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¿El demandando cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el presente proceso de repetición, considerando que, pese a que no profirió el oficio que fue debatido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandante le atribuyó la causación del daño a su conducta dolosa o gravemente culposa? Sí
El demandado cuenta con legitimación en la causa por pasiva en un proceso de repetición cuando la entidad demandante le atribuye la causación del daño a su conducta dolosa o gravemente culposa, independientemente de que no haya sido el responsable directo del acto administrativo cuestionado. En este caso, a pesar de que el demandado no profirió el oficio en cuestión, la entidad demandante le atribuyó la responsabilidad por el pago de la diferencia salarial y prestacional debido a que le asignó las funciones que dieron lugar a ese pago. La Sala estableció que la legitimación en la causa por pasiva no requiere que el demandado haya sido el autor del acto administrativo, sino que su conducta haya causado el daño. Sin embargo, la Sala también determinó que el pago realizado por concepto de reajustes salariales, prestaciones sociales y aportes a seguridad social no constituye un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, ya que estos pagos corresponden a la remuneración legítima por los servicios prestados, y por lo tanto, no hay lugar a condenar en repetición. Esto implica que la entidad estatal no puede recuperar el valor de estas sumas a través de la acción de repetición, ya que no se consideran un daño causado por la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar en repetición al agente del Estado demandado, por el pago realizado por la entidad demandante por concepto de reajustes de salarios…¿La indexación de las sumas pagadas por concepto de diferencias de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, constituye un daño que deba ser reintegrado en sede de repetición?
¿Puede considerarse debidamente sustentado un recurso de apelación cuando el recurrente únicamente reproduce los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones que sustentan la sentencia de primera instancia? No
El recurso de apelación no se entiende debidamente sustentado cuando el recurrente se limita a reproducir los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones de la sentencia de primera instancia, porque la competencia del superior se delimita por los reparos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: los artículos 320 y 328 del CGP delimitan la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos que el recurrente dirige contra la decisión; la carga de sustentación no se satisface con una mera manifestación de desacuerdo, sino con la exposición clara de los motivos de censura y de las razones por las que el a quo habría errado; y la reiteración de argumentos de etapas anteriores, particularmente de la demanda, no cumple esa finalidad. Por ello, el reparo sin esa exposición concreta no permite revocar la sentencia. Esta regla se aplica a todo recurso que no identifique los errores de la providencia impugnada. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Puede configurarse la excesiva onerosidad sobrevenida respecto de un contrato ya ejecutado y liquidado, cuando no existen prestaciones pendientes de cumplimiento?¿Procede el reconocimiento de un desequilibrio económico contractual cuando el contratista alega que la proyección de la TRM realizada por la entidad contratante resultó errónea…¿Cumple la carga de sustentación del recurso de apelación el recurrente que, para sustentar las pretensiones de incumplimiento contractual…
LAUDO ARBITRAL,FALLO EN CONCIENCIA,Principio de equidad – Finalidad,Recurso extraordinario de anulación,No es segunda instancia,Principio dispositivo,Contenido,Aplicación – Mes: junio – Año: 2017…
También resuelve:Laudo arbitral: recurso extraordinario de anulación, finalidad, no es segunda instancia, principio dispositivoFallo en conciencia o en equidad: contenidoPrincipio de equidad: aplicación
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2026-02-27Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020170045901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez puede emitir una aclaración cuando la parte solo expresa inconformidades con la decisión sin señalar un punto de la sentencia que cause duda real o afecte su cumplimiento, conforme al principio de inmutabilidad? No
El juez niega la solicitud de aclaración o adición de una providencia cuando la parte interesada se limita a expresar inconformidades con la decisión adoptada sin demostrar la existencia de frases dudosas o puntos litigiosos omitidos. Conforme al principio de seguridad jurídica y de inmutabilidad consagrado en el Código General del Proceso, las sentencias son irreformables por el mismo funcionario judicial que las profiere, y los mecanismos de aclaración y adición tienen un carácter restrictivo que impide de manera absoluta reabrir el debate procesal ya decidido en el litigio.síntesis automática
¿La demandante en su oferta determinó un porcentaje en el que cuantificó la utilidad y los demás componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad? Sí
Cuando el oferente discrimina en su propuesta un AIU que incluye administración, imprevistos y utilidad, el porcentaje así fijado no puede reconocerse como ganancia exclusiva, pues el AIU es un concepto que agrupa esos componentes y que no tiene porcentajes mínimos ni máximos legales. Una razón es que la propuesta distribuyó el presupuesto e identificó costos directos, luego señaló un valor por AIU lo que muestra que cuantificó expresamente sus componentes. Otra razón es que el documento complementario de la oferta indicó que el 15 por ciento incluía los costos administrativos, las pólizas, los impuestos y los riesgos del contrato, de modo que el oferente tenía claro que ese porcentaje cubría la administración y los imprevistos. En el caso, la Sala negó la pretensión que pedía reconocer el 15 por ciento como utilidad. Según la providencia, el AIU que se introduce en el valor total de la oferta es de uso frecuente en los contratos de tracto sucesivo y cada empresa fija su estructura de costos conforme a sus condiciones; su consecuencia práctica es que el proponente debe desglosar cada componente del AIU en su oferta si pretende que se le reconozca como utilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante puede desconocer el porcentaje global para el AIU, fijado en la oferta?¿El porcentaje de administración correspondía al monto total que la entidad pagaría por el contrato?¿Es posible aplicar el criterio de equidad para disgregar en partes iguales el valor global del AIU fijado por el demandante?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas. En ese sentido, es oportuno recordar que la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural demanda al departamento de La Guajira, entidad territorial cuya naturaleza pública no admite duda alguna, así como tampoco la de su contraparte.
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento de convenio administrativo…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de…¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida?
Sentencia — Sentencia2025-08-08Sección PrimeraNUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓNRad. 11001031500020250224400ACCIONES DE TUTELA
[Corresponde a la sala determinar si ¿en la presente acción de tutela se satisface el requisito de relevancia constitucional, que habilite su procedencia, para analizar de fondo las pretensiones de la parte actora, con ocasión de la providencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 2018- 00081-01?] No
El contratista no puede utilizar la acción de tutela para revisar una decisión judicial en un medio de control de controversias contractuales, ya que esta no cumple con el requisito de relevancia constitucional. La Sala determinó que los argumentos del contratista, que buscan la reapertura del asunto y la revisión de la valoración probatoria y normativa, no se relacionan con la protección de derechos fundamentales, sino que pretenden establecer una instancia adicional para cuestionar la decisión del tribunal. El tribunal ya consideró los principios de equidad y proporcionalidad en su decisión, y la controversia giraba en torno a aspectos legales y económicos que no implican una vulneración de derechos constitucionales. Por lo tanto, la Sala declaró la improcedencia de la acción de tutela, reafirmando que este mecanismo no puede ser utilizado como recurso adicional para revisar decisiones judiciales ya tomadas.síntesis automática
¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal pretende recuperar el valor de la reparación patrimonial que tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa cometida por uno de sus agentes? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición para recuperar el valor de la reparación patrimonial que la entidad estatal tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, ya que estas sumas no constituyen un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, sino que corresponden a la remuneración por los servicios prestados y no implican una alteración de las condiciones preexistentes. Además, la indexación o actualización monetaria de las sumas pagadas no se considera un daño, sino un reconocimiento basado en la equidad para mantener la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. La pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena impuesta al Estado, sin incluir los intereses causados después de la ejecutoria de la sentencia. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo criterios precisos para determinar la procedencia de la acción de repetición en casos de responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Las sumas de dinero que se paguen por concepto de diferencia salarial, prestacional y de aportes a seguridad social corresponden a la remuneración por los servicios que prestó a la entidad el…¿La indexación o actualización monetaria que se realiza a las sumas pagadas no constituye un daño, al contrario, es un reconocimiento que se funda en la equidad…¿La pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena que se impuso al Estado, sin tomar en cuenta los intereses que se lleguen a causar?
¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron proferidas con falsa motivación por el hecho de desconocer la normatividad que rige la materia? No
El acto que niega la solicitud de contrato de estabilidad jurídica no adolece de falsa motivación cuando la solicitud no tiene como propósito principal el desarrollo de proyectos de crecimiento económico y el proyecto ya estaba en ejecución sin requerir esa estabilidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, el literal e) del artículo 3 del Decreto 2950 de 2005 exige que la estabilidad sea indispensable para el desarrollo del proyecto, de modo que el Comité debe verificar esa finalidad. Segunda, en el caso el proyecto había iniciado su ejecución en 2008, antes de la petición presentada el 23 de octubre de 2009, y no requería la estabilidad jurídica para desarrollarse. Tercera, la empresa solicitante no aportó prueba que desvirtuara las conclusiones de índole financiera del Comité. En consecuencia, no se declaró probada la falsa motivación de la decisión que negó la solicitud. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso en aplicación de un criterio objetivo?
¿El desequilibrio económico del contrato es un eximente de responsabilidad y excusa a las partes del cumplimiento del contrato? No
El contratista no puede excusarse del cumplimiento del contrato alegando desequilibrio económico, ya que esta situación no es un eximente de responsabilidad, sino una garantía para la continuada ejecución del contrato, incluso en presencia de dificultades económicas. La Sala establece que la ruptura del equilibrio económico no libera al contratista del deber de cumplir sus obligaciones contractuales. Además, para que una fuerza mayor excuse el incumplimiento, debe acreditarse la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad del hecho, lo cual no ocurrió en este caso, ya que el contratista no presentó pruebas suficientes ni argumentos jurídicos que justifiquen su falta de cumplimiento. La Sala reitera que la modificación del contrato, como la adición de plazos, no implica la configuración de una fuerza mayor, y que la indisponibilidad de los bienes no fue acreditada como causa eximente. Esta decisión matiza la interpretación de que el desequilibrio económico puede ser utilizado como excusa para el incumplimiento contractual, enfatizando la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales a menos que se acrediten las circunstancias excepcionales que eximen de responsabilidad, como la fuerza mayor.síntesis automática
También resuelve:¿Es necesario que el juez reporte y comente el contenido de cada una de las pruebas que obran en el expediente para entender que su decisión cumplió con los principios y obligaciones relacionados con…¿Las causas extrañas, entre las cuales se encuentran la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero eximen de responsabilidad al deudor?¿Procede la condena en costas en esta instancia a la parte demandante?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-12-18Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 76001233300020240056302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve:¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-04-16Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia, toda vez que la ordenada en el fallo emitido por esta Corporación fue desestimada por el juez de primera instancia al liquidar la condena en abstracto? Sí
No obstante, la orden contenida en la ratio decidendi de la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de 2013, en el sentido de que la liquidación de la condena en abstracto debía apoyarse en una prueba pericial, el Tribunal Administrativo de Sucre llevó a cabo por su propia iniciativa la correspondiente liquidación… , desestimó el dictamen pericial para efectos de acreditar la cuantía de los perjuicios ocasionados a la sociedad actora… .
También resuelve:¿En virtud del desequilibrio económico del contrato provocado por el Municipio al modificar la tasa de alumbrado público acordada al suscribir el negocio jurídico…¿El decreto de las pruebas de oficio no es solo una facultad del juez sino también un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente…¿La parte demandante debe sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tiene derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una…
¿Debe declararse el incumplimiento de las obligaciones del contratista, al no presentar todos los documentos requeridos para adelantar el cierre ambiental del contrato de obra? Sí
El contratista incumple el contrato de obra al no presentar todos los documentos necesarios para el cierre ambiental, incluyendo una certificación de no inicio de procesos administrativos por incumplimiento ambiental, lo que impide el cierre ambiental del contrato. La entidad contratante puede declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria con cargo a la póliza de cumplimiento, sin necesidad de acreditar la afectación patrimonial, ya que la cláusula penal se pactó como estimación anticipada de perjuicios. Además, la prolongación del incumplimiento no constituye una agravación del riesgo asegurado que obligue a notificar a la aseguradora, sino el acaecimiento del siniestro amparado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la efectividad de la cláusula penal y la obligación de informar cambios en el riesgo asegurable, facilitando la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria con cargo a la póliza que ampara el contrato de obra, por el incumplimiento de las obligaciones del contratista…¿Resulta procedente la graduación del monto de la cláusula penal pecuniaria por el cumplimiento proporcional de las obligaciones a cargo del contratista…¿La condena de primera instancia impuesta por el incumplimiento del contrato de obra, sobrepasó los límites de la póliza de cumplimiento…
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas…¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es…¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero…¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo…¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado…¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? No
Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ?¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato?¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?
¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato? Sí
El contratista puede aplicar el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la liquidación bilateral del contrato cuando no se haya estipulado un plazo específico, dado que este plazo es aplicable a contratos estatales sujetos a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato después de este plazo, y el término de caducidad del medio de control se suspende si la entidad presenta una solicitud de conciliación prejudicial, incluso si no está obligada a hacerlo. La Sala establece que el juez no está sujeto al término de caducidad cuando declara de oficio la nulidad del contrato, y que no se configura la cosa juzgada respecto de la validez del contrato si en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin pronunciamiento de fondo. Además, la Sala matiza la regla según la cual el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato sin que estén acreditados plenamente los elementos probatorios de la causal invocada, estableciendo que esta facultad no puede ejercerse sin un sustento probatorio adecuado.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad…¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal?¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria…