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Usted realiza la siguiente pregunta: «Los Cabildos Indígenas tienen capacidad jurídica para suscribir contratos interadministrativos con entidades públicas?».
Los Cabildos Indígenas tienen capacidad jurídica para suscribir contratos interadministrativos con entidades públicas?. Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico. Es decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública y capacidad para contratar –, con prescindencia de las normas que regulen la relación contractual.
Se informe si jurídicamente es viable que las comunidades indígenas ejecuten directamente los recursos entregados por las Alcaldías?
Se informe si jurídicamente es viable que las comunidades indígenas ejecuten directamente los recursos entregados por las Alcaldías? Se informe si jurídicamente es viable que los Alcaldes entreguen recursos directamente a las comunidades indígenas para ser ejecutados?.
¿Es posible que, con base en el Decreto 252 de 2020, se contraten directamente a las organizaciones indígenas para que estas construyan infraestructura educativa?
De conformidad con las consideraciones de este concepto, el artículo 1 del Decreto 252 de 2020 permite que las asociaciones de cabildos o asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y las «organizaciones indígenas» contraten con las entidades estatales, y además pueden hacerlo de manera directa –sin necesidad de participar en licitaciones u otro proceso de selección–, pero condicionado a la composición de esas organizaciones, cuyos miembros deben ser, exclusivamente: i) cabildos indígenas, ii) resguardos indígenas, iii) asociaciones de cabildos indígenas, iv) asociaciones de autoridades indígenas, y v) otras formas de autoridad indígena.
¿La contratación directa, en los términos del artículo 1 del Decreto 252 de 2020 opera para cualquier bien, producto o servicio, o existe restricción legal aplicable?
¿La contratación directa, en los términos del artículo 1 del Decreto 252 de 2020 opera para cualquier bien, producto o servicio, o existe restricción legal aplicable? En caso de existir restricción, favor indicarla y sustentarla jurídicamente.
"(...) ¿Si hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 426 y 453 de 2019, en virtud de las cuales, la entidad demandada: (i) declaró el incumplimiento parcial del contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico CAMEP 110- 00129-1-0-2013, afectando la cláusula penal pecuniaria y (ii) declaró la ocurrencia del siniestro, en virtud de la póliza 2144101128183, expedida por la compañía Seguros del Estado? (...)" No
… en el presente asunto, se pretende la nulidad de las resoluciones, por medio de las cuales se resolvió una actuación administrativa, por incumplimiento contractual y se resolvió el recurso de reposición presentado por la aseguradora Seguros del Estado (garante del contrato), no a partir de argumentos tendientes a atacar el contenido de las referidas decisiones, sino a evidenciar una presunta vulneración del derecho al debido proceso del contratista, durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio, que condujo a la expedición de los actos administrativos. 3.4 Así las cosas, encuentra la Sala que la parte actora está alegando unos vicios en la formación de los actos administrativos, por tanto, en esta oportunidad se limitará únicamente a analizar los cargos de nulidad formulados por el demandante. a) De la incompetencia temporal de la ex directora Nadime Yaver Licht…
¿Se pueden celebrar convenios solidarios entre Alcaldía y resguardo para la ejecución de dichos recursos?
De conformidad con la competencia otorgada en el numeral 8 del artículo 11 y numeral 5 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente atiende consultas relativas a temas contractuales en lo que se refiere a la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. Por tal motivo, esta entidad carece de competencia para pronunciarse respecto de actuaciones contractuales específicas, y por ende, no es posible determinar los aportes que deben existir para ejecutar un convenio solidario con recursos del SGP entre una alcaldía y un resguardo indígena.
¿En el marco de un contrato de administración delegada se debe exigir la constitución de fiducia o patrimonio autónomo para el manejo de los anticipos que se pacten en los subcontratos?
La interpretación que la Agencia ha sostenido sobre el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 ha sido clara en señalar que es obligatorio constituir un patrimonio autónomo o una fiducia para administrar los recursos del anticipo en los contratos de: i) obra, ii) concesión, iii) salud, y, iv) los contratos derivados de un proceso de licitación pública, siempre que, en estos cuatros supuestos, el contrato no sea de menor o mínima cuantía. En ese sentido, cuando la cuantía de un contrato resulte ser de mínima o menor cuantía, independientemente de la modalidad de selección por la que surge, no será obligatoria la constitución de un patrimonio autónomo o una fiducia para administrar los recursos del anticipo, así haya surgido a través de un proceso de selección por licitación pública u otra modalidad.
También resuelve:Constitución de fiducia o patrimonio autónomo irrevocable: Artículo 91 ley 1474 de 2011- ámbito de aplicaciónSubcontratación: nociónContrato de administración delegada: subcontratos
¿Los contratos de cesión o licenciamiento de derechos de propiedad intelectual hacen parte de los contratos o convenios de ciencia y tecnología de acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley 591 de 1991?
Las normas: i) el Decreto Ley 393 de 1991, ii) el Decreto Ley 591 de 1991, iii) la Ley 1286 de 2009 y iv) el Documento CONPES 3582 de 2009, determinan qué actividades son consideradas como de ciencia, tecnología e innovación. En caso de que las entidades «no tengan certeza sobre la catalogación de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, deben acudir al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias, autoridad competente en la materia», hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como lo señaló la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la Circular Externa Única. Entonces la entidad, como responsable de estructurar sus procedimientos de selección, debe definir si el objeto a contratar es de aquellas actividades consideradas de ciencia, tecnología e innovación.
También resuelve:Ciencia, tecnología e innovación: regulación, Decreto 393 de 1991, formas de asociación, Decreto 591 de 1991Decreto 393 de 1991: creación, persona jurídica, régimen jurídico, reglasContrato de financiamiento: Decreto 591 de 1991
¿Las juntas directivas o comités directivos de los convenios especiales de cooperación de ciencia, tecnología e innovación se regulan con la normatividad comercial o tienen la misma naturaleza en lo dispuesto en el artículo 348 del código de comercio?
El convenio especial de cooperación es una forma de asociación de las señaladas en el artículo 1 del Decreto 393 de 1991, que es diferente a la creación de personas jurídicas, y por esto no da lugar a establecer los órganos de administración de las sociedades como juntas, asambleas o comités directivos, ya que la norma no previó que el convenio generara una persona jurídica, lo cual debe tener origen legal.
También resuelve:Ciencia, tecnología e innovación: regulación, Decreto 393 de 1991, formas de asociación, Decreto 591 de 1991Decreto 393 de 1991: creación, personas jurídicas, régimen jurídico, aplicaciónConvenio especial de cooperación: Decreto 393 de 1991, reglas, régimen jurídico, Decreto 591 de 1991
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,RENOVACIÓN DEL CONTRATO,CONTRATO DE ASEGURAMIENTO,CLÁUSULAS EXCEPCIONALES,NOTIFICACIONES,CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO,CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO,SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SO – Acto administrativo,Caducidad de la acción,Recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud,Administración,Derecho de renovación automática,Requisitos para su renovación,Objeto,Facultades excepcionales de la administració – Mes: octubre – Año: 2018…
CONTRATO DE OBRA,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,MULTAS,DESVIACIÓN DE PODER,CADUCIDAD DEL CONTRATO,CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN,CONTRATOS ADICIONALES,BUENA FE,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Administración delegada,Objeto,Liquidación unilateral del contrato,Procedencia,Parcial,Multas,Facultad,Entidad contratante,Imposición,Acto que impuso multas,Mecanismos para la declaratoria de caducidad del contrato,Mecanismo para – Mes: septiembre – Año: 2017…
También resuelve:Contrato de obra: administración delegada, objetoLiquidación del contrato: liquidación unilateral, procedenciaIncumplimiento del contrato: parcial, multas, facultad, entidad contratante
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN,PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS,PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA,NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO,ACTO ADMINISTRATIVO,CADUCIDAD DEL CONTRATO – Eventos,No es causal de nulidad,Facultad de la Administración,Impide ejecución – Mes: noviembre – Año: 2015…
SERVICIOS DE SALUD,CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO,ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO,ACTO ADMINISTRATIVO – Carácter individual,Notificación,Publicidad,Regímenes,Régimen subsidiado,Régimen contributivo,Reglas,Escogencia,Proceso de selección – Mes: julio – Año: 2015…
¿Las Resoluciones Nos. 220 del 25 de julio de 2017 y 157 del 5 de junio de 2018, fueron expedidas con violación a la causal de falsa motivación y debido proceso? Sí
El contratista no puede impugnar las resoluciones que imponen la cláusula penal por falsa motivación y violación al debido proceso, ya que la entidad estatal fundamentó sus decisiones en pruebas recogidas durante la auditoría del contrato, garantizando así el derecho a la defensa y el debido proceso. La Sala confirmó que el contratista no cumplió con las obligaciones específicas del contrato, especialmente en cuanto a la inversión de recursos, y no demostró adecuadamente el cumplimiento de estas obligaciones. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre la cláusula penal y la falsa motivación, reforzando la necesidad de que el contratista acredite debidamente su cumplimiento contractual para evitar la imposición de sanciones.síntesis automática
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a la liquidación del contrato de administración del Fondo Nacional del Café celebrado entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y en qué medida dicho trámite se encuentra sujeto —o no— a las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007?
En relación con el problema jurídico de su consulta, se señala que el contrato suscrito para la administración del Fondo Nacional del Café, obedece su celebración a un mandato legal expreso. En efecto, el artículo 2 de la Ley 11 de 1972 dispone: “Autorízase al Gobierno Nacional para celebrar con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia contratos tendientes a impulsar y defender la Industria del Café. Los contratos que el Gobierno celebre en desarrollo del presente artículo, tendrán una duración de diez años y serán prorrogables por períodos de igual duración”.
También resuelve:Fondo nacional del café: cuenta especial, naturaleza parafiscal, recursos parafiscalesFederación nacional de cafeteros: entidad privada, particular, funciones administrativasContrato de administración: fondo nacional del café, régimen jurídico, características
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 25000233600020240005501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega llamamiento en garantía? Sí
El contratista no puede interponer un recurso de apelación contra el auto que niega el llamamiento en garantía si no existe un vínculo contractual o legal directo entre el llamante y el llamado en garantía, a pesar de que los contratos puedan estar coligados o conexos; la Sala confirma que el llamamiento en garantía es improcedente cuando no se acredita tal relación jurídica, y que la mera referencia a la actuación del llamado en garantía en el marco del proceso constructivo no es suficiente para establecer un vínculo que habilite la procedencia del llamamiento. Además, la Sala determina que no procede la condena en costas por falta de configuración de una relación jurídico-procesal entre las partes, según lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el llamamiento en garantía cuando, aun pudiendo existir una eventual coligación contractual entre varios negocios jurídicos…¿Es improcedente la condena en costas por cuanto no se configuró una relación jurídico-procesal entre Contein S.A.S. y el Consorcio Interventores Bogotá?
44001233300020150021201 de 20252025-09-04Rad. 44001233300020150021201
Contrato de prestación de simple apoyo a la gestión – Régimen administrativo de contratos – Aplicación del estatuto general de contratación En este sentido, conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, deben liquidarse tanto los contratos de tracto sucesivo como los demás que lo requieran, como es el caso del contrato objeto de análisis, pues si bien este tiene el carácter de prestación de servicios, en los cuales no es obligatoria su liquidación, esta fue expresamente pactada por las partes. De esta forma, debe concluirse que la liquidación judicial -como la pretendida en esta oportunidad- tiene como objetivo determinar el estado final de la ejecución de las obligaciones asumidas por los extremos de un contrato y, con sustento en ello, realizar su cierre definitivo.
También resuelve:Contrato de administración de prestación de servicios educativos: etnoeducación, derecho a la etnoeducación, comunidad étnica, principio de diversidad étnica y culturalServicio público de educación: acceso al servicio público de educación, contratación del servicio público educativo, acceso a la educación en zonas de difícil acceso, cobertura educativaModalidad de selección de contratos de administración de la atención educativa: cabildo o una autoridad tradicional indígena, contrato interadministrativo, contrato de prestación de servicios profesionales, organización indígena representativa de uno o más pueblos indígenas
¿Es posible declarar el incumplimiento del contrato cuando no se ha cuestionado su liquidación unilateral? No
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato cuando no ha cuestionado previamente la liquidación unilateral del mismo, ya que la legalidad de dicha liquidación se presume y no ha sido impugnada en el juicio. En este caso, la entidad estatal liquidó unilateralmente el contrato y el contratista no impugnó la legalidad de este acto administrativo, por lo que la Sala revocó la sentencia de primer grado y negó las pretensiones del contratista, considerando que la liquidación unilateral del contrato y sus efectos se mantienen incólumes al no haber sido cuestionados. Esto implica que para poder discutir el incumplimiento del contrato y la indemnización de perjuicios, el contratista debe primero cuestionar la legalidad del acto administrativo de liquidación unilateral, lo que no ocurrió en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Las actividades del Instituto de Fomento Industrial, con fundamento en el contrato “Concesión de Salinas” celebrado con la nación…¿Cuando la administración realiza la liquidación unilateral del contrato se está ante una decisión que goza de presunción de legalidad y que vincula a ambas partes de la relación contractual…
¿La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto, y, por tanto, a la vinculación funcional o material que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo? Sí
La legitimación en la causa es la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto y se refiere a la posición que los sujetos procesales ocupan frente a la situación fáctica y jurídica alegada, de modo que quien formula pretensiones o las controvierte debe tener un interés legítimo en la declaración pedida. La regla se sostiene en que la legitimación está relacionada con el objeto mismo de la litis, pues es un elemento sustancial vinculado con la pretensión y un presupuesto fundamental para dictar la sentencia de fondo. Por ello, las peticiones solo pueden dirigirse contra quienes cuentan con un interés legítimo frente al derecho discutido, y su ausencia impide decidir el fondo. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia con base en esa noción de legitimación. En la práctica, la falta de legitimación en la causa se examina como un presupuesto de la sentencia de fondo y no como una simple formalidad del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al ser responsable solidario como beneficiario de la obra?¿Resulta procedente el análisis de los argumentos nuevos del demandante tendientes a imputar responsabilidad al ente territorial demandado por cuenta de un supuesto enriquecimiento sin causa…¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al estar representado por Fundacubo en la ejecución del contrato de obra…