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Consejo de Estado Providencia

Instituto de desarrollo urbano: Sentencia

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Fecha
2026-10-05
Radicado
25000233600020190091301
Número interno
74764
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
Controversias contractuales
Actor
UNIÓN TEMPORAL RAPS DE SUBA, CONSTRUCCIONES LUJAN SA SUCURSAL COLOMBIA, C&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, PROYECTOS DE INGENIERIA SA, PROING SA, ESTUDIOS TECNIDOS SAS
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Síntesis de la providencia

Instituto de desarrollo urbano: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Régimen jurídico aplicable a la controversia… El Instituto de Desarrollo Urbano es un establecimiento público del orden distrital, creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá, esto es, una entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, cuya actividad contractual no está cobijada por algún régimen exceptuado de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; así las cosas, el negocio jurídico objeto del litigio se rige por lo dispuesto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y por los documentos que integran el referido negocio jurídico.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contrato celebrado por un establecimiento público del orden distrital, que es entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y cuya actividad contractual no está cobijada por un régimen exceptuado, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas y por los documentos que integran el negocio jurídico. La regla se sostiene en tres razones: el ente fue creado por acuerdo distrital y no está exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 remite a las normas civiles y comerciales en los aspectos no regulados por aquella ley; y los documentos del negocio jurídico integran el régimen aplicable al litigio. Así, la controversia sobre la ejecución del contrato se resuelve con el Estatuto General de Contratación y con el clausulado que las partes incorporaron al negocio, sin que la naturaleza del ente altere ese régimen.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El contrato celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como establecimiento público del orden distrital sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y los documentos integrantes del negocio jurídico?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Acuerdo 19 de 1972
  • Ley 1150 de 2007
  • Ley 1564 de 2012, art. 226

También resuelve

  • ¿El dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el…
  • ¿La fijación del precio de los ítems no previstos de adoquín de concreto con color y pictograma muisca, mediante la homologación con precios de otro contrato y al margen del procedimiento previsto en…
  • ¿El IDU debe asumir los mayores costes de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga n.º 1…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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No hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra
Titulación de la relatoría 22.050 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DISTRITAL Problema jurídico: ¿El contrato celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como establecimiento público del orden distrital sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y los documentos integrantes del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si Régimen jurídico aplicable a la controversia (...) El Instituto de Desarrollo Urbano es un establecimiento público del orden distrital, creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá, esto es, una entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, cuya actividad contractual no está cobijada por algún régimen exceptuado de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; así las cosas, el negocio jurídico objeto del litigio se rige por lo dispuesto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y por los documentos que integran el referido negocio jurídico. FUENTE FORMAL: CONCEJO DE BOGOTÁ, ACUERDO 19 DE 1972, LEY 1150 DE 2007, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A DICTAMEN PERICIAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / PERITO / IDONEIDAD DEL PERITO Problema jurídico: ¿El dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el apoderado de la parte actora? Respuesta al problema jurídico: Si [C]orresponde a la Sala determinar: (i) si el dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el apoderado de la parte actora (...) La Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que, (i) el dictamen pericial de parte satisface los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso, fue sometido a contradicción sin que la entidad demandada aportara experticia contraria y su objeto no corresponde a la actividad valuatoria reservada a los avaluadores inscritos (...) De conformidad con la impugnación elevada, la Sala estudiará los siguientes aspectos: (i) el motivo de inconformidad relativo al mérito probatorio del dictamen pericial de parte, en atención a que de su suerte pende, en parte, el soporte de las dos condenas impuestas; (...) la Sala advierte que los extremos de censura tendientes a cuestionar el mérito probatorio del dictamen pericial de parte allegado por la parte actora no tienen vocación de prosperidad por las siguientes razones: a) El artículo 22 de la Ley 1673 de 2013 dispone que la función de perito, «cuando el dictamen comprenda cuestiones técnicas de valuación», se encomendará al avaluador inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores cuya especialidad corresponda a la materia objeto del dictamen; esta misma ley define la valuación como la actividad por medio de la cual «se determina el valor de un bien», cuyo dictamen «se denomina avalúo» (artículo 3, literales a y c); en consonancia con lo anterior, el artículo 5 del Decreto 556 de 2014 organiza el registro en categorías definidas según «los alcances establecidos para cada categoría de bienes a avaluar». La experticia allegada no comprendió cuestiones técnicas de valuación, pues, no estimó el valor de mercado de bien o derecho alguno, sino que, verificó, sobre los documentos del contrato, los presupuestos oficiales, las actas de recibo y los soportes contables del contratista, la causación y la cuantía de los sobrecostos que se demandan en este proceso judicial, labor que corresponde a la prueba pericial regulada en el Código General del Proceso, sin que la falta de inscripción en la categoría de «intangibles especiales» prive de valor probatorio el dictamen. b) De otra parte, la materia sobre la cual versa la experticia (precios unitarios, rendimientos, componentes de obra, personal y administración de un contrato de infraestructura vial) corresponde precisamente al campo profesional del perito, esto es, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores en la categoría de obras de infraestructura e integrante de la lista de peritos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con trayectoria acreditada en experticias sobre contratos de obra pública (...); por manera que, su idoneidad, en los términos del artículo 226 del CGP, quedó demostrada con los documentos que acompañaron el dictamen, sin que la entidad hubiese desvirtuado ese respaldo en la contradicción del dictamen ni acreditado que la ausencia de inscripción en la categoría que echa de menos incidiera en la solidez de sus conclusiones. c) Tampoco compromete la eficacia de la prueba la alegada falta de imparcialidad del perito por razón de que (i) el dictamen de parte es, por definición legal, elaborado por encargo y con retribución de quien lo aporta, sin que esa sola circunstancia lo invalide ya que, el Código General del Proceso garantiza el contraste mediante las declaraciones a las que refiere el artículo 226 y la contradicción del artículo 228; (ii) el perito reveló en el propio dictamen su otrora relación profesional con el apoderado de la parte actora, así como también el hecho de haber rendido experticias por solicitud de diversas entidades públicas (entre ellas el INVÍAS, Cormagdalena y la UAESP) y de haber actuado como perito dentro de un trámite administrativo sancionatorio adelantado por el propio IDU (...) y, (iii) no se advierte que el perito esté inmerso en alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces en los artículos 130 del CPACA y 141 del CGP, así como tampoco la configuración de alguna circunstancia que afecte gravemente su credibilidad, con lo cual se satisface lo dispuesto en el artículo 235 del CGP. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio del dictamen pericial, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 24 de junio de 2021, exp. 11001-02-03-000-2021-01718-00, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque, STC7722-2021. FUENTE FORMAL: DECRETO 556 DE 2014 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 130, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 218, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 228, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 235, LEY 1673 DE 2013 - ARTÍCULO 22, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 54 MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / PRECIO / FIJACIÓN DEL PRECIO / OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿La fijación del precio de los ítems no previstos de adoquín de concreto con color y pictograma muisca, mediante la homologación con precios de otro contrato y al margen del procedimiento previsto en el Manual de Interventoría vigente, da lugar al reconocimiento de las diferencias económicas reclamadas por el contratista? Respuesta al problema jurídico: Si La condena por los ítems no previstos de adoquín con color y pictograma (...) La Sala advierte que los reparos del recurso de alzada encaminados a cuestionar este específico aspecto de la controversia no pueden ser atendidos favorablemente por las siguientes razones: a) La censura sobre la vigencia del manual carece de fundamento, toda vez que: (i) la cláusula décima cuarta del contrato sujeta al contratista a las obligaciones «establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente para la fecha en que se hagan exigibles» (...) y la cláusula sexta somete la aprobación de los ítems no previstos a los manuales de gestión contractual y de interventoría «vigentes» (...), reglas especiales que prevalecen, para este trámite, sobre la mención genérica de la cláusula trigésima quinta según la cual «[h]acen parte integral del Contrato (…) el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, vigente a la fecha de suscripción del contrato»; por manera que, la versión aplicable a la fijación de estos precios es la que se encontraba vigente al momento de tramitar los ítems no previstos, esto es, la versión 3.0 adoptada por la Resolución no. 66321 de 2015 y no la existente al suscribirse el contrato y, (ii) en todo caso, la propia entidad reconoció en el recurso que «con respecto al trámite de ítems no previstos la versión no cambió» (...), razón por la cual, aun en la tesis del apelante, el resultado del análisis sería idéntico. b) El trámite aplicable a esa fijación es el previsto en el numeral 5.2.5 del referido documento (...) En este contexto, el método con el cual la entidad fijó el precio desconoció el trámite reglado del numeral 5.2.5 en mención, por lo siguiente: (i) el contratista satisfizo la carga que le incumbía, esto es, presentó los análisis de precios unitarios soportados en cotizaciones vigentes al momento de su presentación, como lo exige el requisito 4 (...) y, (ii) la entidad no los objetó mediante validaciones técnicas del mercado, cotizaciones alternativas o cálculo de rendimientos del nuevo ítem, sino que, por la vía de memorandos internos fijó como «ítem de pago» de los NP-47 y NP-49 el precio unitario 4.2.2 del proyecto RAPS Teusaquillo «a 2.015»; es decir, un método de homologación con otro contrato ajeno al manual en mención (índices 3027 y 6128 SAMAI de la primera instancia), como lo concluyó el a quo al señalar que el precio se estableció sin validaciones de mercado, sin rendimientos ni cotizaciones actualizadas para el momento del cambio. Asimismo, se tiene que las pruebas cuya falta de valoración se acusa no desvirtúan esa conclusión sino que la corroboran, (...) c) Tampoco es de recibo el punto de apelación fundado en la supuesta equivalencia técnica del ítem, toda vez que (i) el adoquín contractual era de arcilla y el instalado es de concreto con color y pictograma muisca, esto es, difieren el material, los insumos y el proceso constructivo, tal como lo acreditan el catálogo de precios del contrato (...), el anexo de especificaciones técnicas para los ítems no previstos de la obra RAPS Suba – Adoquines de concreto color invocado por el propio apelante (...) y el dictamen pericial (...) y, (ii) de existir la equivalencia que ahora se alega, la consecuencia hubiese sido remunerar la actividad al precio del ítem contractual de arcilla y no al de un análisis de precios de otro proyecto, lo cual desvirtúa el propio argumento del apelante. d) De otra parte, el argumento del acto propio edificado sobre el acta no. 3A y la facturación tampoco está llamado a prosperar dado que (i) de conformidad con el artículo 167 del CGP «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», empero, para este caso concreto el acta no. 3A no obra en el expediente; (ii) aun en la hipótesis de la entidad, la fijación y la facturación de estos ítems tuvieron carácter provisional porque el requisito 6 del numeral 5.2.5 ordena cancelarlos al «precio provisional» y efectuar «los correspondientes ajustes» una vez fijados los definitivos (...); en ese mismo sentido, esta Subsección ha precisado que las actas parciales de obra son cortes provisionales que no constituyen un cruce de cuentas definitivo entre las partes; (iii) la doctrina de los actos propios exige una conducta inequívoca de la cual se desprenda la disposición del derecho; no obstante, aquí la conducta acreditada del contratista fue la contraria, esto es, la inconformidad reiterada (la oposición del 12 de septiembre de 2016, suscrita por el representante legal, en la que ratificó sus análisis y advirtió los problemas de flujo de caja que generaba el precio provisional, y la reclamación económica del 24 de noviembre de 2016) (...) y, (iv) a lo anterior se suma el hecho de que el contratista consignó la salvedad correspondiente en el acta de liquidación bilateral del contrato (...) FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / RIESGO / RIESGO PREVISIBLE / CONTRATISTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El IDU debe asumir los mayores costes de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga n.º 1, ante la asignación contractual de los riesgos que originaron la ampliación y la reserva expresa del contratista sobre su reclamación? Respuesta al problema jurídico: Si [C]orresponde a la Sala determinar: (...) (iii) si los mayores costos de administración y de los componentes causados durante la prórroga no. 1 debían ser asumidos por el IDU, no obstante que el precio global inicialmente pactado y la manifestación de la entidad demandada en el recurso de alzada según la cual la prórroga «no genera ningún costo». (...) la prórroga número 1 obedeció a hechos no imputables al contratista, quien se reservó en forma expresa el derecho a reclamar los mayores costos. (...) La condena por los mayores costos derivados de la prórroga no. 1 (...) la Sala advierte que los argumentos de censura invocados en contra de la condena por los mayores costos derivados de la prórroga no. 1 no están llamados a prosperar, por las siguientes razones: a) El pacto de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito a precio global no conduce por sí solo a la revocatoria de la condena, por las siguientes razones: (i) el precio global remunera el alcance convenido dentro del plazo inicialmente convenido, empero, no comporta la gratuidad del tiempo adicional contemplado en la prórroga, toda vez que, los costos de esos componentes (personal, señalización, punto de atención a la comunidad, dotación) están previstos en función del tiempo de ejecución, de modo que la ampliación de la etapa de obra en seis (6) meses, esto es, en la mitad del término inicialmente previsto para su ejecución, excede la cobertura del valor global pactado; (ii) la propia interventoría del contrato, cuatro (4) meses después de suscrita la ampliación, conceptuó que «teniendo en cuenta la CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. PRORROGA», que «es viable el pago de un valor adicional por los costos netamente administrativos, generados por la suscripción de la prórroga», previa presentación detallada de ellos (...) y, (iii) a diferencia de lo ocurrido con los componentes del plazo inicial, en este acápite de la controversia no se discute la insuficiencia del precio dentro del plazo pactado, sino el pago de un periodo adicional que ese precio no cubría. b) El argumento de conformidad con el cual las causas de la ampliación corresponden a hechos de terceros que no comprometen a la entidad no distingue entre quién causó la contingencia y a quién se le asignó el riesgo en la matriz, toda vez que: (i) en el régimen del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 los efectos económicos del riesgo previsible los soporta la parte que lo asumió en la matriz y, (ii) las contingencias que motivaron la prórroga no. 1 fueron encuadradas en el propio documento de la prórroga en riesgos que la matriz asignó al IDU, a saber: (a) la falta de aprobación del estudio de tránsito y de los planes de manejo de tráfico por la Secretaría Distrital de Movilidad, derivada de la falta de entrega del diseño del bicicarril de la calle 139 por parte del IDU, según allí se consignó, en el riesgo diez (10), «diseños deficientes y/o incompletos entregados por el IDU al constructor»; (b) la invasión del espacio público por vendedores informales, en el riesgo dieciocho (18), «suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares» y, (c) el desabastecimiento de materiales por el paro nacional de transportadores, en el riesgo trece (13), «escasez o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material»; mientras que la indefinición de la EAAB sobre la renovación de las redes, que la interventoría no encuadró en numeral alguno, corresponde, en criterio de la Sala, a la demora de las empresas de servicios públicos que la matriz contempla en el riesgo cuatro (4) como riesgo compartido entre las partes y, en todo caso, a una contingencia que la referida prórroga calificó como no imputable al contratista (...), sin que en ningún caso se trate de una contingencia imputable al contratista. Además, (i) el propio documento de la prórroga dejó constancia, con el concepto de la interventoría acogido por la Subdirección General de Infraestructura de la entidad, que las actividades no pudieron ejecutarse «por razones no imputables al Contratista» (...), calificación que el recurso de alzada no controvierte en forma alguna y, (ii) el contrato mismo distribuyó los costos de las prórrogas según su imputabilidad, pues, el parágrafo primero de la cláusula décima segunda pone a cargo del contratista «todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo» únicamente «cuando por causas imputables al CONTRATISTA se requiera prorrogar el plazo» (...), regla que excluye que los costos de una ampliación por causas no imputables a aquel tengan incidencia sobre su patrimonio. c) Debe igualmente tenerse en cuenta que la manifestación según la cual la ampliación «no genera ningún costo», que la recurrente invoca en el recurso de alzada como si fuese una estipulación pactada en la prórroga no. 1, tampoco enerva la reclamación por el hecho de que (i) esa declaración no fue objeto de acuerdo entre las partes, sino que, figura en la parte considerativa de la prórroga no. 1, donde el documento reprodujo, de un lado, las aclaraciones que el contratista consignó en el acta de solicitud del 13 de octubre de 2016 (entre ellas la reserva expresa de que la solicitud «no implica una renuncia a solicitar al IDU directamente, o reclamar judicialmente» los mayores costos por mayor permanencia y por los componentes durante la extensión del plazo) y, de otro, a renglón seguido y con el encabezado «el IDU manifestó las siguientes consideraciones», la respuesta unilateral de la entidad, según la cual los costos previstos eran «más que suficientes» y «por lo anterior la presente prórroga no genera ningún costo para el IDU por concepto alguno» y, (ii) ninguna de las cinco cláusulas del otrosí, que son las que contienen lo convenido, consagra la gratuidad de la ampliación ni renuncia alguna del contratista (...). En todo caso, es pertinente anotar que (i) el director de obra del contratista, quien participó en la elaboración de la solicitud, declaró que la posición de la entidad demandada en las mesas de trabajo previas fue que en el documento no se dejaban salvedades, por cuanto el IDU aceptaba que las causas no le eran imputables al contratista y este podría reclamar después los mayores costos (...) se tiene que la intención común de las partes no fue la de zanjar la cuestión de los mayores costos, pues, (a) la solicitud que dio origen a la prórroga contenía la reserva, (b) la manifestación de gratuidad fue una consideración unilateral de la entidad que el documento contrapuso a esa reserva sin elevarla a cláusula y, (c) la propia interventoría conceptuó luego viable el reconocimiento de los costos administrativos de la mayor permanencia, según se anotó, a diferencia del asunto resuelto en la unificación, en el cual fue el propio contratista quien propuso, de manera disyuntiva, la ampliación del plazo o el reconocimiento económico y, (iv) sin perjuicio de lo expuesto, la reserva se reiteró en la salvedad primera del acta de liquidación bilateral del contrato en forma concreta y específica, pues sus dos primeros conceptos son, precisamente, la «mayor permanencia en obra que resulte de la extensión del plazo contractual» y «los costos adicionales que se causen durante la extensión del plazo contractual por la implementación de los componentes» (...) circunstancia que habilita a la Sala para pronunciarse de fondo sobre este específico aspecto de la controversia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los deberes del juez cuando se celebran acuerdos durante la ejecución del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, exp. 1999-02151-01 (39121), C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 4 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas de segunda instancia, con inclusión de agencias en derecho, a la parte demandada cuyo recurso de apelación se desestimó? Respuesta al problema jurídico: Si Condena en costas En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como se desestimó el recurso de apelación de la parte demandada, esta asumirá las costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, con inclusión de las agencias en derecho. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 89.064 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026). Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-36-000-2019-00913-01 (74.764) Actor: UNIÓN TEMPORAL RAPS DE SUBA Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – CPACA Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – PRECIO DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y MAYORES COSTOS DE UNA PRÓRROGA Síntesis del caso: la Unión Temporal RAPS de Suba solicitó que se declare el desequilibrio económico del contrato de obra número 1783 de 2014, celebrado con el IDU para los estudios, diseños y construcción de las redes ambientales peatonales seguras RAPS Suba – Rincón, entre otros aspectos, como consecuencia de (i) la instalación de adoquines con color y pictograma, ítem cuyo precio, refiere la parte actora, no estaba previsto y fue impuesto por la entidad demandada y, (ii) los mayores costos de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga no. 1. El a quo (i) declaró el desequilibrio económico del contrato; (ii) condenó a la entidad a pagar los ítems no previstos de adoquín ($844.686.176,94) y los mayores costos derivados de la prórroga ($1.699.847.354); (iii) negó las demás pretensiones y, (iv) se abstuvo de condenar en costas. Únicamente apeló la entidad demandada. La Sala confirma la sentencia apelada toda vez que (i) el dictamen pericial de parte es válido y tiene mérito probatorio; (ii) el precio del ítem no previsto de adoquín se fijó con desconocimiento del trámite contractual y, (iii) la prórroga no. 1 obedeció a hechos no imputables al contratista cuyos mayores costos quedaron acreditados. Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 10 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C mediante la cual se decidió lo siguiente: «PRIMERO: Declarar el desequilibrio económico del contrato de obra No 1783 de 2014, por concepto de ítems no previstos – adoquín, y mayor permanencia en obra por prorroga (sic) 1 del contrato, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar al Instituto de Desarrollo Urbano por concepto de desequilibrio económico del contrato de obra No 1783 de 2014 al pago a favor de la Unión Temporal Raps de Suba al pago (sic) de las siguientes sumas: 2 Expediente: 25000-23-36-000-2019-00913-01 (74.764) Actor: Unión Temporal RAPS de Suba Controversias contractuales – CPACA Sentencia de segunda instancia 2.1. Por concepto de ítems no previstos – adoquín, la suma de ochocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil ciento setenta y seis pesos con noventa y cuatro centavos ($844.686.176.94). 2.2. Por concepto de mayores costos por prorroga (sic) 1 del contrato de obra 1783 de 2014, la suma de mil doscientos veinticinco millones setecientos diecisiete mil seiscientos noventa y nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos (sic) ($1.699.847.354). TERCERO: Niéguense (sic) las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Sin condena en costas conforme decantó en el anterior considerando. QUINTO: Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos de proceso, y devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados dichos remanentes, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial. SEXTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección, archívese el expediente dejando las constancias del caso » (índices 40 y 50 SAMAI de la primera instancia – mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original)1. I. ANTECEDENTES 1. La demanda 1) La Unión Temporal RAPS de Suba2 presentó demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales, reformado luego integralmente el líbelo introductorio mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2021, que sustituyó las pretensiones, los hechos, las pruebas y la estimación razonada de la cuantía, a partir del cual las súplicas son las siguientes: «A. Pretensiones declarativas 1. Relativas al Contrato y los documentos que hacen parte del mismo 1.1. Que se declare que entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Unión Temporal RAPS de Suba se suscribió el Contrato IDU 1783 de 2014. 1 Con inclusión de lo dispuesto por el a quo en auto de 8 de octubre de 2025 (índice 50 SAMAI de la primera instancia) por medio del cual se corrigió el ordinal segundo de la sentencia de primer grado para precisar que la condena comprende tanto los mayores costos administrativos como los componentes ambiental, social y de tránsito causados con ocasión de la prórroga no. 1. 2 Integrada por las sociedades Construcciones Lujan SA Sucursal Colombia (40%), C&G Ingeniería y Construcciones SAS (40%), Proyectos de Ingeniería SA (Proing SA) (10%) y Estudios Técnicos SAS (10%). 3 Expediente: 25000-23-36-000-2019-00913-01 (74.764) Actor: Unión Temporal RAPS de Suba Controversias contractuales – CPACA Sentencia de segunda instancia 1.2. Que se declare que, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda del Contrato IDU 1783 de 2014, el desarrollo del objeto contractual se realizaría de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, en especial lo dispuesto en el Anexo Técnico Separable, Adendas y demás documentos que hacen parte integral de este Contrato, incluyendo la propuesta presentada por el Contratista. 2. Pretensiones relativas a los mayores costos incurridos por el Contratista en la actividad de trasiego de materiales y escombros 2.1. Que se declare que en ningún documento contractual ni de la etapa de estudios y diseños se previó o se indicó por parte del IDU que el Plan de Manejo de Tráfico («PMT») que debía presentar e implementar el Contratista tenía que restringirse para que l as zonas de cargue y descargue de materiales estuvieran ubicadas exclusivamente en las bocacalles, así como tampoco existía indicación alguna para que se entendiera que el cargue de volquetas se tuviera que realizar en horario exclusivamente nocturno. 2.2. Que, sumado a lo anterior, se declare que el presupuesto del Contrato definido por el IDU desde los estudios previos no incluía un ítem para remunerar el trasiego o transporte de materiales o escombros, entre otras razones, porque el IDU no consideró en su planificación del proyecto que dicha actividad fuera a ser necesaria, pues estimó que el PMT del proyecto podría ser aprobado sin restricciones y en las condiciones que plasmó en el Apéndice F. 2.3. Que, en consonancia con lo anterior, se declare que el PMT presentado por el Contratista ante la SDM, aprobado a través del comunicado No. SDM -DSVCT-161109-15 de 7 de diciembre de 2015, cumplía a cabalidad con lo ordenado por el IDU en el Contrato y e n específico el Apéndice F. 2.4. Que se declare que la instrucción contenida en el numeral 17 de la comunicación No. SDM -DSVCT-161109-15 de 7 de diciembre de 2015, en el sentido de que los PMT´s específicos y adicionales para cada tramo de intervención debían ubicar obligatoriamente las zonas de cargue y descargue de materiales en las bocacalles y que el cargue de las volquetas se tenía que realizar en horario exclusivamente nocturno, resultó ser una instrucción sobreviniente para la Unión Temporal RAPS de Suba en tanto que ésta no er a una de las condiciones técnicas dispuestas en el Apéndice F del Contrato, con fundamento en las cuales se estructuró el presupuesto del Contrato y la oferta del Contratista. 2.5. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que el IDU debe reconocer y pagar al Contratista los mayores costos en los que el Contratista tuvo que incurrir por tener que implementar los PMT´s específicos y adicionales con las restricciones y lim itaciones que no estaban previstas contractualmente, específicamente, por los costos que se generaron para el trasiego de materiales y escombros hasta las bocacalles y por tener que trabajar en horarios exclusivamente nocturnos. 2.6. Subsidiarias a la pretensión 2.5: 2.6.1. Que se declare que el Contratista informó oportunamente a la Interventoría y al IDU que la implementación de la instrucción contenida en el numeral 17 de la comunicación No. SDM -DSVCT-161109-15 de 7 de diciembre de 2015 le representaría al Contratista mayores costos en la 4 Expediente: 25000-23-36-000-2019-00913-01 (74.764) Actor: Unión Temporal RAPS de Suba Controversias contractuales – CPACA Sentencia de segunda instancia ejecución de la obra por el trasiego no previsto de materiales y escombros en la obra durante jornada diurna y nocturna. 2.6.2. Que se declare que, durante la ejecución del Contrato IDU No. 1783 de 2014 el Contratista solicitó a la Interventoría y al IDU incluir un ítem de «Trasiego de materiales en metros cúbicos (m3) y uno en kilogramos (kg)», para evitar que se generara u na afectación económica en contra del Contratista por la ejecución de dicha actividad. 2.6.3. Que se declare que la decisión del IDU de no aprobar el ítem de «Trasiego de materiales en metros cúbicos (m3) y uno en kilogramos (kg)» no estaba justificada legal ni técnicamente. 2.6.4. Que se declare el IDU (sic) es responsable civil y contractualmente ante el Contratista por la decisión injustificada de no aprobar un ítem de «Trasiego de materiales en metros cúbicos (m3) y uno en kilogramos (kg)» que hubiera permitido oportunamen te remunerar al Contratista por aquellos costos en que incurrió en el trasiego de

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900913011100103