Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
¿Procede el estudio de las pretensiones de nulidad contra las resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato al no haber sido planteadas en la demanda? Sí
El contratista no puede plantear pretensiones de nulidad contra resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato si no fueron objeto de la demanda inicial, ya que estas resoluciones gozan de presunción de legalidad y no pueden ser revisadas fuera del marco establecido. Asimismo, no procede el reconocimiento de un mayor valor al pactado en el contrato por la ejecución de ítems no previstos, cuando estos fueron aprobados mediante prórrogas y el contrato fue celebrado a precio global, sin evidencia de desequilibrio económico o renuencia de la entidad a permitir salvedades. Además, la condena en costas a la parte demandante es procedente conforme a la normatividad aplicable, especialmente cuando la parte demandada no intervino en la instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de un mayor valor al pactado en el contrato en favor del contratista?¿Procede la condena en costas atendiendo a la normatividad aplicable al proceso?
¿Debe el juez diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico e interpretar la demanda para establecer la institución aplicable cuando la parte no la precisó o la calificó de forma confusa o errada? Sí
El juez debe diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico y, cuando la parte demandante no precisó cuál de las dos figuras invoca, o lo hizo de forma confusa o errada, debe interpretar la demanda para establecer la institución jurídica aplicable. La regla se sostiene en tres razones: la parte demandante es la principal llamada a precisar si pretende la declaratoria de incumplimiento o la del desequilibrio económico; el principio iura novit curia permite al juez calificar jurídicamente los hechos aunque la parte los haya encuadrado de forma errada; y el derecho de acceso a la administración de justicia exige que la pretensión sea examinada conforme a la figura que corresponde a los hechos narrados. Por ello, la interpretación de la demanda no puede limitarse a la calificación que haga la parte. Así, el juez determina si lo alegado debe estudiarse como incumplimiento o como desequilibrio, y resuelve sobre esa base. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden analizarse y eventualmente acogerse pretensiones contractuales formuladas con posterioridad a la liquidación bilateral del contrato cuando la parte interesada dejó en el acta de liquidación…¿Puede atribuirse a la entidad contratante la obligación de aprobar directamente las actas de pago cuando el interventor no lo hace…¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios cuando la entidad contratante efectuó los pagos dentro del plazo de sesenta días establecido contractualmente…
¿El IDU y Transmilenio SA incumplieron el contrato de consultoría por no haber pagado algunas actividades que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución contractual? No
El contratista no puede exigir el pago de actividades adicionales que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución del contrato, ya que no hubo acuerdo de voluntades entre las partes para incorporar estos ítems al negocio jurídico con un precio definido. La Sala confirmó que los trabajos no incluidos en el contrato inicial ni en los modificatorios correspondientes son adicionales y, por lo tanto, no pueden ser exigidos como parte del contrato original. Esta decisión reitera la necesidad de un acuerdo explícito entre las partes para incluir nuevos ítems y establecer su contraprestación, lo que implica que el contratista no puede realizar ejecuciones materiales sin un acuerdo previo sobre su remuneración, evitando así reclamos por incumplimiento contractual basados en trabajos no pactados.síntesis automática
También resuelve:¿La ley fija límites objetivos para la contabilización de la caducidad, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia?¿Las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso se le asignaron a la parte vencida?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de controversias contractuales derivadas de contratos de obra celebrados por establecimientos públicos distritales, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. La acción de controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, tal como ocurrió en este caso, donde la demanda fue interpuesta antes de que venciera el término de caducidad. Sin embargo, el reajuste de precios no es procedente si no se ha pactado una fórmula de ajuste en el contrato y no se ha demostrado la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica que la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto a este punto, matizando la jurisprudencia existente sobre la procedencia del reajuste en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra?¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción…¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá…
¿El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal, por corresponder al giro ordinario de su objeto social, y en consecuencia, no son aplicables al caso los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 sobre el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato ni los artículos 3, 4, 24, 25 y 28 de ese mismo ordenamiento invocado por la parte apelante en su recurso? Sí
El contratista no tiene derecho a reclamar sobrecostos ni a considerar que la entidad estatal incumplió el contrato cuando existen diferencias entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, dado que el contrato se pactó a precio global y abarcaba todos los costos directos e indirectos relacionados con la realización de los diseños. La entidad contaba con anteproyectos que estimaban una posible área a diseñar, pero el resultado preciso solo se determinaría con los diseños definitivos, por lo que no se acreditó que la parte contratante desconociera la extensión y alcance de lo pactado. Además, aunque se realizaron modificaciones en la acomodación de la población carcelaria dentro del grupo 1, la ocupación estimada de cada centro penitenciario se mantuvo inalterada, lo que implica que el contrato no se pactó a precios unitarios por metro cuadrado de diseño. Esta regla reitera la jurisprudencia sobre la interpretación de contratos a precio global en proyectos de infraestructura, limitando las reclamaciones de sobrecostos basadas en diferencias de área en diseños finales.síntesis automática
También resuelve:¿El solo hecho de existir diferencia entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, otorga derecho al contratista a reclamar sobrecostos y constituye incumplimiento de la demandada…¿Procede el reconocimiento de sobrecostos derivados de la variación de la fuente hídrica para el Centro Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo…¿Procede el reconocimiento al contratista de sobrecostos derivados de la supuesta exigencia de FONADE de ejecutar trabajos no previstos en el contrato?
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿Está demostrado el incumplimiento de contrato de obra pública por parte del IDU por entrega de estudios y diseños incompletos y deficientes y, por la demora en entregar los predios necesarios para la obra requeridos para la ampliación y rehabilitación de la Autopista al Llano entre el CAI Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá – Villavicencio? Sí
La entidad estatal que entrega estudios y diseños deficientes o demora la entrega de los predios necesarios para la obra incurre en incumplimiento del contrato de obra pública, pero la declaratoria de ese incumplimiento no genera por sí sola la indemnización de perjuicios, la cual exige probar un daño económico concreto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los incumplimientos de la entidad pueden generar la necesidad de ejecutar obras no previstas en el proyecto inicial y una mayor permanencia en obra, lo que acredita el incumplimiento contractual. Segundo, para reconocer perjuicios el contratista debe demostrar que no se le pagaron las mayores cantidades de obra ejecutadas o que asumió sobrecostos por la mayor permanencia, pues esos hechos constituyen el daño indemnizable. La providencia declara el incumplimiento de la entidad y confirma la negativa de las pretensiones indemnizatorias; en la práctica, el contratista que reclame perjuicios por incumplimientos de la entidad debe acreditar el pago omitido o el sobrecosto asumido con soporte probatorio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante no demostró la ejecución de obras no reconocidas ni pagadas por el IDU, ni acreditó que hubiera asumido sobrecostos por concepto de la mayor permanencia en la obra…¿Es necesario dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral sobre los puntos sobre los cuales posteriormente se realizará alguna reclamación en sede judicial?¿Para reconocer una mayor permanencia en la obra y/o obras adicionales o no previstas, es indiferente si el precio pactado era global o por valores unitarios…
¿El contrato celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como establecimiento público del orden distrital sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y los documentos integrantes del negocio jurídico? Sí
El contrato celebrado por un establecimiento público del orden distrital, que es entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y cuya actividad contractual no está cobijada por un régimen exceptuado, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas y por los documentos que integran el negocio jurídico. La regla se sostiene en tres razones: el ente fue creado por acuerdo distrital y no está exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 remite a las normas civiles y comerciales en los aspectos no regulados por aquella ley; y los documentos del negocio jurídico integran el régimen aplicable al litigio. Así, la controversia sobre la ejecución del contrato se resuelve con el Estatuto General de Contratación y con el clausulado que las partes incorporaron al negocio, sin que la naturaleza del ente altere ese régimen.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el…¿La fijación del precio de los ítems no previstos de adoquín de concreto con color y pictograma muisca, mediante la homologación con precios de otro contrato y al margen del procedimiento previsto en…¿El IDU debe asumir los mayores costes de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga n.º 1…
¿La celebración de un contrato bajo la modalidad de “llave en mano” implica que el contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin que sea necesario especificarlas individualmente? Sí
El contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin necesidad de especificarlas individualmente en un contrato de llave en mano a precio global, ya que esta modalidad implica su responsabilidad integral en la ejecución del proyecto desde su diseño hasta su entrega, asumiendo riesgos y beneficios inherentes a la ejecución eficiente del contrato. La regla reitera que el contratista no debe recibir un valor adicional por áreas no limitadas explícitamente si los documentos contractuales y los pliegos definen con claridad su alcance, lo que implica que la interpretación del contrato debe ajustarse a los términos pactados y al lenguaje técnico propio de la disciplina, garantizando la integridad del acuerdo y la responsabilidad del contratista en la ejecución del proyecto.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos celebrados bajo la modalidad de precio global y llave en mano, el contratista asume el riesgo de mayores o menores cantidades necesarias para la ejecución de la obra…¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, es válido interpretar que el contratista asume integralmente el diseño y la construcción del proyecto…¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, el contratista está obligado a entregar el objeto en condiciones de funcionalidad conforme a su finalidad…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público? Sí
La jurisdicción competente para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público, sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"). En tal sentido, el recurso de apelación es competente para la Sala en segundo instancia, ya que la cuantía de las pretensiones de la demanda impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato?¿En los contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual?¿Las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm. 163 de 2006 fue…
"¿la calidad de contratista implica una situación de debilidad que permita flexibilizar la valoración probatoria?" No
El contratista asume las cargas probatorias ordinarias en los procesos de controversias contractuales sin que su condición contractual le confiera un tratamiento privilegiado o flexible. La improcedencia de un trato probatorio privilegiado a favor del contratista como parte débil de la relación contractual se fundamenta en que la tesis planteada por el apelante no encuentra respaldo en la ley ni en la jurisprudencia. La calidad de contratista no implica, por sí misma, una situación de debilidad o desprotección que habilite la flexibilización de la carga probatoria que le corresponde, pues el sujeto que contrata con la Administración se concibe como un colaborador experto que concurre al negocio con conocimiento de sus implicaciones y con el deber de prever los riesgos normales de su actividad comercial.síntesis automática
¿En el sistema del precio global, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, de manera que el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista también percibe los beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él? Sí
El contratista asume los riesgos y beneficios inherentes a la ejecución de un contrato estatal a precio global, donde la entidad contratante conviene en pagar una suma única que remunera todos los costos, directos e indirectos, sin posibilidad de ajustes posteriores, lo que implica que el contratista debe estimar cuidadosamente los riesgos y factores que podrían incidir en la terminación de la obra. Esta modalidad no solo se aplica a contratos de obra, sino también a contratos de interventoría, donde el precio global fijo es la estimación anticipada del costo total de la supervisión y vigilancia de otro contrato estatal, con el contratista asumiendo tanto los mayores como los menores costos derivados de su eficiencia y organización. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la modalidad de precio global, lo que implica que en la práctica, las partes deben tener en cuenta los riesgos y beneficios inherentes a esta forma de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU incumplió el contrato de interventoría al no pagar a la contratista el precio total pactado en el contrato, dada la terminación anticipada de dicho negocio jurídico por el cumplimiento del…¿La exigibilidad se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron, mientras que la mora…¿La contratista tiene derecho a que se le reconozcan intereses moratorios sobre la obligación dineraria no reconocida por la demandada, al no haberle pagado
¿Resulta procedente abordar el asunto sub lite desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual soportada en el enriquecimiento sin causa, cuando se observa que las pretensiones de la demanda tienen naturaleza estrictamente contractual? No
El contratista no puede basar su demanda en la responsabilidad extracontractual de enriquecimiento sin causa cuando las pretensiones de la demanda tienen una naturaleza estrictamente contractual, ya que la controversia se centra en el alcance de las obligaciones derivadas del contrato. Además, la Sala confirma que es procedente analizar las reclamaciones del contratista en sede judicial respecto a las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato, siempre y cuando el material probatorio en el plenario permita establecer el contenido de dichas salvedades, incluso si el documento remitido no se encuentra en el expediente. Esto implica que las partes deben aportar pruebas concretas y específicas en la liquidación del contrato y que la entidad judicial puede considerar otras pruebas en el plenario para determinar la correspondencia entre las pretensiones y las situaciones expuestas en los oficios, siempre que no se supla la carga de la prueba que les corresponde a las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el análisis de las reclamaciones del contratista realizadas en sede judicial con miras a objetar el acta de liquidación bilateral del contrato de obra…¿Mediante la modalidad de pago del contrato a precio global, el contratista asume el riesgo por mayor cantidad de obra, salvo que los costos adicionales tengan causa en prestaciones ajenas al objeto…¿Resulta procedente declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato No. 062-3 de 2009 y reconocer el valor actualizado de las obras ejecutadas…
¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Sí
El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría?¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio?¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual?
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
¿Someter una obligación a una condición suspensiva puede modificar la naturaleza de un contrato conmutativo en contrato aleatorio? No
El contratista no puede modificar la naturaleza de un contrato conmutativo en contrato aleatorio al someter una obligación a una condición suspensiva, ya que esta solo supedita la exigibilidad de la obligación al cumplimiento de un hecho futuro e incierto, sin afectar la estructura del contrato pactada por las partes. La condición suspensiva no cambia la naturaleza del contrato conmutativo, ya que en este la prestación es cierta y la remuneración se establece de manera conmutativa, mientras que en un contrato aleatorio la prestación y la contraprestación dependen de un evento incierto. La Sala modifica la interpretación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que entendía que la cláusula sexta del contrato de interventoría contenía condiciones suspensivas que impedían el pago del precio pactado hasta el cumplimiento de ciertos supuestos, considerando que estos no afectan la naturaleza conmutativa del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpretó erróneamente la cláusula sexta del contrato de interventoría, celebrado entre la Aerocivil y el Consorcio Interventoría Calles de Rodaje 2017…¿El interventor dio cumplimiento de las obligaciones que le impuso el contrato y en consecuencia tenía derecho a la contraprestación pactada?¿El interventor tiene derecho al pago del saldo final del 10% del contrato pese a los aspectos manifestados por la Aerocivil como no cumplidos por el contratista?
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo? Sí
La caducidad de la acción es una figura de orden público que limita el tiempo en que se puede acceder a la jurisdicción, y constituye un presupuesto del derecho de acción que es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, por lo que el juez debe verificarla al dictar sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la caducidad evita que las situaciones jurídicas controvertidas permanezcan indefinidas en el tiempo. Segunda, en los contratos la caducidad se computa desde la terminación del contrato si no requiere liquidación, o desde la suscripción de la liquidación si la requiere, y desde el vencimiento del plazo para liquidar, según el caso. Tercera, la Ley 446 de 1998 positivizó este criterio y fijó un término de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. En consecuencia, el juez debe examinar la caducidad como elemento esencial antes de decidir el fondo. El documento reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza de la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal?¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?