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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

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Fecha
2023-03-24
Radicado
05001233100019970064301
Número interno
41336
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
MURILLO LOBO GUERRERO-INGENIEROS S.A. Y JORGE I CORTES V. CONSTRUCCIONES CORTES PEREZ S.A. CONCORPE
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82 CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción de controversias contractuales.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 10 y 82
  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
  • Decreto Ley 222 de 1983, art. 17

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?
  • ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?
  • ¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRETENSIONES DE LA DEMANDA ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL CLASES DE PRUEBA DOCUMENTAL EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO TESTIGO NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL APLICACIÓN DE LA NORMA APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANCIAL VIGENCIA DE LA NORMA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTABLECIMIENTO PÚBLICO CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO CONTRATO DE OBRA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO PAGO DE INTERÉS MORATORIO INTERÉS MORATORIO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL DICTAMEN PERICIAL INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE REAJUSTE DE OBRA PÚBLICA FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DE COSTOS REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA OBRA PÚBLICA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ACTO JURÍDICO UNILATERAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO ACTO PROPIO ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL MULTA AL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IMPUESTO DE PREVISIÓN SOCIAL AGENTE DE RETENCIÓN RETENCIÓN DEL TRIBUTO AGENTE RETENEDOR DEL TRIBUTO RESPONSABLE DEL PAGO DEL TRIBUTO DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO DEDUCCIÓN DEL TRIBUTO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO CONDENA CONTRA EL ESTADO DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO

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Contrato estatal: Sentencia
Titulación de la relatoría 47.063 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82 CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción de controversias contractuales. Como el contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/33 es un contrato administrativo, de conformidad con el artículo 16 de ese decreto, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer de esta controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.10 CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 17 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por el acto administrativo de liquidación del contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. Como el 19 y 20 de noviembre de 1996 se notificó la resolución que resolvió el recurso de reposición del acto que liquidó unilateralmente el contrato a Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y a Jorge l. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA, respectivamente, acto administrativo que sirvió de fundamento de la demanda, esto es en vigencia del artículo 136 CCA antes de la citada reforma, esta es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. De manera que, como el término de dos años inició desde la notificación del señalado acto administrativo —19 y 20 de noviembre de 1996—, y la demanda se interpuso el 1 1 de marzo de 1997, se presentó de forma oportuna frente a las pretensiones relacionadas con la nulidad de los actos administrativos. No obstante, el demandante pretendió la devolución de las sumas retenidas por la entidad por concepto del impuesto de previsión social desde julio de 1993. La Sala se limitará a estudiar las deducciones realizadas desde el 10 de marzo de 1995, pues frente a las anteriores operó el fenómeno de la caducidad. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al valor probatorio de los documentos en copia simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / CLASES DE PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / TESTIGO Problema jurídico: ¿Los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [FSP], Ingeniero de Obras Civiles de la División Porce ll al momento de los hechos y testigo en el proceso, aportó la Circular n. 0 806 de 1994 expedida por Empresas Públicas de Medellín y el documento denominado “Control Total de Pagos”. Según el artículo 228 CPC, los testigos podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres días, sin necesidad de auto que lo ordene. Como los documentos aportados por el testigo están relacionados con su declaración y las partes guardaron silencio frente al traslado que corrió el Tribunal, serán valorados. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 228 NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANCIAL / VIGENCIA DE LA NORMA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / CONTRATO DE OBRA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿El régimen jurídico del contrato es el Decreto 222 de 1983, puesto que fue suscrito en vigencia de dicha normatividad? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incluidas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado. En este último evento, la norma dispone que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido esa infracción. El artículo 5 de la Ley 19 de 1982, por la cual se definieron "principios" de los contratos administrativos y se concedieron facultades al Presidente de la República para reformar el régimen de contratación administrativa, establecía que las normas fiscales de los departamentos y municipios podían disponer sobre la formación y adjudicación de los contratos que celebraran y cláusulas de los mismos, conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio. Sin embargo, las normas sobre tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad, terminación y las inhabilidades e incompatibilidades estarían reservadas a la ley. En consonancia, el artículo 1 del Decreto 222 de 1983, expedido con fundamento en esas facultades extraordinarias, dispuso que las normas en ese estatuto que se referían a los tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como los principios generales desarrollados en el Título IV (terminación, modificación e interpretación unilateral) se aplicarían en los departamentos y municipios. (…) El artículo 81 del Decreto 222 de 1983 dispuso que se denominaba contrato de “obras públicas” al que se celebren para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público. La regulación actual contenida en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 difiere sustancialmente de la contenida en el régimen anterior, pues identificó el contrato de obra como aquel que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. La diferencia central radica en que en la Ley 80 de 1993 no se le confiere al contrato de obra el calificativo de “pública”, ni condiciona su tipificación a que los trabajos recaigan sobre un inmueble de “carácter público o directamente destinado a un servicio público”. Para la fecha de suscripción del contrato obra pública n. ft 9/DJ-647/33, 13 de mayo de 1993, Empresas Públicas de Medellín era un establecimiento público, es decir, era una entidad descentralizada del orden municipal, creada por el Acuerdo n. 0 58 de 1955. Conforme al Decreto 222 de 1983, el de obra pública era un contrato administrativo (artículo 16). Como el contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/33, en el que una de las partes era un establecimiento público, se perfeccionó el 13 de mayo de 1993, su régimen jurídico, según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en lo relativo a los tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación, es el Decreto 222 de 1983. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de contratos de derecho privado de la administración, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 1988, rad. 4303, C. P. Carlos Betancur Jaramillo. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 81, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 19 DE 1982 - ARTÍCULO 5 CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La liquidación del contrato constituye un ajuste de cuentas respecto a las obligaciones entre las partes? Respuesta al problema jurídico: Si La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo. La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar — definir quién debe a quién y cuánto. En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. La liquidación del contrato procedía según lo establecido en los artículos 287 y 289 del Decreto 222 de 1983, cuando: (i) se hubiera ejecutoriado la providencia que declarara la caducidad; (ii) las partes dieran por terminado el contrato por mutuo acuerdo, que podría hacerse en todos los casos en que tal determinación no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante; (iii) se hubiera ejecutado la providencia judicial que declarara nulo el contrato; (iv) la autoridad competente lo declarara terminado unilateralmente conforme al artículo 19 del estatuto y (v) en los contratos de suministros y obras públicas una vez se hubieran cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos. El Decreto 222 de 1983 adoptó dos criterios restrictivos que habilitaban la liquidación del contrato. Por una parte, estableció unas hipótesis fundadas en la anormalidad en la terminación de la relación contractual, de forma que el contrato se debía liquidar cuando se hubiera declarado la caducidad, su nulidad, o se hubiera terminado por acuerdo entre las partes o de forma unilateral por la Administración. Por otra, dispuso la necesidad de liquidar los contratos de suministro y obras públicas una vez se hubieran cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos. (…) La oportunidad para la liquidación bilateral y unilateral de los contratos de la administración quedó definida en el estatuto actual (...). Así, para la liquidación bilateral, las partes tienen un término de cuatro meses siguientes al momento en que se termina el plazo de ejecución del contrato y la administración —para la liquidación unilateral— tiene un plazo de dos meses siguientes a la fecha en que venció el término de la liquidación por mutuo acuerdo. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la liquidación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 12660, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 30 de abril de 2014, rad. 29649, C. P. Hernán Andrade Rincón; providencia de 29 de enero de 1988, rad. 3615, C. P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 19, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 287, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 289 IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Se acreditó que la demandada debía pagar los intereses moratorios por el pago tardío de las actas de obra extra y ordinaria? Respuesta al problema jurídico: No Según el artículo 1605 CC, la obligación de dar contiene la de entregar la cosa, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Esta obligación solo consiste en hacer tradición de un derecho real. A su vez, la obligación de hacer tiene por objeto la ejecución de un hecho que no sea la tradición de derecho real de una cosa. El pago es uno de los modos de extinguir las obligaciones (art. 1625 CC). El pago es, además, la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC) y debe hacerse conforme al tenor de la obligación (art. 1627 CC). El retardo en el cumplimiento de las obligaciones —mora— por ejecución tardía genera responsabilidad y habilita al deudor a exigir el objeto debido y el pago de la indemnización moratoria, únicamente exonerable por causas no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa del cocontratante). La indemnización de perjuicios se debe desde que se ha constituido en mora al deudor (art. 1615 CC). El deudor está en mora de cumplir sus obligaciones: (i) cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; (ii) cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla y (iii) en los demás casos, cuando ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor (art. 1608 CC). (…) La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece claramente en la cláusula cuarta del contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/33, permite concluir que los contratantes acordaron que la entidad debía pagar los saldos que resultaran a favor del contratista dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la firma de las actas por parte de este y del interventor, previa aprobación de Empresas Públicas de Medellín. (…) El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. (…) [E]l artículo 241 CPC ordena que el juez deberá analizar la conducencia en relación con el hecho que se pretende probar y la competencia del perito. De modo que, es preciso verificar que (i) no se acredite objeción por error grave; (ii) esté debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; (iii) se haya permitido su contradicción y (iv) otras pruebas no lo desvirtúen. (…) Las conclusiones de los peritos frente a los intereses moratorios por obra extra y ordinaria se fundamentaron en inferencias de tipo conjetural, pues calcularon la mora a partir de la aprobación de las actas por parte de Empresas Públicas de Medellín —que no aportaron—. Sus afirmaciones no corresponden a lo pactado por las partes en la cláusula cuarta del contrato, esto es, que la entidad debía pagar los saldos que resultaran a favor del contratista dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la firma de las actas por parte de este y del interventor, previa aprobación de la entidad. Calcularon, asimismo, la mora en el pago de costos ocasionados por derrumbes, con fundamento en las afirmaciones del demandante sin soporte alguno. La Sala, entonces, no acoge el dictamen pericial, porque su fundamento carece de firmeza y precisión y no tiene eficacia probatoria según los artículos 233, 237 y 241 CPC. (…) Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. (...) Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. (...) Como no obra prueba que acredite que la demandada debía pagar los intereses moratorios por el pago tardío de actas de obra extra y ordinaria y de costos ocasionados por derrumbes, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en ese punto. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 1757, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1605, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1615, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627 ACTA DE REAJUSTE DE OBRA PÚBLICA / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE COSTOS / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Se acreditó el incumplimiento del contrato por parte de la demandada al reconocer un valor de reajuste diferente a lo pactado por las partes? Respuesta al problema jurídico: No Mediante las cláusulas de reajuste de precios las partes buscan impedir que las variaciones de los factores que son determinantes en el precio, por fenómenos económicos como la inflación o el aumento de costos, afecten el equilibrio económico del contrato Por ello, es usual pactar fórmulas actuariales que permitan ajustar los precios iniciales, con fundamento en las variaciones de sus componentes en el mercado, para que correspondan a la realidad de los costos en el momento de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. (…) El pliego de condiciones del contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/33, pues, estableció que el precio de las obras ejecutadas se reajustaría conforme a la fórmula y las condiciones establecidas en ese pliego de condiciones. Su cálculo y valor se haría constar en las actas firmadas por el contratista y el interventor. En el dictamen pericial (…) los peritos anexaron un cuadro en el que relacionaron los valores ejecutados, el mes de reajuste y el valor de reajuste reconocido, el índice y valor de reajuste del mes de marzo y el mayor valor del reajuste. Concluyeron que la entidad debía pagar $1.346.062 por concepto del reajuste por obra extra y $88.289 por el reajuste por obra ordinaria. No obstante, los peritos no allegaron las correspondientes actas que fundamentaron el cuadro que anexaron al dictamen pericial. Como los peritos no allegaron las actas, que son necesarias para conocer el índice aplicado en el correspondiente reajuste, que soportaran sus conclusiones, el dictamen pericial no tiene eficacia probatoria, según los artículos 233, 237 y 241 CPC. El demandante no allegó las actas de obra extra y ordinaria que permitan conocer el índice aplicado en los reajustes que, según la demanda, se hicieron de forma indebida. De las pruebas remitidas al proceso no es posible, entonces, concluir que la demandada hubiera incumplido el contrato al reconocer un valor de reajuste diferente al pactado en el contrato, pues no se conoce el índice aplicado en los reajustes reclamados, circunstancia que le correspondía probar a la parte demandante de conformidad con los artículos 177 CPC y 1757 CC. Por ello, se confirmará la sentencia de primera instancia en este punto. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estadio, Sección Tercera, sentencia de 22 de febrero de 2001, rad. 13682, C. P. Ricardo Hoyos Duque. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757 EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN Problema jurídico: ¿Procede el pago al contratista por la menor cantidad de obra ejecutada? Respuesta al problema jurídico: No Según la minuta del contrato del pliego de condiciones del contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/33, cuando el precio de alguno de los elementos para ejecutar la obra fuera inferior al 80% de la cantidad prevista en la lista de cantidades y precios del pliego de condiciones, se debía hacer una solicitud por escrito y posteriormente se debía celebrar un acuerdo para que la entidad pagara el valor correspondiente. Las partes debían establecer una suma razonable para cubrir los costos de movilización y los demás costos fijos no resarcidos. De modo que, la cláusula décima estableció un proceso de negociación que debían seguir las partes cuando el precio de alguno de los elementos para ejecutar la obra fuera inferior al 80% de la cantidad prevista en la lista de cantidades y precios establecidos en el pliego de condiciones, en el que las partes estimarían una “suma razonable” para reajustar los costos. Esa negociación debía culminar con un acuerdo, que sería necesario para hacer los pagos correspondientes. (…) La entidad decidió, de forma unilateral en el acto administrativo que liquidó el contrato, reconocer una suma por “menor cantidad de obra ejecutada, según la cláusula décima del contrato” y otra por “reajuste de la menor cantidad de obra”. No obstante, según la cláusula décima de la minuta del contrato del pliego de condiciones, solo estaba obligada a reconocer el valor conforme a las condiciones pactadas una vez se suscribiera un acuerdo con el contratista. (...) [L]os pliegos son un marco de referencia fundamental en la etapa precontractual, como durante la ejecución del contrato. Los pliegos son a la vez expresión del “principio de transparencia”, que propende por la igualdad de oferentes y la selección objetiva y del “principio de economía”, con arreglo al cual, los procedimientos contractuales son mecanismos para cumplir los fines estatales. Como el demandante adujo que la entidad no cumplió con lo establecido en la cláusula décima de la minuta del contrato del pliego de condiciones, pero no se acreditó que hubiera suscrito acuerdo alguno que obligara a la entidad a pagar esa suma conforme las condiciones establecidas en esa estipulación, no se probó que tuviera derecho a exigir lo reclamado. De manera que, como lo pedido por el demandante se fundamenta en una reclamación que no es exigible a la entidad demandada, se confirmará la sentencia de primera instancia en este punto. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 870, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 9, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1740 MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / ACTO PROPIO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Procede la reclamación del contratista por la mayor permanencia en obra, cuando se estipuló en el contrato que no haría reclamaciones en relación con la ampliación del plazo de ejecución del contrato? Respuesta al problema jurídico: No La mayor permanencia en obra, ya sea por el incumplimiento del contrato o por un desequilibrio económico, corresponde a los costos que se ocasionan por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato —aun cuando no implique, necesariamente, mayores cantidades de obra y obras adicionales— que deben ser reconocidos por la entidad, porque tienen su origen en circunstancias no imputables al contratista En efecto, la ampliación del plazo puede aumentar los valores de la estructura de costos —administrativos, de personal y equipos— prevista inicialmente por el contratista. Por ello, el contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo, los costos de personal y los costos administrativos — y en general los que se produzcan— por la mayor permanencia en obra, siempre que estén debidamente demostrados y no sean causados por hechos que le sean imputables. También hay lugar a reconocer los mayores costos cuando la mayor permanencia en obra se produce por la necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de obra contratada. En este caso, será necesario cuantificar el valor de la obra adicional. En todo caso, deberán acreditarse los sobrecostos reales en que incurrió, porque no es dable suponerlos. (…) Conforme la intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), exteriorizada en las modificaciones al contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/33, el contratista, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, no haría reclamaciones con ocasión de la ampliación del plazo. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes [pacta sunt servanda] y, por regla general, se extinguen por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC). (…) [L]a gestión (o la administración, que es lo mismo) del contrato entraña definir de manera oportuna las obligaciones de las partes que resultan de su ejecución y no solo de lo acordado por escrito. La vía natural de enfrentar los problemas propios de toda ejecución contractual es la del acuerdo, la de la bilateralidad, como pacto de voluntades que es, debe ser respetada por el juez del contrato (art. 1602 CC). De manera que las partes, en el marco de la autonomía de la voluntad, decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones con ocasión a la ampliación del plazo. Como la mayor permanencia en obra corresponde a los costos que se ocasionan por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, las pretensiones frente a este punto quedaron cobijadas por los acuerdos celebrados entre las partes y, por tanto, no procede acceder a ellas. (…) Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al pedir los costos ocasionados por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, frente a los cuales pactó que no realizaría reclamación alguna. Razón adicional para negar las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la mayor permanencia den obra, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de enero de 2004, rad. 10779, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Respecto al principio de buena fe contractual, consultar la sentencia de 13 de noviembre de 2013, rad. 21865, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 870, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 9, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1740 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / VIGENCIA DE LA NORMA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La cláusula penal pecuniaria permite a una de las partes imponer una sanción a la otra ante el incumplimiento, ya sea por inejecución, pago defectuoso o retardo de la obligación principal del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 38.2 de la Ley 153 de 1887 prevé que no se entienden incorporadas al contrato las normas vigentes al tiempo de su celebración que señalan penas para el caso de la infracción de lo estipulado. La norma dispone que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. Según esta regla especial de los contratos, la imposición de una pena por un incumplimiento contractual se rige por la ley vigente al momento de la infracción, con independencia de si las penas anteriores, incluso vigentes a la celebración del contrato, o posteriores, resultan más favorables. (...) Como en los términos de la ley civil la cláusula penal comporta una pena, las leyes para hacerla efectiva no son las de la fecha de la celebración del contrato sino las vigentes al momento del incumplimiento o infracción, en los términos del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 153 de 1887. (…) Según el artículo 1594 CC, antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. Cuando la cláusula penal, elemento accidental del contrato (1501 CC), esté destinada a sustituir los efectos naturales del incumplimiento, prefijando el monto de los perjuicios, será estimatoria. Cuando tiene por fin sancionar al deudor mediante la acumulación de la pena a dichos efectos, se denomina punitiva o multa. En este último supuesto, nada impide el cobro adicional del valor de los perjuicios reales demostrados en concreto y cuya causa directa se encuentre en el mismo incumplimiento del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a las normas aplicables al contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la naturaleza de la cláusula penal en el contrato, consultar sentencia de 18 de marzo de 2004, rad. 15936, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 30 de julio de 2008, rad. 21574, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 14 de junio de 2012, rad. 22223, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 5 de agosto de 2020, rad. 45183, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1594, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 6 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / MULTA AL CONTRATISTA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Se acreditó la improcedencia de la exigencia de la cláusula penal pecuniaria por el retardo en la entrega de la obra? Respuesta al problema jurídico: No [A]unque la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 disponen que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración pueden imponer multas a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable por la Administración, ello no quiere decir que las partes no puedan, además, hacer efectivas las multas según la legislación civil o comercial en vigencia de aquellas disposiciones. La diferencia básica entre estas dos figuras —la imposición de multas mediante acto administrativo o en el marco del derecho privado— está dada en que estas últimas no comportan el ejercicio de una prerrogativa de derecho público. Esto se debe a que su origen no está en las disposiciones normativas de carácter legal que pretenden dotar a la Administración de poderes por fuera del derecho común, sino que se ampara en el derecho privado, en cuyo marco, las partes ejercen la autonomía privada en aras del interés particular del negocio y de cada uno de los contratantes. (…) Para determinar las normas aplicables se deberá diferenciar si la imposición de la multa se ejerció con fundamento en una prerrogativa del poder público o en una facultad del tipo contractual. Cuando una entidad sometida al estatuto indique, en el acto que impone la multa, que hizo uso de la facultad establecida en la Ley 1150 de 2007, acuda al procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 o inicie un procedimiento de cobro coactivo en contra del deudor, estará expidiendo un acto administrativo en el marco de las prerrogativas del poder público, sujeto a los recursos legales y al control judicial dispuestos para esta figura en la ley. Por el contrario, cuando la entidad acuda a los procedimientos propios del derecho privado para hacerla efectiva, se deberá estudiar si concurren los propuestos regulados por la ley o por las partes para adoptar esa decisión, lo cual excluye el análisis de legalidad porque no comporta la expedición de un acto administrativo. Las decisiones que son expresión de función administrativa (actos de poder), de conformidad con la ley, tienen como instrumento principal el acto administrativo. En cambio, frente a una manifestación de actividades propias de los particulares (actos de gestión), no podría predicarse su existencia. La decisión de la entidad, que fue tomada antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, fue proferida en el marco de una relación contractual que estaba regida por el derecho privado respecto al pacto de la cláusula penal. Como las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podían imponer multas amparadas en el derecho privado (art. 1592 CC) y esa decisión no era la expresión de función administrativa, las decisiones adoptadas por la entidad demandada no son actos administrativos. (…) La cláusula vigésima tercera de la minuta del contrato del pliego de condiciones, permite concluir que el contratista debía pagar una multa —cláusula penal punitiva— como sanción por la tardanza en la entrega de la obra por una suma equivalente al tres por mil del valor del contrato por cada día de retardo. El 19 de junio de 1995, Empresas Públicas de Medellín impuso una multa al consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge l. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA por (...), pues el contratista entregó las obras el 5 de mayo de 1995 y el plazo del contrato vencía el 31 de marzo anterior. (...) Empresas Públicas de Medellín, entonces, impuso una multa —cláusula penal punitiva— pactada en el contrato, porque el contratista no entregó la obra en el plazo estipulado y compensó su valor en los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato. Aunque el demandante afirmó que no debía el valor de una multa impuesta, dado que el retardo fue ocasionado por la contratante, no obra prueba alguna que acredite esta afirmación. Como al demandante le correspondía probar que la demandada incumplió el contrato al hacer exigible la cláusula penal punitiva sin que se hubieran configurado las circunstancias para hacerla exigible, de conformidad con el artículo 177 CPC-, pero no cumplió con dicha carga, se negará su reclamación. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592 INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿El demandante acreditó los mayores costos en la ejecución del contrato derivados de la utilización de diferentes materiales de obra? Respuesta al problema jurídico: No Según la demanda, Empresas Públicas de Medellín debía ser condenada por los mayores costos por utilización de diferentes materiales de obra del ítem denominados “Concreto Hidráulico”, “Concreto Asfáltico” y “Acarreo” y por el valor de pintura de las defensas metálicas con su reajuste. Sin embargo, no obra prueba en el expediente que acredite su reclamación. Por ello, la Sala negará la pretensión. IMPUESTO DE PREVISIÓN SOCIAL / AGENTE DE RETENCIÓN / RETENCIÓN DEL TRIBUTO / AGENTE RETENEDOR DEL TRIBUTO / RESPONSABLE DEL PAGO DEL TRIBUTO / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO / DEDUCCIÓN DEL TRIBUTO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO Problema jurídico: ¿La entidad debe devolver las sumas correspondientes al impuesto de previsión social que fue retenido aún cuando dicho tributo fue derogado? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 1 de la Ley 4 de 1966 disponía que toda cuenta o nómina que pagaran por cualquier concepto la Nación, departamentos, intendencias, comisarías, Distrito Especial de Bogotá, municipios, corregimientos, inspecciones de policía e institutos descentralizados, causaría un impuesto de diez centavos ($0.10) moneda corriente, por cada cien pesos o fracción, con destino a las Cajas de Previsión respectivas o, en su defecto, para la entidad pagadora. En consonancia, el artículo 5 de la Ley 33 de 1985, previó que el valor de este impuesto sería del cinco por mil, si se trataba de nóminas de persona y del diez por mil en los demás casos, con las excepciones establecidas. El artículo 289 de la Ley 100 de 1993 derogó este impuesto a partir del 23 de diciembre de 1993, fecha de su publicación. (…) Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil. Según la intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que quedó consignada claramente en la cláusula tercera del contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/3 y novena de la minuta del contrato del pliego de condiciones, la entidad se obligó a pagar el precio pactado en el contrato, que debía incluir todos los costos directos e indirectos para la ejecución de la obra, incluidos los impuestos necesarios para la ejecución del proyecto. (...) Obra en el proceso la Circular n. 0 806 del 4 de abril de 1994 expedida por el secretario general de Empresas Públicas de Medellín dirigida a los directores, jefes de división, coordinadores de unidad, jefes de departamento y jefes de sección de la entidad. El funcionario consignó que, aunque el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 derogó el impuesto de previsión social, en los contratos celebrados con base en pliegos de condiciones o solicitudes de cotización en donde se hubiere hecho la advertencia de que se deduciría ese impuesto, se debería seguir haciendo la deducción. Conforme al contenido de la Circular n. 0 806, se debía suponer que los contratistas incluyeron el valor del impuesto de previsión social al elaborar la cotización o propuesta, por lo cual no podían alegar que ese valor les pertenecía. Este documento público se presume auténtico y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. Da cuenta de que, en criterio del secretario general de Empresas Públicas de Medellín —comunicada a los directores, jefes y coordinadores de la entidad—, se debía deducir el impuesto de previsión social, a pesar de haber sido derogado, en los contratos celebrados donde se hubiere hecho la advertencia de que se deduciría ese impuesto. (…) De modo que, las partes pactaron en el contrato de obra pública n. 0 9/DJ-647/3 que Empresas Públicas de Medellín debía pagar el precio pactado —que debía incluir los costos de ejecución de la obra— como contraprestación del proyecto ejecutado. Empresas Públicas de Medellín realizó retenciones por el valor del impuesto de previsión que había sido derogado, porque consideró que como los contratistas habían incluido su valor al elaborar las cotizaciones o propuestas, no podían alegar que ese valor les pertenecía. Sin embargo, como el impuesto fue derogado, y las partes no pactaron la posibilidad de deducir ese valor del precio del contrato, no existía un fundamento legal para que la entidad no realizara el pago efectivo en conformidad con el tenor de la obligación (art. 1627 CC), esto es, pagar el precio sin descontar el valor del impuesto derogado. La Sala, pues, anulará las resoluciones (…) en los apartes relacionados con el impuesto de previsión social. La Sala, a su vez, condenará a Empresa Públicas de Medellín a pagar el valor de las retenciones a partir del 10 de marzo de 1995, dado que frente a ellas no operó la caducidad. Como se realizaron retenciones en fechas diferentes, se actualizará su valor conforme al momento en que se hizo cada retención. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la intención de las partes del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2012, rad. 23191, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 289, LEY 33 DE 1985 - ARTÍCULO 5, LEY 4 DE 1966 - ARTÍCULO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199700643011100103