Titulación de la relatoría 50.283 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MUNICIPAL / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en consideración de la cuantía del proceso, y en el marco de la controversia derivada de contratos estatales celebrados por una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este debate en sede judicial. Con fundamento en el artículo 104 del CPACA se advierte la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, el cual versa sobre un contrato celebrado por la Gestora Urbana de Ibagué, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de donde se desprende claramente su naturaleza pública, de conformidad con el Decreto No. 0175 del 23 de abril de 2002. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 17 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2012 supera los 500 salarios mínimos legales mensuales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 0175 DE 2002, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MUNICIPAL
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico en el contrato de obra por administración delegada No. 207 celebrado entre la parte actora y la Gestora Urbana de Ibagué, y solicitar como consecuencia la indemnización de perjuicios y el reembolso de valores descontados durante su ejecución y liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. En el presente caso la acción contractual ejercida por la parte actora es adecuada, por cuanto el demandante pretende que se declare el incumplimiento contractual y/o la ruptura del equilibrio económico del contrato y que, como consecuencia, se condene a la Gestora Urbana de Ibagué y al municipio de Ibagué al pago de honorarios por la adición del plazo y al reembolso de la contribución de los contratos de obra pública descontada por la entidad contratante. Así las cosas, de acuerdo con las pretensiones y el fundamento fáctico de la demanda, la controversia sometida a decisión es, sin duda, un conflicto surgido con ocasión de la ejecución del negocio jurídico celebrado entre la parte actora y la Gestora Urbana de Ibagué, correspondiendo, por tanto, al medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del Estatuto Procesal Administrativo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES DEL CONTRATO / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / COLIGACIÓN NEGOCIAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / MUNICIPIO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MUNICIPAL / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, el demandante y la Gestora Urbana de Ibagué en el marco de la acción contractual, al ser partes del contrato objeto de controversia, legitimación que, además, puede extenderse al municipio de Ibagué por su vinculación material al mismo negocio jurídico, derivada de un contrato interadministrativo que dio origen al negocio jurídico principal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que (...) [el demandante] y la Gestora Urbana de Ibagué están legitimados por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos del “Contrato de Administración Delegada No. 207” que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial. (...) En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva del municipio de Ibagué, se tiene en cuenta lo ya indicado por esta Corporación en el auto del 21 de mayo de 2014, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el municipio contra la decisión del Tribunal de desestimar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del mencionado ente territorial, en el que se confirmó la providencia apelada al considerar que el contrato No. 207 de 2009 celebrado entre la Gestora Urbana de Ibagué y (...) [el demandante] tuvo como causa el contrato interadministrativo suscrito entre aquella y el municipio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de manera oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra por administración delegada y el restablecimiento del equilibrio económico del mismo, al considerar que el negocio jurídico fue liquidado de forma bilateral por las partes con posterioridad al vencimiento del plazo contractual, pero dentro del término legal de dos años?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para efectos del cómputo de la caducidad es menester acudir a las reglas contenidas en las normas vigentes al momento en que inició a correr el término preclusivo. En este sentido, el numeral 10º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, norma aplicable al caso concreto, establece que la acción contractual caducará al vencimiento del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la requiera. A su turno, la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de unificación, estableció que en aquellos casos en los cuales las partes hayan llevado a cabo de mutuo acuerdo la liquidación del contrato con posterioridad al término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidació
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de la ley en el tiempo, consultar providencia de 24 de abril de 2017, Exp. 56902, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En relación con el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de contratos que han sido liquidados después de haber vencido el término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidación, consultar providencia de 1 de agosto de 2019, Exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MUNICIPAL
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse el régimen de derecho privado al contrato de obra por administración delegada celebrado entre la Gestora Urbana de Ibagué y el contratista, cuando se observa que dicha entidad es una empresa industrial y comercial del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Gestora Urbana de Ibagué es una empresa industrial y comercial del Estado, naturaleza jurídica que ha ostentado desde su creación y que ciertamente tenía en la época de celebración del contrato No. 207 suscrito el 10 de noviembre de 2009. (...) [C]omo lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, armonizando las disposiciones de la Ley 80 con el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, se tiene que, salvo aquellos casos en que el estatuto contractual de la Administración Pública u otra norma legal establecían alguna excepción en relación con el régimen aplicable a los contratos estatales que celebraran las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, la regla general era que se encontraban sujetas a las normas del citado estatuto contractual. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se modificó nuevamente este régimen, al disponer en su artículo 14 que las empresas industriales y comerciales del Estado estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o cuando desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o en mercados regulados, caso en el cual se regirían por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Esta norma fue reproducida casi en su integridad por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, salvo para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos, a las que, nuevamente, se les hizo aplicable el Estatuto General del Contratación. Al respecto, observa la Sala que, dado que el citado contrato se suscribió el 10 de noviembre de 2009, su celebración tuvo lugar en vigencia de la Ley 80 de 1993, luego de la modificación introducida por la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 a cuyo tenor las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y público se rigen por el derecho privado, actividades que no son otras que las funciones que se encuentran consignadas en la norma de creación de la respectiva entidad. (...) De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el objeto del contrato bajo examen en esta instancia se enmarca dentro de las actividades propias de la Gestora Urbana de Ibagué, empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal que tiene a su cargo funciones con ocasión de las cuales actúa en competencia con el sector privado y público de conformidad con la norma de su creación. En consecuencia, el negocio sub lite se rige por el Código Civil y por el Código de Comercio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen aplicable a los contratos celebrados por empresas industriales y comerciales del Estado, consultar providencias de 27 de mayo de 2015, Exp. 38600, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); de 16 de julio de 2015, Exp. 31683, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 0175 DE 2002 - ARTÍCULO 4, DECRETO 1050 DE 1968 - ARTÍCULO 6, DECRETO LEY 22 DE 1983 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1471 DE 2011 - ARTÍCULO 93, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993
PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / FINALIDAD DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / PRESUPUESTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / NORMATIVA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el restablecimiento del equilibrio económico en un contrato estatal regido por el derecho privado, cuando la ejecución del mismo ya ha finalizado, pero se demuestra que la estructura económica del negocio jurídico se alteró de forma sustancial por circunstancias sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a las partes, conforme a la teoría de la imprevisión y los principios de justicia contractual y buena fe?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]uando la estructura económica del contrato se altera en forma sustancial y el cumplimiento del contrato se hace excesivamente gravoso para uno de los contratantes por razones no imputables a las partes y ajenas al riesgo asumido por estas, surge la pregunta de si la parte afectada continúa obligada al cumplimiento del contrato de conformidad con el tenor de lo estipulado o si, en cambio, debe restablecerse la proporcionalidad de la operación económica. Es así como, frente al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza y solidez del vínculo contractual, se erige la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento en el que son convenidas, de tal suerte que, si bien los contratos son ley para las partes, ante la alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico. (...) Ahora bien, tratándose de contratos sujetos al derecho privado, la procedencia de un eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente se abre paso a partir del artículo 868 del Código de Comercio -disposición que consagra la posibilidad de solicitar la revisión judicial del contrato cuando las prestaciones de futuro cumplimiento resultan sustancialmente más gravosas como consecuencia de circunstancias sobrevinientes e imprevistas que alteren la estructura económica del contrato-, así como a través de otras normas, como las que establecen la equidad y la buena fe, a las que puede acudirse a efectos de arribar a una solución a través de la cual se restablezca el equilibrio o la proporción que debe existir en la respectiva operación económica, cuando las circunstancias del caso concreto no encajan en los presupuestos dispuestos por el artículo 868 del Código de Comercio para la teoría de la imprevisión. (...) En paralelo, tratándose de contratos celebrados estatales regidos por el derecho común, en algunas oportunidades la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido que las partes pueden solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato al amparo de la teoría de la imprevisión aun cuando la ejecución del contrato haya finalizado, teniendo en cuenta la finalidad encaminada a la satisfacción del interés general, circunstancia que restringe la posibilidad de suspender su ejecución ante la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes e imprevistas. Lo contrario implicaría desconocer la actuación del contratista que diligentemente continúa con la ejecución del negocio jurídico, impidiéndole injustamente reclamar la excesiva onerosidad sobreviniente que afectó su economía, so pretexto de no haber paralizado la ejecución contractual. (...) Así, se advirtió que restringir el análisis de la teoría de la imprevisión al supuesto de prestaciones futuras contemplado en el artículo 868 del Código de Comercio es problemático, dado que: i) en la mayoría de los casos en que se alega una mayor onerosidad contra una entidad pública las prestaciones ya se extinguieron, y ii) la mayor parte de los asuntos anteriores no pretenden la revisión de prestaciones futuras sino de acuerdos ya extinguidos por afectaciones a la equivalencia prestacional originalmente pactada. Así, se puso de presente que, en los casos en que se alegue una mayor onerosidad sobre prestaciones ya ejecutadas, aquellas deben estudiarse según la justicia contractual y la buena fe, que son esenciales para garantizar la equivalencia prestacional, sin que sea dable limitarse a las reglas del artículo 868 del Código de Comercio.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del principio del rebus sic stantibus, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 21 de febrero de 2012, Rad. 11001-3103-040-2006-00537-01, M.P. William Namén Vargas. Acerca del restablecimiento económico del contrato, consultar providencias de 15 de febrero de 1999, Exp. 11194, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 21 de junio de 1999, Exp. 14943, C.P. Daniel Suarez Hernández; de 27 de enero de 2016, Exp. 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 15 de julio de 2020, Exp. 28794, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 21 de septiembre de 2020, Exp. 47106, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. En relación con el estudio de las pretensiones dirigidas a obtener la declaratoria de responsabilidad por la prestación ejecutada con excesiva onerosidad por hechos posteriores al contrato terminado, consultar providencia de 19 de junio de 2020, Exp. 44420, C.P. María Adriana Marín; de 17 de junio de 2024, Exp. 44807, C.P. William Barrera Muñoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede el contratista reclamar judicialmente aspectos económicos derivados del contrato, pese a haber suscrito un acta de liquidación bilateral, cuando del análisis sistemático del acuerdo de voluntades se evidencia que los asuntos objeto de la demanda no fueron incluidos ni resueltos en dicho acto, conforme a las reglas del derecho privado, la buena fe contractual y los principios de interpretación de los contratos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es importante detenerse a revisar el objeto y alcance del acuerdo de voluntades contenido en el acta de liquidación del contrato que las partes firmaron el 10 de octubre de 2011, con el fin de establecer, bajo las reglas del derecho privado que rigen el negocio jurídico en cuyo seno se originaron las controversias, cuáles fueron los aspectos materia del pacto y si el mismo cobijó o no las reclamaciones a que se refieren las pretensiones de la demanda. Sobre el particular, debe recordarse que si bien las normas del derecho común no contemplan la liquidación del negocio jurídico, en ejercicio de su autonomía de la voluntad las partes bien pueden pactar llevar a cabo la liquidación de su contrato e, incluso, aún sin previa estipulación contractual que así lo contemple, en la práctica bien pueden acordar de consuno un balance final de las contraprestaciones derivadas del contrato que han celebrado, con el propósito de finiquitar las cuentas y establecer quién debe a quién y cuánto. En este evento dicho acuerdo de voluntades tiene fuerza vinculante, de modo que, en virtud de su obligatoriedad para las partes, de los postulados de la buena fe y del respeto por los actos propios (venire contra factum propium non valet), no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribió, salvo que se invoque un vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o que aquello que se reclama en sede judicial no hubiere sido materia del cruce de cuentas convenido. (...) En suma, con fundamento en lo prescrito en el artículo 1602 del Código Civil y en el principio de la buena fe, si los contratantes han liquidado de común acuerdo el contrato que han celebrado el juez ha de estarse a lo convenido, pues dicha liquidación es un negocio jurídico vinculante que tiene efectos de ley para los sujetos intervinientes. En este orden de ideas, en el análisis del acuerdo liquidatorio que suscribieron las partes el 10 de octubre de 2011, corresponde al juez del contrato desentrañar el alcance de las estipulaciones pactadas, de acuerdo con las reglas de interpretación de los contratos y, por supuesto, la ejecución de buena fe del negocio jurídico, con el fin de establecer la común intención de los contratantes, determinando, concretamente, si las partes procuraron con dicho acuerdo de voluntades regular los asuntos cuya reclamación se formula en la demanda y los términos de dicha regulación. A la vista de las anteriores consideraciones, descendiendo al caso concreto la Sala observa que en el texto del acuerdo liquidatorio suscrito por las partes éstas indicaron el valor del contrato, discriminando el valor de la obra y el valor de la administración delegada, con indicación, en cada caso, de las actas parciales y finales, el anticipo y su amortización. Además, relacionaron las distintas actas suscritas por las partes y las garantías otorgadas e indicaron que el contrato “se ejecutó de acuerdo con lo especificado y dentro del plazo contractual estipulado”. (...) Bajo el contexto que ha quedado expuesto, la Sala, tras realizar un análisis contextual y sistemático del acta de liquidación final acordada entre las partes con miras a desentrañar su común intención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, concluye que es viable estudiar la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por cuanto frente a los dos asuntos objeto de la presente controversia es evidente que no existió consenso entre las partes y que, antes bien, el contratista dejó expresa constancia de su inconformidad, resultando claro, por tanto, que lo atinente a dichos puntos no fue materia del acuerdo, subsistiendo al respecto la divergencia que el contratista plantea en su demanda. En otras palabras, la interpretación sistemática, racional y lógica del referido negocio jurídico permite concluir que respecto de los asuntos sobre los que versan las pretensiones del libelo introductorio subsistieron discrepancias que no fueron zanjadas en el convenio tantas veces mencionado, de tal modo que procederá la Sala al estudio de las pretensiones de la demanda, para lo cual comenzará por precisar los hechos que quedaron acreditados en el plenario y las pruebas adicionales recaudadas en el proceso.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MUNICIPAL / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Debe calificarse como contrato estatal de obra el negocio jurídico celebrado entre la Gestora Urbana de Ibagué y el contratista, atendiendo al objeto del contrato y a la naturaleza jurídica de la entidad contratante, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 32.1 de la Ley 80 de 1993, independiente del régimen jurídico aplicable a su ejecución?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el objeto del contrato, para la Sala resulta claro que las partes celebraron un contrato estatal de obra, al tenor del artículo 32.1 de la Ley 80 1993, en concordancia con el artículo 2 ejusdem, según el cual se denomina contrato de obra el que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, toda vez que la Gestora Urbana de Ibagué, entidad contratante, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal y el contrato celebrado entre las partes tuvo por objeto la pavimentación y repavimentación de la avenida Guabinal en la ciudad de Ibagué. (...) [L]a jurisprudencia de esta Corporación de vieja data ha resaltado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, puesto que, en virtud de las normas mencionadas, se consideran contratos estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza, de tal suerte que la determinación de la naturaleza jurídica del contrato depende de la que, a su vez, ostente la entidad que lo celebra, sin importar el régimen jurídico que gobierne el negocio estipulado, adoptándose, entonces, un criterio eminentemente subjetivo u orgánico. Por lo anterior, como la Gestora Urbana de Ibagué tiene el carácter de entidad estatal, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, los contratos en los cuales esa entidad haya sido parte son contratos estatales y, cuandoquiera que dichos contratos tengan por objeto la realización de alguna(s) de la(s) actividade(s) descritas en el numeral 1 del mencionado artículo 32 del EGCA, su tipología será la de contrato estatal de obra, al margen de que el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato sea el general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HONORARIOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Debe declararse el incumplimiento contractual por parte de la entidad contratante al no pagar honorarios adicionales por la extensión del plazo de ejecución en un contrato de obra por administración delegada, cuando del análisis sistemático del clausulado contractual no se desprende una obligación expresa de pago por dicho concepto?
Respuesta al problema jurídico: No
En el marco del contrato interadministrativo No. 0091 de 2009 suscrito entre el municipio de Ibagué y la Gestora Urbana de Ibagué, cuyo objeto consistió en la “coordinación, formulación y ejecución del programa de mantenimiento y recuperación de la malla vial en la ciudad de Ibagué”, el 10 de noviembre de 2009 la Gestora Urbana de Ibagué y (…) [el demandante] celebraron el “Contrato de Administración Delegada No. 207 de 2009”, con el objeto de llevar a cabo “la pavimentación y repavimentación de la avenida Guabinal, con fundamento en el proyecto de renovación del entorno urbano con énfasis en la movilidad vial en diferentes sectores de la ciudad de Ibagué”, con un plazo inicial de 4 meses y/o el tiempo de duración de la obra. Tras una suspensión y una ampliación del plazo, el contrato de administración delegada No. 207 finalizó el 8 de septiembre de 2010, luego de lo cual las partes lo liquidaron de mutuo acuerdo el 10 de octubre de 2011. El demandante considera que no le fueron cancelados los honorarios a que tiene derecho por la adición del plazo inicialmente convenido en el “Contrato de Administración Delegada No. 207 de 2009” (…). Una interpretación sistemática del clausulado contractual permite advertir que la común intención de las partes fue la de estipular un contrato en el que el contratista se obligó a ejecutar la obra bajo el sistema de administración delegada, por el término de 4 meses, que correspondía al inicialmente contemplado al efecto, o el tiempo que durara la ejecución total de la misma, a cambio de los honorarios que se convinieron en una suma fija, estipulándose de modo expreso que correrían por cuenta y riesgo del contratista los gastos administrativos propios de la administración delegada, tales como oficina, papelería y secretaria, entre otros. (…) Vistas así las cosas, la falta de pago de los honorarios y gastos de administración por la extensión del término de ejecución contractual no configura incumplimiento por parte de las demandadas, pues no se estipuló obligación de pago en tal sentido. A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo de recordar que la responsabilidad civil contractual demanda la existencia de una obligación derivada de un contrato, cuyo cumplimiento haya sido omitido por el demandado, ocasionando con ello un menoscabo a un interés jurídicamente protegido en cabeza del demandante, presupuestos que no se encuentran establecidos en este juicio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad contractual y sus elementos, consultar providencias de 28 de octubre de 2019, Exp. 40992, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 9 de marzo de 2001, Rad. 5659.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Debe declararse la excesiva onerosidad sobreviniente del contrato de obra pública derivada de la ampliación del plazo contractual, cuando se observa que parte de los retrasos que se presentaron fueron atribuibles al contratista y que no se acreditó el perjuicio económico reclamado?
Respuesta al problema jurídico: No
La apelación presentada (…) contra la sentencia del 17 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda, el recurrente sostuvo que debía accederse a lo solicitado en el libelo introductorio, pues, contrario a lo manifestado por el a-quo, sí se demostró el desequilibrio contractual toda vez que con la ampliación del término de ejecución de la obra al contratista “se le duplicaron los gastos y costos por culpa de la administración”. (...) Pasando al análisis de las pretensiones de la demanda que persiguen el restablecimiento del equilibrio económico por la excesiva onerosidad sobreviniente derivada de la ampliación del plazo contractual, vale anotar, en primer lugar, que la demora en la ejecución de los trabajos no se originó única y exclusivamente en circunstancias ajenas al demandante, como lo alegó a lo largo del proceso. En efecto, la Sala encuentra demostrado que los retrasos que se presentaron en el desarrollo del proyecto no le son del
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la eficacia probatoria del dictamen pericial, consultar providencias de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 28 de abril de 2021, Exp. 48436, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232
IMPUESTO DE GUERRA / COBRO DEL IMPUESTO DE GUERRA / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE GUERRA / NORMATIVA DEL IMPUESTO DE GUERRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El hecho generador del impuesto de guerra o contribución especial lo determina que suscripción de una contrato estatal que tenga como objeto una obra pública o una adición al mismo, sin consideración al régimen contractual aplicable al contrato o a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
La contribución de los contratos de obra pública, comúnmente conocida como impuesto de guerra -pues fue dispuesta por el legislador como un tributo destinado a la seguridad pública-, se encuentra establecida sobre todos los contratos de obra celebrados con entidades de derecho público. La ley determinó que el contratista es el contribuyente, esto es, la persona que realiza el hecho gravado y está obligado al pago, a la vez que la entidad de derecho público contratante es la responsable del gravamen, es decir, la encargada de retener y consignar la contribución en la cuenta especial dispuesta para ello. Por su parte, dependiendo de si la entidad contratante es nacional, departamental o municipal, la contribución ha de pagarse a la Nación, al Departamento, o al Municipio, que son los sujetos activos del tributo. (...) Como se observa, la norma dispone que el hecho generador lo constituye la suscripción de contratos de obra celebrados con entidades estatales, sin consideración al régimen contractual aplicable al contrato o a la entidad contratante, vale decir, independientemente de si ha de acudirse a la Ley 80 de 1993 o a uno de los denominados regímenes exceptuados (...). En punto al hecho generador de la contribución sobre contratos de obra pública, es claro, entonces, que lo determinante es que una de las partes sea una entidad de derecho público y que se trate de un contrato de obra pública o una adición al mismo, a propósito de lo cual conviene recordar que, de conformidad la Ley 80 de 1993, se consideran contratos de obra los celebrados por las entidades estatales para construir, mantener, reparar, y, en general, realizar cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución o forma de pago. En otras palabras, para efectos del gravamen analizado debe entenderse que el contrato de obra pública a que se refiere la Ley 1106 de 2006 es el mismo que el Estatuto de Contratación Estatal denomina como contrato de obra, de modo que a efectos de la causación de la contribución referida lo que corresponderá determinar es que el objeto del negocio celebrado se enmarque en una de las actividades descritas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la procedencia del impuesto de guerra o contribución especial de los contratos de obra, consultar providencias de 25 de febrero de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2014-00721-01(22473) (IJ-SU), C.P. William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLASES DE PAGO / FORMA DE PAGO / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / HONORARIOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El sistema de administración delegada constituye una de las formas o modalidades de pago del contrato de obra, en la que la remuneración del administrador delegado, que se denomina honorarios, puede pactarse en forma de porcentaje o de precio fijo, con base en el presupuesto de la obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que toca con las modalidades de pago del contrato de obra, a diferencia del actual, el anterior estatuto de contratación, Decreto Ley 222 de 1983, clasificaba los contratos de obra según la forma de pago, contemplando dentro de las mismas el sistema de administración delegada, respecto del cual los artículos 90 y siguientes de dicho estatuto lo definían aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad contratante, se encarga de la ejecución del objeto convenido, pagando esta última el costo real de la obra, más un determinado porcentaje o valor fijo como retribución al contratista por concepto de honorarios de administración, en los que se incluyen costos de personal, oficinas, vehículos, desplazamientos etc. y la utilidad. Ahora bien, las distintas formas de pago del contrato de obra y la definición de cada una de ellas, aunque no las incorpora el estatuto contractual vigente, continúan conservándose en la jurisprudencia y la doctrina a efectos de caracterizar los distintos sistemas de pago del contrato de obra y, entre ellos, el pactado bajo administración delegada, tal como lo ha señalado esta Corporación, a propósito de lo cual ha de resaltarse que la modalidad de ejecución o de pago en modo alguno constituye un elemento esencial del contrato de obra, es decir, uno de aquellos sin los cuales no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente, según las voces del artículo 1501 del Código Civil, como se desprende sin lugar a dudas de la definición del contrato de obra prevista en el numeral 1º del artículo 32 (...). En suma, sin necesidad de definición legal se tiene que el sistema de administración delegada constituye una de las formas o modalidades de pago del contrato de obra, en la que la remuneración del administrador delegado, que se denomina honorarios, puede pactarse en forma de porcentaje o de precio fijo, con base en el presupuesto de la obra. A su vez, el valor del contrato corresponde al valor de los honorarios del administrador delegado, en los cuales quedan comprendidos, además de la remuneración del trabajo desplegado por el administrador delegado, el valor de los gastos en que éste incurra para ejecutar ese trabajo y que son diferentes a los propios de la ejecución de la obra, los cuales son pagados con cargo al presupuesto de la obra. En otras palabras, con cargo a los honorarios que se pactan para el administrador delegado éste debe cubrir los gastos en que incurra para la ejecución de su trabajo, tales como los viajes que deba realizar o los honorarios que deba pagar a quienes encargue de la vigilancia permanente de la ejecución de la obra, o los gastos administrativos como salarios de secretaria, costos de papelería, etc.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato por administración delegada, consultar providencias de 6 de junio de 2007, Exp. 17253, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 15 de octubre de
2021, Exp. 24376, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 82, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 90, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FORMA DE PAGO / CLASES DE FORMA DE PAGO / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / IMPUESTO DE GUERRA / COBRO DEL IMPUESTO DE GUERRA / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE GUERRA / NORMATIVA DEL IMPUESTO DE GUERRA / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / DETERMINACIÓN DEL HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / CONFIGURACIÓN DEL HECHO GENERADOR DEL TRIBUTO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La celebración de un contrato de obra pública bajo la modalidad de administración delegada excluye al contratista de la calidad de sujeto pasivo de la contribución especial establecida en la Ley 1106 de 2006, por lo que resultaba improcedente el descuento del 5% que corresponde al denominado “impuesto de guerra"?
Respuesta al problema jurídico: No
[El demandante señaló] sin su consentimiento ni autorización le fue descontado el 5% correspondiente al denominado “impuesto de guerra”, a pesar de no ser sujeto pasivo del mismo, pues en su criterio no celebró un contrato de obra sino uno de administración delegada. (...) [S]e observa que el contrato que ocupa la atención de la Sala corresponde a la realización de actividades materiales propias de un contrato de obra, concretamente la pavimentación y repavimentación de la vía Guabinal, de tal suerte que el negocio bajo estudio, celebrado por una entidad pública, reúne los elementos que tipifican el contrato de obra descrito en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Además, la Sala encuentra que la forma de pago se pactó bajo el sistema o modalidad de pago de administración delegada, observándose, en efecto, que: (i) el contratista, por cuenta y riesgo del contratante, se encargó de la ejecución de la obra, asumiendo la responsabilidad por los subcontratos que llegare a celebrar; (ii) el contratista asumió la dirección técnica de la obra; (iii) de acuerdo con el presupuesto de las obras, la Gestora Urbana de Ibagué se comprometió a proporcionar los fondos necesarios para sufragar los costos de la obra, obligándose el contratista a rendir cuentas ante el interventor sobre la ejecución de los recursos; y (iv) los honorarios del administrador delegado se acordaron en un valor fijo, asumiendo el contratista, por su cuenta y riesgo, todos los gastos administrativos de la administración delegada, tales gastos generales de oficina, papelería, comunicaciones, movilizaciones, personal, etc. No pasa por alto la Sala que las normas del mandato previstas en los artículos 2142 y siguientes del Código Civil y 1262 y siguientes del Código de Comercio se integran al contenido del contrato de obra por administración delegada, pues ciertamente el administrador delegado actúa por cuenta de la entidad contratante, la cual confía la gestión de los fondos necesarios para la confección de la obra. En este sentido, esta Corporación ha expuesto que la administración delegada involucra la realización o ejecución de la obra encomendada junto con la administración de los fondos (...). Con todo, la circunstancia de que al contrato de obra por el sistema de administración delegada, que se encuentra regido por las normas del contrato para la confección de una obra material, sean aplicables, también, las normas del contrato de mandato en lo atinente a la gestión de los fondos para la ejecución de la obra, no desvirtúa la naturaleza de contrato de obra, porque en este tipo de contrato lo esencial es que la actividad contratada sea un trabajo material sobre un bien inmueble, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, tal como expresamente lo establece el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y como justamente corresponde al objeto pactado por las partes en el presente asunto y a las obligaciones que estas asumieron. Por tanto, contrario a lo aducido por la actora, el negocio jurídico suscrito entre la Gestora Urbana de Ibagué y Luis Ricarto Ortigoza González para ejecutar “LA PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GUABINAL” CON FUNDAMENTO EN EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO CON ÉNFASIS EN LA MOVILIDAD VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”, es un contrato de obra en los términos del numeral 1º del artículo 32 ejusdem, disposición que reconoce expresamente que el contrato de obra conserva su naturaleza cualquiera que sea su modalidad de ejecución o forma de pago. (...) A la vista de las anteriores consideraciones, se desprende, sin lugar a dudas, que en el presente asunto se está en presencia de un contrato de obra celebrado por una entidad estatal bajo la modalidad de pago de administración delegada, de modo que la parte actora, en su calidad de contratista, era sujeto pasivo de la contribución tantas veces mencionada. En suma, como respecto del contrato que ocupa la atención de la Sala a la Gestora Urbana de Ibagué le correspondía retener al contratista la contribución de los contratos de obra pública, no prospera este cargo de apelación de la demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modalidad de pago por administración delegada, consultar providencias de 16 de septiembre de 2010, Exp. 16605, C.P. Carmen Teresa Ortíz Rodríguez; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 47201, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la aplicación de la contribución especial a contratos de obra por administración delegada, consultar providencia de 15 de octubre de 2021, Exp. 24376, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1262, LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2142
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, que interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó el recurso que formuló, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del CGP, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las costas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. (...) En relación con la agencias en derecho en segunda instancia, que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, cuantía del proceso y actuación desplegada por la parte vencedora, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, la Sala no estima procedente su fijación en esta instancia, comoquiera que en el caso concreto no se encuentra acreditada su causación, pues la parte demandada no ejerció actuación alguna ante esta Corporación durante el trámite de la segunda instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el reconocimiento de las agencias en derecho, consultar providencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4