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¿Es obligatorio que las entidades publiquen los formatos en todas las tipologías y modalidades de selección de contratistas?
De manera preliminar resulta pertinente indicar que la obligatoriedad de publicar formatos en los procesos de selección de contratistas varía según la modalidad y el objeto del contrato. Así las cosas, en los procesos de selección abiertos, como licitaciones públicas, concursos de méritos o selecciones abreviadas, la publicación de formatos es un requisito fundamental para garantizar la transparencia, la igualdad de condiciones y el acceso a la información formando parte esencial del procedimiento de selección, ya que facilitan la estandarización, organización y cumplimiento de los requisitos legales y técnicos.
También resuelve:Principio de eficiencia administrativaDocumentos tipo: fundamento normativo, inalterabilidad, obligatoriedad
¿Qué se entiende por gasto suntuario en la contratación estatal y cuáles son los criterios jurídicos para determinar su configuración, conforme a las normas de austeridad del gasto público y los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente?
El contratista y la entidad estatal deben estructurar y aplicar procesos de contratación pública de acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, garantizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la adecuada relación costo-beneficio. Estos principios orientan la configuración de gastos suntuarios, entendidos como aquellos que no cumplen con los fines estatales o que no son necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad, y deben ser evaluados en función de su viabilidad jurídica, técnica y presupuestal, así como de su proporcionalidad con el objeto contractual. Colombia Compra Eficiente reitera la importancia de aplicar criterios objetivos y reglas claras en la contratación estatal para evitar erogaciones innecesarias y asegurar la austeridad en el gasto público, lo que implica una mayor diligencia en la planeación y ejecución de los procesos contractuales por parte de las entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:Sistema de compras públicas: principios orientadoresContrato estatal: conceptoPrincipios orientadores: responsabilidad, legalidad, selección objetiva
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-11-25Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 13001233100020030210001ACCION CONTRACTUAL
¿Se debe declarar la nulidad por falta de notificación al Ministerio Público? No
La nulidad por no citar en debida forma al Ministerio Público solo puede ser alegada por la persona que resultó afectada por la indebida notificación, según el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la parte que no sufrió ese perjuicio no está legitimada para proponerla. Esta regla se aplica dentro del régimen de nulidades del proceso contencioso administrativo vigente para el asunto, que enumeraba como causales la falta de notificación a personas determinadas y la indebida citación del Ministerio Público en los casos de ley. El alcance de la causal exige que la irregularidad efectivamente afecte los derechos de quien la alega. En el caso concreto, la nulidad propuesta por falta de notificación al Ministerio Público fue negada. Como consecuencia práctica, la nulidad por falta de citación del Ministerio Público no puede invocarse por una parte que no resulta afectada por la omisión, y debe demostrarse el perjuicio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la nulidad por falta de competencia al ser el Juez de segunda instancia quien profiere el auto admisión del recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020230067201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente al haberse interpuesto oportunamente, contra el auto que negó la intervención de terceros? Sí
Es procedente el recurso de apelación contra el auto que niega la intervención de terceros, siempre que se interponga dentro del término legal. La regla se apoya en el numeral 6 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, que expresamente hace apelable esa providencia, y en el término de interposición contado desde la notificación por estado. Por esa vía, la negativa de intervención puede ser revisada por el superior. En el caso, la aseguradora que pidió intervenir en el proceso apeló oportunamente el auto que negó su intervención. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el auto fue notificado y el recurso se interpuso dentro del término, de modo que el Consejo de Estado lo estudió y revocó la decisión. Como consecuencia práctica, el tercero al que se le niega la intervención cuenta con el recurso de apelación para controvertir esa negativa, siempre que actúe oportunamente.síntesis automática
También resuelve:¿Una aseguradora puede llamar en garantía a un tercero responsable del siniestro, aun cuando no haya efectuado el pago de la indemnización?¿Puede una aseguradora efectuar un llamamiento en garantía al tomador de la póliza, en un proceso contencioso administrativo?
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa…¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-20Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020180026101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Subsección tiene competencia para resolver el recurso de apelación contra el auto que declaró probada la excepción de pleito pendiente? Sí
Cuando el auto de primera instancia declara probada la excepción de pleito pendiente y termina el proceso, esa providencia es apelable, y la sala o subsección del Consejo de Estado es competente para resolver la apelación. La regla se apoya en el artículo 125 del C.P.A.C.A., modificado por la Ley 2080 de 2021, que atribuye a las salas, secciones y subsecciones las providencias que deciden la apelación de los autos enunciados en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243, y en el numeral 2 del artículo 243, que hace apelable el auto que pone fin al proceso. La regla se sostiene en tres razones: la excepción de pleito pendiente busca evitar dos procesos con idénticas pretensiones, identidad de partes y de causa petendi, entre las mismas partes; la providencia que la declara produce la terminación del proceso; y el recurso fue sustentado y presentado de manera oportuna. En el caso, la subsección asumió la competencia y resolvió la apelación revocando el auto. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el auto que declara el pleito pendiente y termina el proceso es apelable ante la subsección.síntesis automática
También resuelve:¿La figura de pleito pendiente evita que existan dos o más procesos con idénticas pretensiones y entre las mismas partes?¿Se cumplen los requisitos para la declaratoria de la excepción de pleito pendiente?¿Se cumplen los requisitos para la acumulación de procesos?
¿Procede negar las pretensiones de repetición contra el rector de la Universidad, al acreditarse que el pago de la diferencia salarial reconocida al trabajador en la conciliación judicial, no constituyó una afectación patrimonial? Sí
Cuando el pago de una diferencia salarial reconocida al trabajador en una conciliación judicial corresponde a funciones efectivamente prestadas, no hay detrimento del patrimonio público y la acción de repetición contra el funcionario que dio lugar al acuerdo no prospera. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción prevista para proteger el patrimonio público, de modo que sin afectación patrimonial no hay objeto que restablecer; el pago de la diferencia no fue un gasto sin contraprestación, pues la entidad recibió el servicio de un cargo de mayor grado; y el monto pagado corresponde a lo que el trabajador debió percibir por las funciones asignadas. En el caso, se negaron las pretensiones de repetición porque la diferencia pagada en la conciliación remuneró las funciones de un asesor de grado superior, sin que se afectara el patrimonio de la universidad. La caducidad se contó desde el pago, que ocurrió dentro del plazo de diez meses, por lo que la demanda fue oportuna. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la repetición exige demostrar un perjuicio patrimonial efectivo y no solo el pago de una condena.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago del acuerdo conciliatorio logrado por las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditaron los presupuestos de condena, pago y calidad de agente del Estado para la procedencia del medio de control de repetición?¿El pago realizado en virtud del acuerdo conciliatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento de la diferencia salarial al trabajador…
Sentencia — Sentencia2026-02-27Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 41001233300020150065302LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿La entidad demandada incumplió el contrato, desconoció la buena fe contractual cuando en la parte resolutiva de las Resoluciones 562 y 755 de 2014, incluyó también al contratista como su destinatario, pese a que esta particular situación jurídica ya había sido definida previamente por la administración? Sí
El contratista puede prosperar parcialmente en su demanda cuando la entidad demandada desconoce la buena fe contractual al incluirlo como destinatario en resoluciones que ya fueron definidas previamente por la administración en otro acto administrativo. En este caso, la entidad demandada incluyó al contratista como destinatario en las resoluciones 562 y 755 de 2014, a pesar de que la situación jurídica ya había sido resuelta en las resoluciones 429 y 500 de 2014. Esta actuación contraviene la buena fe contractual y constituye un incumplimiento del contrato, lo que justifica la declaratoria de incumplimiento del contrato por parte de la entidad demandada. La sentencia reitera la jurisprudencia según la cual los actos contractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, lo que implica que las controversias deben ser examinadas desde la perspectiva del cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos expedidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios ostentan la naturaleza de actos administrativos?¿Resulta procedente declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la pretensión económica consecuencial…¿Resulta improcedente condenar en costas en primera y segunda instancia, por cuanto la demanda prosperó parcialmente y fue necesario complementar la sentencia objeto del recurso de alzada en favor…
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado…¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
¿La nulidad judicial del acto administrativo que retiró del servicio a la funcionaria por falta de motivación, es suficiente para presumir el dolo del demandado? No
La nulidad judicial del acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para presumir el dolo del exservidor que lo expidió, pues la entidad debe demostrar que el acto se expidió con la intención deliberada de un fin ajeno a las finalidades de la función pública. La regla se apoya en que la presunción de dolo exige acreditar su supuesto de hecho, y en que la sola invalidez de un acto por un vicio formal no permite deducir la conducta dolosa del agente. Por ello, el juez debe examinar la finalidad real que motivó la decisión del servidor. En el asunto, la entidad no demostró que el exservidor expidiera el acto con esa intención, pues la desvinculación obedeció a la necesidad de nombrar profesionales especializados en la oficina jurídica ante el volumen de casos, y la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite por un acto de insubsistencia anulado debe probar la intención dolosa y no solo la falta de motivación.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia condenatoria solo reprochó la falta de motivación o ausencia de razones de la declaración de insubsistencia?¿La ausencia de motivación que dio lugar a la condena en este caso específico, se subsume en el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada en la demanda?¿Mientras a la entidad demandante le incumbe demostrar los supuestos fácticos para que opere la presunción que alega, a la parte demandada le corresponde desvirtuar el hecho deducido con el propósito…
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación? Sí
En la apelación, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los argumentos que el recurrente expone contra la decisión desfavorable de primera instancia. Los demás aspectos quedan, en principio, excluidos del debate superior, porque el recurso delimita el alcance de la revisión. La regla se sostiene en dos razones. Primera, en la apelación opera el principio de non reformatio in pejus, que impide empeorar la situación del recurrente cuando no existe otra impugnación que habilite la revisión. Segunda, opera el principio dispositivo, según el cual es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que persigue frente a la providencia. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera ese alcance de la competencia funcional. En la práctica, los argumentos que el apelante no formula ni sustenta en su recurso no serán resueltos por el juez de segunda instancia, salvo las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley, por lo que la sustentación debe dirigirse a cada punto que se pretende revisar.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve:¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado?¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado?¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
¿Para garantizar los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública, las entidades estatales solo pueden solicitar la subsanación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación? Sí
El contratista puede solicitar la subsanación de los requisitos no esenciales para la comparación de propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública. Esta regla se fundamenta en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la evaluación de propuestas y en la obligación de las entidades estatales de concentrarse en los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, en lugar de rechazar las propuestas por errores menores. La Sala reitera esta posición, matizando que la subsanación debe limitarse al término de traslado del informe de evaluación, lo que implica que las entidades estatales no pueden solicitar correcciones fuera de este plazo, garantizando así la transparencia y la objetividad del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, ante un error propio en la verificación de los requisitos del pliego de condiciones…¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos desconoció el principio de igualdad, al permitir que algunos oferentes subsanaran, durante la audiencia de adjudicación…¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, con fundamento en las reglas previstas en el pliego de condiciones y en las orientaciones de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente…
¿La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan dicho tratamiento preferente? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación a los procesos de repetición basándose en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan este tratamiento preferente, lo que permite descongestionar los despachos judiciales y acelerar la resolución de casos relevantes. La Sala confirma que la demandante acredita los presupuestos de la acción de repetición, incluyendo la existencia de una condena judicial, el pago efectivo y la calidad de agentes estatales de los demandados, además de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos, lo que implica que la entidad estatal puede derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales involucrados en la inejecución del contrato. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la procedencia del medio de control de repetición y la valoración de la conducta del agente del Estado, facilitando su aplicación en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante acredita los tres primeros presupuestos de la acción de repetición para derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales vinculados al contrato cuya inejecución…¿El régimen legal aplicable en este caso corresponde a la Ley 678 de 2001, aunque la demanda no indicó alguna de sus presunciones y solo atribuyó culpa grave a los accionados?¿Resulta demostrada la culpa grave del [gerente uno], en su calidad de gerente del Hospital El Tunal Nivel III ESE entre 2005 y 2008…
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
¿Debe condenarse en costas procesales a la parte demandante vencida en el proceso de repetición en el caso sub examine? No
He considerado pertinente salvar parcialmente mi voto de cara a la condena en costas, la cual, a mi juicio, no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA. El artículo 188 del CPACA establece, que, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Es decir, en aquellos procesos en los cuales esté interesado el bien común, no hay lugar a condenar en costas. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, cuando el Estado es condenado a la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados por las autoridades, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, deberá repetir contra dichas autoridades.
¿Debe condenarse en costas procesales a la parte demandante vencida en el proceso de repetición en el caso sub examine? No
He considerado pertinente salvar parcialmente mi voto de cara a la condena en costas, la cual, a mi juicio, no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA. El artículo 188 del CPACA establece, que, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Es decir, en aquellos procesos en los cuales esté interesado el bien común, no hay lugar a condenar en costas. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, cuando el Estado es condenado a la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados por las autoridades, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, deberá repetir contra dichas autoridades.
¿La condena en costas procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA? No
He considerado pertinente salvar parcialmente mi voto de cara a la condena en costas, la cual, a mi juicio, no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA.… La pretensión de repetición es de carácter patrimonial y de interés público, pues está instituida para defender el patrimonio del Estado y para garantizar que las personas que tienen a cargo el funcionamiento del mismo asuman responsablemente el ejercicio de sus funciones. Así lo dispone expresamente la Ley 678 de 2001, al señalar que, mediante esa pretensión, se garantizan los principios de moralidad y eficiencia de la función pública (artículo 3).… Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, no había lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
También resuelve:¿Cuando el Estado es condenado a la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados por las autoridades, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿Puede el juez, en ejercicio de la función unificadora, establecer criterios que limiten la estructuración negocial de los contratos estatales en procesos de selección regidos por el Estatuto General de Contratación? No
El juez unificador no puede establecer criterios homogéneos que limiten la estructuración negocial y contractual de las entidades estatales en cada proceso de selección. El magistrado disidente argumenta en su salvamento de voto que las dificultades de la unificación jurisprudencial sobre la oferta más favorable y la tasación de perjuicios radican en la diversidad de necesidades estatales y en la tipicidad o atipicidad de los contratos regulados por el Estatuto General de Contratación. Sostiene que la labor judicial no puede estandarizarse mediante reglas fijas que desconozcan la autonomía de la voluntad negocial ni la libertad contractual de las entidades públicas. Por el contrario, cada controversia derivada de la adjudicación o declaratoria desierta de un proceso de selección exige un riguroso análisis probatorio particular para determinar la indemnización procedente, incluyendo aspectos como la utilidad esperada o la pérdida de oportunidad.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez, en ausencia de reglas contractuales específicas, fijar fórmulas indemnizatorias basadas en criterios de equidad para determinar la utilidad esperada en contratos no celebrados?