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Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2022-05-27Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 15001233300020200005201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia en procesos derivados del ejercicio del medio de control de controversias contractuales, está determinada territorialmente por el lugar donde se ejecutó el contrato estatal? Sí
El despacho considera que la competencia para conocer del presente asunto es del Tribunal Administrativo de Boyacá en la medida en que el Contrato se ejecutó, entre otros, en dicho departamento. Revisadas las pruebas del expediente, se observa que el Contrato tenía como objeto la "exploración del Área Contratada y la explotación del Petróleo de propiedad nacional que pueda encontrarse en dicha área descrita en la cláusula 3". El área contratada… está ubicada en los municipios de: Paya, Boyacá; Yopal, Nunchía, Pore, Támara, Paz de Ariporo, Sácama y Hato Corozal, Casanare; y Tame, Arauca. En virtud de lo anterior, resulta claro que el lugar donde se ejecutó el contrato fue en los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca.… La realización de actividades administrativas del Contrato en Bogotá D.C., como las reuniones del Comité Ejecutivo, no implica que el negocio jurídico también se ejecutó materialmente en dicha ciudad.
¿Se modifica la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales? Sí
El cesionario promotor de un convenio asociativo pretende el restablecimiento del equilibrio económico del negocio, alterado por el no pago de la contribución a cargo de los beneficiarios del proyecto, la tardanza en la realización de desembolsos y las mayores cantidades de obra requeridas por las entidades demandadas. La parte demandante apeló para insistir en el derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y en el análisis del impacto de la suspensión de la ejecución contractual. No obstante, al examinar la oportunidad de la acción interpuesta, la corporación judicial advierte que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, lo que impone revocar el fallo de primera instancia y decretar la respectiva caducidad conforme a las normas del estatuto procesal administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad inició a contabilizarse desde la finalización del convenio, que según acuerdo, expiraba al vencimiento de la vigencia de los subsidios?¿Los subsidios otorgados por el municipio para la culminación de las obras no impactaban la terminación del convenio, porque el plazo se sujetó al vencimiento de los subsidios del orden nacional?¿Se condenará en costas de esta instancia a la parte apelante en favor de las entidades demandadas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-06-03Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 15001233300020170104501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, al trámite de la segunda instancia le resultan aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición contenidas en la Ley 1437 de 2011? Sí
El contratista puede interponer un recurso de reposición contra un auto que niega pruebas en segunda instancia, siempre que se presente dentro del término legal y sea oportuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala establece que las disposiciones vigentes al momento de la interposición del recurso de apelación, en este caso las de la Ley 1437 de 2011 modificadas por la Ley 2080 de 2021, son aplicables al trámite de la segunda instancia. Asimismo, el juez de segunda instancia está facultado para decretar pruebas de oficio si considera que son pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer los hechos del caso, siempre que no se hayan solicitado fuera del término legal establecido. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de cumplir con los plazos legales y la necesidad de que el juez evalúe la pertinencia de las pruebas en el contexto del estudio de fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de reposición contra el auto que negó pruebas en segunda instancia es procedente y fue interpuesto y sustentado oportunamente?¿Debe negarse el recurso de reposición interpuesto contra el auto que negó las pruebas solicitadas en segunda instancia, al acreditarse su extemporaneidad?¿El juez de segunda instancia está facultado para decretar pruebas de oficio si al resolver de fondo el asunto lo encuentra pertinente, conducente y útil?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 66001233300020240047801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe determinar si la caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante el trámite de un proceso arbitral que terminó por el no pago de los honorarios y gastos del tribunal? Sí
El contratista no puede suspender el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales durante el trámite de un proceso arbitral que termina por falta de pago de los honorarios y gastos del tribunal, independientemente de la normativa aplicable, ya que la caducidad es una norma de orden público que no puede ser alterada por los acuerdos de las partes. La entidad estatal no incumple sus obligaciones al rechazar la demanda presentada por el contratista si esta se interpuso fuera del plazo establecido, ya que la falta de pago de los honorarios arbitrales no interrumpe el cómputo del término de caducidad. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la caducidad del medio de control no se suspende por el no pago de honorarios en un proceso arbitral, lo que implica que el contratista debe cumplir rigurosamente con los plazos procesales para ejercer sus derechos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad demandante radicó demanda arbitral por este mismo conflicto ante la Cámara de Comercio de Pereira, y dicho trámite culminó porque las partes no pagaron los honorarios y gastos del…¿Las partes quedan en libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria una vez terminado el trámite arbitral por falta de pago de los honorarios?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020180175701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal dio por terminado el proceso al haber advertido el incumplimiento del requisito de procedibilidad? Sí
El Tribunal puede dar por terminado el proceso al advertir el incumplimiento del requisito de procedibilidad, conforme a lo establecido en el artículo 175 parágrafo 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio por terminado el proceso al no haberse agotado el requisito de procedibilidad, es decir, la conciliación extrajudicial, lo que fue confirmado por la Sala. La conciliación es un requisito previo para ejercer el medio de control de controversias contractuales, y su no cumplimiento lleva a la terminación del proceso. La Sala reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que implica que cualquier entidad estatal o contratista que no cumpla con estos requisitos puede enfrentar la terminación del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El requisito de procedibilidad se debe agotar previo acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para ejercer el medio de control de controversias contractuales?¿El medio de control en que se agotó el requisito de procedibilidad era en el marco de un proceso ejecutivo, y la demanda se presentó por controversias contractuales?¿La adecuación del medio de control de controversias contractuales a una demanda ejecutiva en este caso resultaba abiertamente improcedente?
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-11-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020190060801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de apelaciones de autos proferidos por los Tribunales Administrativos que dispongan el rechazo de la demanda? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra los autos de los tribunales administrativos que rechacen la demanda corresponde al Consejo de Estado, conforme a los artículos 150 y 243 numeral 1 del CPACA, y la jurisdicción es competente cuando el contrato involucra a una entidad pública, según el artículo 104 del CPACA. Una razón es que el auto de rechazo es apelable por expresa disposición del numeral 1 del artículo 243, de modo que el recurso es procedente. Otra razón es que la controversia involucra a un municipio, que es entidad pública según el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y la pretensión mayor supera los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes exigidos por el numeral 5 del artículo 152, lo que fija la competencia por cuantía. En el caso, el tribunal rechazó la demanda por no haberse subsanado dentro del término, y el Consejo de Estado resolvió el recurso y revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que el rechazo por falta de subsanación es apelable ante el Consejo de Estado cuando el asunto cumple los criterios de competencia.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda que no es subsanada dentro del término legal establecido para ello, debe ser rechazada por el Juez?¿La demanda cumple con los requisitos para su admisión?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-01Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 85001233300020160006403LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia, de las apelaciones de los autos mediante los cuales los Tribunales Administrativos deciden sobre liquidación de condenas? Sí
El contratista no puede discutir por la vía del trámite incidental los parámetros que se fijaron para la liquidación en la sentencia de primera instancia, frente a los cuales no manifestó inconformidad en el recurso de apelación, ya que estos quedan debidamente ejecutoriados y no pueden ser modificados en este trámite. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de los autos mediante los cuales los Tribunales Administrativos deciden sobre liquidación de condenas, en virtud de la integración normativa dispuesta por la Ley 1437 de 2011 y su modificación por la Ley 2080 de 2021. Además, para la liquidación de la condena, se fija como base el cálculo de los intereses, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, lo que implica que las partes deben cumplir con los parámetros establecidos en las sentencias ejecutoriadas para realizar la liquidación de la condena en abstracto.síntesis automática
También resuelve:¿Para la liquidación de la condena, se fijó como base el cálculo de los intereses, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993?¿Es posible discutir por la vía del trámite incidental, los parámetros que se fijaron para la liquidación en la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo…¿Cuáles son los criterios para la fijación de las tarifas de agencias en derecho en los asuntos contencioso administrativos?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240160601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra autos proferidos por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra autos dictados por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el numeral 1 del artículo 243 del mismo código, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso debe interponerse y sustentarse oportunamente dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado, tal como establece el numeral 3 del artículo 244 del CPACA. Respecto a la vigencia del contrato estatal de tracto sucesivo, este permanece vigente una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado la liquidación, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, lo que implica que el vínculo contractual se mantiene vigente para efectuar el corte de cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿El régimen jurídico aplicable a la presentación oportuna del medio de control de controversias contractuales es el vigente al momento de la interposición de la demanda?¿Permanece vigente un contrato estatal de tracto sucesivo una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado su liquidación?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2022-03-22Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020170220201ACCION CONTRACTUAL
¿Procede el estudio de la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por parte del Juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia no puede estudiar la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, ya que estas excepciones deben ser resueltas en la etapa de admisión de la demanda, conforme a la taxatividad establecida en el artículo 180 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso. Esta regla implica que las excepciones previas y mixtas deben ser decididas en la audiencia inicial, mientras que las perentorias se resuelven en la etapa de decisión de fondo, previo agotamiento de la etapa probatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre el trámite de las excepciones procesales y su resolución en las etapas adecuadas del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de una persona que no es parte del contrato cuyo incumplimiento se pretende a través del medio de control de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-04Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 50001233300020190048001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias surgidas frente a actos expedidos antes de la celebración del contrato deben ser demandados mediante los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que los conflictos surgidos en las etapas contractual y postcontractual corresponderían de manera exclusiva al medio de control de controversias contractuales, lo que no obsta para que pretensiones de controversias contractuales puedan ser tramitadas en un mismo proceso con aquellas pertenecientes a la nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista debe demandar mediante los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho las controversias surgidas frente a actos expedidos antes de la celebración del contrato, mientras que los conflictos surgidos en las etapas contractual y postcontractual deben ser tramitados exclusivamente a través del medio de control de controversias contractuales, sin embargo, no se obsta para que pretensiones de controversias contractuales puedan ser acumuladas en un mismo proceso con aquellas pertenecientes a la nulidad o restablecimiento del derecho siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011. En el caso analizado, la Sala determinó que los actos precontractuales son separables del negocio jurídico principal, incluso después de la celebración del contrato, y que su control judicial debe efectuarse a través de los medios específicos de nulidad o restablecimiento del derecho, según corresponda, sin importar si el contrato ya fue celebrado. Esto implica que las controversias relacionadas con actos administrativos previos al contrato deben ser resueltas mediante los procedimientos establecidos para la nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que las controversias contractuales se tramitan por el medio de control de controversias contractuales, siempre que se respeten las condiciones para la acumulación de pretensiones en un mismo proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Las demandas de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho presentadas contra actos previos a la celebración del contrato…¿Se debe declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra el acto de adjudicación del contrato…
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer la demanda instaurada contra los actos administrativos expedidos por la Aeronáutica Civil con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato estatal? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer las demandas instauradas contra los actos administrativos expedidos por las entidades estatales con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 104 del CPACA. En este proceso, dicha jurisdicción conoció sobre la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial y definitivo de un contrato de obra, se impusieron multas, se hizo efectiva la cláusula penal y se liquidó unilateralmente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Aerocivil impuso multas, declaró el incumplimiento contractual…¿Concurre legitimación en la causa por activa y por pasiva entre las partes de la relación contractual de la cual surgieron los actos administrativos contractuales objeto de demanda?¿Impone el principio de congruencia al juez contencioso administrativo, en sede de apelación, el deber de resolver únicamente los motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente y los…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-28Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240048601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del auto proferido por los Tribunales Administrativos que rechace la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda, conforme al artículo 150 del CPACA y el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, que establecen su competencia para estos casos. Además, la acumulación de pretensiones en una demanda es procedente siempre que sean conexas y cumplan los requisitos legales, según el artículo 165 del CPACA. La escogencia del medio de control adecuado no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño, como reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, el juez debe interpretar la demanda para adecuar el trámite al medio de control correspondiente, en este caso, el de controversias contractuales, dado que las pretensiones persiguen la responsabilidad contractual derivada de diferentes contratos celebrados entre las partes, conforme al artículo 171 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿La acumulación de pretensiones resulta procedente siempre que sean conexas y se cumplan los requisitos previstos en la ley?¿La escogencia del medio de control idóneo no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño en que se fundamenta la causa petendi?¿La adecuación del medio de control corresponde una labor del juez al interpretar la demanda, así como un deber de ajustar el trámite al cause procesal correspondiente, en este caso…
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para declarar la existencia de un acto administrativo contractual de reconocimiento de desequilibrio económico del contrato estatal, y de las órdenes de pago para su restablecimiento? No
El medio de control de controversias contractuales no es idóneo para declarar la existencia de un acto administrativo contractual que reconoce el desequilibrio económico del contrato estatal ni para ordenar los pagos que se derivan de él, porque las pretensiones admisibles en este medio son las que enumera el artículo 141 del CPACA. La regla se fundamenta en la delimitación legal de las pretensiones del medio de control, de modo que la causa petendi debe encuadrarse en alguna de ellas. Además, la solicitud de restablecimiento del equilibrio y la respuesta favorable que el ente territorial dio a ella no sustituyen esa delimitación. En el asunto, el contratista demandó con base en la solicitud de restablecimiento y en el incumplimiento de la entidad respecto de una resolución que ordenaba un desembolso, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, el reconocimiento del desequilibrio debe discutirse por el medio de control que corresponda a sus pretensiones y no por el de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La pretensión encaminada a declarar la existencia de un contrato del Estado se justifica cuando la regulación normativa de su tipología exija la formalidad del escrito?¿Resulta procedente adecuar el cauce de este proceso al de un juicio ejecutivo, en el que la Resolución aportada al proceso funja válidamente como título de reconocimiento del desequilibrio económico…¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple, salvo en lo que concierne a los procesos ejecutivos?
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la cuantía del presente asunto de controversias contractuales y, considerando, que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas, conforme a la cláusula general del artículo 104 del CPACA. Cuando la cuantía de la pretensión mayor supera quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado, de acuerdo con los artículos 150, 152 numeral 5 y 243 del CPACA. La cuantía se determina por el valor de la pretensión mayor y se fija al momento de presentar la demanda. Una sociedad de economía mixta de capital mayoritariamente público y un establecimiento público del orden distrital, que integraban los extremos del contrato, son entidades públicas para estos efectos. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia fue confirmada, con fundamento en que el litigio cumplía esas condiciones de competencia. Como consecuencia práctica, la cuantía de la pretensión mayor a la fecha de la demanda define la segunda instancia en los procesos de controversias contractuales entre entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 647 del 29 de octubre de 2014…¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la liquidación judicial del contrato interadministrativo de interventoría No. 647 del 29 de…
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