que no existan criterios disímiles en la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala ha constatado la necesidad de unificar jurisprudencia en relación con el análisis de la oferta más favorable y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada, debido a la existencia de criterios disímiles en la evaluación de propuestas y la determinación de la oferta más conveniente. En algunos casos, la Sala ha estimado que basta con corregir la puntuación no tenida en cuenta en favor del demandante, mientras que en otros ha requerido una revisión integral de todas las ofertas. Además, la Sala ha considerado que, en ausencia de prueba directa del perjuicio, puede aplicarse un criterio de razonabilidad basado en las reglas de la experiencia y la sana crítica para establecer la suma de dinero que debe ser reconocida al demandante, siempre y cuando el valor de la propuesta sea equivalente al presupuesto oficial. Esta unificación jurisprudencial permitirá una mayor coherencia en la aplicación del EGCAP y en la tasación de perjuicios en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿En los conflictos relacionados con la escogencia de la oferta más favorable, existen criterios disimiles para resolver el asunto en cuanto…¿Puede el juez reconocer la indemnización por no adjudicación de un contrato estatal con base en un criterio de razonabilidad, en ausencia de prueba directa del perjuicio?
¿Debe declararse la nulidad de la Resolución No. 1-1718 del 26 de septiembre de 2019, corregida por la Resolución No. 1-1734 del 27 de septiembre de 2019, mediante la cual el SENA adjudicó la Licitación Pública DG-LP-001-2019 a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, por configurarse la causal de falsa motivación en los términos planteados por la Unión Temporal Gestión Integral SENA (UT GIS)? ¿La Unión Temporal Gestión Integral SENA (UT GIS) acreditó que su oferta era la mejor propuesta y que tenía derecho al restablecimiento económico reclamado? No
La causal de nulidad de falsa motivación se configura cuando las razones que sirven de sustento al acto administrativo de adjudicación no corresponden a la realidad fáctica o jurídica que lo justifica, y no basta con afirmarla sin demostrar esa disonancia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 137 del CPACA enumera las causales de nulidad, entre ellas la falsa motivación, junto con la infracción de normas superiores, el desconocimiento del derecho de audiencia y la desviación de poder; la causal exige probar que los supuestos de hecho o de derecho efectivamente acreditados difieren de los que expresa el acto; y en el caso, la unión temporal no acreditó que su oferta fuera la mejor propuesta ni que tuviera derecho al restablecimiento reclamado. Por ello, el acto de adjudicación no se anula por falsa motivación cuando la prueba no evidencia esa disonancia. La regla se aplica a los actos precontractuales sometidos al control de legalidad.síntesis automática
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
El contratista demuestra fehacientemente la mayor permanencia en la obra pública que resulta directamente atribuible a la entidad demandante cuando se prueba de manera incontrovertible en el proceso judicial que esta ordenó la disminución del ritmo de avance por falta de presupuesto para pagar al constructor y permitió de forma negligente que el contrato de obra principal se quedara sin interventoría por vencimiento del plazo estipulado en las cláusulas, obligando por consiguiente al juez de segunda instancia a modificar la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato estatal y disponer que la administración asuma todas las consecuencias resarcitorias derivadas de la alteración grave del equilibrio económico y la ejecución irregular del objeto contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago?¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante?¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
¿Es nulo el contrato dado que la selección del contratista se debió haber efectuado por medio de licitación pública? Sí
Es absolutamente nulo el contrato estatal celebrado por contratación directa cuando la ley exigía su selección mediante licitación pública, y esa nulidad puede declararse aun a solicitud de la misma entidad que lo suscribió. La regla se apoya en que la nulidad es manifiesta cuando la selección del contratista se pretermitió y en que el acto que justificó la contratación directa también debe ser objeto de nulidad. Además, los estudios previos no pueden construirse con cotizaciones dirigidas a otros proveedores cuando ya se tenía una cotización preferente, lo que compromete la transparencia del procedimiento. En el asunto, la entidad solicitó la nulidad de su propio acto de contratación directa y del contrato celebrado, y la Sala revocó la decisión de primera instancia por encontrar nulo el contrato. En la práctica, la entidad que contrata sin licitación cuando la ley la exige no puede sanear el contrato y debe acudir a la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria?¿Las entidades públicas están legitimadas en la causa por activa para demandar sus propios actos administrativos cuando los consideren lesivos de sus propios intereses…¿Es procedente la declaración de la nulidad absoluta del contrato cuando se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, o cuando se celebre con abuso o desviación de poder…
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato, cuando la demanda se presenta despues de celebrado el contrato? Sí
Cuando la demanda contra el acto de adjudicación y el contrato se presenta después de celebrado el contrato, la vía procesal procedente es la acción de controversias contractuales. La regla se apoya en tres razones. Primera, los actos proferidos antes de la celebración del contrato deben demandarse dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, según el artículo 87 del CCA modificado por la Ley 446 de 1998. Segunda, una vez celebrado el contrato, la nulidad absoluta debe pedirse dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento, o en un término igual al de vigencia del contrato si es superior, sin exceder cinco años, según el artículo 136 numeral 10 literal e del CCA. Tercera, en el caso la demanda se presentó el 21 de febrero de 2007, dentro de los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato ocurrido el 21 de diciembre de 2006, por lo que es oportuna. Por ello la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda contra el acto de adjudicación y el contrato, se presentó en tiempo?¿Se configuró la excepción de indebida formulación de pretensiones debido a que la pretensión de condena se dirigió contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y no contra el Fondo de…¿Las copias simples de documento tienen mérito probatorio?
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero…¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo…¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-06Sala Consulta y Servicio CivilALVARO NAMEN VARGASRad. 11001030600020180004200CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La asignación de espectro y el otorgamiento de concesiones del servicio de radiodifusión sonora comercial, debe efectuarse empleando reglas de selección que prioricen el propósito de maximizar los recursos del Estado, como la subasta; o pueden emplearse otras reglas de selección al amparo del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 y de las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aunque no necesariamente prioricen el objetivo de maximizar recursos del Estado? Sí
El servicio de radiodifusión sonora opera como aquel servicio público de telecomunicaciones que permite emitir, transmitir y recibir sonidos por el público en general utilizando exclusiva o principalmente las ondas radioeléctricas o de radio, cuya titularidad recae en el Estado desde antes de la Constitución Política de 1991 para ser prestado directamente por intermedio de sus entidades y organismos o indirectamente por particulares previamente autorizados, manteniendo dicha característica bajo la regulación de la Ley 1341 y aplicándosele una amplia gama de disposiciones constitucionales en su triple condición de servicio público, medio masivo de comunicación social y sistema de telecomunicaciones que utiliza predominantemente el espectro radioeléctrico como bien de naturaleza pública perteneciente a la Nación colombiana.síntesis automática
También resuelve:¿El proceso de selección de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora debe ser consecuente con el derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución Política?
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral? Sí
El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…
¿Conforme al momento de la presentación de la demanda, en el caso concreto, cuando ya se había adjudicado y firmado el contrato, procedía la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista puede presentar una acción de controversias contractuales incluso después de que se haya adjudicado y firmado el contrato, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para solicitar la nulidad absoluta del contrato, que es de dos años a partir de su perfeccionamiento. Esta regla se sostiene en que las normas procesales no son retroactivas y que los actos administrativos precontractuales pueden ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, mientras que la nulidad del contrato debe solicitarse dentro del plazo de dos años desde su celebración. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales en estos casos, lo que permite a los contratistas defender sus intereses legales incluso después de la firma del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de los actos precontractuales fue presentada antes de los treinta días siguientes a su notificación y la nulidad del contrato se solicitó dentro de los dos años siguientes a su…¿Tienen valor probatorio las copias simples adjuntadas a la demanda?¿Los documentos pueden ser publicos o privados, del primero se presume su autenticidad y el mérito probatorio de los mismoslo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
¿Cuándo se pretende demandar antes del vencimiento del término de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación y en los cuales no se ha celebrado contrato aun, debe demandarse el acto en forma separada con el objeto de obtener su nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho, sin embargo, si el término ya ha vencido, sólo procede la impugnación de ambos actos y con el objeto exclusivo de la declaratoria de nulidad del contrato, lo cual excluye el restablecimiento del derecho, permitiento interponer la acción de controversias contractuales como en el caso concreto, en el cual se busca la declaratoria de nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y por ende la nulidad absoluta del contrato estatal, así mismo, tiene que tenerse en cuenta que el término de caducidad de dicha acción es de dos años contados a partir de la suscripción del contrato ? Sí
El contratista debe demandar el acto de adjudicación en forma separada y antes del vencimiento del término de 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación para obtener su nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho, sin embargo, si la demanda se presenta después de este término y antes de la suscripción del contrato, sólo procede la impugnación conjunta de ambos actos con el objeto exclusivo de declarar la nulidad del contrato, excluyendo el restablecimiento del derecho. La acción de controversias contractuales se ejerce dentro de los dos años contados a partir de la suscripción del contrato, y la caducidad de la acción no opera si la demanda se presenta dentro de este plazo. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, lo que implica que las pretensiones económicas no son procedentes si la demanda se presenta fuera del término de 30 días para la impugnación del acto de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:¿El pliego de condiciones determina las reglas, factores y criterios que facilita la selección objetiva del contratista, en él debe delimitarse de forma clara y precisa los requisitos habilitantes y…¿Los requisitos habilitantes ayudan a determinar si el proponente cumple o no con las exigencias necesarias para participar en el proceso de selección…¿El Ministerio de Protección Social puede expedir las autorizaciones para laborar horas extras en el territorio nacional, sin que se distinga entre las dependencias que lo componen o representan…
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