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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2022-08-16Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 08001233100020100006001ACCION CONTRACTUAL
¿Cuáles son los eventos de procedencia para la aclaración, corrección y adición de la sentencia por errores u omisiones específicos, conforme el CGP? Sí
Sin perjuicio de la imposibilidad de modificar lo resuelto en la sentencia, los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso permiten que el juez (i) aclare los puntos oscuros de sus decisiones, (ii) corrija los errores aritméticos o por omisión o cambio de palabras en que ha podido incurrir en ellas y, (iii) adicione sus providencias cuando ha dejado de resolver algún punto de la controversia.
También resuelve:¿Procede la adición de la sentencia respecto al valor a pagar por concepto de la liquidación judicial del contrato y los intereses sobre la condena?¿Procede la adición de sentencia respecto a la entidad llamada a responder por el pago de la condena?¿Procede la sentencia de la providencia ante el error por cambio de palabras en el nombre de la sociedad demandante en la misma?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-08-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240001500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene la competencia en única instancia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral? Sí
El contratista puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en única instancia ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, siempre que el conflicto surja de contratos celebrados por una entidad pública, como el IDU, un establecimiento público distrital. Este recurso es admisible si se presenta dentro del plazo de treinta días hábiles desde la notificación del laudo y cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1563 de 2012, como la invocación de causales específicas y la notificación a las partes interesadas. Además, la suspensión de los efectos del laudo es procedente si la entidad pública condenada solicita dicha medida, lo que implica que el Consejo de Estado puede ordenar la suspensión del cumplimiento del laudo en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplen los requisitos para la admisión del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?¿Procede la suspensión de los efectos del laudo arbitral recurrido?
¿Puede el juez resolver sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando las partes no estuvieron de acuerdo en la liquidación bilateral, pero luego el INVIAS, como contratante, mediante resolución liquidó unilateralmente el contrato respecto de las salvedades manifestadas por el contratista, quien en la demanda no solicitó la nulidad de dicha resolución y solo indicó que, por ser el contrato de derecho privado no gozaba de presunción de legalidad? No
El juez no puede pronunciarse sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando la demanda no cuestiona la legalidad del acto de liquidación unilateral que resolvió las diferencias de las partes en la liquidación bilateral. La regla se sostiene en que ese acto es el objeto de la pretensión, de modo que, si no se impugna, no existe fundamento para decidir el restablecimiento. Por ello, la sola alegación de que el régimen del contrato era privado no suple la omisión de pedir la nulidad del acto. En el asunto, el demandante se refirió al acto de liquidación unilateral sin cuestionar su legalidad, el tribunal se declaró inhibido para fallar de fondo, y la Sala confirmó esa decisión apelada que no resolvió el fondo del restablecimiento. En la práctica, la impugnación del acto de liquidación unilateral debe formularse expresamente en la demanda para que el juez resuelva el fondo del restablecimiento de la ecuación económica.síntesis automática
Régimen de contratación, Campo de aplicación – Mes: febrero – Año: 2020…
También resuelve:Pérdida de investidura: contrato obra pública, inhabilidad, objeto de análisisConsejo de estadoSala plena de lo contencioso administrativo
¿Las restricciones a la contratación estatal previstas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) son aplicables a las instituciones universitarias de educación pública?
La prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 se dirige a todos los entes del Estado, expresión que comprende a los organismos o entidades autorizados por la ley para suscribir contratos, de manera que alcanza a las entidades públicas que contratan en el periodo restringido. La restricción temporal aplica durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales y, si hay segunda vuelta, se extiende hasta la fecha en que esta se realice. Su alcance comprende la contratación directa, entendida como cualquier sistema que no implique convocatoria pública ni posibilidad de pluralidad de oferentes, y excluye de ella la licitación, la selección abreviada y el concurso de méritos. Las excepciones son taxativas e incluyen la defensa y seguridad del Estado, el crédito público, las emergencias educativas, sanitarias y de desastres, la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados o fuerza mayor, y los contratos de las entidades sanitarias y hospitalarias. En consecuencia, una institución universitaria pública debe verificar si su contratación directa en ese periodo se enmarca en una excepción, y de no hacerlo, debe acudir a un proceso con convocatoria pública.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición, contratación directaUniversidades públicas: establecimiento público educativo, diferencias, aplicación de la Ley 996 de 2005
¿Aplican las restricciones en materia de contratación estatal previstas en la Ley de Garantías Electorales en el caso de las instituciones educativas?
Las restricciones de contratación de la Ley de Garantías Electorales se dirigen a todos los entes del Estado. El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe la contratación directa en los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, prohibición que se extiende hasta la segunda vuelta si la hubiere, y se refiere a cualquier sistema que no implique convocatoria pública y pluralidad de oferentes, por lo que no comprende la licitación pública, la selección abreviada ni el concurso de méritos. Sus excepciones son taxativas e incluyen la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir emergencias educativas, sanitarias y desastres, la reconstrucción de vías, puentes y otra infraestructura afectada por atentados, desastres naturales o fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Corresponde a cada ente examinar en el caso concreto la naturaleza de sus actividades para determinar si encuadran en alguna excepción. Por su parte, el parágrafo del artículo 38 prohíbe, en cualquier contienda electoral, celebrar convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a la votación.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición del artículo 33, destinatariosUniversidades públicas: establecimiento público educativo, diferencias, aplicación de la Ley 996 de 2005
RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO,ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,PRESUPUESTOS PROCESALES – Actividad contractual,Marco normativo,Ley 80 de 1993,Especialidad,Procedencia de la acción,Actio In Rem Verso – Mes: septiembre – Año: 2016…
También resuelve:Régimen jurídico del establecimiento público: actividad contractual, marco normativoEstatuto general de contratacion estatal: Ley 80 de 1993, especialidadPresupuestos procesal: procedencia de la acción, actio in rem verso
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DISTRITAL,CONTRATO DE SUMINISTRO,CONTRATO DE COMPRAVENTA,BUENA FE CONTRACTUAL – Contratos,Contrato de compraventa,Entidad pública,Obligaciones – Mes: mayo – Año: 2012…
También resuelve:Establecimieto público distrital: contratos, marco legalContrato de suministro: contrato de compraventa, entidad públicaContrato de compraventa: entidad pública, concepto, obligaciones
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-05-07Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240005500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se cumplen las exigencias establecidas en la Ley 1563 de 2012, para que el Consejo de Estado avoque el conocimiento del recurso extraordinario de anulación de la referencia? Sí
En este caso, el laudo objeto del recurso extraordinario de anulación resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública núm. 121 de 2019, suscrito entre las partes el 13 de agosto de 2019. Pues bien, como el convocado, Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas -IDM- es un establecimiento público de carácter municipal, persona jurídica de derecho público, descentralizado, dotado de economía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado mediante el Decreto núm. 275 de 2001.
También resuelve:¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos…
¿Las controversias contractuales en que la entidad demandada es un un establecimiento público descentralizado del orden distrital son de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa? Sí
Esta jurisdicción conoce el presente asunto, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo ("CCA"), modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, vigente para la época en que fue presentada la demanda, toda vez que la parte demandada, actualmente liquidada, era un establecimiento público descentralizado del orden distrital de Bogotá. La Sala es competente, por tratarse de un asunto con vocación de doble instancia por el factor cuantía En el presente asunto se debate el cumplimiento de un contrato cuya ejecución se prolongó en el tiempo, por lo que es objeto de liquidación, como expresamente fue pactado. Por ende, según el artículo 136 numeral 10, literal c, del CCA el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de liquidación,… las actoras radicaron su demanda por lo que esta fue presentada en tiempo.
También resuelve:¿La falta de agotamiento de la conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad de la acción ante el contencioso administrativo, da lugar al rechazo de la demanda?¿La liquidación bilateral del contrato administrativo al ser un acuerdo entre las partes no tiene la naturaleza de un acto administrativo y por lo tanto no debió ser demandado?¿En el contrato los plazos estipulados para la forma y condiciones de pago, se entienden en días comunes, por lo que su cómputo es efectuado según el calendario?
¿El contrato celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como establecimiento público del orden distrital sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y los documentos integrantes del negocio jurídico? Sí
El contrato celebrado por un establecimiento público del orden distrital, que es entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y cuya actividad contractual no está cobijada por un régimen exceptuado, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas y por los documentos que integran el negocio jurídico. La regla se sostiene en tres razones: el ente fue creado por acuerdo distrital y no está exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 remite a las normas civiles y comerciales en los aspectos no regulados por aquella ley; y los documentos del negocio jurídico integran el régimen aplicable al litigio. Así, la controversia sobre la ejecución del contrato se resuelve con el Estatuto General de Contratación y con el clausulado que las partes incorporaron al negocio, sin que la naturaleza del ente altere ese régimen.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el…¿La fijación del precio de los ítems no previstos de adoquín de concreto con color y pictograma muisca, mediante la homologación con precios de otro contrato y al margen del procedimiento previsto en…¿El IDU debe asumir los mayores costes de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga n.º 1…
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer, en única instancia, de una acción de repetición promovida por una universidad contra sus exrectores y exvicerrectora, por hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la acción de repetición que promueve una entidad pública contra sus exservidores cuando resulta condenada al pago de perjuicios causados por actuación dolosa o gravemente culposa, y en los procesos de única instancia la competencia del Consejo de Estado depende del factor subjetivo y del factor objetivo. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben a esta jurisdicción la repetición para obtener el reintegro de lo pagado; los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011, vigentes al presentarse la demanda, introdujeron el factor subjetivo para los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado y el factor objetivo para los demás; y la acción de repetición de una universidad contra sus exdirectivos se enmarca en la función pública que ejercieron. Por ello, la competencia para conocer de la acción se determina conforme a esas reglas. La providencia niega la pretensión de competencia contraria.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición se interpuso dentro del término legal?¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre los…¿Es aplicable la Ley 678 de 2001, sin modificaciones posteriores, al medio de control de repetición cuando los hechos que motivaron la acción ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la nulidad de un acto administrativo previo a la celebración del contrato y el consecuente restablecimiento del derecho, mientras que el medio de control de controversias contractuales es adecuado para cuestionar las actuaciones durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, incluyendo la nulidad absoluta del mismo. El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía, siempre y cuando ésta supere los umbrales establecidos por la Ley 1437 de 2011, lo que implica que los casos que superen dichos límites pueden ser revisados en dos instancias, garantizando una mayor seguridad jurídica y efectividad en la protección de los derechos de los contratistas.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es medio de control procedente de acuerdo con la fuente del daño y las pretensiones de la demanda?¿Procede la acumulación de pretensiones de controversias contractuales con las de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quienes se encuentran legitimados para promover las pretensiones contra el acto de adjudicación y frente a la nulidad absoluta del contrato?
¿Se pudo establecer que el demandado actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Instituto Financiero de Boyacá para realizar la reestructuración de la planta de personal contaba con la aprobación del gobernador? Sí
En el presente caso los demandados no actuaron con dolo y/o culpa grave, pues se pudo establecer que [el demandado] actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Infiboy para realizar la reestructuración de la planta de personal, contaba con el visto bueno y la aprobación del gobernador para hacerlo. Como [sus subalternos] no suscribieron los actos administrativos que fueron parcialmente anulados, tampoco están llamados a responder a título de dolo o culpa grave. Por lo anterior, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos bajo examen?¿La anulación de los actos administrativos por falta de cumplimiento de requisitos legales, lleva consigo la conclusión de que se obró con dolo o culpa grave?¿El hecho de que la junta directiva del Infiboy delegara al gerente para determinar la planta de personal, llevaba consigo la aquiescencia del gobernador del departamento?
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales…¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles…¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve:¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales?¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales…¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales para demandar el incumplimiento alegado en el contrato de prestación de servicios profesionales en la modalidad de outsourcing – tercerización? Sí
Las partes celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales y el contratista demandante asegura, en su respectiva demanda, que su contraparte incumplió lo pactado; sin embargo, promovió sus pretensiones cuando ya había operado la caducidad del medio de control jurisdiccional.… Una vez precisado lo anterior, se advierte que el negocio celebrado por las partes fue un contrato de prestación de servicios profesionales que, según los artículos 321 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993 y 3.4.2.5.12 del Decreto 734 de 2012, podía celebrarse entre una entidad estatal y una persona jurídica para desarrollar actividades relacionadas con el cumplimiento de las funciones propias de la entidad pero, para las cuales su planta de personal resultara insuficiente, como en efecto ocurrió en el presente asunto…
También resuelve:¿Es obligatoria la liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales así no se haya pactado en el contrato?¿Cuál es la normatividad aplicable al proceso por incumplimiento del contrato de prestación de servicios teniendo en cuenta que la entidad contratante es una institución estatal de educación superior…¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Cuál es alcance de la Ley 996 de 2005 conocida como la Ley de Garantías Electorales y cuál es su incidencia en la contratación por parte de los fondos de salud pública de las universidades oficiales o públicas?
Durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe la contratación directa por parte de todas las entidades del Estado, con excepciones como la defensa y seguridad del Estado, el crédito público, las emergencias educativas, sanitarias y por desastres, y los contratos de las entidades sanitarias y hospitalarias. La postura delimita el alcance de la prohibición a partir de su expresión literal: solo alcanza la contratación directa y no la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos ni la mínima cuantía. Para estos efectos, contratación directa es cualquier procedimiento de selección que no incluya convocatoria pública en alguna de sus etapas. La razón es que la ley busca evitar ventajas injustificadas y el uso irregular de recursos públicos en las campañas. Además, el parágrafo del artículo 38 prohíbe a gobernadores, alcaldes y directivos de entidades descentralizadas celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos en reuniones proselitistas, en cualquier contienda electoral. Como consecuencia práctica, la entidad debe verificar si su procedimiento incluye convocatoria pública antes de descartar la prohibición.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: propósito, prohibiciones, restricciones, Artículo 33Universidades públicas: establecimiento público educativo, diferencias, aplicación de la Ley 996 de 2005
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia de primera instancia proferida dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de primera instancia dentro del medio de control de controversias contractuales, toda vez que la entidad Invías, como establecimiento público del orden nacional, ostenta la naturaleza de entidad estatal y el monto de la pretensión supera el límite establecido en la Ley 1437 de 2011 para procesos de doble instancia. Además, los actos administrativos que declaran el incumplimiento definitivo del contrato por parte del contratista gozan de la presunción de legalidad y ejecutividad, salvo que sean anulados en sede judicial, lo que implica que el contratista debe acreditar cabalmente su cumplimiento contractual para exigir el reconocimiento y pago de las actas de obra y ajustes, lo cual no ocurrió en el caso analizado. Esta regla reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la obligación del contratista de cumplir con la carga de la prueba en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos que declararon el incumplimiento definitivo del contrato se encuentran amparados por la presunción de legalidad?¿El contratista cumplió con la carga de acreditar que cumplió cabalmente con las obligaciones a su cargo para poder exigir el reconocimiento y pago del acta de obra y del acta de ajustes?¿La Sala se inhibirá de emitir sentencia de mérito por cuanto no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento del contrato?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?