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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020110046301-63096-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-24"
radicado: "25000232600020110046301"
numero: "63096"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-24
- **Radicado:** 25000232600020110046301
- **Número interno:** 63096
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** ARQUITECSA LTDA.
- **Demandado:** AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL FORPO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020110046301-63096-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020110046301/05AF17D6A1FF2D33C1BE0704DD6484F2C6D31BDBE0C43FB10FC2986D8C3CD4EC/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201100463011100103

## Problema jurídico

¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos?
- ¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios?
- ¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1150 de 2007
- Ley 80 de 1993

## Extracto

Como el contrato que dio origen a la presente controversia fue suscrito el 13 de noviembre de 2008 por el FORPO, establecimiento público… De acuerdo con lo anterior, dado que las partes suscribieron un contrato, entre otras cosas, para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, resulta claro que el contrato es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto.

## Síntesis temática

El contrato denominado llave en mano, en el que el contratista se obliga a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado a cambio de una remuneración que usualmente se estipula a precio global, es un contrato de obra cuando una de las partes es un establecimiento público y se celebra en vigencia de la Ley 80 de 1993, caso en el cual se rige por las disposiciones de ese estatuto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la modalidad llave en mano, de común utilización en obras de infraestructura, consiste en que el contratista entrega un producto terminado en funcionamiento, lo que corresponde a la noción de obra. Segundo, la fecha de celebración del contrato y la naturaleza pública de una de las partes determinan la aplicación de la Ley 80 de 1993 al negocio. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el régimen aplicable se determina por la fecha de celebración, la naturaleza de la entidad contratante y el objeto de la obra entregada en funcionamiento.

## Descriptores temáticos

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, CONTRATO DE OBRA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO LLAVE EN MANO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL, LEY APLICABLE AL CONTRATO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL, CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL, PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, DICTAMEN PERICIAL, APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, FOTOGRAFÍA, FECHA DE LA FOTOGRAFÍA, VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA, CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, CONTRATACIÓN DIRECTA, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO ESTATAL, SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, ESTACIÓN DE POLICÍA, LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FUNDAMENTOS DE HECHO, FUNDAMENTOS DE DERECHO, VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, PROPONENTE, OBLIGACIONES DEL PROPONENTE, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, BUENA FE CONTRACTUAL, PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONDICIÓN IMPOSIBLE, PREDIO EDIFICADO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EDIFICACIÓN, EDIFICIO, CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD DEL PREDIO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, FUERZA MAYOR, AUSENCIA DE FUERZA MAYOR, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR, IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR, INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR, IMPROCEDENCIA DE FUERZA MAYOR, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA, TRANSPORTE, TRANSPORTE FLUVIAL, NAVEGABILIDAD, CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD, RÍO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SUPERVISOR DEL CONTRATO, CONTRATANTE CUMPLIDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VÍA DE HECHO, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VÍA DE HECHO, INEXISTENCIA DE VÍA DE HECHO, DEMANDA, COADYUVANCIA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA

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## Texto del documento

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO LLAVE EN MANO / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL / LEY APLICABLE AL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el contrato que dio origen a la presente controversia fue suscrito el 13 de noviembre de 2008 por el FORPO, establecimiento público (...) De acuerdo con lo anterior, dado que las partes suscribieron un contrato, entre otras cosas, para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, resulta claro que el contrato es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto. Además, observa la Sala que las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’, forma de ejecución mediante la cual el contratista se obliga, a cambio de una remuneración, que usualmente se estipula a precio global35, a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado, de tal suerte que en este tipo de contratos, de común utilización en tratándose de obras de infraestructura, el contratista se compromete a entregar un “producto terminado” y en “marcha”, para lo cual, junto con la confección de la obra material, el acuerdo de voluntades incorpora, además, prestaciones de diversa índole, tales como el suministro de bienes y la prestación de servicios, pues, en términos generales, el contratista concibe, construye y pone en funcionamiento la obra proyectada. (...) La Sala enfatiza desde ahora este punto de cara a la solución del caso concreto, pues en el análisis de la conducta desplegada por las partes reviste importancia la selección y pacto de la modalidad de ejecución y pago mencionada, en la medida en que lleva implícita la asunción de importantes deberes de conducta, asunto que será materia de posterior análisis.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato de obra "llave en mano", ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 28 de marzo de 2017, exp. 2331, C.P. Edgar Gonzalez López. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de marzo de 2016, exp. 11001-03-26-000- 2009-00009-00(36312)A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 13 de marzo de 2008, exp. 66001-23-31-000- 2001-01344-01(15009), C.P. Hector J. Romero Díaz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto se observa que la mayoría de documentos se aportaron en copia auténtica, los cuales tienen mérito probatorio. Los allegados en copia simple también serán analizados, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copia simples, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P Enrique Gil Botero
DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: No
La entidad demandada objetó por error grave el dictamen, porque (i) la estimación de los perjuicios debió efectuarse luego de que el Tribunal constatara la existencia de perjuicios, y (ii) la experticia tuvo en cuenta documentos que no obraban en el proceso. Durante el respectivo traslado, la parte actora se opuso a la objeción por error grave, (...) La Sala resolverá la objeción presentada frente al referido dictamen pericial, porque el tribunal de instancia no se pronunció al respecto. Sobre el particular se tiene que una vez practicada la prueba pericial decretada por el juez, de la misma debe correrse traslado a las partes para que puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, mediante la posibilidad de solicitar aclaraciones y complementaciones y de objetar el dictamen por error grave “que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”, caso en el cual podrán pedir pruebas para su demostración, debiendo el juez resolver la objeción en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el respectivo dictamen, según las voces del artículo 238 del CPC. El error grave al que se refiere la norma anterior es aquel que de no haberse presentado otra habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído sobre materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debía versar la pericia o por que el perito dictaminó en sentido contrario a la realidad y alteró en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado (...) En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que, para la prosperidad de la objeción por error grave de un dictamen pericial, se requiere de la existencia de una equivocación de gran magnitud, no cualquier error. Dicha equivocación debe conducir a conclusiones igualmente erradas. Además, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación y no a las conclusiones o inferencias del perito, es decir, que la misma se deriva de una observación equivocada del objeto del dictamen, concretamente cuando se concentra en “materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia” Asimismo, se ha considerado que la ausencia de soportes para realizar el dictamen no conduce a concluir que dicha prueba haya incurrido en un vicio por error grave. En ese contexto, la Sala negará la objeción por error grave formulada, pues el perito rindió su dictamen sobre las cuestiones que le correspondía resolver, sin que se aprecie que el perito hubiera desviado el objeto de la prueba, así como tampoco que hubiera analizado aspectos relacionados con otro contrato o con obras diferentes a las que dieron origen al litigio. En otras palabras, el dictamen recayó sobre las materias que debían ser analizadas, relacionadas con la estimación de los perjuicios reclamados por ARQUITECSA, teniendo en cuenta los documentos y las pruebas que tuvo a su alcance para el efecto, sin que se evidencie una vulneración del debido proceso como lo indica la demandada, por lo que la objeción por error grave planteada no tiene vocación de prosperidad. Ahora bien, como la prueba guarda relación con el componente resarcitorio de la demanda, será valorado en su oportunidad, si a ello hay lugar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el error grave del dictamen pericial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 25000-23-26-000-1993-08365-01(14461), C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2020, exp. 05001-23-31-000-1998-00114-01(28794), C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2015, exp. 29794, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; criterio reiterado por esta misma subsección en sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353, C.P. María Adriana Marín.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / FOTOGRAFÍA / FECHA DE LA FOTOGRAFÍA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
Problema jurídico:
¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?
Respuesta al problema jurídico: No
Al proceso se aportaron con la demanda unas fotos. En el libelo introductorio se señaló que tales fotografías fueron tomadas “al río Putumayo y a los materiales al momento en que se intentó embarcar rumbo a Puerto Arica”. (...) Siguiendo la pauta jurisprudencial en cita, para la Sala las fotografías aportadas con la demanda, que registran un río y unos materiales, no tienen mérito probatorio, en tanto no hay certeza de quién realizó las fotos, ni tampoco sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las fotografías, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO ESTATAL / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ESTACIÓN DE POLICÍA / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se presentó una anomalía en el procedimiento de selección de contratación directa adelantado por el FORPO ya que, se desarrollo un solo procedimiento precontractual para la suscripción de diferentes negocios jurídicos?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala estudiará la supuesta anomalía en el procedimiento de selección, punto sobre el cual, según afirmó la parte demandante en la alzada, no hubo pronunciamiento en el fallo dictado por el Tribunal a quo, además porque dependiendo de ello se determina el grupo de pretensiones a examinar. (...) De entrada la Sala advierte, contrario a lo expuesto en la apelación de la parte actora, que el Tribunal a quo sí se pronunció sobre dicho punto, al señalar que no se presentó situación anómala alguna en el proceso de selección que adelantó el FORPO, fundado en el hecho de que en el ordenamiento jurídico no existe norma que prohíba la realización de un solo procedimiento precontractual para la suscripción de diferentes negocios jurídicos. Para el efecto sostuvo que en el mismo pliego de condiciones se previó que se celebraría un contrato por cada obra a ejecutar, en tanto que, si bien el objeto era el mismo -construcción de estaciones de policía-, el lugar de su ejecución, la descripción, las características, así como el valor del contrato y su plazo, variaban según las necesidades de cada municipio. Sobre el particular conviene señalar que la Ley 80 de 1993, a diferencia de la normativa de contratación pública que regía con antelación, no estableció ninguna noma prohibitiva en relación con el fraccionamiento de contratos, pero ese silencio, valga advertir, no significa permisividad, en la medida en que no es de recibo para el derecho y resultaría contrario a las normas de orden público que establecen los distintos procesos de selección, dividir el objeto del contrato para manipular su cuantía con el fin de eludir dichos procedimientos. (...) En el presente caso se encuentra acreditado que el FORPO adelantó un proceso de selección de contratación directa para, entre otras cosas, la construcción, instalación y dotación de módulos en bastiones para estaciones móviles de policía, con un presupuesto oficial de $4.239’602.327, en diferentes corregimientos (...) También quedó probado que, a través de la Resolución No. 831 del 11 de noviembre de 2008, el director general del FORPO adjudicó el proceso de contratación directa al proponente ARQUITECSA, aquí demandante, por un valor de $4.239’602.327 (...), y que, seguidamente, el 13 de noviembre de 2008, el FORPO y ARQUITECSA suscribieron el contrato de obra No. 389 de 2008, cuyo objeto consistió en la construcción, instalación y do

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

que el motivo de fuerza mayor fue la baja afluencia en el río Putumayo en el mes de abril de 2009 y que fue el que condujo exclusivamente a la llegada tarde al sitio de las obras, cabe advertir que ARQUITECSA, si desde el 4 de abril de 2009 tuvo conocimiento de las condiciones del referido río(...), no se entiende por qué esperó hasta el 23 de abril de ese año para informarle dicha situación al FORPO, cuando ya habían transcurrido más de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, en desconocimiento de los pactado en la cláusula séptima del negocio. Todo lo expuesto permite considerar que los actos que declararon el incumplimiento de ARQUITECSA no incurrieron en el vicio de nulidad de falsa motivación, partiendo del hecho de que los motivos constitutivos de la supuesta fuerza mayor no fueron informados al FORPO a tiempo, de acuerdo con lo pactado en cláusula séptima del contrato, aunado al hecho de que mal podían catalogarse las dificultades en la navegabilidad del río Putumayo como circunstancias constitutivas de fuerza mayor. Además, se advierte que los problemas de la baja navegabilidad del río Putumayo solamente podían afectar el cumplimiento de la obligación de transportar el material prefabricado al lote destinado para dar inicio a las obras, sin que ello, hay que decirlo, tuviere incidencia en el cumplimiento o no de las actividades preliminares que le correspondían realizar al contratista en cuanto al ajuste de diseños, localización, replanteo y trazado en el sitio destinado para la construcción de la estación de policía, las cuales no fueron llevadas a cabo por ARQUITECSA, tal como quedó plasmado líneas atrás en el punto (...) de las consideraciones de esta providencia. Dicho de otro modo, aun de aceptarse la existencia de una fuerza mayor por la baja navegabilidad, ello no podía constituir una justificación o una excusa para el contratista en relación con su incumplimiento de las obligaciones concernientes a las actividades preliminares, pues para su realización el personal bien hubiese podido trasladarse al sitio en el que se ejecutaría el proyecto A lo anterior se añade que, en vista de que el acto de liquidación unilateral se sustentó sobre la base del incumplimiento de ARQUITECSA, su legalidad también se mantiene incólume, aunado al hecho de que en esta instancia no se requiere de un estudio adicional, dado que los argumentos de los recursos de apelación se circunscribieron en atacar la validez de los actos que declararon el incumplimiento
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imprevisibilidad en la fuerza mayor, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de enero de 2024, exp. 61974, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATANTE CUMPLIDO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El FORPO incumplió el contrato de obra porque no suscribió contrato de interventoría y por ello son inválidos los actos mediante los cuales declaró el incumplimiento del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
La ausencia de contrato de interventoría En la demanda se alegó que el FORPO incumplió el contrato de obra porque no suscribió contrato de interventoría, argumento sobre el cual insistió ARQUITECSA (...) y la parte coadyuvante en sus recursos de apelación, aspecto frente al cual la Sala pasa a pronunciarse a continuación. Es cierto que en la cláusula décima segunda del contrato de obra No. 389 de 2008, en la cual se pactaron las obligaciones de la entidad contratante, no se estableció ninguna relativa a que el FORPO debía suscribir contrato de interventoría, aunque, una vez revisadas otras cláusulas del negocio jurídico, se evidencia que en varios apartes de ellas se hizo mención a la figura del interventor. Sin embargo, al margen de la obligación o no que le asistía al FORPO de suscribir un contrato de interventoría, ha de advertirse que ello no tiene incidencia alguna en la validez de los actos demandados, en los cuales el incumplimiento decretado en contra de ARQUITECSA se advirtió por circunstancias concretas a su contenido obligacional, sin que, a partir de lo probado en el proceso, pueda establecerse que la presencia o no de un interventor fuera relevante de cara al incumplimiento endilgado al contratista y, menos aún, que tuviera relación clara y directa con los fundamentos de hecho y de derecho que soportaron las decisiones del FORPO. Con todo, ha de señalarse que el contrato contó con supervisor, (...) se tiene que a través de la supervisión designada por el FORPO para el negocio jurídico se adelantaron en buena medida las actividades que echa de menos ARQUITECSA, tal como lo corroboraron los funcionarios que se desempeñaron como supervisores del contrato (...) De conformidad con lo anterior, se descartan los argumentos de la apelación de la parte actora y de la coadyuvante atinentes al cargo que se analiza.
VÍA DE HECHO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VÍA DE HECHO / INEXISTENCIA DE VÍA DE HECHO / DEMANDA / COADYUVANCIA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Incurrió en vía de hecho el Tribunal de primera instancia por no pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda adhesiva de la compañía de seguros coadyuvante de la actora?
Respuesta al problema jurídico: No
Otras consideraciones: sobre la parte coadyuvante (...) En el recurso de apelación interpuesto por la compañía de seguros coadyuvante de la actora, sostuvo que el Tribunal a quo incurrió en una vía de hecho, porque no se pronunció sobre las pretensiones de su demanda adhesiva. Sobre este punto la Sala advierte que, en vista de que no prosperaron las pretensiones de ARQUITECSA encaminadas a la declaratoria de nulidad de los actos demandados, no había lugar a que el a quo se pronunciara sobre las peticiones de la parte coadyuvante, así como tampoco es procedente realizarlo en sede de apelación, porque las suyas se circunscribieron a la devolución de las sumas que pagó a favor del FORPO por la afectación de la Garantía Única de Cumplimiento (...), pero siempre y cuando salieran avante las pretensiones de la parte demandante, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues se negaron en primera instancia y dicha decisión será confirmada por esta Sala de Subsección, toda vez que los cargos planteados en los recursos de apelación no están llamados a prosperar. (...) En esas condiciones, es decir, como las pretensiones de la demanda adhesiva se sujetaron a la prosperidad de las que a su turno formuló ARQUITECSA en el libelo de su demanda, se descarta el cargo alegado por la parte coadyuvante.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-04-24. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 25000232600020110046301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020110046301-63096-sentencia).
