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Consejo de Estado Providencia

El consorcio demandado le causó perjuicios por incumplimiento de las obligaciones a su cargo a la entidad demandante

Sentencia — Sentencia 2024-10-10 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 23001233300020160003401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio demandado le causó perjuicios por incumplimiento de las obligaciones a su cargo a la entidad demandante, porque no alcanzó las metas de siembra, mantenimiento y reposición en la totalidad de las plantaciones acordadas, además, no amortizó el anticipo a la entidad demandante? Sí
El contratista es responsable por los perjuicios causados a la entidad estatal debido a su incumplimiento en la ejecución del contrato, ya que no alcanzó las metas de siembra, mantenimiento y reposición de plantaciones acordadas, además de no amortizar el anticipo recibido. A pesar de la demora inicial en la entrega de plántulas por parte de un proveedor, el contratista omitió realizar las actividades esenciales para cumplir con sus obligaciones, como la preparación de terrenos, capacitación de beneficiarios y entrega de insumos, lo que impidió alcanzar las metas establecidas. La entidad estatal no puede ser responsabilizada por la falta de diligencia del contratista, lo cual se ajusta al principio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans". Además, la entidad no está obligada a incluir en la liquidación judicial del contrato el valor de las hectáreas resembradas por el contratista, ya que superaron el límite contractualmente previsto sin autorización. Finalmente, la condena impuesta al contratista debe ser indexada para su actualización, lo que implica ajustar el valor de la condena según los índices de precios al consumidor vigentes en las fechas relevantes.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe incluirse en la liquidación judicial del contrato el valor de las hectáreas resembradas por el contratista, cuando superó por mucho el límite contractualmente previsto para esta prestación? ¿Debe indexarse la condena impuesta al contratista en el fallo impugnado? ¿Debe condenarse en costas a la parte demandada en la segunda instancia debido a que se confirmó en totalidad la sentencia de primera instancia?
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Consejo de Estado Providencia

El artículo 365 de la Constitución Política permite que los servicios públicos sean prestados por el Estado

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 13001233300020140010001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuáles son los presupuestos para el otorgamiento del contrato de concesión de áreas de servicio exclusivo? Sí
El contratista no puede beneficiarse de los requisitos específicos para la concesión de áreas de servicio exclusivo si no se cumplen los requisitos legales establecidos, como el concepto previo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la determinación precisa del ámbito geográfico de exclusividad, la cobertura, los servicios a los cuales se extiende la exclusividad, las medidas que se adoptarán para garantizarla y el componente tarifario. Estos requisitos son esenciales para que la concesión de áreas de servicio exclusivo sea válida y legal, y su omisión implica que el contrato no puede ser considerado como tal, por lo que no se aplica el término máximo de ocho años de duración previsto en la Resolución 111 de 1996. Esto implica que cualquier reclamación basada en la falta de cumplimiento de estos requisitos no puede ser considerada para la nulidad absoluta del contrato, a menos que se pruebe adecuadamente la desviación del poder o la falsa motivación.síntesis automática
También resuelve: ¿Está probada la exclusividad del prestador del servicio público en el contrato de concesión? ¿Está probada la nulidad absoluta del contrato de concesión al no ser una concesión de áreas de servicio exclusivo? ¿La no inclusión de cláusula de reversión constituye causal de nulidad absoluta del contrato?
Consejo de Estado Providencia

La ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable

Sentencia — Sentencia 2026-04-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020100031602 ACCION CONTRACTUAL
¿El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas? Sí
El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas, ya que la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, permitiendo al superior jerárquico confrontar la decisión apelada con los argumentos del apelante. Además, la imposición de multas contractuales es improcedente cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación, salvo en casos donde la cláusula penal estipula un incumplimiento definitivo que resulta irreversible y frustra el interés del acreedor, en cuyo caso es procedente la condena al pago de la cláusula penal. Esta decisión modifica precedentes y establece límites claros para la competencia funcional del juez de segunda instancia y la exigibilidad de sanciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente imponer multas contractuales cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación? ¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal cuando no existe avance en la ejecución de la obra objeto del contrato? ¿Es procedente la indexación de la cláusula penal cuando el deudor ha incurrido en mora de la obligación principal, con el fin de garantizar el efecto solutorio del pago en términos de valor real?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No genera responsabilidad contractual de la entidad la falta de liquidación bilateral cuando esta obedece a la autonomía de la voluntad de las partes.

Sentencia — Sentencia 2026-05-22 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020190036301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede declararse la responsabilidad de la demandada por incumplimiento contractual, al no haber liquidado unilateral ni bilateral el contrato de obra? No
La entidad estatal contratante no incurre en responsabilidad contractual por la falta de liquidación bilateral de un contrato de obra pública cuando la imposibilidad de llegar a un acuerdo surge del legítimo ejercicio de la autonomía de la voluntad. La corporación confirma la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias al advertir que la administración adoptó sus determinaciones sin vulnerar el principio de buena fe ni desatender las cargas legales. Con fundamento en el artículo 365 del Código General del Proceso, la sala se abstiene de imponer condena en costas por haber prosperado parcialmente tanto las pretensiones de la demanda como el recurso de apelación interpuesto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal debió actualizar la suma reconocida en la liquidación judicial del contrato, correspondiente a la retención en garantía, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo? ¿Resulta improcedente condenar en costas procesales, toda vez que prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda, así como el
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

A la par de lo anterior es de señalar que la tipificación del contrato de consultoría determina

Sentencia — Sentencia 2023-03-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150235001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Sí
Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.síntesis automática
También resuelve: ¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la… ¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270… ¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La inconformidad del demandado respecto de la indebida acreditación del pago de la condena no es de recibo

Sentencia — Sentencia 2022-07-18 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233300020130013301 LEY 1437 REPETICION
¿El pago de la condena que sustentó la pretensión de reembolso se encuentra debidamente acreditado? Sí
El pago de la condena que sustenta la pretensión de repetición se acredita con documentos públicos que reflejen la voluntad de la administración de cumplir la sentencia y permitan identificar al beneficiario, la fuente de la obligación, la entidad bancaria y la cuenta, la suma pagada y la fecha del pago. La regla hace parte del segundo presupuesto de procedibilidad de la acción y se cumple cuando esos documentos existen en el expediente. La Sala la sostiene en dos razones. La primera es que los documentos aportados, entre ellos una resolución que dio cumplimiento a una conciliación, un comprobante de egreso, una certificación del tesorero y una orden de pago presupuestal, son documentos públicos que contienen la decisión de la entidad de cumplir la condena. La segunda es que se presumen auténticos, pues existe certeza sobre los servidores públicos que los expidieron y el cargo que ejercían. Con base en esos documentos, la Sala examina la inconformidad del demandado sobre la acreditación del pago, y la providencia modifica la decisión de primera instancia. El texto disponible no permite precisar el alcance de esa modificación ni si la sentencia cambia un criterio anterior.síntesis automática
También resuelve: ¿Está probado que el proceder doloso o gravemente culposo del demandado vino determinante para que el órgano demandante haya estado obligado al pago cuya repetición pretende en este proceso? ¿Está acreditado el cargo y las funciones que ejercía el demandado en repetición al momento de los hechos que dieron inicio al proceso penal y, por lo tanto, se acreditó la culpa grave del demandando? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repeticón?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Estaban facultadas las administradoras cooperativas

Sentencia — Sentencia 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 76001233100020090103701 ACCION CONTRACTUAL
¿Estaban facultadas las administradoras cooperativas para celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001? Sí
El contratista puede celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001, ya que las administradoras cooperativas se consideraban entidades estatales independientemente del porcentaje de participación pública y del régimen jurídico, conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Este precedente modifica la interpretación previa que limitaba la celebración de estos convenios a entidades con participación pública mayoritaria, lo que implica que las administradoras cooperativas estaban habilitadas para celebrar contratos y convenios interadministrativos en los términos del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituyen los convenios interadministrativos una figura distinta de los contratos estatales por no tener finalidad remuneratoria y fundarse en el principio de colaboración entre entidades públicas? ¿Debe calificarse como contrato interadministrativo un negocio jurídico entre entidades públicas que contiene obligaciones recíprocas con carácter conmutativo y ánimo remuneratorio? ¿Se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación el contrato interadministrativo celebrado entre un municipio y otra entidad, a efectos de su liquidación y del cómputo de la caducidad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020220001501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente… ¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión… ¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020160228001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve: ¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado? ¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo… ¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
Consejo de Estado Providencia

El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020180015601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando el contrato requiere liquidación, debe computarse a partir del vencimiento del plazo para liquidarlo? Sí
El contratista debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato cuando este requiera liquidación, ya que la liquidación es la etapa en la que se realiza el balance final de la ejecución del contrato y se determina quién le debe a quién y cuánto, existiendo la posibilidad de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren presentarse en sede judicial. La entidad estatal debe contar el término de caducidad de las pretensiones principales, como la nulidad del acto de terminación unilateral y el restablecimiento del derecho, de forma independiente al término aplicable a la pretensión subsidiaria de liquidación judicial del contrato, ya que la liquidación no es necesaria para resolver la nulidad del acto contractual. La administración debe proceder a la liquidación judicial del contrato solo una vez que haya vencido el plazo negocial y no haya sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Esta decisión modifica precedentes anteriores y establece que el cómputo del término de caducidad no debe adicionarse al plazo para la liquidación bilateral y unilateral.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de las pretensiones principales de nulidad del acto de terminación unilateral y de restablecimiento del derecho debe computarse de manera independiente al término aplicable a… ¿La liquidación judicial del contrato procede cuando este no ha sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral, y únicamente una vez fenecido el plazo negocial? ¿En el impuesto sobre las ventas (IVA), el sujeto pasivo económico puede ser distinto del sujeto pasivo jurídico o responsable…
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Consejo de Estado Providencia

Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-12-14 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600019951170402 ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve: ¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen? ¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos? ¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario.

Sentencia — Sentencia 2023-06-14 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 11001032600020160003100 ACCION DE REPETICION
¿Constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario? No
La devolución de un tributo pagado, con su ajuste monetario, que se ordena como restablecimiento del derecho tras la nulidad del acto administrativo no constituye una pérdida patrimonial para la entidad. La regla se apoya en que ese restablecimiento no es una reparación de un daño antijurídico, sino una orden de devolver las cosas al estado anterior al acto anulado. Además, la indexación de las sumas solo representa el valor que el contribuyente pagó en su momento, compensando la pérdida de poder adquisitivo, de modo que no genera un perjuicio indemnizable. En el asunto, la acción de repetición se dirigió contra el director general y el secretario general por haber expedido el acto que distribuyó una contribución y que fue declarado nulo por falta de competencia, y la Sala negó las pretensiones. En la práctica, la actualización monetaria de un tributo devuelto no permite repetir contra los funcionarios que expidieron el acto anulado.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un… ¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La subrogación es una figura en materia de derecho de seguros acaecido el siniestro

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170146101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente adecuar el medio de control presentado como controversias contractuales al de reparación directa, debido a que, la compañía de seguros al no ser parte del contrato estatal no esta habilitada para ejercer dicho medio de control y lo que cuestiona es la omisión en el actuar de la administración con ocación de un acto administrativo frente al que no se cuestiona su legalidad? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales cuando no es parte del contrato estatal, ya que la cesión de créditos o la subrogación no convierten al cesionario o subrogataria en parte del acuerdo de voluntades. La compañía de seguros, en su calidad de cesionaria o subrogataria, debe agotar la reclamación previa a la administración y, en caso de negativa, recurrir a la nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, si la administración responde favorablemente a la reclamación, como en este caso, el medio de control adecuado es la reparación directa, ya que la controversia no se refiere a la legalidad del contrato sino a la omisión en el actuar de la administración frente a un acto administrativo favorable. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las aseguradoras que no son partes del contrato estatal puedan ejercer la reparación directa cuando la administración reconoce sus derechos pero no los cumple.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez de segunda instancia analizar cargos nuevos cuando estos modifican la causa petendi? ¿La aseguradora tenía derecho al reconocimiento de los saldos derivados del contrato del cual adujo ser subrogataria de los créditos… ¿Debe reconocerse a la aseguradora como indemnización de perjuicios, el pago de los saldos pendientes de pagar del contrato, actualizados con el IPC?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020240013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve: ¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas… ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande… ¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, conforme al artículo 84 del CPACA.

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 15001233300020180025201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de autorización para la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal generó silencio administrativo positivo que habilitó la sustitución del integrante sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante y, en consecuencia, excluyó a dicha sociedad de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual? No
El integrante de una unión temporal no se exime de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual mediante una solicitud de cesión de su participación que no logre configurar silencio administrativo positivo por la inobservancia de las condiciones legales sustanciales. En este litigio de controversias contractuales, la Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, determinando que la ficción jurídica del silencio administrativo exige un pronunciamiento insatisfecho de la entidad contratante frente a una petición formal.síntesis automática
También resuelve: ¿La entrega de 2.166 losas de concreto rígido con defectos clasificados con severidad media y baja por parte de la UTTB genera la obligación de indemnizar a INVÍAS por el menoscabo patrimonial… ¿INVÍAS acreditó un daño patrimonial imputado al incumplimiento en la entrega de los planos as built, de manera que resulte procedente imponer una condena indemnizatoria en la liquidación del… ¿Debe imputarse a la aseguradora obligación indemnizatoria a favor de INVÍAS con fundamento en el amparo de cumplimiento de la póliza n.º 43069273…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 44001233300020150021201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado… ¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal? ¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala liquidará el contrato según lo pretendido

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 47001233100019990077801 ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve: ¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla? ¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso? ¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El juez de segunda instancia procede a resolver los recursos cuando se verifican los presupuestos procesales y no se configuran causales de nulidad.

Sentencia — Sentencia 2026-04-20 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 63001233300020220005801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente que la Sala se pronuncie en segunda instancia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando no se configura ninguna causal de nulidad procesal y se verifican los presupuestos procesales? Sí
El juez de segunda instancia se pronuncia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando se verifica el cabal cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa por activa y por pasiva, y no se advierte la configuración de ninguna causal de nulidad procesal. En este litigio derivado de un contrato interadministrativo suscrito entre un municipio y una empresa industrial y comercial del Estado, se evaluaron las obligaciones recíprocas y equivalentes de carácter conmutativo y oneroso.síntesis automática
También resuelve: ¿El acuerdo celebrado entre el municipio y la empresa pública puede calificarse integralmente como un contrato interadministrativo… ¿Puede considerarse que el contrato interadministrativo es nulo por objeto ilícito cuando, aunque no exista una prohibición de subcontratar… ¿Debe ordenarse la restitución total de los recursos entregados en un contrato declarado nulo por objeto ilícito cuando no se demuestra que las prestaciones ejecutadas hayan generado un beneficio…
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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 47001233100020110003701 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del… ¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato… ¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
Consejo de Estado Providencia

Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave.

Sentencia — Sentencia 2026-02-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020210049001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave? Sí
El contratista o la parte interviniente en un contrato bilateral opone legítimamente la excepción de contrato no cumplido cuando acredita fehacientemente un incumplimiento actual, relevante e imputable de su contraparte que afecta de manera directa la exigibilidad de las obligaciones propias, siempre que quien la alega no se encuentre en una situación de incumplimiento grave. Este mecanismo de defensa, fundamentado en el artículo 1609 del Código Civil y en el principio de buena fe, busca restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas sin constituir una suspensión indefinida o arbitraria del acuerdo de voluntades.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las… ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras… ¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas…
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