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¿Pueden dos sociedades por acciones simplificadas presentar ofertas dentro de una misma licitación pública cuando una misma persona natural ostenta en ambas la representación legal y la participación accionaria mayoritaria?
El contratista puede presentar ofertas en una misma licitación pública junto con otra sociedad cuando una misma persona natural ostente en ambas la representación legal y la participación accionaria mayoritaria, siempre que no se configuren las inhabilidades específicas previstas en la Ley 80 de 1993, ya que estas son de creación exclusivamente constitucional o legal y de interpretación restrictiva. Las situaciones de control deben ser reveladas por los proponentes y verificadas por la entidad, y si se advierten circunstancias que afecten la libertad de concurrencia o la competencia, la entidad debe evaluar la necesidad de poner tales hechos en conocimiento de los organismos competentes. Este concepto reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros a la potestad de las entidades para configurar causales de rechazo en los pliegos de condiciones basadas en la sola circunstancia de compartir representante legal o accionista mayoritario.síntesis automática
También resuelve:Régimen de contratación estatal: principios, inhabilidades, carácter taxativoInhabilidades: literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, concurrencia de sociedades vinculadas, no configuraciónSituaciones de control: deber de revelación de los proponentes, deber de verificación de la entidad, Decreto 1600 de 2024
¿Existe caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en los cuales la solicitud de conciliación prejudicial se presenta por fuera del término establecido en la ley? Sí
El contratista no puede promover la acción de controversias contractuales si presenta la solicitud de conciliación prejudicial fuera del término legal establecido, lo que conduce a la caducidad de la acción. La entidad estatal cuenta con plazos específicos para liquidar el contrato y el contratista debe solicitar la conciliación dentro del término de caducidad que se calcula desde la fecha límite para la liquidación unilateral del contrato. Si la solicitud de conciliación se presenta después de que vence este plazo, la acción de controversias contractuales caduca. La Sala reitera que la presentación extemporánea de la solicitud de conciliación prejudicial implica la configuración de la caducidad de la acción, lo que impide su ejercicio ante la administración o en sede judicial.síntesis automática
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en consecuencia, para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca en su clausulado? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo basándose en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que la posibilidad de una liquidación unilateral debe estar expresamente pactada en el convenio. Además, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales para convenios interadministrativos se computa a partir del vencimiento del plazo para liquidar el convenio, lo que implica que la presentación de la demanda debe realizarse dentro de este plazo para evitar la caducidad. La Sala confirma que la liquidación unilateral y la caducidad del medio de control deben ajustarse estrictamente a lo pactado en el convenio y a los plazos establecidos, lo que reitera la importancia de la autonomía negocial en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales tiene un término de caducidad de dos años, el cual, en este caso, se contaba a partir del vencimiento del plazo definido para liquidar…¿Resulta procedente la condena en costas cuando se resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación, considerando que en este caso no se pretendía recuperar unos recursos no ejecutados que…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006? No
La cesión de la posición contractual de un departamento en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no altera el régimen jurídico sustancial del contrato estatal celebrado antes de la cesión. La regla se apoya en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, y en que el departamento, como entidad enlistada en la Ley 80 de 1993, somete el contrato al estatuto general de contratación pública. Ese régimen no muta por el solo hecho de la cesión, pues las prerrogativas del contrato se transfieren al cesionario. En el caso, el contrato fue suscrito inicialmente por el departamento y el consorcio contratista, y su régimen estatal se mantuvo tras la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido continúa rigiéndose por las normas vigentes al celebrarse, y el cambio de titular no modifica la naturaleza estatal de la relación.síntesis automática
También resuelve:¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal…¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra…¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-04Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220037101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Bajo cualquier escenario es evidente que el actor ejerció el derecho de acción cuando había operado el fenómeno de la caducidad? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la suspensión de términos judiciales decretada por el Gobierno Nacional no aumenta el término de caducidad, que sigue siendo de dos años. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la suspensión solo paraliza el cómputo de los términos durante el periodo que la norma determina, y no modifica la duración del plazo previsto en la ley. Segunda, la solicitud de conciliación extrajudicial no revive un término que ya había vencido. En el caso, el término de caducidad culminó el 12 de enero de 2022, antes de la presentación de la demanda y antes de la solicitud de conciliación, por lo que la providencia confirma la caducidad declarada. Así, la suspensión no altera la duración del término, que sigue siendo de dos años. En la práctica, la parte que considere que la suspensión de términos extendió su plazo debe contar los días transcurridos antes de la suspensión, porque la suspensión no reinicia el plazo.síntesis automática
También resuelve:¿Hay que valorar las disposiciones del decreto que suspendió los términos de caducidad en consideración a la pandemia del COVID-19?¿Cómo el manual de contratación de la ESE estipulaba que los contratos de tracto sucesivo debían liquidarse, el contrato sí requería del trámite de la liquidación…¿El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240160601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra autos proferidos por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra autos dictados por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el numeral 1 del artículo 243 del mismo código, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso debe interponerse y sustentarse oportunamente dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado, tal como establece el numeral 3 del artículo 244 del CPACA. Respecto a la vigencia del contrato estatal de tracto sucesivo, este permanece vigente una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado la liquidación, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, lo que implica que el vínculo contractual se mantiene vigente para efectuar el corte de cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿El régimen jurídico aplicable a la presentación oportuna del medio de control de controversias contractuales es el vigente al momento de la interposición de la demanda?¿Permanece vigente un contrato estatal de tracto sucesivo una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado su liquidación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020230028101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto del convenio especial de cooperación No. 768 de 2013 le era aplicable el término de 2 meses para la liquidación unilateral previsto en el ordinal v), numeral 2° del literal j) del artículo 164 del CPACA, considerando que las partes no pactaron dicha facultad y la naturaleza asociativa de este tipo de convenios impedía la aplicación automática del régimen de contratación de la Ley 80 de 1993? No
Lla regla general establecida en el literal J), numeral 2° del artículo 164 del CPACA, señala que el término de caducidad de las controversias relativas a contratos es de 2 años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. A su vez, los ordinales iii), iv) y v) de este literal disponen unas reglas especiales para el cómputo de la caducidad en aquellos contratos que requieren de liquidación… . El actor manifestó que los dos meses a los que hace referencia el ordinal v) precitado no se encuentran supeditados normativamente a la existencia de una facultad unilateral de liquidación del convenio, motivo por el cual el intérprete no puede concluir que el aludido plazo es para dicho fin.
También resuelve:¿Debe rechazarse el medio de control de controversias contractuales interpuesto para liquidar el convenio interadministrativo No. 768 de 2013, por presentarse de forma extemporánea la demanda…¿Resulta procedente la condena en costas procesales teniendo en cuenta que la demanda no ha sido admitida, motivo por el cual no se ha trabado la litis y no se han causado?
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado?¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo…¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos, ya que este organismo es competente para conocer los recursos de apelación en virtud del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y por superar la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento contractual, según los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, las controversias derivadas del incumplimiento del contrato se rigen por la prescripción de 20 años, conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, el mérito probatorio de los documentos públicos o privados lo determina el juez en función de la apreciación global de las pruebas y las reglas de la sana crítica, según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un…¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años?¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez?
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
¿Los contratos de estabilidad tributaria se perfeccionaron por no haberlos celebrado dentro de los dos meses siguientes a la solicitud? No
El contratista no puede perfeccionar un contrato de estabilidad tributaria por el silencio administrativo de la DIAN, ya que este no implica un acuerdo tácito entre las partes, y la entidad no aceptó la propuesta inicial del contratista, por lo que no se configuró un contrato válido. Además, la DIAN presentó un proyecto de contrato que no fue aceptado por el contratista, por lo que no se estableció una obligación contractual. La Sala reitera que, en ausencia de un contrato, no procede la nulidad de actos administrativos relacionados con la publicación del contrato y la devolución de tributos pagados, y que el contratista debe demandar la indemnización de perjuicios por la configuración de responsabilidad precontractual, si es que existen. Este precedente reitera la importancia de la voluntad expresa de las partes para la perfección del contrato y la necesidad de reclamar indemnización por perjuicios en caso de configurarse la responsabilidad precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante?¿La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos?
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada…¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración?¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-03-15Sala Consulta y Servicio CivilÁLVARO NAMÉN VARGASRad. 11001030600020200021200CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación de bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual de los cuales sean titulares, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Ley 1955 de 2019? Sí
Ni la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones, ni la Ley 1955 de 2019 establecen una tipología contractual especial o distinta a la regulada en el derecho privado, para que los titulares negocien la explotación comercial de sus derechos de propiedad intelectual y demás intangibles.
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?