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25000233600020210026901 de 20252025-07-30Rad. 25000233600020210026901
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP– también se nutren de las disposiciones del derecho común, por tanto, el contenido no establecido en la ley (EGCAP) se define por los acuerdos a los que lleguen las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad. La sola pretensión de liquidación judicial del contrato no revela por sí misma un conflicto que deba ser resuelto en el marco del medio de control de controversias contractuales, razón por la cual resulta necesario indagar por la causa que motiva la demanda y las consecuencias jurídicas que se espera que sean declaradas en juicio, en aras de determinar con claridad el objeto del litigio que deberá ser desatado por el juez. La pretensión de liquidación judicial no se agota solamente en el hecho de pedir que se haga una declaración en tal sentido.
También resuelve:Estatuto general de contratación de la administración pública: contrato estatal, artículo 13 de la ley 80 de 1993, derecho común, acuerdos entre las partesLiquidación judicial del contrato estatal: improcedencia de la liquidación judicial del contrato –pretensiones de la demanda, medio de control de controversias contractuales, objeto del litigio, pretensión litigiosaPretensiones de la demanda: formulación de las pretensiones de la demanda, fundamentos de hecho, litigio, objeto del litigio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre coadyuvancia2023-03-09Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020090001901ACCION CONTRACTUAL
¿En el marco de la acción de controversias contractuales sobre un contrato de concesión minera, procede la vinculación como coadyuvantes de los solicitantes? No
Quien pretende intervenir como coadyuvante debe probar que tiene una relación sustancial con una de las partes y que podría verse afectado si esa parte resulta vencida; sin esa demostración, la vinculación se niega. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil permite la coadyuvancia a quien tenga relación sustancial con una parte, pero el coadyuvante no obra autónomamente y solo apoya la posición de la parte a la que adhiere. Segunda, en el caso los solicitantes no apoyaron la posición de ninguna de las partes, no acreditaron relación sustancial con ellas ni un trámite ante la autoridad minera que dependiera del resultado del proceso. Tercera, la nulidad del contrato de concesión minera no incidía en la licencia ambiental que los solicitantes tramitaban ni en la delimitación del área de reserva, por lo que no se verían afectados. Por ello se negó la vinculación. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Podrá intervenir como coadyuvante quien tenga una relación sustancial con alguna de las partes?¿Quien pretenda ser vinculado como coadyuvante podría verse afectado si alguna de las partes pierde?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020140012100LEY 1437 REPETICION
¿La vinculación al proceso de la demandada exdirectora de la CAR Cundinamarca resulta necesaria para garantizar efectivamente su derecho del debido proceso y de defensa? Sí
AUTO QUE DECLARA NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE LA DEMANDA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA RELACIÓN JURÍDICO SUSTANCIAL ENTRE EL DENUNCIANTE Y EL DENUNCIADO…
También resuelve:¿La legitimación en la causa se define como la relación sustancial que debe existir entre las partes y el interés sustancial en la materia objeto del litigio?
Sentencia — Sentencia2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240016000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación contra los laudos arbitrales puede ser utilizado como una instancia adicional para reabrir el debate sobre el fondo del proceso? No
El juez define el control ejercido mediante el recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales precisando que este no constituye una instancia adicional para reabrir el debate sobre el fondo del proceso. En este asunto, la Sala determinó que la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales adoptadas por particulares en ejercicio de la administración de justicia conforme al artículo 116 superior no habilita al juez contencioso administrativo como superior de los árbitros, sino para efectuar un control fundado en el acatamiento de causales precisas, declarando infundado el recurso y condenando en costas y agencias en derecho equivalentes a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral por la causal de caducidad si no se interpuso recurso de reposición contra el auto que avoca la competencia?¿En contratos que requieren liquidación, el término de caducidad para demandar se cuenta desde la liquidación o el vencimiento del término para hacerla?¿Procede la anulación del laudo por falta de competencia cuando la controversia es de naturaleza contable o financiera?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-24Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020160024301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La compañía aseguradora presentó la “demanda adhesiva” cuando ya había vencido el término legal de dos años para emprender el medio de control de controversias contractuales? Sí
La presentación oportuna de la demanda por uno de los sujetos procesales no interrumpe el término de caducidad para que otro formule una demanda adhesiva, de modo que, si la intervención se presenta después del vencimiento del término bienal del medio de control de controversias contractuales, opera la caducidad y la intervención debe rechazarse. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el término de dos años es un plazo objetivo que se cuenta desde la notificación del acto y se extiende al día hábil siguiente cuando el último día no es hábil, sin depender de la actuación de otra parte. Segundo, la demanda oportuna de la parte principal no equivale a la presentación de la demanda adhesiva ni suspende la caducidad, conforme a la línea jurisprudencial citada en la nota de relatoría sobre el litisconsorte cuasinecesario. La providencia confirma el auto que rechazó la intervención; en la práctica, quien pretenda intervenir como litisconsorte debe presentar su demanda dentro del término de caducidad contado desde su propia oportunidad, sin acogerse a la demanda oportuna de otro sujeto procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El término para presentar la demanda de controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de…¿La caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces?
¿Puede una entidad pública rehusarse a pagar las comisiones pactadas por éxito en un contrato, cuando dichas comisiones no estaban condicionadas a la validez del laudo arbitral y este fue posteriormente anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo? No
Las comisiones de éxito pactadas en un contrato de prestación de servicios no quedan condicionadas a la validez del laudo arbitral cuando el pacto no lo establece, de modo que la entidad pública no puede negarse a pagarlas porque el laudo haya sido anulado después por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Según el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época, el laudo adquiere firmeza y ejecutoria tres días después de notificada en audiencia la providencia que resuelve las solicitudes de adición, aclaración y complementación. Por otra parte, la caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde la ejecutoria del acto que declara la liquidación unilateral del contrato, y la solicitud de conciliación y la demanda deben radicarse dentro de los dos años siguientes a esa ejecutoria. En el caso concreto, el municipio liquidó unilateralmente el contrato y la conciliación y la demanda se radicaron después de los dos años, por lo que se configuró la caducidad. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda cobrar las comisiones debe agotar la conciliación y presentar la demanda dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto de liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando tanto la solicitud de conciliación extrajudicial como la demanda judicial fueron radicadas después de transcurridos más…¿Constituye la ineptitud sustantiva de la demanda una causal procedente para rechazar el estudio de fondo de las pretensiones en el medio de control?¿Está habilitada una parte contratante para reclamar judicialmente el pago de valores que fueron excluidos en la liquidación unilateral de un contrato estatal…
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2022-06-06Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170041702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Precisó la demandante en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión? No
El contratista no precisará en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión, ya que la omisión de esta especificación implica que la prueba documental no resulta pertinente, útil ni conducente para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento de selección y las conductas violatorias de la libre competencia por parte de los oferentes adjudicatarios. En este caso concreto, la demandante no detalló cómo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio podían ilustrar la existencia de acuerdos colusorios en el proceso específico, limitándose a afirmar que dichas decisiones eran útiles para ilustrar al tribunal sobre la existencia de colusión en otros eventos. Como resultado, el tribunal confirmó la decisión de negar la admisión de dichas resoluciones como prueba, reafirmando que la parte demandante no cumplió con los requisitos de sustentación necesarios para que el recurso de apelación fuera debidamente presentado y examinado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentaron argumentos contra los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al tribunal para negar el decreto de la prueba testimonial?¿El Tribunal negó la prueba por considerarla innecesaria para demostrar los hechos objeto del litigio?¿La parte recurrente sustentó debidamente su impugnación?
¿Los razonamientos del fallo recurrido son coherentes con la causa petendi invocada, con el concepto de violación expuesto y con las pretensiones propuestas? Sí
El contratista no puede cuestionar la legalidad de actos administrativos que declaran su incumplimiento parcial y le imponen multas, ya que estos gozan de presunción de legalidad y son vinculantes, salvo que se demuestre su ilegalidad en el mismo juicio. La entidad estatal, al negar las pretensiones del contratista, se basó en la falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda y las razones de hecho y derecho planteadas, además de la ausencia de una pretensión declarativa de incumplimiento que habilite al juez para juzgar el desempeño obligacional del contratista. La Sala confirma la sentencia, reiterando que el juez debe interpretar con cautela el concepto de violación para no modificar la causa petendi y respetar el debido proceso, y que la falta de una pretensión específica para declarar el incumplimiento lleva a un fallo extra petita, lo que impide la revisión del desempeño contractual del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción de legalidad que cobija los actos administrativos y, derivado de ello, su carácter vinculante y definitivo, impone estarse a ellos…¿La demandante formuló una pretensión declarativa de incumplimiento que habilite a la Sala para juzgar el desempeño obligacional de la demandada?¿La demandante estaba obligada a estructurar sus reclamos económicos sobre la base de un elemento de convicción de carácter técnico…
¿La Unidad Nacional de Protección incumplió los contratos por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral? No
El contratista no puede acusar al interventor de incumplimiento por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral de los contratos, ya que esta es una facultad legal y no convencional, y su no ejercicio no constituye una desatención contractual. La Sala modifica la sentencia al establecer que la liquidación unilateral es una prerrogativa del poder público y no un acuerdo entre las partes, por lo que no genera responsabilidad contractual. Además, la pretensión de liquidación judicial del contrato debe estar acompañada de causas específicas y precisar el litigio que se desea resolver, lo que en este caso no se cumplió, por lo que la liquidación judicial resulta improcedente. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la naturaleza legal de la liquidación unilateral y la necesidad de fundamentos claros en las pretensiones de liquidación judicial, lo que implica que los contratistas deben aclarar las causas específicas de su pretensión para que sea considerada procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral puede catalogarse como una desatención de naturaleza contractual ?¿La Jurisdicción Contencioso Administrativa está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en el marco de los negocios jurídicos en los que estén involucradas entidades…¿La pretensión de liquidación judicial del contrato está completamente carente de una causa específica que la sustente?
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿La solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando ya había operado la caducidad? Sí
El término de 4 meses pactado para realizar la liquidación bilateral del contrato corrió entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre de [2008] y el de 2 meses para que el Distrito lo hiciera unilateralmente, entre el 5 de diciembre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por lo cual el plazo para presentar la demanda operó entre el día 6 de esos mismos mes y año y el 6 de febrero de 2011. La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 13 de octubre de 2011, es decir, cuando ya había operado la caducidad, por lo cual no tuvo la virtualidad de suspender el término. Como la demanda se presentó el 12 de enero de 2012, se concluye que fue extemporánea. Al margen de la fecha en que se firmó la denominada acta de liquidación y más allá de los reproches que motivaron la alzada que se asociaron a tal aspecto, la demanda se presentó de manera extemporánea, lo que impone a la Sala confirmar la decisión de primera instancia.
También resuelve:¿Resulta cuestionable que la parte demandante pretenda desconocer lo consignado expresamente en el documento que ella misma aportó?¿Se conduce al supuesto de inexistencia de liquidación dado que tampoco hubo un acto unilateral que adoptara el balance final del negocio jurídico?¿En la interpretación de las normas que consagran la caducidad como en el análisis de los supuestos fácticos de cada caso, deben aplicarse los principios pro homine, pro actione y pro damato?
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
¿Es procedente en esta instancia analizar una petición que no fue elevada oportunamente por el medio que el ordenamiento previó para tal efecto? No
El contratista no puede plantear súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, ya que esto vulnera el principio de congruencia, y si la entidad demandada tenía la intención de que la jurisdicción emitiera un pronunciamiento sobre el anticipo no amortizado por su contraparte, debió presentar una demanda de reconvención dentro del lapso legalmente establecido. La Sala confirma que no es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal, lo que implica que la entidad accionada no puede invocar nuevos argumentos en el recurso de apelación que no fueron planteados en primera instancia, matizando precedentes sobre la procedencia de la demanda de reconvención y la necesidad de agotar los medios procesales adecuados para reclamar créditos.síntesis automática
También resuelve:¿No pueden plantearse súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, porque con ello se vulnera el principio de congruencia?¿Si la entidad demandada tenía la intención de que la Jurisdicción emitiera un pronunciamiento atinente al anticipo no amortizado por su contraparte debió presentar demanda de reconvención dentro del…¿No es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando ello no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de las pretensiones de nulidad absoluta del contrato de concesión, por haber transcurrido más de cinco años desde su perfeccionamiento hasta la presentación de la demanda? Sí
Un contrato de concesión minera se perfecciona con su inscripción en el Registro Minero Nacional, y desde ese momento corre el término de caducidad para demandar su nulidad absoluta. Esta regla se apoya en los artículos 14 y 50 de la Ley 685 de 2001, que condicionan la existencia del negocio a la inscripción, y en la jurisprudencia de la Corporación que entiende que el acuerdo de voluntades solo se celebra cuando se agota ese trámite. Por ello el término se cuenta desde la inscripción y no desde la suscripción del contrato. Cuando la demanda se presenta después de vencido el plazo máximo para alegar la nulidad absoluta, la pretensión está caducada. En el caso concreto el contrato fue suscrito en agosto de 2008 y registrado en octubre de ese año, la demanda se presentó después de transcurrido el término legal, y la sala confirmó la declaratoria de caducidad. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de inscripción minera, y no la de la firma, fija el inicio de la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿El medio de control procedente para reclamar la nulidad absoluta del contrato y el desequilibrio financiero del mismo, es el de controversias contractuales?¿La caducidad es una limitación al derecho de acción para poder ejercer de forma oportuna cada uno de los medios de control judicial y, por regla general…
¿Se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante? No
El acta de liquidación unilateral que la entidad expide sin que el contratista acredite un daño patrimonial derivado de ella no puede ser anulada, pues sin perjuicio no se examina si el acto adolece de algún vicio. La regla se apoya en que el contrato condicionaba la liquidación unilateral a una previa declaratoria de caducidad, potestad que la entidad no ejerció, y en que el contratista no probó que hubiera efectuado pago alguno derivado del balance de cuentas. Por ello, el incumplimiento de las condiciones pactadas para la liquidación unilateral no se traduce, por sí solo, en un perjuicio indemnizable ni en la nulidad del acta. En el asunto, la Sala concluyó que el acta no afectó patrimonialmente a la contratista y revocó la sentencia en cuanto había anulado el acta de liquidación. En la práctica, la contratista que impugna el acta de liquidación debe demostrar el daño patrimonial que le causó para obtener su nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿El que los pantalones azules no se ajustaran a los requerimientos técnicos constituyó un incumplimiento contractual?¿No existe mérito para acoger las pretensiones porque de la liquidación hecha por Electranta no se derivaron perjuicios patrimoniales para la demandante?¿Habiendo sido el contrato de suministro de una sola prestación, resultó incumplido cuando al vencimiento de su plazo no se entregó la totalidad de los ítems contratados?
Sentencia — Sentencia2023-07-14Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 11001032600020230000500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de la anulación se encuentra circunscrita a las causales estrictamente invocadas y sustentadas? Sí
En el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, el juez de la anulación se circunscribe a las causales expresamente invocadas y sustentadas por el recurrente, y no puede examinar motivos que no encajan en ellas. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el control del laudo es de carácter restrictivo y se limita a las causales legales, de modo que la alegación genérica de que el tribunal decidió más allá de su competencia no basta. Segunda, cuando la afirmación del recurrente no encuadra en los supuestos de las causales invocadas, el juez no puede reconstruirlas de oficio. En el caso, el recurrente sostuvo que el laudo decidió más allá de la competencia arbitral, pero la afirmación no se ajusta a las causales 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y la providencia declara infundado el recurso. En la práctica, el recurrente debe identificar la causal exacta del artículo 41 y sustentar su configuración con los hechos del laudo, porque el juez no la completará.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso arbitral y el juez de anulación no puede corregir la apreciación jurídica realizada por el panel arbitral?¿Las consideraciones del Tribunal no fueron más allá del petitum y de la causa petendi, puntos que decidió congruentemente?¿El Tribunal sostuvo que la entidad podía declarar incumplimientos contractuales sin tener que acudir al juez para declararlos, pero no lo hizo?