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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2022-12-16
Radicado
05001232600019950118501
Número interno
37724
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
JESUS MARIA TOBON GUTIERREZ Y CIA. LTDA.
Demandado
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.8 CCA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 8 y 82
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…
  • ¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
  • ¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRETENSIONES DE LA DEMANDA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL PRUEBA SUMARIA RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL NORMATIVA DEL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA FALTA GRAVÍSIMA DEL CONTRATISTA CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INHABILIDADES DEL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CASO FORTUITO FUERZA MAYOR HECHO DEL TERCERO CAUSA EXTRAÑA IMPREVISIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA EXTERIORIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA IRRESISTIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR IMPREVISIBILIDAD DEL CASO FORTUITO IRRESISTIBILIDAD DEL CASO FORTUITO RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR AUSENCIA DE FUERZA MAYOR TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUSTICIA ROGADA PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO VIOLACIÓN DE LA NORMA CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTENTACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA PRINCIPIO DISPOSITIVO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PAGO TARDÍO EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACTIO IN REM VERSO REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIO IN REM VERSO IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Inhabilidades e incompatibilidades para contratar Adición y prórroga del contrato Garantía única y efectividad de la póliza Prestaciones ejecutadas sin contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 29.170 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.8 CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 8, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los actos de caducidad y liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los actos de caducidad y liquidación (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si Frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato, como el 11 de mayo de 1995 se expidió la Resolución n.° 218, acto jurídico que confirmó la decisión de declarar la caducidad del contrato n.° 176 [hecho probado 11.26], esto es, en vigencia del artículo 136 CCA, antes de la citada reforma, esta es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. Aunque no obra constancia de notificación del acto administrativo, como la demanda rad. 1995-1185, en la que se alegó la nulidad de la decisión, se interpuso el 14 de agosto de 1995, se presentó dentro del término de dos años establecidos en la citada disposición. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si Respecto a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato, como el 6 de septiembre de 1995 se expidió la Resolución n.° 499, que modificó el acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato [hecho probado 11.28], esto es, en vigencia del artículo 136 CCA, esta también es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. Aunque tampoco obra constancia de notificación del acto administrativo, como la demanda rad. 1997-2248, en la que se alegó la nulidad de la decisión, se interpuso el 5 de septiembre de 1997, se presentó en tiempo. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Referente al valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 98 DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRUEBA SUMARIA / RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL Problema jurídico: ¿Resulta improcedente la valoración de declaraciones extrajuicio que no fueron valoradas? Respuesta al problema jurídico: Si La demandante aportó unas declaraciones extrajuicio. Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial, de conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fueron ratificadas, no serán valoradas. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229 NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿El contrato de obra se rige por la Ley 80 de 1993 porque fue celebrado por un establecimiento público? Respuesta al problema jurídico: Si El 20 de septiembre de 1994, Corvide suscribió con J. M. T. G. y Cía. Ltda. el contrato n.° 176 para la pavimentación y demás obras complementarias de las carreras 85, 85 A y 86, entre calles 98 y 101, en el Barrio Picachito de la Zona Noroccidental de la ciudad de Medellín [hecho probado 11.4]. Como Corvide fue un establecimiento público (artículo 1 del Acuerdo 44 de 1987 proferido por el Concejo de Medellín, artículo 1 del Decreto 0153 de 2002), a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial prevista contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. FUENTE FORMAL: CONCEJO DE MEDELLÍN, ACUERDO 44 DE 1987 - ARTÍCULO 1, DECRETO 0153 DE 2002 - ARTÍCULO 1 CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / FALTA GRAVÍSIMA DEL CONTRATISTA / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿La declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento y cuando se declare no habrá lugar a indemnización para el contratista, quién se hará acreedor de las sanciones e inhabilidades previstas en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece que la caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentra. Según ese artículo, la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento y cuando se declare no habrá lugar a indemnización para el contratista, quién se hará acreedor de las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. La causal prevista para declarar la caducidad, hace referencia a un incumplimiento del contratista que afecte la ejecución del contrato de forma grave y directa, circunstancia que debe ser motivada –de forma detallada (art. 24.7 Ley 80 de 1993)– por la Administración al momento de tomar la decisión. No obstante, existen otras causales para declarar la caducidad del contrato. Las entidades podrán declarar la caducidad, entre otros: (i) cuando el contratista acceda a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún acto o hecho, o cuando omitan informar de tales hechos al contratante y a las demás autoridades competentes (art. 5.5 Ley 80 de 1993 y art. 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 31 de la Ley 782 de 2002); (ii) cuando el contratista se niegue sin justa causa a dar por terminado un subcontrato por relaciones del subcontratista con grupos al margen de la ley o cuando no atienda la solicitud que en tal sentido le formule la entidad pública contratante, el procurador o el fiscal (art. 93 Ley 418 de 1997); (iii) cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista fuera declarado responsable (art. 61 de la Ley 610 de 2000) y (iv) las establecidas para ciertos tipos de contrato, como la concesión minera (art. 112 de la Ley 685 de 2001). FUENTE FORMAL: LEY 418 DE 1997 - ARTÍCULO 90, LEY 418 DE 1997 - ARTÍCULO 93, LEY 610 DE 2000 - ARTÍCULO 61, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 112, LEY 782 DE 2002 - ARTÍCULO 31, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 5 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CASO FORTUITO / FUERZA MAYOR / HECHO DEL TERCERO / CAUSA EXTRAÑA / IMPREVISIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA / EXTERIORIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA / IRRESISTIBILIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD DEL CASO FORTUITO / IRRESISTIBILIDAD DEL CASO FORTUITO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Las partes están habilitadas para modificar el alcance de la fuerza mayor y regular los riesgos propios del contrato a través de pacto convencional? Respuesta al problema jurídico: Si El incumplimiento del contrato por inejecución, por ejecución tardía o por ejecución defectuosa, si se prueba perjuicio, genera responsabilidad. Esta solo es exonerable por causas no imputables al contratista fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa del cocontratante). Frente a los factores externos que inciden en el contrato, se deben diferenciar los fenómenos de la fuerza mayor y el caso fortuito de la teoría de la imprevisión y las sujeciones materiales imprevistas. El artículo 64 CC, subrogado por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, dispone que se llama fuerza mayor o caso fortuito, al hecho imprevisto que, además, no es posible resistir. La Sala reitera que un fenómeno externo es irresistible cuando no es posible oponerse a su ocurrencia o a los efectos que se derivan, dada su magnitud y fortaleza, e imprevisible pues su ocurrencia no puede verse con anticipación, es decir, no se puede conocer qué y cómo ha de suceder . Más allá de la diferencia teórica entre el caso fortuito y la fuerza mayor, lo cierto es que constituyen una causal eximente de responsabilidad en materia contractual, no obstante, las partes están habilitadas para modificar el alcance de este fenómeno y regular los riesgos propios del contrato a través de pacto convencional (art. 1604, 1616 y 1732 CC). Los fenómenos de la imprevisión o las sujeciones materiales imprevistas, por su parte, buscan restablecer el equilibrio prestacional perturbado por situaciones extraordinarias, imprevistas e irresistibles, que pueden volver excesivamente difícil el estricto cumplimiento del contrato. Su ocurrencia no justifica, pues, la inejecución del contrato. La imprevisión es un hecho exógeno que altera de manera extraordinaria y anormal la ecuación financiera, sin que pudiera preverse al suscribir el contrato. Este fenómeno implica una compensación y no una indemnización integral. Las sujeciones técnicas o materiales imprevistas se configuran cuando emergen dificultades de orden material derivadas de hechos de la naturaleza que no pudieron preverse. Cuando ello sucede comportan mayores cantidades de obra o soluciones técnicas más costosas. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la imprevisibilidad e irresistibilidad de la fuerza mayor, consultar sentencia de 24 de junio de 1994, Exp. 6639; sentencia de 16 de marzo de 2000, Exp. 11670, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y sentencia de 10 de noviembre de 2005, Exp. 14392, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1616, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1732, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 64, LEY 95 DE 1890 - ARTÍCULO 1 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / AUSENCIA DE FUERZA MAYOR / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS Problema jurídico: ¿Se acreditaron circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que justificaran el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista? Respuesta al problema jurídico: No El contratista conocía de los fenómenos externos que, consideró, justificaban el incumplimiento del contrato y en los que fundamentó la ilegalidad de los actos administrativos que declararon la caducidad al momento de adquirir compromisos con el proyecto y celebrar una modificación del contrato. Además, pretende, en contra de la buena fe, desconocer lo pactado frente a los efectos económicos de esas circunstancias. Como la fuerza mayor y el caso fortuito requieren para su configuración que se traten de circunstancias imprevistas, esto es, que no se pueda conocer qué y cómo han de suceder y el demandante no solo las conoció sino pactó frente a las mismas, no se configuró este fenómeno. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La excepción de contrato no cumplido enerva la posibilidad de terminación unilateral, en caso de incumplimiento? Respuesta al problema jurídico: Si La «excepción de contrato no cumplido» faculta a una de las partes de un contrato bilateral a no ejecutar su obligación mientras la otra parte no cumpla la suya. Es un medio de defensa para que el deudor, que a la vez es acreedor, alegue que no está en mora porque quien lo demanda tampoco cumplió sus obligaciones ni se allanó a cumplirlas en la forma y tiempo debidos. Esta excepción enerva la acción indemnizatoria del demandante, pues esta solo se debe desde el momento en que el deudor se constituye en mora (art. 1615 CC). Para su procedencia, también debe tenerse en cuenta la simultaneidad de las obligaciones o si deben cumplirse de forma sucesiva en el tiempo. Cuando las obligaciones recíprocas tienen un orden temporal, el cumplimiento deberá respetar tal precedencia. Si uno de los contratistas tiene una obligación que debe cumplir en primer término, su cumplimiento no estará supeditado al del otro contratante ni podrá justificar su omisión en la mora de éste. (...) en los contratos que permiten declarar la caducidad debe concluirse que, si se prueban las condiciones que configuran la «excepción de contrato no cumplido», no se configuraría el incumplimiento del contratista en que se funda esta figura. Según el artículo 1609 CC, el contratista no está obligado a cumplir sus obligaciones cuando su contratante incumplió las propias. La parte afectada con la caducidad podrá, pues, demandar el acto administrativo, porque no podía acudirse a esa facultad dado que no se reunían los presupuestos para su ejercicio. Según el demandante, los incumplimientos ocurrieron desde el 6 al 14 de diciembre de 1994 [punto (i)], desde diciembre de 1994 [punto (ii)] y desde el 15 de febrero de 1995 [punto (iii)]. Estos hechos, que el demandante afirma lo exoneraron del pago sus obligaciones, son anteriores a las nuevas obligaciones que adquirió frente a la obra, pues quedó acreditado que el 22 de febrero 1995, esto es, con posterioridad al último incumplimiento alegado, J. M. T. G. y Cía. Ltda. adquirió compromisos frente a la obra [hecho probado 11.12]. Como las nuevas obligaciones del contratista fueron posteriores a los alegados incumplimientos de la entidad, el demandante no podía alegar la «excepción de contrato no cumplido». Tampoco está probado que la entidad hubiera incurrido en conductas graves, serias, determinantes, trascendentes y de gran significación, que situaran al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir el contrato. En consecuencia, no procede la «excepción de contrato no cumplido». NOTA DE RELATORÍA: Referente a la excepción de contrato no cumplido, consultar sentencia de 8 de septiembre de 1987, Exp. 3113, C.P. Carlos Betancur Jaramillo y sentencia de 21 de febrero de 1992, Exp. 5857, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1615 ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala reitera que la alteración a la ecuación contractual y el incumplimiento del contrato son distintos, pues tienen origen en causas disímiles. El primero supone una alteración de la ecuación económica por hechos ajenos a la voluntad de las partes, irresistibles e imprevisibles o imputables a la Administración como consecuencia del ejercicio legítimo de su condición de autoridad y, el segundo, tiene por fundamento la inejecución absoluta, la ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la prestación debida. La demanda no fue clara al momento de identificar a qué concepto correspondían las pretensiones, tanto el incumplimiento contractual como el desequilibrio económico del contrato. La Sala dividirá, el estudio de los hechos alegados en la demanda que justificaban esta pretensión, según el fenómeno al que correspondan. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la diferencia entre la alteración de la ecuación contractual y el incumplimiento del contrato, consultar sentencia de 15 de julio de 2020, Exp. 28794, C.P. Guillermo Sánchez Luque. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El contratista debe cumplir las obligaciones a su cargo para que pueda reconocerse el restablecimiento de la ecuación económica del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Corvide, a través de las resoluciones n.° 163 y 218, declaró la caducidad del contrato [hechos probados 11.23 y 11.26], actos administrativos cuya presunción de legalidad no fue desvirtuada [núm. 23]. Como el contratista incumplió el contrato y, como consecuencia, la entidad declaró la caducidad, J. M. T. G. y Cía. Ltda. no está habilitado para solicitar el restablecimiento económico del contrato, pues –se reitera– debía cumplir las obligaciones a su cargo para que se pudiera reconocer el restablecimiento de la ecuación económica del contrato. JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JUSTICIA ROGADA / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA / ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DE LA NORMA / CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA / SUSTENTACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DISPOSITIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Cuando se trate de impugnación de actos administrativos deben indicarse las normas violadas y el concepto de la violación? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala reitera que el juez de la Administración no puede estudiar la posible infracción de normas superiores, que no hayan sido indicadas como violadas junto con el concepto de dicha violación. Presupuesto formal de la demanda que demarca el ámbito de defensa del demandado y delimita el campo de acción del juzgador. El juez de la Administración, pues, está sometido al «principio dispositivo», conforme al cual deben individualizarse las pretensiones anulatorias y apoyarse en las razones de derecho que las motivan («justicia rogada») . (...) El demandante no pidió la ilegalidad de los actos administrativos que liquidaron el contrato por esas circunstancias. Como los actos administrativos se refirieron a situaciones que corresponden con las pretensiones por incumplimiento del contrato, pero el demandante no demandó su ilegalidad, la Sala se abstendrá de estudiarlas. Pronunciarse respecto a estas pretensiones desconocería la presunción de legalidad propio de los citados actos administrativos. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la justicia rogada, consultar sentencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 18509, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se debe reducir el monto de la cláusula penal con base en el porcentaje de obra efectivamente ejecutado por el contratista y aceptada por la entidad contratante? Respuesta al problema jurídico: Si Respecto a la reclamación de la cláusula penal, los artículos 1596 CC y 867 C.Co., aplicables por remisión expresa el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, establecen el derecho del deudor para que se reduzca la pena estipulada cuando la obligación principal se haya cumplido en parte y así haya sido aceptada por el acreedor. La Sala reitera que se debe reducir el monto de la cláusula penal con base en el porcentaje de obra efectivamente ejecutado por el contratista y aceptada por la entidad contratante. (...) Según la Resolución n.° 163 de 1995, que declaró la caducidad del contrato, y que se reitera, goza de presunción de legalidad, la obra presentaba un retraso en un 50% al momento de proferir la decisión (f. 75 c. 2). Se acreditó que Corvide, en la Resolución n.° 373, que liquidó unilateralmente el contrato, y en la Resolución n.° 499, que modificó parcialmente la Resolución n.° 373, determinó que el valor de la cláusula penal era de $15.311.944,10 [hechos probados 11.27 y 11.28]. Como la obra se ejecutó en un 50% y fue recibida en ese estado por la entidad contratante, la demandada debía reducir la cláusula penal en esa proporción, conforme lo establecen los artículos 1596 CC y 867 C. Co. De manera que, la Sala declarará la nulidad parcial de los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato y reducirá la pena a la mitad, esto es, $7.655.972,10. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la cláusula penal pecuniaria del contrato, consultar sentencia de 13 de noviembre de 2008, Exp. 17009, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596 NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PAGO TARDÍO / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL Problema jurídico: ¿El recurso de apelación es una oportunidad para formular nuevas pretensiones? Respuesta al problema jurídico: No Como la parte demandante no formuló cargos en contra de los actos administrativos que liquidaron unilateralmente por no reconocer intereses por el incumplimiento de pago de obras extra en la demanda, y el recurso de apelación no es una oportunidad para formular nuevas pretensiones, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en este punto, por condenar por pretensiones diferentes que no fueron objeto del debate procesal [causa petendi]. ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Problema jurídico: ¿Resulta improcedente la acción de enriquecimiento sin causa porque el desplazamiento patrimonial alegado tuvo su origen en una causa jurídica que fue perseguida a través de la acción de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario . En el ámbito de esta jurisdicción, supondría plantear la controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa) y como último recurso a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –la celebración del contrato n.° 176 y la existencia de actos administrativos proferidos con ocasión de su ejecución y liquidación– no se cumplen los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la subsidiariedad de la actio in rem verso, consultar sentencia de 7 de junio de 2007, Exp. 14669, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 25 de noviembre de 2004, Exp. 25560, C.P. Germán Rodríguez Villamizar y sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012326000199501185011100103