Titulación de la relatoría 14.227 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DEMANDADO / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / ENTIDAD DESCENTRALIZADA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las controversias contractuales en que la entidad demandada es un un establecimiento público descentralizado del orden distrital son de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta jurisdicción conoce el presente asunto, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo ("CCA"), modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, vigente para la época en que fue presentada la demanda, toda vez que la parte demandada, actualmente liquidada, era un establecimiento público descentralizado del orden distrital de Bogotá. La Sala es competente, por tratarse de un asunto con vocación de doble instancia por el factor cuantía En el presente asunto se debate el cumplimiento de un contrato cuya ejecución se prolongó en el tiempo, por lo que es objeto de liquidación, como expresamente fue pactado. Por ende, según el artículo 136 numeral 10, literal c, del CCA el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de liquidación, (…) las actoras radicaron su demanda por lo que esta fue presentada en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / REQUISITOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / TRÁMITE DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / OMISIÓN DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / RECHAZO DE LA DEMANDA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ADICIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La falta de agotamiento de la conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad de la acción ante el contencioso administrativo, da lugar al rechazo de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
El presente proceso fue iniciado en vigencia del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que adicionó el artículo 42A a la Ley 270 de 1996 (…). La omisión de esta carga procesal en la acción de controversias contractuales del CCA, aplicable al presente asunto, conduce al rechazo de la demanda, conforme al artículo 36 de la Ley 640 de 2001. Si bien debe existir correspondencia entre lo solicitado en la conciliación y las pretensiones de la demanda, esta exigencia no conlleva un irracional y excesivo ritualismo, en el que los vocablos sean absolutamente coincidentes. Basta con que exista una "relación directa (...) entre la solicitud y las pretensiones propias del medio de control que se pretenderán en un futuro proceso. (…) Con el simple contraste de su texto, se evidencia que hay total congruencia entre lo solicitado por las sociedades actoras en el escrito de conciliación prejudicial (…) y lo pretendido en la demanda (…), que se resume en el pago de los intereses moratorios derivados del pago tardío de las actas (…) del anticipo de la adición al contrato de obra, y de la denominada retención en garantía. Nótese además que el acuerdo al que llegaron las partes, por ser parcial, le permitía al demandante formular las pretensiones objeto de este proceso, que estuvieron excluidas expresamente de ese arreglo (…). Así las cosas, contrario a lo que sostuvo la parte actora, su contraparte sí agotó correctamente el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, no tenía la necesidad de adelantar otro trámite después de la liquidación contractual, o antes de la demanda, y por ende la Judicatura sí está habilitada para decidir el asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, ver auto del 17 de julio de 2018, Exp. 58931, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, auto del 29 de mayo de 2019, Exp. 60487, C.P. Ramiro Pazos Guerrero y sentencia del 19 marzo de 2021, Exp. 59887, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 42 LITERAL A, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 36
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTABLECIMIENTO PUBLICO DISTRITAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La liquidación bilateral del contrato administrativo al ser un acuerdo entre las partes no tiene la naturaleza de un acto administrativo y por lo tanto no debió ser demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El régimen jurídico del Contrato (...) es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, esto es, la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y reglamentaciones vigentes para el momento de la celebración del contrato, toda vez que la entidad contratante era un establecimiento público distrital cuyos contratos están disciplinados por dicha normatividad Pasando, ahora, al análisis del primer problema jurídico (…), resulta oportuno recordar que la jurisprudencia de la Sección ha diferenciado las modalidades de liquidación del contrato bilateral y unilateral, en cuanto: (i) la primera se alcanza de mutuo acuerdo, mediante un consenso entre las voluntades de las partes del contrato, mientras la segunda consiste en una decisión adoptada por la entidad contratante, sin contar con la participación o anuencia del contratista particular. Por ello, (ii) la liquidación bilateral es un negocio jurídico, mientras que la unilateral es un acto administrativo derivado del ejercicio de una potestad administrativa. Además, (iii) la liquidación unilateral es subsidiaria de la bilateral, en la medida que, inicialmente tiene lugar la oportunidad de arribar a un consenso entre las partes y, en caso de que este no prospere, da paso a la liquidación unilateral. Contrario a lo sostenido por la apelante, la liquidación contractual producida en este caso fue alcanzada de mutuo acuerdo. Su naturaleza bilateral es indubitable, porque ambas partes contratantes la suscribieron, y cada una plasmó sus salvedades y consideraciones al respecto (...). Además, adelantar esta labor liquidataria fue un compromiso al que llegaron las partes en el acuerdo conciliatorio (...), lo que explica que en este caso haya habido conciliación antes que liquidación. De esta manera, no le asiste razón a la apelante, en cuanto sostuvo que debía declararse la ineptitud de la demanda, por existir un acto administrativo de liquidación cuya demanda omitió el extremo actor. Las partes liquidaron el Contrato (…) bilateralmente, por lo que la exigencia esgrimida por la recurrente no tiene lugar alguno en el caso concreto y se impone, así, una respuesta negativa al primer problema jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación del contrato, ver sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
MORA / INTERÉS MORATORIO / PAGO A PLAZOS / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / CONDICIONES DE PAGO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NORMAS DEL DERECHO COMERCIAL / APLICACIÓN DE LA LEY COMERCIAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DÍAS CALENDARIO / DÍA HÁBIL
Problema jurídico:
¿En el contrato los plazos estipulados para la forma y condiciones de pago, se entienden en días comunes, por lo que su cómputo es efectuado según el calendario?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos que, como el presente, sean celebrados por entidades públicas, (…) se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley". Ahora bien, el Contrato (…) fue suscrito por empresas (…) las cuales se rigen por el derecho mercantil y, en subsidio, por el derecho civil, según los artículos 1, 2 y 20.15 del CCO. Por lo tanto, como el conteo del plazo de una obligación contenida en un contrato estatal no se encuentra regulado específicamente en la Ley 80 de 1993, resulta aplicable el artículo 829 del CCO, cuyo parágrafo 1 establece que "[l]os plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales comunes. En consecuencia, en el Contrato (…), como acto generador de obligaciones los plazos estipulados en días, como los referentes a la forma y condiciones de pago (…), se entienden en días comunes, no en días hábiles, por lo que su cómputo es efectuado según el calendario. En consecuencia, la Sala no halla razón al argumento traído por la entidad apelante, porque la regla contenida en los artículos del Código Civil y la Ley 4 de 1913 se refiere a términos procedimentales y no al cumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato, por lo que, ante la falta de pacto expreso o de pruebas que demuestren razonablemente que las partes debían aplicar una forma de conteo distinta, el negocio jurídico en cuestión se rige por el parágrafo 1 del artículo 829 del CCO. Se impone así una respuesta negativa al segundo problema jurídico, por lo que el cargo atinente no está llamado a prosperar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1, 2, 20, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 829, LEY 4 DE 1913, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / FINALIDAD DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / PRUEBA SUMARIA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿La prueba sumaria de la responsabilidad del funcionario llamado, es uno de los requisitos para que proceda la solicitud de llamamiento en garantía con fines de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l llamamiento en garantía con fines de repetición es un mecanismo de economía procesal que surgió como desarrollo del deber constitucional de repetir contra los agentes del Estado, cuya conducta dolosa o gravemente culposa hubiera ocasionado su condena patrimonial. De acuerdo con los artículos 19 y 22 de la Ley 678 de 2001, en procesos de controversias contractuales, como el presente, puede solicitarse el llamamiento en garantía "(...) del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario, con el fin último de que en el fallo se decida sobre la responsabilidad de la entidad, así como (…) sobre la responsabilidad del agente llamado en garantía y la repetición que le corresponda al Estado respecto de aquél". Para hacer efectivo el deber constitucional de repetición y facilitar la labor de las entidades públicas, en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 fueron establecidas unas presunciones de dolo y culpa grave, cuyo supuesto fáctico, como hecho indicador, debe ser acreditado por la entidad, mientras que el llamado estará en la posición de desvirtuarla. Con lo anterior, resulta claro que la prueba sumaria -es decir, que no ha sido controvertida- de la responsabilidad del funcionario llamado, es uno de los requisitos para que proceda la solicitud de llamamiento en garantía con fines de repetición. Pero, de ninguna forma, tal prueba será suficiente para declarar la responsabilidad y condenar al llamado, dado que esto requiere la demostración del hecho indicador de la culpa grave o dolo, mediante prueba controvertida por la persona llamada, así como la demostración de cada uno de los presupuestos de su responsabilidad patrimonial Por lo tanto, al igual que el a quo, esta Colegiatura no encuentra que la entidad haya satisfecho la mínima carga probatoria en el asunto, consistente en demostrar el grado de reproche subjetivo exigido por la norma, o alguno de los supuestos que dan lugar a presumir la culpa grave de los llamados.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6, 19, 22
Texto extraído del PDF oficial 70.295 caracteres
Radicado: 25000-23-26-000-2009-00862-01(52546)
Demandante: Jaime Parra P. y Cía L da. y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación: 25000-23-26-000-2009-00862-01 (52546)
Demandante: Jaime Parra P. y CIA LTDA. y otro
Demandado: Bogotá D.C. - fondo de Educación y Seguridad Vial (FONDATT)
Referencia: Controversias contractuales
Temas: Conciliación prejudicial. Liquidación bilateral y unilateral del contrato. Cómputo
de plazos de días en el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos
estatales. Llamamiento en garantía con fines de repetición.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, en contra
de la sentencia de¡ 12 de junio de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. SINTESIS DEL CASO
Las sociedades demandantes, integrantes de un Consorcio, celebraron un contrato de
obra con el entonces Fondo de Educación y Seguridad Vial, con el objeto de ¿liseñar y
construir intersecciones viales en varios puntos de Bogotá. Pese a que el c6ntratista
cumplió cabalmente sus obligaciones contractuales, la entidad contratante demoró los
pagos del anticipo, de actas parciales y de una suma retenida por garantía, equivalente
al 5% de¡ valor del contrato.
Las sociedades integrantes del consorcio contratista pretenden que se declare el
incumplimiento contractual de la entidad contratante y que, en consecuencia, sean
reconocidos los intereses moratorios por el pago inoportuno. Por su parte, la
demandada llamó en garantía con fines de repetición a cuatro exfuncionaios que,
según indica, están llamados a responder por el atraso en los pagos al Consorcio.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. El diecinueve (19) de octubre de dos mil nueve (2009), las sociedades Jaime
Parra P y Cía Ltda. e Inversiones Antri Ltda., que conformaron el Consorcio d.C. 2004
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Demandante: Jaime Parra P. y Cía Ltda. y otro
(en adelante, "el Consorcio"), demandaron' al Fondo de Educación y Seguridad Vial
(en adelante, "el Fondo" o "FONDATT) en ejercicio de la acción de controversias
contractuales, con las siguientes pretensiones principales:
"Primera. Que se declare a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD y al
FONDO DE EDUCACION VIAL - FONDA TT- DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DE BOGOTÁ D. C. hoy denominado FONDO DE EDUCACIÓN VIAL -
FONDATT- EN LIQUIDACION, responsable del incumplimiento del contrato de
Obra No. 134 de 2004 del 16 de Diciembre de 2004, su Adicional No. 1, del 15 de
septiembre de 2005, y su Prórroga No. Z del 15 de diciembre de 2005, por no haberse
pagado al contratista en los términos estipulados, las cuentas No. 4, 7 y 8 anticipo de
la Adición al Contrato de Obra No. 134 del 15 de septiembre de 2005 y la retención en
garantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del contrato.
Segunda. Como consecuencia de la declaración de responsabilidad por
incumplimiento de las entidades demandadas, se les condene a pagar por concepto de
intereses moratorios por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($379'685.661,29), o lo que resulte probado en el
proceso, suma esta respecto de la cual debe hacerse el respectivo ajuste monetario,
de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC), certificado por
la autoridad competente, desde el momento de la presentación de esta demanda hasta
que se produzca el pago total de la indemnización reclamada, discriminada así:
a) Intereses moratorios en el pago de las cuentas No. 4, 7 y 8, así como lo
correspondiente a la actualización del capital por el período y cantidades que se
relacionan:
b) Intereses moratorios en el pago del anticipo de la Adición al Contrato de Obra
No. 134 de 2004 del 15 de septiembre de 2005, así como lo correspondiente a la
actualización del capital.
c) Intereses moratorios por el retardo en el pago del 5% de retención en garantía.
1 E. 12-30, c. 1.
Cuenta Valor Neto a Fecha de pago Fecha de pago Tiempo de
pagar según efectivo mora en el
contrato pago
Cuenta No. 4 $675'862.328,00 24-12-2005 02-01-2006 9 días
Cuenta No. 7 $329'693.537,00 05-03-2006 28-08-2006 176 días
Cuenta No. 8 $557671.993,00 0503-2006 12-04-2006 38 días
Cuenta Valor Neto a Fecha de pago Fecha de pago Tiempo de
pagar según efectivo mora en el
contrato pago
Anticipo de la $326'000.000,00 01-102005 28082006 331 días
Adición al
Contrato
Cuenta Valor Neto a Fecha de pago Fecha de pago Tiempo de
pagar según efectivo mora en el
contrato pago
Retención por $244'500. 000, oo 07 Feb 2006 11-09-2008 948 días
garantía (59/G)
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Demandante: Jaime Parra P. y Cía Ltda. y otro
Adicionalmente, las demandantes pretenden que, como consecuencia del
incumplimiento, la parte demandada sea condenada al pago de los pprjuicios
causados por haber privado a los actores "de la posibilidad de disponer y de reducir/es
el capital de trabajo causando con ello la pérdida de oportunidad de invertir y mantener
el crecimiento de su empresa y como consecuencia la obtención de utilidadeLs que le
hubiese generado el hecho de participar en el mercado", cosa que no se logró por los
pagos tardíos. Tales perjuicios los tasó en la suma de $8563905396.
2.1.2. De forma subsidiaria, la parte actora pretende que se declare el desequilibrio
económico y el enriquecimiento sin justa causa de la entidad contratante, por no pagar
las sumas mencionadas en las pretensiones principales.
2.1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante enuncia, en
síntesis, los siguiente:
2.1.3.1. El FONDATT y el Consorcio suscribieron el contrato de obra núm.134
de 2004 ("Contrato 134 de 2004'), cuyo objeto era el diseño y la construcción
de obras civiles para la semaforización de nuevas intersecciones viales en la
ciudad de Bogotá.
2.1.3.2. La ejecución contractual tuvo lugar entre el 1 0 de marzo de 2065 y el 8
de enero de 2006, fecha en que fue suscrita el acta de terminación.
211.3.3. En el acta de terminación se hizo referencia a las actas de corte parcial
de obra, radicadas por el Consorcio para que la entidad efectuara su pago, con
constancia de que: (i) estaban pendientes de pago las actas de corte 7 y 8, así
como la devolución del porcentaje retenido por garantía; y (U) en el pago del
acta 4 "se presentó una mora de 9 días".
2.1.3.4. Las demoras en los pagos se produjeron por causas ajenas al actuar
del consorcio contratista.
2.1.3.5. Pese a las múltiples reclamaciones elevadas a la administración, en el
acta de liquidación de mutuo acuerdo, suscrita el 18 de octubre de 2007, la
entidad contratante no reconoció los valores adeudados por intereses e mora
en el pago de las actas parciales, ni efectuó el pago de la retención por garantía.
Tales salvedades constaron en el acta.
2.1.3.6. La mora en el pago ocasionó graves consecuencias para las
sociedades que conformaron el Cónsorcio, particularmente en el crecimiento
económico esperado y el ingreso de utilidades.
2.2. Trámite procesal relevante
2.2.1. El 10 de diciembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarcaadmitió
la demanda 2, y ordenó que se notificara a las entidades demandadas y al agente del
Ministerio Público.
2 E. 33, c. 1.
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Demandante: Jaime Parra P. y Cía Ltda. y otro
2.2.2. La Secretaría de Hacienda de Bogotá, a cargo de la representación judicial del
Fondo, contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas 3. En
dicha oportunidad, esta demandada pidió que los señores Justo Germán Bermúdez
Gross, Martha Elena Gálvez Rey y Martha Yolanda Ciro Flórez, ex funcionarios del
Fondo; y el señor Luis Carlos Daza Velásquez, quien se encargó de la supervisión del
contrato, fueran llamados en garantía con fines de repetición. El Tribunal accedió a
esta petición4. Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad del Distrito Capital
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasivas.
2.2.3. En la etapa para presentar alegatos de conclusión en primera instancia 0,
expusieron su postura la parte demandante7 y la entidad demandada8; los llamados en
garantía, Martha Yolanda Ciro Flórez 9, Martha Elena Gálvez Rey 10 y Justo Germán
Bermúdez Gross11. El agente del Ministerio Público12 formuló concepto, sugiriendo que
fueran estimadas las pretensiones 13.
2.2.4. En sentencia de primera instancia 14 del 12 de junio de 2014, el a quo decidió:
"PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de BOGOTÁ
DISTRITO CAPITAL.
SEGUNDO: DECLARAR el incumplimiento del Contrato de Obra No. 134 de 16 de
diciembre de 2004 suscrito entre el FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
FONDATT y el Consorcio OC-2004, integrado por las sociedades JAIME PARRA P. Y
CIA LTDA. e INVERSIONES ANTRI LTDA, por parte de la Entidad Pública contratante.
TERCERO: CONDENAR EN ABSTRACTO al FONDO DE EDUCACIÓN Y
SEGURIDAD VIAL FONDA TT, representado por la Secretaria de Hacienda Distrital, a
pagara las sociedades JAIME PARRA P. Y CIA LTDA. e INVERSIONES ANTRI LTDA,
integrantes del Consorcio OC-2004, la suma correspondiente a los intereses por mora
en el pago de las cuentas No. 4 del 25 de noviembre de 2005, No. 7 del 6 de febrero
de 2006, y No. 8 del 6 de febrero de 2006, y de la retención de la garantía equivalente
al 5% del valor total del Contrato de Obra No. 134 del 16 de diciembre de 2004, cuya
liquidación deberá adelantarse incidentalmente, al tenor del artículo 172 del
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.