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¿El desconocer los acuerdos transaccionales firmados viola el principio de la buena fe contractual? Sí
El contratista no puede desconocer los acuerdos transaccionales firmados, ya que viola el principio de buena fe contractual, especialmente cuando estos acuerdos fueron celebrados sin salvedades y no se demostró ningún vicio en el consentimiento que pudiera afectar su validez; además, el contrato regido por el derecho privado no está sujeto a las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico, por lo que la excesiva onerosidad sobrevenida debe ser analizada a la luz del artículo 868 del Código de Comercio, que requiere que las circunstancias imprevisibles afecten una prestación futura de cumplimiento. La Sala reitera que la parte vencida en el proceso debe ser condenada en costas, de acuerdo con el artículo 188 del Código Procesal Administrativo y Concursal y el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso, lo que implica que el demandante deberá asumir las costas de esta instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Son aplicables las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico a los contratos regidos por el derecho privado?¿Se debe condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Procede el reconocimiento al contratista de los costos por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato? No
El contratista no puede reclamar por mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas del contrato cuando ha renunciado expresamente a presentar reclamaciones por este motivo, ya que tal renuncia es un acto propio que debe respetarse en virtud del principio de buena fe y lealtad contractual. Además, la jurisprudencia establece que las salvedades en el acta de liquidación del contrato no reviven la oportunidad de protestar las modificaciones, adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, por lo que el silencio del contratista sobre los efectos económicos de estas prórrogas impide que ahora reclame por ellos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los acuerdos y manifestaciones durante la ejecución del contrato y limita las posibilidades de reclamar aspectos no objeto de salvedades en la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En virtud de la teoría del respeto por los actos propios, el contratista no puede desconocer la renuncia expresa a presentar reclamaciones por mayor permanencia en obra ante la Administración…¿Pueden reclamarse por vía judicial situaciones jurídicas o económicas que no fueron objeto de salvedades?
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿La ausencia de salvedades en los actos modificatorios suscritos para prorrogar el plazo de ejecución contractual, revela una plena conformidad de las partes, que enerva los vicios de la omisión en la planeación inicial? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden subsanar vicios de planeación inicial mediante acuerdos modificatorios que adicionen tiempo y valor al contrato, siempre y cuando estos ajustes estén respaldados por justificaciones técnicas y sean aceptados libremente por ambas partes sin reproches en el momento de la firma. La ausencia de salvedades en estos actos modificatorios revela una plena conformidad entre las partes, mitigando así las consecuencias negativas del incumplimiento original y permitiendo el cumplimiento efectivo del objeto contractual. La Sala reitera que la carga de la prueba para acreditar daños por falta de planeación recae sobre el contratista, quien debe demostrar con certeza el tiempo y costo adicionales generados, lo que no ocurrió en este caso. Esta regla fortalece la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y permite una mayor flexibilidad en la ejecución de contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplieron los presupuestos procesales de competencia, oportunidad y legitimación para estudiar de fondo el asunto?¿La sustentación del recurso de apelación estuvo dirigida a enjuiciar el incumplimiento del deber de planeación, en el marco de la teoría de la responsabilidad contractual y no en virtud de la figura…¿De acuerdo con el principio de planeación, la Administración debe adelantar las gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la contratación se cumpla diligente y oportunamente…
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del…¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo?¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos?¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad?¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
Sentencia Unificación — Sentencia2024-03-14Sección Tercera (Subsección A)Rad. 11001032600020220017300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo en tanto desestimó la excepción de falta de competencia del tribunal para conocer de la presente controversia? Sí
Toda vez que se probaron algunos de los cargos esgrimidos por TRANSMILENIO S.A. en contra del laudo arbitral impugnado, se declarará parcialmente fundado el recurso de anulación por la causal 2 -falta de jurisdicción y, en consecuencia, se anulará en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo, en tanto desestimó la excepción de “falta de competencia” del tribunal para conocer de la presente controversia… . Los demás cargos formulados en contra del laudo arbitral se declararán infundados, por cuanto la Sala no encontró que los mismos se configuraran en esta oportunidad.
También resuelve:¿El tribunal de arbitramento expuso las normas en las que fundó su decisión y explicó las razones por las cuales consideró procedente una condena en costas parcial a cargo de la entidad convocada?¿Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales…¿Optar por modificar variables y valores tenidos en cuenta por la entidad implicó una refutación a la presunción de legalidad de la resolución, lo que estaba proscrito para la justicia arbitral?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo corresponde en segunda instancia al Consejo de Estado cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella, conforme al artículo 104 del CPACA y al artículo 150 del CPACA en la versión vigente al presentarse la demanda. Las partes contratantes están legitimadas, la entidad contratante por pasiva y el contratista por activa, cuando son partes del contrato de obra cuya controversia se discute. Para establecer la oportunidad de la demanda, se examina la fecha de los actos administrativos demandados y la naturaleza pública de la entidad, de modo que el término de caducidad se cuenta conforme a las reglas del medio de control. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones y ambas partes apelaron, y la sala la modificó. Como consecuencia práctica, en controversias contractuales de obra pública debe verificarse la competencia por el carácter de la entidad y la cuantía, y la legitimación de quienes firmaron el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Los extremos procesales se encuentran legitimados para ser parte del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de…¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, fue presentado dentro de la oportunidad legal?¿El aumento en las cantidades de obra y las condiciones climatológicas y de orden público desequilibraron económicamente el contrato 1589 de 2005…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual?¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla…¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
¿El soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados? Sí
Las partes quedan obligadas por lo que acordaron libremente, de modo que el contratista que solicita y firma una adición responde por sus implicaciones económicas, aun cuando la entidad haya incumplido su deber de planeación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el régimen contractual, incluida la contratación pública, se sustenta en el mutuo consentimiento, que genera obligaciones recíprocas por la autonomía de la voluntad y el principio pacta sunt servanda. Segunda, la falencia de los diseños es imputable a la indebida planeación de la entidad, pero el contratista también tenía la carga de estructurar sus precios con diligencia, incluida la ubicación de las fuentes de materiales. Tercera, previa solicitud del contratista, las partes acordaron la adición con conocimiento de sus causas, y era al contratista a quien correspondía estimar las implicaciones económicas de las mayores distancias de acarreo que solicitó. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista acreditó los sobrecostos en los que aduce haber incurrido por la inactividad de equipos, maquinaria y personal técnico, administrativo y operativo…¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima?¿El medio de control de controversias contractuales es adecuado para dirimir el conflicto presentado por la parte actora en el que pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico del…
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado…¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-02-24Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020210016700CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El valor del contrato de concesión 033 de 2007 se debe determinar por el 100% del valor de las Tarifas por ingreso de datos al RUNT y por la expedición de certificados de información durante la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato? Sí
La interpretación de las cláusulas segunda, octava, novena del contrato de concesión 033 de 2007, en armonía con las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, permite concluir que el valor del contrato se determina por el 100% del valor de las Tarifas por ingreso de datos al RUNT y por expedición de certificados de información durante la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato. Dado que la cláusula novena del contrato de concesión fue modificada por los otrosíes 1 y 6, corresponde a la Sala determinar si la conclusión a la que arribó en precedencia se mantiene o se altera.
También resuelve:¿El valor inicial del contrato de concesión 033 de 2007 se calcula a partir del valor total del contrato más la oferta económica aceptada por el Ministerio de Transporte con los ajustes de valor…¿Los contratos de concesión de servicios públicos deben observar la restricción contenida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993…¿La obligación de observar y garantizar la continuidad del RUNT recae tanto en el Ministerio de Transporte, como titular del servicio, así como en el contratista Concesión RUNT S.A.?
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
¿Hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra, producto de la vulneración del principio de planeación por la falta de definición de los diseños y estudios para la obra por parte del IDU? No
Cuando el pliego de condiciones impone al contratista la carga de revisar, verificar, ajustar y complementar los diseños y estudios que la entidad entrega de manera incompleta, la suspensión y la adición de tiempo y dinero derivadas de esos ajustes no configuran violación del principio de planeación ni dan lugar al reconocimiento de costos administrativos por mayor permanencia en obra. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el contratista que presenta su oferta conociendo que la entidad no entregó diseños y estudios definitivos asume la obligación de apropiarse de ellos mediante la revisión y complementación previstas en el pliego. Segundo, la apropiación de los diseños mediante acta demuestra que el ajuste fue una obligación asumida por el contratista y no una falla de planeación imputable a la entidad. La providencia concluye que no hay lugar al reconocimiento reclamado; en la práctica, el contratista que alegue mayor permanencia por deficiencias de los diseños debe demostrar que estos le impedían ejecutar la obra en las condiciones del pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de los costos por mayor permanencia en la obra por actividades de mejoramiento que no estaban contempladas en el contrato original?¿Procede el reconocimiento de volúmenes de rajón descontados por la interventoría en el Acta No. 7 y dejados de pagar por el IDU?¿Procede practicar la liquidación judicial del contrato?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
Cuando la controversia contractual se origina en la actividad negocial de una entidad pública y la suma de las pretensiones supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de esas sentencias corresponde a la corporación, conforme al artículo 129 del mismo código; y la suma de las pretensiones se determina con el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil. En el caso, la suma de las pretensiones superó el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo, por lo que la corporación asumió la competencia y resolvió el recurso. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la demanda, y no la instancia del tribunal, determina la competencia en la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término establecido por la Ley?¿La unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar está legitimada en la causa por activa y el IDU por pasiva?¿Tiene valor probatorio el documento aportado en copia simple?
¿Procede la aplicación del límite del 50% previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, incluso en contratos pactados a precios unitarios? Sí
Aunque comparto la decisión de fondo, estimo necesario poner de presente que en el contrato objeto de la controversia se sobrepasó el límite del 50% previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.