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LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL

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Consejo de Estado Providencia

Debe declararse el incumplimiento de las obligaciones del contratista, al no presentar todos los documentos requeridos para adelantar el cierre ambiental del contrato de obra.

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020190007601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse el incumplimiento de las obligaciones del contratista, al no presentar todos los documentos requeridos para adelantar el cierre ambiental del contrato de obra? Sí
El contratista incumple el contrato de obra al no presentar todos los documentos necesarios para el cierre ambiental, incluyendo una certificación de no inicio de procesos administrativos por incumplimiento ambiental, lo que impide el cierre ambiental del contrato. La entidad contratante puede declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria con cargo a la póliza de cumplimiento, sin necesidad de acreditar la afectación patrimonial, ya que la cláusula penal se pactó como estimación anticipada de perjuicios. Además, la prolongación del incumplimiento no constituye una agravación del riesgo asegurado que obligue a notificar a la aseguradora, sino el acaecimiento del siniestro amparado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la efectividad de la cláusula penal y la obligación de informar cambios en el riesgo asegurable, facilitando la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria con cargo a la póliza que ampara el contrato de obra, por el incumplimiento de las obligaciones del contratista… ¿Resulta procedente la graduación del monto de la cláusula penal pecuniaria por el cumplimiento proporcional de las obligaciones a cargo del contratista… ¿La condena de primera instancia impuesta por el incumplimiento del contrato de obra, sobrepasó los límites de la póliza de cumplimiento…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 23001233300020140043301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del litigio derivado del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el municipio de San José de Uré y la IPS Promosalud & Cía. Ltda.? Sí
El contratista está legitimado para demandar la liquidación judicial del convenio de cooperación interinstitucional celebrado con el municipio, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del litigio, conforme al artículo 104 del CPACA. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dado que la cuantía supera los 500 SMLMV. La demanda fue presentada en tiempo, considerando el plazo de ejecución y liquidación del convenio, y sin afectar el término de caducidad por la conciliación extrajudicial. El marco de competencia del juez de segunda instancia se limita a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, sin que el juez pueda pronunciarse sobre aspectos no discutidos.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar el incumplimiento obligacional del convenio de cooperación interinstitucional por parte del municipio y para solicitar… ¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, hay que tener en cuenta el plazo de ejecución del convenio, el término para liquidarlo… ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la IPS demandante y por pasiva sobre el municipio por ser las partes que celebraron el convenio objeto de la controversia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El surgimiento de la obligación, no significaba ipso facto su exigibilidad

Sentencia — Sentencia 2022-04-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020130035001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La exigibilidad de la obligación de pago a cargo del INVIAS estaba sujeta a que el Consorcio elaborara las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos? Sí
El contratista no puede exigir el pago inmediato del INVIAS por la ejecución de obra pública sin cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, como la elaboración de las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos, avaladas por el interventor y los gestores del proyecto y del contrato. Además, el INVIAS tiene un plazo de 90 días calendario para pagar las facturas presentadas por el contratista, y si no lo hace, incurre en mora y debe pagar intereses moratorios. Sin embargo, si el contratista presenta las actas de obra después de vencida la vigencia fiscal correspondiente, renuncia a reclamar intereses, actualizaciones y sobrecostos, lo que constituye una cláusula limitativa de responsabilidad válida siempre y cuando no haya culpa del INVIAS en la tardanza, la cual debe probarse por la entidad. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad del pago en contratos de obra pública y establece límites a las cláusulas limitativas de responsabilidad para proteger la buena fe contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál era el plazo con el que contaba el INVÍAS para pagar las actas de obra presentadas por el contratista? ¿la cláusula limitativa de responsabilidad solo surtía efectos si el contratista presentaba tardíamente las actas de obra por su propia culpa? ¿La elaboración y presentación de la factura de venta era una carga que correspondía al Consorcio para efectos de recibir el pago por parte del contratista?
Consejo de Estado Providencia

La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria

Sentencia — Sentencia 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 08001233100020030131401 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
También resuelve: ¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple? ¿La liquidación de los contratos estatales es un acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones… ¿La Administración cuenta con competencia temporal para liquidar el contrato, hasta dos años después al incumplimiento de la obligación de liquidar?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

A la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020180032501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la cuantía del presente asunto de controversias contractuales y, considerando, que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas, conforme a la cláusula general del artículo 104 del CPACA. Cuando la cuantía de la pretensión mayor supera quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado, de acuerdo con los artículos 150, 152 numeral 5 y 243 del CPACA. La cuantía se determina por el valor de la pretensión mayor y se fija al momento de presentar la demanda. Una sociedad de economía mixta de capital mayoritariamente público y un establecimiento público del orden distrital, que integraban los extremos del contrato, son entidades públicas para estos efectos. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia fue confirmada, con fundamento en que el litigio cumplía esas condiciones de competencia. Como consecuencia práctica, la cuantía de la pretensión mayor a la fecha de la demanda define la segunda instancia en los procesos de controversias contractuales entre entidades públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 647 del 29 de octubre de 2014… ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la liquidación judicial del contrato interadministrativo de interventoría No. 647 del 29 de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210061701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo? ¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades? ¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Debe declararse fundado el impedimento de una magistrada

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020110058001 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse fundado el impedimento de una magistrada que, con anterioridad a la presentación de la demanda, intervino como apoderada en un trámite arbitral relacionado con el negocio jurídico objeto del proceso? Sí
El contratista no debe proponer la excepción de falta de jurisdicción cuando la demanda se presenta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia vigente en ese momento admite la renuncia tácita al pacto arbitral, lo que garantiza el acceso a la administración de justicia. La entidad estatal, al no oponerse a la jurisdicción contenciosa administrativa, se somete tácitamente a ella, permitiendo que la controversia sea conocida por la jurisdicción estatal, pese a la existencia de una cláusula compromisoria en el contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior que exigía una renuncia expresa por escrito para derogar la cláusula compromisoria, permitiendo que las controversias presentadas antes de la modificación de la jurisprudencia sean resueltas conforme a la regla de la renuncia tácita.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia, pese a la existencia de una cláusula compromisoria… ¿Resulta procedente el ejercicio de la acción contractual para controvertir actos administrativos de naturaleza contractual y solicitar la liquidación judicial del contrato… ¿Las partes del contrato objeto de la controversia están legitimados en la causa para ser parte en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020240013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve: ¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas… ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande… ¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas

Sentencia — Sentencia 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020070025101 ACCION CONTRACTUAL
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto… ¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes? ¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 44001233300020150021201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado… ¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal? ¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La pretensión de liquidación judicial del contrato exige la existencia previa de una controversia litigiosa entre las partes para configurar el objeto procesal.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-09-01 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 85001233300020150006402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es necesario que exista una controversia previa entre las partes para que proceda la pretensión de liquidación judicial del contrato ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El juez contencioso administrativo requiere la existencia de una controversia o litigio previo entre las partes contratantes para emitir pronunciamiento de fondo sobre la pretensión de liquidación judicial del contrato. En su aclaración de voto, el magistrado señala que el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 debe interpretarse en concordancia con el artículo 104 de la misma normativa, que define la jurisdicción como eminentemente contradictoria para juzgar litigios originados en la actividad de las entidades públicas. Por consiguiente, si la pretensión de liquidación no se funda en una contienda previa entre las partes, el proceso carecerá de causa y de objeto sobre el cual el juez deba pronunciarse, diferenciándose de los contratos regidos por el derecho privado donde rige la autonomía de la voluntad.síntesis automática