Titulación de la relatoría 32.829 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO / ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN / COMUNIDAD ÉTNICA / GRUPO ÉTNICO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del cpaca, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el contrato de atención a la administración educativa para la población étnica no. 255 de 2014, cuya liquidación judicial se pretende, fue suscrito por el departamento de la guajira -entidad territorial-. igualmente, al consejo de estado le corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 13 de febrero de 2019, proferida por el tribunal administrativo de la guajira, conforme lo previsto en los artículos 150 y 152 del cpaca, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón de que la pretensión económica de la demanda excede los 500 smlmv a la fecha de su presentación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN / GRUPO ÉTNICO / COMUNIDAD ÉTNICA / ESTUDIANTE / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR INICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Problema jurídico:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado, cuando ello está previsto en una cláusula del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El medio de control procedente es el de controversias contractuales, conforme con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, dado que en el presente asunto se pretende la liquidación judicial del contrato de atención a la administración educativa para la población étnica 255 de 2014, con la inclusión del reconocimiento del mayor valor resultante de la prestación del servicio educativo a un número de estudiantes superior al originalmente convenido, en virtud de lo estipulado en la cláusula quinta del mencionado contrato, la cual preveía la posibilidad de incrementar su valor inicial cuando “la Asociación repor[tara] el aumento del número de niños atendidos y se con[tara] con la verificación del supervisor del contrato”. Lo anterior da cuenta de que, al amparo de la cláusula quinta del contrato objeto de estudio, era posible el reconocimiento económico en el escenario de que se atendiera un número mayor de niños al inicialmente pactado. En efecto, el parágrafo primero de la referida cláusula estipuló lo siguiente: “El tope máximo de estudiantes atendidos será de 7.733 en consecuencia las partes convienen que el valor del contrato no podrá superar el señalado en el mismo, salvo en el caso que LA ASOCIACION reporte aumento del número de niños atendidos y se cuente con la verificación del supervisor”; cláusula que cobija y que se constituye en la causa en el evento en que se hubiese prestado el servicio educativo a más estudiantes de los convenidos en un principio -como ocurrió en este caso y se verá más adelante-, de ahí que, bajo esta óptica, se insista que el medio de control procedente no pueda ser uno diferente al de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda fue ejercida en tiempo, de conformidad con el término previsto en el artículo 164.2 (literal j, numeral v) del CPACA, puesto que, al haber concluido la ejecución del contrato objeto de análisis el 27 de noviembre de 2014, el plazo para su liquidación bilateral (4 meses) y unilateral (2 meses) corrió entre el 28 de noviembre de 2014 y el 28 de mayo de 2015. En consecuencia, como el término de los dos años para la presentación oportuna del medio de control de controversias venció el 29 de junio de 2017, la demanda presentada el 18 de diciembre de 2015 fue oportuna, incluso sin entrar a considerar la suspensión del término de caducidad por la presentación de la conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164.2 LITERAL J
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / ETNOEDUCACIÓN / DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN / COMUNIDAD ÉTNICA / DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL / PROTECCIÓN AL GRUPO ÉTNICO / PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL / PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ÉTNICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DERECHO CONSTITUCIONAL / JUSTICIA MULTICULTURAL / CARÁCTER PLURALISTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CONSTITUCIONALISMO PLURALISTA / PLURALISMO EDUCATIVO / PRINCIPIO DEL PLURALISMO / ESTADO SOCIAL DE DERECHO / POSTULADOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / FUNDAMENTOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / IDIOMA NATIVO / FUNCIÓN DEL LENGUAJE / DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL INDÍGENA / DERECHO DE ACCESO A LA CULTURA / IGUALDAD ENTRE CULTURAS / POBLACIÓN VULNERABLE / CONTRATO PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE / DERECHOS HUMANOS / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas, en condiciones de respeto por su identidad cultural y mediante esquemas concertados con sus autoridades propias?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Constitución Política de 1991 tiene como uno de sus pilares fundamentales el reconocimiento del carácter multicultural y pluralista del Estado (artículo 1º) y, en consecuencia, este se encuentra en la obligación de proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación (artículo 7º), así como el carácter oficial de los dialectos y las lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, cuya enseñanza debe garantizarse en aquellas comunidades con tradiciones propias (artículo 10). En tal medida, los integrantes de los diversos grupos étnicos tienen derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural (artículo 68), con fundamento en el derecho de acceso a las culturas y el igual respeto por todas las que coexisten en el país (artículo 70), pues el Estado debe promover y adoptar medidas para que la igualdad sea real y efectiva en favor de grupos o personas vulnerables (artículo 13). Estas normas superiores, según la Corte Constitucional, fundamentan el derecho especial a la etnoeducación, dado que abordan aspectos claves relacionados con el idioma, la vinculación de la educación con la igualdad, la cultura y el respeto por la identidad étnica de los pueblos, noción que se ve reforzada por lo establecido en diversas normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos (…). [L]a Ley 115 de 1994 (…) previó la posibilidad de que, cuando fuere necesario, las entidades territoriales suscribieran contratos con organizaciones indígenas para la prestación del servicio educativo para las comunidades étnicas, los cuales deberán ajustarse a los proceso, principios y fines propios de la etnoeducación, y ejecutarse en concertación con las autoridades de las entidades territoriales indígenas y de los grupos étnicos (artículo 63).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el derecho a la etnoeducación, ver: Corte Constitucional, sentencia SU 2451 del 29 de julio de 2021, M. P. Diana Fajardo Rivera.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 10, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 13, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 68, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 7, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 70, LEY 115 DE 1994 - ARTÍCULO 63
SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN / ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN / ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL / ACCESO A LA EDUCACIÓN EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO / BENEFICIOS EDUCATIVOS / CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN / MODELO DE EDUCACIÓN / NORMATIVA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN / SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL / CALIDAD EDUCATIVA / COBERTURA EDUCATIVA / RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS / PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN / PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO / PAGO DEL SALARIO DEL DOCENTE / FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA / FACULTADES DEL CONPES / DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / PRINCIPIO DE EFICIENCIA / PRINCIPIO DE EFICIENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE EQUIDAD / SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIVADA
Problema jurídico:
¿Debe el Estado garantizar la prestación del servicio público de educación, incluyendo la etnoeducación, conforme a los principios de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad??
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 67 de la Constitución Política determinó que la educación -concepto en sentido amplio que incluye la etnoeducación- no solo era un derecho fundamental de toda persona, sino también un servicio público con una función social, cuya prestación está a cargo del Estado (…). En este sentido, la Corte Constitucional ha afirmado que el derecho a la educación tiene cuatro componentes estructurales e interrelacionados, los cuales el Estado está en la obligación de respetar, proteger y cumplir, a saber: (i) asequibilidad o disponibilidad, que alude a la satisfacción de la demanda educativa, impulsando la oferta pública y facilitando la creación de instituciones privadas; (ii) accesibilidad, que protege el derecho individual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad, eliminando cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo, especialmente a quienes hacen parte de grupos vulnerables; (iii) adaptabilidad, el cual propende porque sea el sistema el que se adapte a las necesidades de los alumnos, y no en sentido contrario, valorando el contexto social y cultural en que se desenvuelven, con miras a evitar la deserción escolar; y (iv) aceptabilidad, por medio del cual se exige que el fondo de la educación, incluyendo los programas de estudio y los métodos pedagógicos, sean pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad. (…) Sobre la distribución de los recursos del SGP para la prestación del servicio de educación, el artículo 16 ejusdem dispuso que la Nación -mediante documentos CONPES- la realizaría entre los distintos municipios y distritos atendiendo los siguientes criterios: (i) población atendida; (ii) población por atender en condiciones de eficiencia; y (iii) equidad (…).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 67, LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 16
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN / EDUCACIÓN PRIVADA / PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ÉTNICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / AUTORIDAD INDÍGENA / AUTORIDAD TRADICIONAL INDÍGENA / CAPACIDAD CONTRACTUAL DEL CABILDO INDÍGENA / CULTURA INDÍGENA / DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA / UNIVERSIDAD INDÍGENA / ALCANCE DE LA AUTONOMÍA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CAPACIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CABILDO INDÍGENA / MIEMBROS DEL CABILDO INDÍGENA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATACIÓN DIRECTA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SIMPLE APOYO A LA GESTIÓN / SERVICIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA / COLEGIO PÚBLICO / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Está sujeta la contratación celebrada entre entidades territoriales y organizaciones indígenas representativas para la atención educativa de la población étnica al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, independientemente de la modalidad de selección aplicable según la naturaleza jurídica del contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la modalidad de selección de los contratos de administración de la atención educativa para la población étnica, el artículo 3 del Decreto 2500 de 2010 dispuso que: (i) si el contratista es un cabildo o una autoridad tradicional indígena, el proceso de selección se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 2.4. de la Ley 1150 de 2007 [contratación directa para la celebración de un contrato interadministrativo]; en cambio; (ii) si el contratista es una organización indígena representativa de uno o más pueblos indígenas -como lo es la Asociación Wayuu Araurayu, demandante en este contencioso-, el proceso de selección se realizará de conformidad con lo previsto en el literal h) del artículo 2.4. de la Ley 1150 de 2007 [contratación directa para la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión]. (…) En atención a todo lo expuesto, resulta pertinente precisar que, al igual que en la etapa precontractual, el EGCAP constituye el régimen jurídico aplicable a la ejecución de los contratos de administración de la atención educativa para la población étnica (etnoeducación), celebrados entre una entidad territorial -calificada como entidad estatal conforme a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley 80 de 1993- y una autoridad tradicional indígena o una organización indígena representativa, sin que la modalidad contractual, derivada de la naturaleza jurídica del contratista, altere dicha sujeción (…).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2500 DE 2010 - ARTÍCULO 3, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2.4 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN / DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / CAPACIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / PRESUPUESTO DE ENTIDAD TERRITORIAL / ASIGNACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS ALUMNOS / ESTUDIANTE
Problema jurídico:
¿Pueden las entidades territoriales contratar con entidades no estatales la prestación del servicio educativo para comunidades étnicas cuando exista insuficiencia en la oferta oficial, con financiación sujeta a los límites definidos por la Nación a través del Sistema General de Participaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 27 de (…) la Ley 715 de 2001 (…) autorizó a las entidades territoriales contratar la prestación del servicio educativo con entidades no estatales, cuando se demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas oficiales, como en el caso de la atención etnoeducativa, por tener esta un carácter especial, en cuyo caso la financiación se realizará con recursos del Sistema General de Participación sin que se pueda superar la asignación por alumno definida por la Nación y, en caso de que este sea superior, el excedente deberá ser sufragado con recursos propios del ente territorial.
FUENTE FORMAL:
LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 27
PRUEBA DOCUMENTAL / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / RECURSO DE APELACIÓN / PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / NEGACIÓN DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez valorar documentos aportados con el recurso de apelación si no se configuran los supuestos legales para decretar pruebas en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e analizarán los documentos allegados al proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 del CGP, advirtiéndose que, en providencia del 16 de octubre de 2020, este Despacho resolvió abstenerse de tener como pruebas los documentos anexados junto con el recurso de apelación, al encontrar que no se configuró ninguno de los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA para que procediera el decreto de pruebas en segunda instancia; por consiguiente, estos no podrán ser valorados en este proveído, ya que, de acuerdo con el artículo 164 del CGP, “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso […]”.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 146, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 246
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MUTUO ACUERDO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede el juez, en el marco de la liquidación judicial del contrato, reconocer y cuantificar prestaciones adicionales no previstas inicialmente, ejecutadas de buena fe y esenciales para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato y reflejar la realidad de su ejecución?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación de los contratos celebrados por la Administración se constituye como el acto jurídico mediante el cual se determina el estado de ejecución de las obligaciones contraídas por las partes. En este sentido, conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, deben liquidarse tanto los contratos de tracto sucesivo como los demás que lo requieran, como es el caso del contrato objeto de análisis, pues si bien este tiene el carácter de prestación de servicios, en los cuales no es obligatoria su liquidación, esta fue expresamente pactada por las partes. La liquidación, entonces, puede realizarse: (i) de común acuerdo entre las partes (bilateral); (ii) de manera directa por la administración (unilateral); y (iii) mediante la intervención de un juez (judicial), la cual solamente procede en ausencia de la liquidación bilateral y unilateral. Así, en sentido amplio, independientemente de su modalidad, la liquidación es un instrumento por el cual se realiza la comprobación definitiva de las cuentas derivadas de la ejecución del contrato, con el propósito de finalizar dicha relación; ejercicio en el cual se admite la inclusión de los acuerdos, conciliaciones y transacciones necesarias para poner fin a las divergencias presentadas y declarar el paz y salvo respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato. (…) De esta forma, debe concluirse que la liquidación judicial -como la pretendida en esta oportunidad- tiene como objetivo determinar el estado final de la ejecución de las obligaciones asumidas por los extremos de un contrato y, con sustento en ello, realizar su cierre definitivo. En este ejercicio, el juez está facultado para reconocer y cuantificar la ejecución de prestaciones o actividades adicionales a las inicialmente previstas, siempre y cuando dicha ejecución haya sido realizada de buena fe y resulte esencial para el cumplimiento del objeto contractual, esto en virtud de la necesidad de mantener el equilibrio económico del contrato y garantizar que las prestaciones pactadas reflejen fielmente la realidad contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación judicial del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 14 de febrero de 2019, rad. 59727, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 15 de diciembre de 2021, rad. 53727, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 1 de diciembre de 2023, rad. 62067, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN / COMUNIDAD INDÍGENA / ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS / COMUNIDAD WAYUU / CAPACIDAD CONTRACTUAL DEL CABILDO INDÍGENA / ESTUDIANTE / EDUCACIÓN DEL MENOR DE EDAD / COBERTURA EDUCATIVA / MATRÍCULA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO / POBLACIÓN INDÍGENA / CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL / FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL / INFORME TÉCNICO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO / LÍMITES A LA FACULTAD IMPOSITIVA DEL DEPARTAMENTO / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Puede una entidad contratante rechazar la solicitud de adición del valor de un contrato de etnoeducación cuando la supervisión ha verificado y autorizado el aumento en el número de estudiantes atendidos, conforme a las condiciones contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] través del contrato 255 de 2014, el ente departamental encomendó a la Asociación Wayuu Araurayu la administración de la atención del servicio educativo para la población étnica de su comunidad (…): En el contrato referido se acordó que el tope máximo de estudiantes a atender sería de 7.733, cifra que correspondía al número de menores debidamente matriculados en los ocho establecimientos educativos administrados por la contratista a la fecha de celebración del negocio jurídico; en consecuencia, el valor inicialmente convenido, que ascendía a $13.734’878.000, en principio no podía ser excedido, salvo en el caso que la Asociación reportara un aumento en la población estudiantil atendida y esa información fuera verificada por la supervisión del contrato, función que le fue encomendada la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira. (…) [I]ndependientemente de cómo se adelantara dicha verificación, ya fuere mediante constatación documental o visitas de campo, esta debía reflejarse en cada uno de los informes que el supervisor estaba obligado a presentar al ente departamental para autorizar los pagos pactados mensualmente. (…) Bajo este panorama, se observa que durante la ejecución del contrato la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, en su condición de supervisor, presentó tres informes autorizando los pagos correspondientes. (…) Fue, entonces, con base en lo dispuesto en los últimos dos informes (…), que la Asociación Wayuu Araurayu solicitó al contratante la adición del valor del contrato por el incremento de la población estudiantil atendida, en consonancia con lo estipulado en la cláusula quinta del pacto. No obstante lo anterior, la entidad departamental rechazó dicha solicitud, al considerar que la Secretaría de Educación Departamental, en su rol de supervisora, no contaba “con la verificación de los alumnos reportados por la Asociación como atendidos”. (…) [R]esulta inadmisible el argumento que sirvió de fundamento para rechazar la solicitud de adición presentada por el contratista, relacionado con la imposibilidad de verificar dicha información, ya que, (…) en ausencia de una regulación expresa sobre cómo debía llevarse a cabo la referida verificación, el simple hecho de que en los informes de supervisión se aceptara el aumento en el número de estudiantes atendidos resulta suficiente para considerarlo acreditado.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / ESTUDIANTE / CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / INFORME FINAL DEL CONTRATISTA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / COBERTURA EDUCATIVA
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento y liquidación judicial del valor correspondiente a la atención de un número adicional de estudiantes, cuando dicha mayor ejecución fue constatada por la interventoría y confirmada por la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a cantidad de 734 estudiantes adicionales, confirmada por la entidad accionada al momento de contestar la demanda - en la cual afirmó que, en ejecución del contrato objeto de controversia, la Asociación atendió esta cifra de 734 estudiantes de más-, fue constatada por la interventoría, quien así lo consignó en el informe final que presentó (…). En tales condiciones, a juicio de este juzgador, el porcentaje de cumplimiento del objeto contractual consignado en el informe final de interventoría -medido con base en el número de estudiantes efectivamente atendidos- ostenta plena eficacia y validez probatoria, máxime cuando, como se observó en precedencia, las cifras que dicho informe reporta en punto a la población estudiantil atendida resultan de las visitas realizadas a las sedes de las distintas instituciones etnoeducativas, así como de la verificación de planillas de asistencia diligenciadas y suscritas por los docentes, según se detalla en el informe, apreciándose, en suma, que el contenido del informe referido es completo, coherente, detallado y suficientemente razonado. (…) Con base en lo anterior, forzoso resulta concluir que, atendiendo la naturaleza del servicio contratado y de acuerdo con el alcance que se le dio a su objeto, previendo la posibilidad de que el servicio fuera prestado a un mayor número de estudiantes al inicialmente convenido, resulta procedente incluir, dentro de la liquidación judicial que se pasará a efectuar, el reconocimiento y cuantificación de la mayor ejecución del objeto contractual, esto es, la prestación del servicio etnoeducativo por la Asociación Wayuu Araurayu a una población de 734 estudiantes adicionales.
CONCEPTO DE INTERVENTOR / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / INFORME DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INFORME FINAL DEL CONTRATISTA / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede considerarse que el interventor o supervisor contractual actúa como un tercero imparcial y autónomo con funciones certificadoras para efectos de la liquidación y el pago final de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as funciones descritas en (…) el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (…) se armonizan con las estipuladas en la cláusula octava del contrato para el supervisor o interventor, entre las que destaca, la responsabilidad de elaborar el informe final del contrato, “certificando el cumplimiento del objeto con el fin de dar trámite a la liquidación del contrato y al último pago del mismo”, a lo que conviene añadir que, tal como lo ha resaltado la jurisprudencia, el rol interventor no es el de ser un vocero, ni menos aún un representante del ente contratante, sino el de constituirse en un intermediario imparcial y autónomo de las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la función del interventor en los contratos administrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2024, rad. 67095, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 1 de junio de 2020, rad. 47101, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS / CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN / ESTUDIANTE / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / IPC / CONDENA CONTRA EL ESTADO / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO COMERCIAL
Problema jurídico:
¿Procede la liquidación judicial para reconocer el mayor valor resultante de la ejecución final del contrato, derivado de la acreditada atención de 734 estudiantes adicionales al inicialmente convenido?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera, por una parte, que sí se cuenta con los medios de prueba suficientes para realizar la liquidación judicial del contrato 255 de 2014 y, por otra parte, que corresponde reconocer el mayor valor resultante de la ejecución final del contrato, derivado de la acreditada atención de 734 estudiantes adicionales al inicialmente convenido, lo que, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del contrato, implica el pago de $1’550.000 por cada menor adicional atendido, a favor de la Asociación Wayuu Araurayu. Esta operación matemática arroja como resultado $1.137’700.000; monto que será actualizado tomando como índice base el correspondiente al IPC del mes en que venció el plazo para liquidar tanto bilateral como unilateralmente el contrato -mayo de 2015-, y como índice final el IPC reportado para la fecha de expedición de esta providencia -mayo de 2025 (…). Entonces, VP es igual a dos mil seis millones setecientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos con tres centavos ($2.006’746.687,03). Monto que deberá ser pagado por el departamento de La Guajira en un plazo máximo de diez (10) meses, a partir de la fecha de ejecutoria de esta sentencia, momento en el que dicha suma empieza a devengar intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del CPACA. Se advierte, además, que una vez vencido el término de los diez (10) meses, sin que la entidad demandada hubiera realizado el pago, se causarán intereses moratorios a la tasa comercial, según lo prescrito por el artículo 195.4 del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195 NUMERAL 4
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida, y pueden fijarse agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala condenará en costas de segunda instancia a la entidad demandada, dado que fue la parte vencida en el presente asunto. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que, en esta instancia y con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijan agencias en derecho por el 0.5% de las pretensiones reconocidas en el presente asunto.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003