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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’

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Fecha
2024-04-24
Radicado
25000232600020110046301
Número interno
63096
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ARQUITECSA LTDA.
Demandado
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FORPO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’

Lo que dijo la Sala

Como el contrato que dio origen a la presente controversia fue suscrito el 13 de noviembre de 2008 por el FORPO, establecimiento público… De acuerdo con lo anterior, dado que las partes suscribieron un contrato, entre otras cosas, para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, resulta claro que el contrato es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contrato denominado llave en mano, en el que el contratista se obliga a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado a cambio de una remuneración que usualmente se estipula a precio global, es un contrato de obra cuando una de las partes es un establecimiento público y se celebra en vigencia de la Ley 80 de 1993, caso en el cual se rige por las disposiciones de ese estatuto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la modalidad llave en mano, de común utilización en obras de infraestructura, consiste en que el contratista entrega un producto terminado en funcionamiento, lo que corresponde a la noción de obra. Segundo, la fecha de celebración del contrato y la naturaleza pública de una de las partes determinan la aplicación de la Ley 80 de 1993 al negocio. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el régimen aplicable se determina por la fecha de celebración, la naturaleza de la entidad contratante y el objeto de la obra entregada en funcionamiento.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007
  • Ley 80 de 1993

También resuelve

  • ¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos?
  • ¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios?
  • ¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO LLAVE EN MANO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL LEY APLICABLE AL CONTRATO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL FOTOGRAFÍA FECHA DE LA FOTOGRAFÍA VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL CONTRATACIÓN DIRECTA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO ESTATAL SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTACIÓN DE POLICÍA LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTOS DE HECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL PROPONENTE OBLIGACIONES DEL PROPONENTE CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONDICIÓN IMPOSIBLE PREDIO EDIFICADO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EDIFICACIÓN EDIFICIO CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD DEL PREDIO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUERZA MAYOR AUSENCIA DE FUERZA MAYOR FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR IMPROCEDENCIA DE FUERZA MAYOR PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA TRANSPORTE TRANSPORTE FLUVIAL NAVEGABILIDAD CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD RÍO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATANTE CUMPLIDO OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VÍA DE HECHO FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VÍA DE HECHO INEXISTENCIA DE VÍA DE HECHO DEMANDA COADYUVANCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA

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Liquidación del contrato Supervisión e interventoría Contratación directa Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Titulación de la relatoría 54.502 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO LLAVE EN MANO / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL / LEY APLICABLE AL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto? Respuesta al problema jurídico: Si Como el contrato que dio origen a la presente controversia fue suscrito el 13 de noviembre de 2008 por el FORPO, establecimiento público (...) De acuerdo con lo anterior, dado que las partes suscribieron un contrato, entre otras cosas, para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, resulta claro que el contrato es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto. Además, observa la Sala que las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’, forma de ejecución mediante la cual el contratista se obliga, a cambio de una remuneración, que usualmente se estipula a precio global35, a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado, de tal suerte que en este tipo de contratos, de común utilización en tratándose de obras de infraestructura, el contratista se compromete a entregar un “producto terminado” y en “marcha”, para lo cual, junto con la confección de la obra material, el acuerdo de voluntades incorpora, además, prestaciones de diversa índole, tales como el suministro de bienes y la prestación de servicios, pues, en términos generales, el contratista concibe, construye y pone en funcionamiento la obra proyectada. (...) La Sala enfatiza desde ahora este punto de cara a la solución del caso concreto, pues en el análisis de la conducta desplegada por las partes reviste importancia la selección y pacto de la modalidad de ejecución y pago mencionada, en la medida en que lleva implícita la asunción de importantes deberes de conducta, asunto que será materia de posterior análisis. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el contrato de obra "llave en mano", ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 28 de marzo de 2017, exp. 2331, C.P. Edgar Gonzalez López. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de marzo de 2016, exp. 11001-03-26-000- 2009-00009-00(36312)A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 13 de marzo de 2008, exp. 66001-23-31-000- 2001-01344-01(15009), C.P. Hector J. Romero Díaz. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto se observa que la mayoría de documentos se aportaron en copia auténtica, los cuales tienen mérito probatorio. Los allegados en copia simple también serán analizados, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copia simples, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P Enrique Gil Botero DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL Problema jurídico: ¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios? Respuesta al problema jurídico: No La entidad demandada objetó por error grave el dictamen, porque (i) la estimación de los perjuicios debió efectuarse luego de que el Tribunal constatara la existencia de perjuicios, y (ii) la experticia tuvo en cuenta documentos que no obraban en el proceso. Durante el respectivo traslado, la parte actora se opuso a la objeción por error grave, (...) La Sala resolverá la objeción presentada frente al referido dictamen pericial, porque el tribunal de instancia no se pronunció al respecto. Sobre el particular se tiene que una vez practicada la prueba pericial decretada por el juez, de la misma debe correrse traslado a las partes para que puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, mediante la posibilidad de solicitar aclaraciones y complementaciones y de objetar el dictamen por error grave “que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”, caso en el cual podrán pedir pruebas para su demostración, debiendo el juez resolver la objeción en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el respectivo dictamen, según las voces del artículo 238 del CPC. El error grave al que se refiere la norma anterior es aquel que de no haberse presentado otra habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído sobre materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debía versar la pericia o por que el perito dictaminó en sentido contrario a la realidad y alteró en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado (...) En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que, para la prosperidad de la objeción por error grave de un dictamen pericial, se requiere de la existencia de una equivocación de gran magnitud, no cualquier error. Dicha equivocación debe conducir a conclusiones igualmente erradas. Además, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación y no a las conclusiones o inferencias del perito, es decir, que la misma se deriva de una observación equivocada del objeto del dictamen, concretamente cuando se concentra en “materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia” Asimismo, se ha considerado que la ausencia de soportes para realizar el dictamen no conduce a concluir que dicha prueba haya incurrido en un vicio por error grave. En ese contexto, la Sala negará la objeción por error grave formulada, pues el perito rindió su dictamen sobre las cuestiones que le correspondía resolver, sin que se aprecie que el perito hubiera desviado el objeto de la prueba, así como tampoco que hubiera analizado aspectos relacionados con otro contrato o con obras diferentes a las que dieron origen al litigio. En otras palabras, el dictamen recayó sobre las materias que debían ser analizadas, relacionadas con la estimación de los perjuicios reclamados por ARQUITECSA, teniendo en cuenta los documentos y las pruebas que tuvo a su alcance para el efecto, sin que se evidencie una vulneración del debido proceso como lo indica la demandada, por lo que la objeción por error grave planteada no tiene vocación de prosperidad. Ahora bien, como la prueba guarda relación con el componente resarcitorio de la demanda, será valorado en su oportunidad, si a ello hay lugar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el error grave del dictamen pericial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 25000-23-26-000-1993-08365-01(14461), C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2020, exp. 05001-23-31-000-1998-00114-01(28794), C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2015, exp. 29794, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; criterio reiterado por esta misma subsección en sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353, C.P. María Adriana Marín. REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / FOTOGRAFÍA / FECHA DE LA FOTOGRAFÍA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas? Respuesta al problema jurídico: No Al proceso se aportaron con la demanda unas fotos. En el libelo introductorio se señaló que tales fotografías fueron tomadas “al río Putumayo y a los materiales al momento en que se intentó embarcar rumbo a Puerto Arica”. (...) Siguiendo la pauta jurisprudencial en cita, para la Sala las fotografías aportadas con la demanda, que registran un río y unos materiales, no tienen mérito probatorio, en tanto no hay certeza de quién realizó las fotos, ni tampoco sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las fotografías, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth. CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO ESTATAL / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ESTACIÓN DE POLICÍA / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se presentó una anomalía en el procedimiento de selección de contratación directa adelantado por el FORPO ya que, se desarrollo un solo procedimiento precontractual para la suscripción de diferentes negocios jurídicos? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala estudiará la supuesta anomalía en el procedimiento de selección, punto sobre el cual, según afirmó la parte demandante en la alzada, no hubo pronunciamiento en el fallo dictado por el Tribunal a quo, además porque dependiendo de ello se determina el grupo de pretensiones a examinar. (...) De entrada la Sala advierte, contrario a lo expuesto en la apelación de la parte actora, que el Tribunal a quo sí se pronunció sobre dicho punto, al señalar que no se presentó situación anómala alguna en el proceso de selección que adelantó el FORPO, fundado en el hecho de que en el ordenamiento jurídico no existe norma que prohíba la realización de un solo procedimiento precontractual para la suscripción de diferentes negocios jurídicos. Para el efecto sostuvo que en el mismo pliego de condiciones se previó que se celebraría un contrato por cada obra a ejecutar, en tanto que, si bien el objeto era el mismo -construcción de estaciones de policía-, el lugar de su ejecución, la descripción, las características, así como el valor del contrato y su plazo, variaban según las necesidades de cada municipio. Sobre el particular conviene señalar que la Ley 80 de 1993, a diferencia de la normativa de contratación pública que regía con antelación, no estableció ninguna noma prohibitiva en relación con el fraccionamiento de contratos, pero ese silencio, valga advertir, no significa permisividad, en la medida en que no es de recibo para el derecho y resultaría contrario a las normas de orden público que establecen los distintos procesos de selección, dividir el objeto del contrato para manipular su cuantía con el fin de eludir dichos procedimientos. (...) En el presente caso se encuentra acreditado que el FORPO adelantó un proceso de selección de contratación directa para, entre otras cosas, la construcción, instalación y dotación de módulos en bastiones para estaciones móviles de policía, con un presupuesto oficial de $4.239’602.327, en diferentes corregimientos (...) También quedó probado que, a través de la Resolución No. 831 del 11 de noviembre de 2008, el director general del FORPO adjudicó el proceso de contratación directa al proponente ARQUITECSA, aquí demandante, por un valor de $4.239’602.327 (...), y que, seguidamente, el 13 de noviembre de 2008, el FORPO y ARQUITECSA suscribieron el contrato de obra No. 389 de 2008, cuyo objeto consistió en la construcción, instalación y dotación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, por un valor de $434’150.912 (...) De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que no se observa ninguna anomalía ni irregularidad en el proceso de selección de contratación directa; por el contrario, su adelantamiento encuentra plena justificación en el hecho de que la firma ARQUITECSA contaba con la patente de modelo de utilidad del sistema de barreras modulares de protección y defensa conformada por paneles articulados mediante uniones tipos bisagra (...), de modo que era la única autorizada para tal fin, cuestión que se plasmó en el pliego de condiciones (...) Aspecto este que tiene sustento legal en la Ley 1150 de 2007, concretamente en el literal g), numeral 4, del artículo 2, norma que dispone que la modalidad de selección de contratación directa procede “cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado”, lo que evidencia que no se saltó o evadió ningún procedimiento de selección ni se desconoció el principio de escogencia objetiva, comoquiera que el FORPO llevó a cabo el proceso que legalmente que correspondía. A lo anterior se suma que tampoco es irregular que, luego de la respectiva adjudicación, el FORPO haya suscrito diferentes contratos por cada obra a ejecutar en los distintos corregimientos y por diferente valor, pues ello encuentra fundamento en el principio de economía, toda vez que, a sabiendas de que ARQUITECSA era la única autorizada para contratar, no se justificaba que por cada una de las siete obras se adelantaran, a la par, siete procesos de selección de contratación directa autónomos e independientes. La Sala también precisa que, aun cuando en el marco de la conciliación extrajudicial el agente del Ministerio Público compulsó copias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal a efectos de que se investigaran posibles irregularidades en la etapa precontractual y en la celebración del contrato No. 389 de 2008 (...), esa circunstancia, per se, no prueba ninguna anomalía al respecto, además de que, por lo ya explicado con antelación, no se advierte la existencia de alguna irregularidad, ni en la fase precontractual ni en la suscripción del contrato de obra en cuestión. Es en ese contexto que, partiendo de la existencia del contrato No. 389 de 2008 y de su validez, al no evidenciarse ninguna anomalía, el análisis en el sub examine debe circunscribirse solamente al primer grupo de pretensiones elevado por la parte demandante, mediante el cual se solicita la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento de ARQUITECSA, así como también del que liquidó unilateralmente el negocio jurídico en cuestión. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el fraccionamiento de contratos, ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de mayo de 2018, exp. 11001-03-15-000-2006-00281-00(REVPI), C.P. Guillermo Sánchez Luque FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL G ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTOS DE HECHO / FUNDAMENTOS DE DERECHO / VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Si los fundamentos de hecho y de derecho que soportan el acto administrativo no corresponden con la realidad se configura el vicio de falsa motivación? Respuesta al problema jurídico: Si En lo que concierne a la falsa motivación viene bien señalar que la motivación es un elemento del acto administrativo que, por regla general, le impone a la administración la carga de exponer los fundamentos de hecho y de derecho que soportan su decisión. Por tanto, si estos no corresponden con la realidad, bien sea porque no existen o por un error en los mismos, se configura el vicio de falsa motivación. De este modo, tratándose de la declaratoria de incumplimiento, como en este caso, si los fundamentos de hecho y de derecho que aduce la entidad para su declaratoria no se acompasan con aquellos que dan lugar a la aplicación de esta figura o no se encuentran acordes con la realidad fáctica y probatoria, el acto demandado estará viciado y habrá lugar a declarar su nulidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la motivación del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 5 de julio de 2018, ext. 0685-10, C.P. Gabriel Valbuena Hernández FALSA MOTIVACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO LLAVE EN MANO / PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ESTACIÓN DE POLICÍA Problema jurídico: ¿La entidad demandada FORPO incurrió en falsa motivación del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contratista por falta de planeación, al celebrar el contrato de obra sin tener en cuenta las características del lote y sin tener claridad o adecuado conocimiento sobre el lugar en el que debía implementarse la obra? Respuesta al problema jurídico: No Sobre el conocimiento del sitio donde se ejecutarían las obras (...) La parte demandante alegó una falsa motivación frente a los actos administrativos que declararon el incumplimiento (...) dado que resultaba evidente la falta de planeación por parte del FORPO, porque tal entidad celebró el contrato de obra sin tener en cuenta las características del lote y sin tener claridad o adecuado conocimiento sobre el lugar en el que debía implementarse la obra, (...) Sostuvo, en ese orden de ideas, que carecía de veracidad lo afirmado en las resoluciones demandadas en el sentido de que la construcción existente en el lugar donde debía realizarse la obra era de pleno conocimiento de las partes. (...) El principio de planeación tiene como finalidad que todo proyecto esté precedido de la elaboración de estudios y análisis por parte de la Administración, pues a través de aquellos se determina (i) la necesidad de la celebración del contrato; (ii) la modalidad para satisfacer esa necesidad y las razones que la justifiquen; (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, obras o servicios, entre otros, que, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos o análisis técnicos; (iv) los costos o valores, consultando para tal efecto las cantidades y especificaciones; (v) la disponibilidad de recursos; (vi) la existencia y disponibilidad de proveedores, constructores o profesionales que puedan atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; y (vii) los procedimientos, trámites y requisitos de que deban reunirse para llevar a cabo la selección del contratista y la consiguiente celebración del contrato. No obstante lo anterior, si bien la Administración tiene a su cargo la observancia del principio de planeación, los proponentes también les asisten cargas que emergen de su experiencia, de la diligencia y seriedad con la que han de elaborar su oferta y del deber de colaboración y lealtad en la etapa precontractual, cargas que no se contraen solamente a la exigencia de presentar su oferta con la diligencia, el rigor, la seriedad y el cuidado propio de los conocimientos especializados y la experticia que ostentan, sino que comprenden, también, el deber de informarse y de formular las respectivas observaciones que permitan subsanar las falencias en la planeación y, por supuesto, el deber de abstenerse de suscribir el contrato cuando adviertan fallas en su planeación que impidan su ejecución. Se ha dicho, entonces, que los deberes de conducta propios de la buena fe objetiva se predican en la formación del contrato y que, dentro del marco de las obligaciones que le asisten al contratista como experto en el desarrollo de la tarea que se le encomienda y quien es considerado un verdadero colaborador de la Administración en el cumplimiento de sus fines estatales y no un simple ejecutor material, está la de analizar la suficiencia y consistencia de los estudios previos, así como también de los pliegos de condiciones, en orden a definir su participación en el proceso de selección y el contenido de la oferta, carga que se traduce, inexorablemente, en el sentido de que el contratista no podrá desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública contratante. Es así como, de cara a los deberes que emergen para ambas partes en casos como el que ocupa la atención de la Sala, es menester analizar lo ocurrido en punto a las causas que condujeron a la producción del daño que se alega y la participación de cada uno de los extremos de la relación negocial en función de las cargas y responsabilidades que asumen en relación con la naturaleza y el contenido de las obligaciones que se contraen con ocasión de la celebración del contrato. Para ello, ha de profundizarse en la conducta observada por ambos extremos contratantes, tanto en la etapa previa a la formación del negocio jurídico como a lo largo de su ejecución, para de esta forma determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento pleno de los perjuicios que pretende como consecuencia del incumplimiento de su co-contratante o si, por el contrario, concurre alguna eventualidad que se oponga a que así se proceda e, incluso, si es la propia conducta de la víctima, en este caso la parte contractual que reprocha el incumplimiento, la causa adecuada del daño cuyo resarcimiento se reclama. (...) En ese contexto probatorio la Sala advierte, al igual que el Tribunal, que los actos administrativos por medio de los cuales el FORPO declaró el incumplimiento de ARQUITECSA no incurrieron en falsa motivación, pues los fundamentos de hecho aducidos soportan tal decisión, como pasa a exponerse a continuación: En los pliegos de condiciones se plasmó que no era obligatorio visitar el sitio donde se ejecutarían las obras, pero que el proponente, con el fin de tener una visión clara del lugar en el cual se ejecutaría el proyecto de construcción de la estación de policía, podía por sus propios medios dirigirse al lugar de los trabajos y que en todo caso sería “responsabilidad del proponente conocer las condiciones del lugar del desarrollo de los trabajos y no servirá de excusa suficiente el hecho de no haber visitado el lugar de ejecución de los mismos”. Así las cosas, en este punto la Sala destaca que, a pesar de estipularse que no era obligatorio que el proponente acudiera al sitio de la obra, ello no puede suponer que aquel, en la etapa precontractual, actúe sin la más mínima diligencia y cuidado, máxime porque era el responsable de la ejecución de un proyecto ‘llave en mano’, en el que las partes expresamente plasmaron que se trataba de “un contrato de resultado, que obliga al CONTRATISTA a la entrega de la obra como producto final” y en el que el contratista, en forma previa a la instalación de los elementos prefabricados y a la construcción de las obras civiles, tenía a su cargo perfeccionar los diseños y llevar a cabo la localización, replanteo de las obras y demás actividades preliminares. En el expediente no existe prueba indicativa de que ARQUITECSA hubiese visitado el sitio donde se ejecutaría la construcción de la estación de policía, lo que denota una falta de diligencia, atendiendo a que, en los términos del pliego de condiciones, era responsabilidad del proponente conocer las condiciones del lugar para el desarrollo de los trabajos y que no serviría de excusa el hecho de no haber visitado el lugar de la respectiva ejecución, de modo que si se abstuvo de acudir previamente al sitio donde se ubicaba el proyecto y presentó su oferta y suscribió el contrato a sabiendas de que desconocía las condiciones de aquel, ello significa, sin duda, que asumió bajo su propio riesgo las consecuencias que se derivaran de su incuria. A propósito de lo anterior, ha de destacarse que, no obstante no haber visitado el lugar de la obra, en la propuesta que presentó en el procedimiento de selección ARQUITECSA afirmó que había estudiado las especificaciones del pliego de condiciones y que conocía el sitio donde se ejecutaría la obra, y no solamente eso, sino que en el mismo contrato de obra No. 389 de 2008, concretamente en su cláusula séptima, el contratista ARQUITECSA hizo constar que estudió cuidadosamente el proyecto que se iba a realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del inmueble. En este punto es menester resaltar que, a partir de la aplicación de la buena fe contractual, expresamente consagrada en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, no es de recibo pretender desconocer a posteriori el comportamiento jurídicamente relevante que se ha observado en el pasado, para plantear en el proceso pretensiones o argumentaciones en contradicción con el sentido que ha de atribuirse a las manifestaciones de la voluntad y a la conducta desplegada con antelación. De hogaño la jurisprudencia ha señalado al unísono que, conforme al brocardo “Venire contra factum proprium non valet”, expresión del principio general de la buena fe, no es admisible otorgar efectos jurídicos a una conducta que se plantea en abierta contradicción con el comportamiento anterior de quien después la alega procesalmente en su favor, habida cuenta de que el proceder de una persona puede ser determinante en el actuar de otra. Se trata de una regla que se predica de la actividad del Estado en general y que se extiende también a la actuación de los particulares, en virtud de la cual no son de recibo los cambios intempestivos ni las contradicciones injustificadas frente a los antecedentes que se han observado en el pasado y que han sido determinantes del obrar de otro sujeto, pues aquel comportamiento relevante y generador en otra persona de una confianza objetiva sobre la realización o concreción en el futuro de unas determinadas consecuencias, le vincula para sus actos posteriores. (...) De acuerdo con lo expuesto, no es posible señalar que los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual incurrieron en falsa motivación, al incluir en sus considerandos que la existencia de edificaciones en el lote a intervenir “debió ser advertida por el contratista en un inicio, pues debió transportarse al lugar de las obras para conocer de primera mano el lugar, el terreno y sus condiciones con suficiente antelación para poder prever este tipo de circunstancias que en sus consecuencias no imposibilitaban la ejecución del proyecto”, porque ARQUITECSA no actuó con cuidado y diligencia, dado que asumió una conducta pasiva y negligente al no visitar las obras, más allá de que ello no era obligatorio según el pliego de condiciones, pero que sí era necesario para que el futuro contratista tuviera una visión clara del lugar donde se ejecutaría el proyecto de construcción de la estación de policía. (...) no está de más insistir en que, de acuerdo con el pliego de condiciones, si bien la visita al sitio de las obras no era de carácter obligatorio -que es lo que alega el demandante-, al futuro contratista le asistía la responsabilidad de conocer con antelación el lugar en el cual se desarrollarían los trabajos y que no servía de excusa el hecho de no haberlo visitado, máxime cuando tanto en la propuesta como en el contrato afirmó expresamente conocer el lugar donde se ejecutarían los trabajos. Recuérdese que, según la jurisprudencia de la Sección de Tercera del Consejo de Estado, el contratista no puede desconocer los términos y las condiciones que aceptó (...) [E]n el entendido de que ARQUITECSA incumplió sus deberes en la etapa precontractual, la Sala no pasa por alto que resulta reprochable que el FORPO, en su condición de gestor del proyecto y de cara al respeto al principio de planeación, no hubiese advertido o puesto de presente la existencia de edificaciones en el terreno que dispuso para la construcción de la estación de policía en Puerto Arica, Leticia; sin embargo, conviene señalar que esa desatención de la entidad demandada, que ciertamente constituye un incumplimiento de sus deberes de planeación precontractual, no fue la causa que originó que al vencimiento del plazo del contrato ARQUITECSA no hubiera realizado a cabalidad las obras civiles ni las instalaciones de los módulos, en la medida en que el contratista llegó al sitio de los trabajos cuando ya el término de ejecución pactado había expirado, aunado al hecho de que en el presente proceso no se acreditó que la existencia de edificaciones en dicho lugar hubiere hecho imposible el cumplimiento del objeto contractual. En efecto, es menester resaltar que el no cumplimiento del objeto del contractual dentro del plazo pactado, que se extendía hasta el 1° de mayo de 2009 (hecho probado 6.3.8.), no obedeció a la existencia de edificaciones en el terreno destinado para ejecutar el proyecto de construcción. En este punto encuentra la Sala que el incumplimiento del FORPO en la práctica no generó una ralentización en el cumplimiento del objeto contractual ni afectó la dinámica de ejecución del negocio jurídico, en tanto ARQUITECSA vino a conocer el lugar el 11 de mayo de 2009 (....), fecha en la que arribó al sitio y en la que se percató de la presencia de construcciones en el lugar donde se ejecutaría la estación de policía, es decir, luego de vencido el plazo contractual. Ello denota, además, que el contratista conoció tardíamente el sitio de las obras, cuando debió conocerlo con anticipación, no solamente por lo dispuesto en los pliegos de condiciones sino también teniendo en cuenta la obligación pactada en la cláusula segunda del contrato No. 389 de 2008, consistente en las actividades preliminares que ARQUITECSA debía realizar en el sitio (...), las cuales nunca llevó a cabo, como se precisará más adelante en el punto 7.2.1.7 de las consideraciones del presente proveído. Lo anterior conduce a señalar que la existencia de construcciones en el terreno dispuesto por el FORPO para la construcción de la estación de policía, si bien resulta reprochable a la entidad pública de cara al principio de planeación en la medida en que debió advertir su presencia y disponer lo pertinente para que al arribo del contratista no se ocasionaran contratiempos ni demoras por dicha situación, lo cierto es que no tiene relevancia en este caso en tanto, además de que no se acreditó que ello imposibilitó la realización de la estación de policía contratada, se evidencia que el negocio jurídico se vio afectado, más bien, por el incumplimiento de las obligaciones de dicha sociedad en la etapa precontractual, relacionada con la visita al sitio de las obras, y en la contractual, atinente al oportuno envío del personal y la realización de actividades preliminares en el terreno, las cuales le hubiesen permitido a ARQUITECSA conocer el sitio con antelación (...) Igualmente, se le reprocha a ARQUITECSA que, a pesar de no haber visitado el sitio de las obras, hubiese indicado en la oferta que presentó que sí conocía el lugar donde se realizaría la construcción de la estación de policía, aspecto que también reconoció, se insiste, con la suscripción del contrato, pues en la cláusula séptima indicó que estudió cuidadosamente la localización, la composición y la conformación del inmueble en el que se ejecutaría el proyecto. Esto permite evidenciar, no solo una falta de diligencia y cuidado por parte de ARQUITECSA en la etapa de formación del contrato, porque presentó su oferta señalando que conocía el sitio de las obras cuando ni siquiera había realizado la visita respectiva, cuya relevancia mal podía ignorar dada su calidad de profesional en el desarrollo de proyectos relacionados con la patente de la que era titular y la amplia experiencia que ostentaba (...), sino que también deja entrever su incumplimiento directo de la referida cláusula séptima, toda vez que, claramente, no estudió cuidadosamente la localización del predio, así como su composición, pues, de haberlo hecho, indiscutiblemente habría evidenciado la existencia de construcciones en el predio donde se realizaría la estación de policía. (...) Se advierte que las actividades previas de localización, replanteo y trazado, que dicha sociedad había asumido con la suscripción del contrato de obra, nunca fueron llevadas a cabo, tanto así que solo hasta el 20 de mayo de 2009, luego de vencido el plazo de ejecución, el contratista le entregó a la entidad demandada un levantamiento topográfico del lote destinado para la obra, así como también un registro fotográfico (...) vencimiento del plazo que materializa el incumplimiento del contratista y pone en evidencia el hecho de que la existencia de las edificaciones con las que se encontró a su llegada al sitio de los trabajos no tuvo incidencia alguna en el incumplimiento del contratista del plazo pactado ni en la inejecución de la obligación fundamental a su cargo en virtud del contrato de obra que suscribió bajo la modalidad llave en mano, cual era la de entregar un proyecto terminado y en funcionamiento dentro del término estipulado. (...) Todo lo expuesto permite concluir que, si bien ambas partes en la fase precontractual desatendieron sus deberes -la entidad al no advertir la existencia de las edificaciones en el lote en cuestión y el contratista al no visitar el sitio en el que ejecutaría las obras en la etapa de formación del negocio jurídico y, no obstante, manifestar expresamente en su oferta que tenía conocimiento del mismo-, lo cierto es que, una vez suscrito el negocio jurídico, ARQUITECSA incumplió sus obligaciones contractuales al desconocer injustificadamente los plazos consignados en el programa de obra y no realizar las actividades preliminares de ajuste de diseños, localización, replanteo y trazado, que, vuelve a insistirse, le habrían permitido advertir, antes del vencimiento del plazo pactado en el contrato de obra No. 389 de 2008, las construcciones existentes en el terreno destinado para la instalación de la estación de policía en Puerto Arica, Leticia. Es así que los reclamos de ARQUITECSA no tienen vocación de prosperidad, en tanto aquellos tienen sustento en su propia culpa, por las razones expuestas, de ahí que se mantenga incólume la validez de los actos que declararon su incumplimiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de planeación contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 14287, C.P. Mauricio Fajardo Gomez; . sentencia del 9 de marzo de 2016, exp. 36312A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre las cargas de los proponentes, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 46057, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 48676, Alberto Montaña Plata. Corte Constitucional, sentencias T-475 de 1992 y C-836 de 2001; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 24 de enero de 2001, exp. 2001-00457- 01 y del 29 de agosto de 2014, exp. 05266-31-03-001-2002-00067-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de diciembre de 2015, exp. 53165, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Sección 4, sentencia del 17 de marzo de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01573-00(AC), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de julio de 2021, exp. 51053, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603 CONDICIÓN IMPOSIBLE / PREDIO EDIFICADO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ESTACIÓN DE POLICÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / EDIFICACIÓN / EDIFICIO / CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD DEL PREDIO Problema jurídico: ¿Resultaba imposible para el contratista edificar en el lote dispuesto por el FORPO para la construcción de la estación de policía en Puerto Arica, Leticia, porque ya existían unas edificaciones en dicho sitio? Respuesta al problema jurídico: No Por otra parte, a partir de las pruebas que obran en el proceso no es posible afirmar, como lo alega ARQUITECSA, que era imposible edificar en el lote dispuesto por el FORPO para la construcción de la estación de policía en Puerto Arica, Leticia. No se desconoce que en el predio en el que se iba a ejecutar el proyecto existían unas edificaciones de las que se percató el contratista a su llegada al sitio de los trabajos el 11 de mayo de 2009, tal como se extrae de las pruebas (...) sin embargo, a pesar de la existencia de esas construcciones, con las pruebas recaudadas no es posible sostener con certeza que resultaba imposible construir la estación de policía en Puerto Arica, al punto de que esta, según los estudios de conveniencia y mercado (...), tendría un área de 466 metros cuadrados, mientras que el área total del lote destinado para la construcción de la estación de policía era de 4.217 metros cuadrados (...), lo que denota que el sitio en el que se ejecutaría el proyecto, aun con construcciones existentes, era de tal magnitud que, como ya se dijo, no se evidencia una la imposibilidad de realizar la estación de policía contratada; además, de acuerdo con lo acreditado en el proceso, se destaca que ARQUITECSA tomó la iniciativa de adelantar la obra (...), mientras se buscaban alternativas para el efecto y se definía lo concerniente a la conservación y/o demolición de las edificaciones existentes (...) se acreditó que se adelantaron unas obras (...) todo lo cual demuestra claramente que, a pesar de las edificaciones existentes, no era imposible llevar a cabo la construcción de la estación de policía, la cual se avanzó pero no se terminó, no por imposibilidad de ejecutarla completamente –pues no se probó esta circunstancia-, sino porque ARQUITECSA retiró su personal y su maquinaria del sitio dado que el FORPO no le respondió la petición del 23 de abril de 2009, (...), por medio de la cual el contratista le informó sobre la existencia de una fuerza mayor, producto de la cual le solicitó la suspensión de las obras (...) Por todo lo expuesto, en lo que a este punto concierne la Sala desestima los cargos de la apelación planteados por la parte demandante y por la coadyuvante, en la medida en que no se probó que era imposible construir en el lote dispuesto por el FORPO, al margen de las edificaciones que existían en ese predio. FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FUERZA MAYOR / AUSENCIA DE FUERZA MAYOR / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / IMPROCEDENCIA DE FUERZA MAYOR / FALSA MOTIVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / TRANSPORTE / TRANSPORTE FLUVIAL / NAVEGABILIDAD / CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD / RÍO Problema jurídico: ¿La entidad demandada FORPO incurrió en falsa motivación del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contratista porque se presentó una fuerza mayor que impidió al contratista el transporte de material? Respuesta al problema jurídico: No La fuerza mayor alegada por ARQUITECSA (...) Lo primero que la Sala ha de precisar es que, al margen de la existencia o no de una fuerza mayor por la baja navegabilidad del río Putumayo entre los meses de noviembre y marzo de 2008, lo cierto es que, en los términos de la cláusula séptima del contrato de obra ARQUITECSA, para lograr la autorización de una prórroga, debía presentar ante la entidad los soportes que acreditaran dicho evento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, cuestión que no ocurrió así -entendiéndose que el contratista se percató de esta situación en febrero de 2009, cuando culminó con la prefabricación de los materiales-, porque el contratista dio cuenta de esta circunstancia al FORPO ad portas del vencimiento del plazo del contrato (...), pues le informó el 23 de abril de 2009, cuando faltaban escasos días para que feneciera el negocio jurídico -1° de mayo de 2009-, evidenciándose claramente un incumplimiento por parte de la ahora sociedad demandante ARQUITECSA, razón suficiente para descartar el vicio de nulidad de falsa motivación alegado frente a los actos administrativos demandados. (...) Nótese como la comunicación [mediante la que la contratista informa la fuerza mayor] deja en evidencia, sin asomo de duda, que desde los primeros días del mes de febrero de 2009, cuando finalizó la fabricación del material, ARQUITECSA tenía conocimiento de que no podría transportarlo de Puerto Asís a Puerto Arica “por restricciones de calado, ya que el río Putumayo no es navegable de noviembre a marzo”, es decir que era conocedor de la baja navegabilidad del rio que alega como fuerza mayor, al punto que fue justamente ese el motivo por el que, según afirmó en la citada misiva, decidió que el material prefabricado permaneciera hasta el 30 de marzo de 2009 en su fábrica ubicada en La Calera “ (...) Así las cosas, la Sala concluye que, a pesar de que desde el mes de febrero de 2009 tenía conocimiento de las circunstancias que le impedían transportar el material desde Puerto Asís hasta Puerto Arica durante los meses de febrero y marzo de 2009 y que, en su criterio, configuraban una fuerza mayor, ARQUITECSA se abstuvo de dar cumplimiento a lo estipulado para tales eventos en el sentido de informar a la entidad y allegar los respectivos soportes dentro del término de cinco (5) días hábiles, como ha debido hacerlo a fin de que la fuerza mayor surtiera efectos respecto del plazo contractual, y, en su lugar, determinó, sin previa autorización del FORPO, que el material “permaneciera en las instalaciones de Arquitecsa Ltda. hasta marzo 30 de 2009”. (...) Ahora bien, en lo atinente a la configuración de la fuerza mayor aducida por la demandante, esta Sala de Subsección advierte, de acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, que entre los meses de noviembre y enero se dificultaba la navegabilidad sobre el río Putumayo (...) Se encuentra acreditado, entonces, que los problemas de navegabilidad se presentaban entre noviembre y enero de cada año, por el fuerte verano en la zona, pero lo cierto es que estas dificultades podían extenderse, como se desprende de los demás medios de prueba. (...) Entonces, de acuerdo con la valoración de las pruebas recaudadas, la Sala destaca que supone un hecho conocido la baja afluencia del río Putumayo entre los meses de noviembre y marzo de cada año, que impedía la navegabilidad, por ende, era previsible, lo que significa que esa situación, más que una fuerza mayor, demuestra un desconocimiento por parte de ARQUITECSA sobre las condiciones del transporte fluvial y del clima imperante en la zona. La jurisprudencia ha señalado que la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad y que, en materia contractual, tiene relación con el acaecimiento de circunstancias imprevisibles e irresistibles, extrañas a las partes, que imposibilitan, definitiva o temporalmente, total o parcialmente, la ejecución del contrato . En este caso se advierte que, a sabiendas de que el material se terminó de prefabricar en febrero de 2009 (...), como lo confirmó en su declaración (...), no era excusable para ARQUITECSA, bajo el argumento de una fuerza mayor, que el material y el personal no pudiera ser trasladado al sitio de la obra porque el río Putumayo no era navegable de noviembre a marzo, circunstancia esta última que no reviste el carácter de imprevisible, toda vez que, de acuerdo con la valoración de las pruebas ya mencionadas -como se advirtió en el punto 7.2.2.3. de las consideraciones de la presente providencia-, se halló acreditado que la baja afluencia del referido río en esos precisos meses y que impedía la navegabilidad era un hecho conocido, pues así ocurría anualmente, situación que debía o debió conocer el contratista, de haber mediado un estudio cuidadoso de tal condición. La imprevisibilidad supone un hecho súbito, repentino o anormal, o aquello que, pese a la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, se produjo en todo caso, características de las cuales carece el hecho de la baja afluencia del río Putumayo entre los meses de noviembre y marzo, pues esta era una situación conocida y recurrente anualmente, de ahí que no sea un hecho anormal o súbito, con lo que se descarta el eximente de fuerza mayor alegado por la parte demandante. (...) Además de todo lo anterior, resulta oportuno para la Sala señalar que el ejercicio probatorio de la parte demandante se centró en demostrar los bajos niveles de río Putumayo que impidieron su navegabilidad desde el 4 de abril de 2009, fecha en la que ARQUITECSA arribó a Puerto Asís, hasta el 21 de abril de ese año, época en la que finalmente pudo transportar los materiales, la maquinaria y el personal de obra a Puerto Arica, Leticia (...); sin embargo, cabe advertir que, en vista de que la prefabricación de los elementos finalizó en febrero de 2009, la causa del retraso a la llegada al sitio de las obras fue la baja afluencia del río Putumayo entre noviembre y marzo -y no precisamente ese lapso de abril-, hecho que, como ya se advirtió, no constituyó un evento de fuerza mayor, por no cumplir el presupuesto relativo a la imprevisibilidad, al ser un evento que ocurría año a año. En caso de considerarse -a juicio del demandante- que el motivo de fuerza mayor fue la baja afluencia en el río Putumayo en el mes de abril de 2009 y que fue el que condujo exclusivamente a la llegada tarde al sitio de las obras, cabe advertir que ARQUITECSA, si desde el 4 de abril de 2009 tuvo conocimiento de las condiciones del referido río(...), no se entiende por qué esperó hasta el 23 de abril de ese año para informarle dicha situación al FORPO, cuando ya habían transcurrido más de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, en desconocimiento de los pactado en la cláusula séptima del negocio. Todo lo expuesto permite considerar que los actos que declararon el incumplimiento de ARQUITECSA no incurrieron en el vicio de nulidad de falsa motivación, partiendo del hecho de que los motivos constitutivos de la supuesta fuerza mayor no fueron informados al FORPO a tiempo, de acuerdo con lo pactado en cláusula séptima del contrato, aunado al hecho de que mal podían catalogarse las dificultades en la navegabilidad del río Putumayo como circunstancias constitutivas de fuerza mayor. Además, se advierte que los problemas de la baja navegabilidad del río Putumayo solamente podían afectar el cumplimiento de la obligación de transportar el material prefabricado al lote destinado para dar inicio a las obras, sin que ello, hay que decirlo, tuviere incidencia en el cumplimiento o no de las actividades preliminares que le correspondían realizar al contratista en cuanto al ajuste de diseños, localización, replanteo y trazado en el sitio destinado para la construcción de la estación de policía, las cuales no fueron llevadas a cabo por ARQUITECSA, tal como quedó plasmado líneas atrás en el punto (...) de las consideraciones de esta providencia. Dicho de otro modo, aun de aceptarse la existencia de una fuerza mayor por la baja navegabilidad, ello no podía constituir una justificación o una excusa para el contratista en relación con su incumplimiento de las obligaciones concernientes a las actividades preliminares, pues para su realización el personal bien hubiese podido trasladarse al sitio en el que se ejecutaría el proyecto A lo anterior se añade que, en vista de que el acto de liquidación unilateral se sustentó sobre la base del incumplimiento de ARQUITECSA, su legalidad también se mantiene incólume, aunado al hecho de que en esta instancia no se requiere de un estudio adicional, dado que los argumentos de los recursos de apelación se circunscribieron en atacar la validez de los actos que declararon el incumplimiento NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imprevisibilidad en la fuerza mayor, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de enero de 2024, exp. 61974, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATANTE CUMPLIDO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El FORPO incumplió el contrato de obra porque no suscribió contrato de interventoría y por ello son inválidos los actos mediante los cuales declaró el incumplimiento del contratista? Respuesta al problema jurídico: No La ausencia de contrato de interventoría En la demanda se alegó que el FORPO incumplió el contrato de obra porque no suscribió contrato de interventoría, argumento sobre el cual insistió ARQUITECSA (...) y la parte coadyuvante en sus recursos de apelación, aspecto frente al cual la Sala pasa a pronunciarse a continuación. Es cierto que en la cláusula décima segunda del contrato de obra No. 389 de 2008, en la cual se pactaron las obligaciones de la entidad contratante, no se estableció ninguna relativa a que el FORPO debía suscribir contrato de interventoría, aunque, una vez revisadas otras cláusulas del negocio jurídico, se evidencia que en varios apartes de ellas se hizo mención a la figura del interventor. Sin embargo, al margen de la obligación o no que le asistía al FORPO de suscribir un contrato de interventoría, ha de advertirse que ello no tiene incidencia alguna en la validez de los actos demandados, en los cuales el incumplimiento decretado en contra de ARQUITECSA se advirtió por circunstancias concretas a su contenido obligacional, sin que, a partir de lo probado en el proceso, pueda establecerse que la presencia o no de un interventor fuera relevante de cara al incumplimiento endilgado al contratista y, menos aún, que tuviera relación clara y directa con los fundamentos de hecho y de derecho que soportaron las decisiones del FORPO. Con todo, ha de señalarse que el contrato contó con supervisor, (...) se tiene que a través de la supervisión designada por el FORPO para el negocio jurídico se adelantaron en buena medida las actividades que echa de menos ARQUITECSA, tal como lo corroboraron los funcionarios que se desempeñaron como supervisores del contrato (...) De conformidad con lo anterior, se descartan los argumentos de la apelación de la parte actora y de la coadyuvante atinentes al cargo que se analiza. VÍA DE HECHO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VÍA DE HECHO / INEXISTENCIA DE VÍA DE HECHO / DEMANDA / COADYUVANCIA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Incurrió en vía de hecho el Tribunal de primera instancia por no pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda adhesiva de la compañía de seguros coadyuvante de la actora? Respuesta al problema jurídico: No Otras consideraciones: sobre la parte coadyuvante (...) En el recurso de apelación interpuesto por la compañía de seguros coadyuvante de la actora, sostuvo que el Tribunal a quo incurrió en una vía de hecho, porque no se pronunció sobre las pretensiones de su demanda adhesiva. Sobre este punto la Sala advierte que, en vista de que no prosperaron las pretensiones de ARQUITECSA encaminadas a la declaratoria de nulidad de los actos demandados, no había lugar a que el a quo se pronunciara sobre las peticiones de la parte coadyuvante, así como tampoco es procedente realizarlo en sede de apelación, porque las suyas se circunscribieron a la devolución de las sumas que pagó a favor del FORPO por la afectación de la Garantía Única de Cumplimiento (...), pero siempre y cuando salieran avante las pretensiones de la parte demandante, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues se negaron en primera instancia y dicha decisión será confirmada por esta Sala de Subsección, toda vez que los cargos planteados en los recursos de apelación no están llamados a prosperar. (...) En esas condiciones, es decir, como las pretensiones de la demanda adhesiva se sujetaron a la prosperidad de las que a su turno formuló ARQUITECSA en el libelo de su demanda, se descarta el cargo alegado por la parte coadyuvante.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201100463011100103