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El problema jurídico a resolver consiste en determinar si la contratista acreditó haber ejecutado el contrato y si, en consecuencia, tenía derecho a la remuneración acordada, sin que para ello sea impedimento la liquidación unilateral del contrato adoptada mediante acto administrativo, toda vez que el control de legalidad sobre dicho acto fue incluido como parte del litigio de conformidad con lo resuelto en la audiencia inicial. Sí
El contratista no tiene derecho a la remuneración acordada si no acredita el cumplimiento de las condiciones pactadas para hacer exigible el pago, independientemente de que el contrato haya sido unilateralmente liquidado por la entidad estatal, siempre que el control de legalidad de dicha liquidación forme parte del litigio. La Sala confirmará la decisión apelada porque el contratista no probó haber ejecutado el contrato a satisfacción de la entidad demandada, por lo que no puede prosperar la pretensión de indemnización de perjuicios. Además, la Sala no declara la nulidad absoluta del contrato por no encontrar manifiesta la supuesta finalidad desviada en su suscripción, y reitera que la eventual transgresión del principio de planeación no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta. En cuanto a las costas, se condena a la parte vencida conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se fijan las agencias en derecho en la suma de quince millones de pesos.síntesis automática
También resuelve:¿La eventual transgresión del principio de planeación no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta?¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas en segunda instancia?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala determina que el contrato No. 229 de 2015 no puede ser celebrado mediante contratación directa, ya que no se ajusta a la definición legal de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, lo que implica la procedencia de declarar su nulidad absoluta por violar el principio de selección objetiva. Además, reconoce el derecho de la demandante al pago de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, considerando que el precio del contrato era global y que se han acreditado los actos de apertura y clausura de los juegos deportivos, aunque no se completó el pago total. Esta sentencia reitera y matiza la interpretación restrictiva de los contratos de apoyo a la gestión y refuerza la necesidad de cumplir con los principios de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato No. 229 de 2015 no podía ser celebrado mediante la modalidad de selección de contratación directa por no ser un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión?¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 229 del 05 de noviembre de 2015…¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato No. 229 de 2015?
¿Dentro de la interpretación del precepto normativo, pueden incluirse los bienes muebles como sujetos a los cuales aplique la causal contenida en el literal i del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, o debe entenderse que esta causal solo recae sobre los bienes inmuebles?
La contratación directa es de aplicación restrictiva y solo procede por las causales taxativas del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Aunque constituye una excepción a la libre concurrencia, no está exceptuada de los principios de transparencia y selección objetiva, que se orientan a la objetividad en la escogencia del contratista. Según el concepto, la causal estudiada no se ajusta al arrendamiento de bienes muebles, de modo que, para ese fin, la entidad no puede acudir a la contratación directa y debe recurrir a otro mecanismo de selección. Esta conclusión se apoya en que la contratación directa no es un fundamento para impedir o restringir la competencia, sino una excepción que debe interpretarse dentro del cumplimiento de los principios de la contratación, de la función administrativa y de la gestión fiscal. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia que el arrendamiento de bienes muebles no encuadra en la causal de contratación directa analizada.síntesis automática
También resuelve:Contratación directa: características, estudio del mercado y análisis del sectorPrincipios de la contratación pública: contratación directa, transparencia, selección objetiva, aplicaciónAlcance de la contratación directa: causal del artículo 2 numeral 4 literal i de la Ley 1150 de 2007, interpretación restrictiva, arrendamiento de bienes inmuebles
… existe la posibilidad de suscribir contrato de donación de servicios? La normativa, específicamente el código civil, concibe la donación de bienes (muebles e inmuebles). No obstante, no existe contemplado la posibilidad de donación de servicios. Ejm: yo le dono al alcalde el transporte a x vereda; yo dono el transporte de las donaciones de la DIAN desde la bodega a la Alcaldía, ETC.
La donación no puede recaer sobre servicios, porque de su definición y características se desprende que su objeto son bienes, y el artículo 1455 del Código Civil establece que no hay donación si habiendo disminución de patrimonio en una parte no hay aumento en la otra, regla que el artículo 1453 aplica al disponer que los servicios personales gratuitos no constituyen donación. La prestación de servicios no remunerados puede configurar un negocio atípico, pues el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 considera contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones previstos en el derecho privado, en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, y el carácter gratuito no excluye la existencia de contrato. La contratación directa es una modalidad no competitiva y excepcional frente a la licitación pública, y sus causales del artículo 2, numeral 4, de la Ley 1150 de 2007 deben interpretarse restrictivamente, conforme a su tenor literal. Por ello, la entidad contratante define en cada caso concreto si un negocio jurídico que involucra la prestación de servicios gratuitos se encuadra en alguna de esas causales.síntesis automática
También resuelve:Contrato de donación: concepto, régimen jurídico, característicasServicios no remunerados: modalidad atípicaContratación directa: excepción a los procedimientos de convocatoria pública
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias relativas a la validez de contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas, conforme al artículo 104 del CPACA. En la presente providencia, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo, en atención a la vocación de doble instancia del proceso y dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal?¿Dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección?¿El acuerdo de voluntades celebrado por las partes se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios?
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…
¿La Orden de Compra n.° 94014, expedida por el ICBF a favor de la Unión Temporal Aseo Colombia 2 para la prestación del servicio de aseo y cafetería para la región n.° 11 en virtud del Acuerdo Marco de Precios n.° CCE-972-AMP-2019, está viciada de nulidad? ¿La Orden de Compra n.° 94014 fue expedida contra expresa prohibición constitucional o legal y, por lo tanto, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993? Sí
El contratista no puede obtener un contrato estatal mediante una orden de compra que vulnere la prohibición de eludir los procedimientos de selección objetiva, como lo establece el numeral 8° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, ya que esto configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la misma ley. Esto ocurre cuando, en la evaluación de propuestas, se cometen errores técnicos que llevan al rechazo indebido de la oferta más económica y a la adjudicación de la contratación a otra oferta, en contravención de los principios de objetividad y congruencia en la selección del contratista. La Sala reitera que la expedición de una orden de compra que no cumple con estos requisitos es nula absoluta y debe ser declarada como tal, con los efectos correspondientes en la contratación estatal.síntesis automática
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
¿Se presentó incumplimiento del contrato por el contratista y por ello procede la indemnización de perjuicios? Sí
El contratista es condenado a indemnizar los perjuicios causados por su incumplimiento del contrato, ya que no cumplió con sus obligaciones y la entidad estatal tuvo que asumir costos adicionales por un contrato de leasing financiero para completar la obra, lo cual es consecuencia directa y previsible del incumplimiento. La Sala revoca la sentencia que declaró la nulidad del contrato, al no demostrarse el desconocimiento de las reglas de procedimiento de selección ni la transgresión al principio de planeación como causales de nulidad. Además, se confirma que el medio de control de controversias contractuales fue presentado oportunamente, dentro del término de caducidad establecido. La regla reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la indemnización de perjuicios en caso de incumplimiento contractual, lo que implica que las entidades estatales pueden reclamar los costos adicionales generados por la falta de cumplimiento del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado de manera oportuna?¿Procede la nulidad absoluta del contrato por considerarse que no se podía dar aplicación a la contratación directa, sino que debió realizarse el proceso de licitación pública?¿Procede la indemnización de perjuicios por el incumplimiento del contratista?
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
NULIDAD SIMPLE,BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL,DECRETO 1510 de 2013,CONTRATACIÓN DIRECTA,ACTO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA,SELECCIÓN ABREVIADA – Decreto 1510 de 2013,Competencia,Lista abierta,lista cerrada,Artículo 65,Legalidad condicionada de los actos administrativos,Reglamentación,Principios de economía,transparencia y selección objetiva,Deberes de la entidad,Alcance,A – Mes: mayo – Año: 2018…
También resuelve:Nulidad simple: Decreto 1510 de 2013, competenciaBienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional: lista abierta, lista cerradaContratación directa: reglamentación, principios de economía, transparencia y selección objetiva
¿Las entidades territoriales pueden realizar un nombramiento libre o contratar directamente de manera directa a empresas, organizaciones sin ánimo de lucro o de economía mixta para realizar funciones de asesoría directa de la entidad territorial (alcaldías, gobernaciones, etc) debe ser persona natural?
¿Las entidades territoriales pueden realizar un nombramiento libre o contratar directamente de manera directa a empresas, organizaciones sin ánimo de lucro o de economía mixta para realizar funciones de asesoría directa de la entidad territorial (alcaldías, gobernaciones, etc) debe ser persona natural? [sic]…
También resuelve:Contrato y convenio interadministrativo: concepto, régimen jurídico aplicableModalidad de contratación directa: convenios o contratos interadministrativos, excepcionesSociedad de economía mixta: naturaleza jurídica
¿Ante la declaratoria de desierta de un proceso de selección de mínima cuantía, puede una entidad pública proceder a contratar de manera directa para atender la necesidad objeto del proceso?
El contratista no puede proceder a contratar de manera directa después de que un proceso de selección de mínima cuantía ha sido declarado desierto, ya que la Ley 1150 de 2007 no contempla una causal específica para esta situación, y la contratación directa es de aplicación restrictiva solo por las causales taxativamente señaladas en dicha ley. En su lugar, la entidad estatal debe considerar la posibilidad de adelantar un nuevo proceso de selección, teniendo en cuenta las modalidades de contratación previstas en la ley y sus respectivas causales, y corrigiendo los posibles obstáculos que llevaron a la declaratoria de desierta. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación restrictiva de la contratación directa y subraya la necesidad de cumplir con los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:Contratación directa: aplicación restrictiva de las causales de contratación directaDeclaratoria de desierta: procesos de contratación
¿Ante la reiterada declaratoria de desierta de un proceso de selección, puede una entidad pública proceder a contratar de manera directa para atender la necesidad objeto del proceso?
El contratista no puede proceder a contratar de manera directa después de que un proceso de selección haya sido declarado desierto, ya que la Ley 1150 de 2007 no contempla una causal específica para esta situación. La entidad estatal debe considerar la posibilidad de adelantar un nuevo proceso de selección, teniendo en cuenta las modalidades de selección y sus respectivas causales, y revisar los factores que afectan la participación en el proceso. Si la entidad decide modificar la modalidad de selección o acudir a una alternativa jurídica excepcional, debe consultar a sus equipos jurídicos y asegurar que la actuación esté debidamente motivada y ajustada a los principios de transparencia y responsabilidad, evitando así posibles cuestionamientos de los órganos de control. Este concepto no establece un criterio universal, sino que brinda elementos generales para que las entidades adopten la decisión más adecuada en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:Contratación directa: aplicación restrictiva de las causales de contratación directaDeclaratoria de desierta: procesos de contratación
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que aprobó la liquidación unilateral del convenio? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de dos años se cuenta desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral del contrato, conforme al cuarto supuesto del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la conciliación extrajudicial. La regla se sostiene en tres razones: la norma señala como punto de partida la liquidación unilateral cuando las partes no logran la liquidación de mutuo acuerdo; la liquidación unilateral del convenio se produjo en un momento que, sumado a la suspensión por la conciliación extrajudicial, permite presentar la demanda dentro del término legal; y el cómputo debe efectuarse desde la fecha de ejecutoria del acto que aprueba la liquidación, y no desde la fecha de la terminación del convenio. Por ello, la demanda presentada dentro de ese plazo es oportuna. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom corresponde a un contrato estatal, y no a uno de los convenios de asociación que celebran las entidades…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del convenio No. 23 de 2011 por haberse celebrado contra expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección objetiva consagrada en el…¿Hay lugar a ordenar restituciones mutuas cuando no está acreditada la existencia de prestaciones ejecutadas pendientes de pago hasta el momento de la declaratoria?
¿Es posible utilizar esta causal cuando el fabricante extranjero aunque tiene los derechos de autor y puede distribuir el sofware directamente, también cuenta con la opción en Colombia de tener habilitados o autorizados a diferentes partners para distribuir el Sofware?
¿Es posible utilizar esta causal cuando el fabricante extranjero aunque tiene los derechos de autor y puede distribuir el sofware directamente, también cuenta con la opción en Colombia de tener habilitados o autorizados a diferentes partners para distribuir el Sofware?. ¿ Es posible contratar directamente con el fabricante extranjero que cuenta con los derechos de autor del producto, a pesar de contar con varios proveedores autorizados para vender el bien? ¿Es posible que el fabricante extranjero expida una certificación para la entidad pública, indicando que será proveedor único y directo para una entidad pública en particular, según sus necesidades? (sic).
También resuelve:Contratación directa: pluralidad de oferentes, inexistencia, dos eventos, ausenciaÚnico proveedor: titular, propiedad industrial, derechos de autor, proveedor exclusivoDerechos de autor: explotación, contingente, proveedor exclusivo, licenciamiento
¿Se encuentra configurada alguna causal que imponga decretar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, considerando que no existe expresa prohibición legal para suscribir este tipo de negocios en forma directa, y que la presunta violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos? No
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo ni su liquidación judicial por falta de pruebas específicas y porque no existe una prohibición legal expresa para suscribir este tipo de negocios en forma directa; además, la violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos. La entidad estatal no acreditó las sumas de dinero que considera adeuda la contratista, por lo que la liquidación judicial no prospera. Esta decisión reitera que no cualquier transgresión del ordenamiento jurídico constituye causal de nulidad de los actos contractuales y que la validez de los contratos no puede estar determinada por el alcance que, a posteriori, otorgue el juez a los principios de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la liquidación judicial del convenio interadministrativo, para el reconocimiento de las sumas de dinero a favor de la entidad contratante y correlativamente a cargo de FONADE…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2026-05-19Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220003200CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Le son aplicables a la contratación celebrada por el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -Fondo Francisco José de Caldas, las restricciones impuestas por la Ley 996 de 2005 - Ley de Garantías Electorales? Sí
En primer lugar, como arriba se anotó, el Decreto 2226 en su artículo 3°, numeral 15, prevé que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como función administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia la Tecnología y la Innovación. También se ha explicado en líneas precedentes, que en virtud del contrato de fiducia mercantil 661 de 2018, dicho Ministerio ejerce la dirección y aprobación sobre los contratos o convenios celebrados por el patrimonio autónomo FFJC, incluso con la potestad de dictar instrucciones con base en las cuales se deben celebrar los actos y contratos derivados necesarios para cumplir con sus objetivos. De lo anterior se desprende que el patrimonio autónomo no actúa con independencia funcional o decisoria.
¿Cuando ambas partes apelan la sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones y revisar integralmente el asunto? Sí
El juez de segunda instancia ejerce competencia plena y revisa integralmente el litigio cuando ambas partes interponen recurso de apelación contra la providencia de primer grado. El artículo 328 del Código General del Proceso faculta al superior para pronunciarse sin limitaciones frente a los aspectos cuestionados por los extremos procesales. En el caso objeto de estudio, tanto el municipio como la parte demandante apelaron decisiones específicas relacionadas con la nulidad contractual y el alcance de las restituciones mutuas. En virtud de dicha pluralidad impugnatoria, la Sala examinó de manera integral los reparos formulados por los apelantes, garantizando la resolución efectiva de las inconformidades planteadas contra la sentencia de primera instancia dentro de los límites de la competencia funcional.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta del contrato estatal por parte del juez contencioso administrativo desconoce el carácter rogado de la jurisdicción y el principio de congruencia?¿El acuerdo en el que un municipio aporta un lote y obras de urbanismo y participa en el resultado de las ventas de un proyecto de vivienda cuya gestión integral asume un particular corresponde a un…¿El contrato estatal atípico que no se adecúa a ninguna causal de contratación directa está sujeto al factor cuantía para determinar la procedencia de la licitación pública?
Por lo demás, la Ley 2160 de 2021 adicionó el artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007, introduciendo unas causales de contratación directa que aplican de manera específica a algunos de los nuevos sujetos a los que se asigna capacidad jurídica. Respecto de los Cabildos Indígenas y las Autoridades Tradicionales Indígenas se incluyó el literal l), causal que opera únicamente respecto de estos sujetos siempre que el objeto contractual esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas.
También resuelve:Asociaciones de autoridades tradicionales: capacidad contractual –contratación directa, Ley 2160 de 2021, organizaciones regionales indígenas, nociónContratación directa: pueblos indígenas, regímenes, ámbito de aplicaciónLey 2195 de 2022: Artículo 56, documentos tipo, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública