Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-06-18
Radicado
05001233100019960154401
Número interno
42049
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
JESUS MARIA TOBON GUTIERREZ Y CIA. LTDA.
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82 del CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 del CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción contractual. Como el contrato de obra pública nº. 2/DJV-856/47 es un contrato administrativo, de conformidad con el artículo 16 de ese decreto, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer esta controversia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y personas privadas que desempeñan funciones administrativas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 222 de 1983. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, dentro del plazo de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que la fundamentan, según lo dispone el artículo 136 del mismo código antes de su modificación por la Ley 446 de 1998. La Sala no considera que se haya configurado un error grave en el dictamen pericial, ya que las objeciones se refieren a las conclusiones del experto y no al objeto del dictamen, lo que implica que el juez debe valorar las conclusiones del perito de acuerdo con la sana crítica.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 222 de 1983, art. 17
  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 82 y 87
  • Ley 446 de 1998

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?
  • ¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso?
  • ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRETENSIONES DE LA DEMANDA SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPOSICIÓN DE LA MULTA MULTA AL CONTRATISTA ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DICTAMEN PERICIAL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL INEXISTENCIA DEL ERROR GRAVE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE MULTA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DIFERENCIA ENTRE MULTA Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PERJUICIO MATERIAL PAGO DE LA MULTA REINTEGRO DEL PAGO DE LA MULTA FALTA DE PRUEBA NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL PERJUICIO MORAL PERJUICIO MORAL EN MATERIA CONTRACTUAL PERJUICIO MORAL A PERSONA JURÍDICA GOOD WILL GOOD WILL COMERCIAL DAÑO AL BUEN NOMBRE NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS INEXISTENCIA DE MALA FE INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C)
El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa
Consejo de Estado 2025-09-03 Sección Tercera (Subsección A)
Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato.
Consejo de Estado 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C)
No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008
Consejo de Estado 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C)
No procede realizar la liquidación judicial del contrato y los reconocimientos solicitados en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas.
Consejo de Estado 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B)
No debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral
Consejo de Estado 2026-03-24 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer apelaciones de sentencias de tribunales cuando la cuantía supera la exigida por el CCA.
Titulación de la relatoría 24.478 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82 del CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 del CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción contractual. Como el contrato de obra pública nº. 2/DJV-856/47 es un contrato administrativo, de conformidad con el artículo 16 de ese decreto, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer esta controversia. FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 17, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 del CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. De manera que como la actuación se inició y se surtió en vigencia de esta norma procesal, es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. Las pretensiones versan sobre i) la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, ii) la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato, por otra, y iii) la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad. Por ello, la Sala estudiará este presupuesto procesal de forma separada. Frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que impuso una multa, la demanda se interpuso en tiempo –2 de septiembre de 1996 (f. 140 c. 1)– porque la notificación de la Resolución nº. 38369 del 2 mayo de 1995, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución nº. 35135 del 6 de febrero de 1995, a través de la cual se impuso una multa al contratista, se produjo el 19 de mayo de 1995 (f. 35 c. 1), es decir, aún no habían vencido los dos años para su interposición. Respecto a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato, la demanda también se interpuso en tiempo -2 de septiembre de 1996-, porque la notificación de la Resolución nº. 50180 del 1 de febrero de 1996, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución nº. 39542 del 25 de mayo de 1995, a través de la cual se declaró el incumplimiento del contrato, se produjo el 14 de febrero de 1996 (f. 389, c. 1), es decir cuando todavía no habían vencido los dos años para su interposición.Tampoco se advierte extemporaneidad alguna de cara a la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en consideración a que el plazo contractual venció el 6 de febrero de 1995, en tanto que los seis meses de liquidación (cuatro meses bilateral, ante la ausencia de pacto, y dos meses unilateral), estimados por la jurisprudencia de esta Corporación para los contratos regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, régimen que, como se profundizará más adelante, gobernó el presente contrato de obra, se cumplían el 7 de agosto de 1995. De ahí que, la demanda presentada el 2 de septiembre de 1996 se interpuso antes de vencerse los dos años contados desde este supuesto –7 de agosto de 1997–. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 446 DE 1998 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DICTAMEN PERICIAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / INEXISTENCIA DEL ERROR GRAVE Problema jurídico: ¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala concluye que quien solicita la objeción grave de un dictamen pericial, debe argumentar que el perito cometió un error respecto al objeto del dictamen y no un yerro respecto a las conclusiones, puesto que el juez es el que valora las conclusiones del experto de acuerdo con la sana crítica. En este caso, las objeciones se circunscriben a las conclusiones a las que llegaron los peritos, en especial, frente a la configuración de un desequilibrio económico derivado del incumplimiento en proporcionar las direcciones y de recurrir a la figura de «las obras urgentes». De los argumentos esgrimidos por la parte demandada, la Sala no encuentra que fueran encaminados a aseverar un error respecto al objeto del dictamen, sino que los mismos versaron sobre las conclusiones a las que llegó el dictamen. De esta manera, la Sala considera que: i) el dictamen fue rendido por los peritos nombrados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, tal como lo disponían las normas vigentes al momento de su práctica; ii) los peritos eran idóneos para rendir la prueba, siendo ingenieros civiles, lo cual permite afirmar que contaban con los conocimientos sobre la materia en relación con la cual se rindió el dictamen; iii) el dictamen fue personal, porque se trató de conceptos propios de los peritos sobre las materias objeto de examen y no de criterios de terceros; iv) no hay motivo para dudar de la imparcialidad de los peritos, ya que fueron nombrados por el Tribunal y no se mencionó que tuvieran vínculos, ni interés alguno en relación con alguna de las partes; v) se surtió la contradicción y vi) los peritos no se retractaron de sus conclusiones. En síntesis, no se aprecia que los peritos hubieran desviado el objeto de la prueba o hayan analizado aspectos relacionados con otro contrato o con obras diferentes a las que dieron origen al litigo y, por ello, la objeción no prospera. Aunque no se configura error grave, lo cierto es que el recurrente no explicó de qué manera esta decisión resulta favorable a sus intereses. El recurso de apelación no se refirió al alcance que tuvo el error grave en la decisión de primera instancia y, en consecuencia, por qué la revocatoria de ese punto de la decisión podría modificar las consideraciones que llevaron al Tribunal a negar las pretensiones de la demanda. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Toda vez que el contrato de obra pública, en el que una de las partes era un establecimiento público, se adjudicó el 6 de diciembre de 1993 (fls. 118-120 c. 1), su régimen jurídico, según el artículo 1 del Decreto Ley 222 de 1983 en consonancia con los artículos 78 y 81 de la Ley 80 de 1993 y 38 de la Ley 153 de 1887 –en lo relativo a los tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación– es el fijado en ese Decreto Ley, vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 78, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 81 CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DIFERENCIA ENTRE MULTA Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Problema jurídico: ¿Conforme al Decreto Ley 222 de 1983, la imposición de multas y la cláusula penal pecuniaria, configuran potestades exorbitantes? Respuesta al problema jurídico: Si En vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 se facultó a las entidades, a cuyos contratos se aplicaba ese régimen jurídico, para sancionar el incumplimiento del contratista mediante la declaratoria de caducidad administrativa del contrato, la imposición de multas y declaratoria de incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria (arts. 60 a 65 y 71 y 72). La jurisprudencia de esta Corporación reconoció, en lo que atañe a las multas y la cláusula penal pecuniaria, que aquellas constituían «cláusulas exorbitantes». (...) De conformidad con lo expuesto y dada la redacción del artículo 71 del Decreto Ley 222 de 1983, relativo a las multas, es posible establecer que la intención original del legislador del Decreto Ley 222 de 1983 fue la de convertir la multa en un poder exorbitante. Ello por cuanto, según se dijo, como elemento característico de este tipo de potestades, se tiene que escapan al pacto de las partes por virtud de que la ley las entendía incluidas de manera obligatoria en determinados tipos contractuales. (...) La multa, entonces, obedece a una sanción de carácter económico, que por regulación pública en el Decreto 222 de 1983 adquirió connotaciones de exorbitancia al entenderse introducidas en los contratos administrativos, salvo en los atinentes al empréstito. Su imposición según lo allí señalado se haría mediante resolución motivada. Su diferenciación frente a la declaratoria de incumplimiento y la caducidad contractual, se fundamentaba en la viabilidad de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, al ser ellas en voces del artículo 72 del decreto el camino para su imposición. Valga precisar que la cláusula penal pecuniaria es el avalúo que de manera anticipada hacen las partes contratantes de los perjuicios que se pueden causar por la inejecución de la obligación, su pago defectuoso o el retardo en su cumplimiento. Es una estimación anticipada de perjuicios que releva a quien reclama su pago de acreditar el perjuicio sufrido y que, por ende, le permite acudir a un proceso ejecutivo para reclamar su pago, dado que no es necesario demostrar la culpa del deudor. NOTA DE RELATORÍA: Referente a las multas y la cláusula penal pecuniaria, como facultades excepcionales, conforme al Decreto Ley 222 de 1983, consultar sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14579, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 60, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 65, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 71, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 72 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Los actos administrativos que impusieron multa son nulos al haberse expedido el último día del plazo contractual? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala reitera que el efecto básico de la multa como «cláusula exorbitante» de carácter conminatorio bajo el régimen del Decreto Ley 222 de 1983 supone que su ejercicio se sujeta a determinados límites, es decir, debe aplicarse dentro del plazo de ejecución del contrato y bajo las hipótesis previstas en la ley. Su finalidad no es sancionar un incumplimiento que hace imposible el objeto contractual, sino compeler al contratista al cumplimiento de la obligación, y con esa finalidad debía ejercerse. A pesar de ello, está acreditado que EPM expidió el acto administrativo de multa el último día del plazo de ejecución contractual, porque el contratista no realizó los trabajos en las 103 direcciones consignadas en una de las varias boletas de interventoría, en particular, la del 16 de noviembre de 1994. Además, su notificación tuvo lugar 14 días después del vencimiento del plazo de ejecución, con lo cual, i) la multa no tuvo un carácter conminatorio y ii) se impuso por fuera del plazo de ejecución del contratoo, tal como se pasa a explicar. En primer lugar, el artículo 120 del Decreto 222 de 1983 dispuso que la entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor. Esta labor podría ejecutarse con un funcionario o mediante la contratación de personas naturales o jurídicas especializadas que tuvieran experiencia en la materia y que estuvieran registradas, calificadas y clasificadas. El 16 de noviembre de 1994, durante la ejecución del contrato, la interventoría –que estuvo a cargo del jefe del Departamento de Alcantarillado de EPM– expidió una «boleta de interventoría» en la que ordenó al contratista realizar trabajos en 103 direcciones. Para ello, concedió un plazo de un mes, que venció el 16 de diciembre siguiente (fls. 319-321 c. 1). Ante el incumplimiento que la interventoría encontró, recomendó, en tres oportunidades, la imposición de multas (...) Al confrontar las consideraciones de la Resolución n°. 3513544 con el contrato, se observa que el sustento de esa determinación fue la transgresión de lo dispuesto en el literal f) de la cláusula vigésima primera de la minuta del contrato que hizo parte integral del pliego de condiciones, en la que se estableció la procedencia de la multa equivalente al 0.1 % del valor estimado del contrato por cada día que se incumpliera las órdenes de la interventoría. Es claro que el incumplimiento objeto de la multa consistió en la desatención de la orden de interventoría elevada desde del 16 de noviembre de 1994, que se dirigía a la ejecución de trabajos en 103 direcciones, para lo cual se le concedió al contratista un plazo de un mes que venció el 16 de diciembre de 1994. Llegada esa fecha, surgió al plano jurídico el incumplimiento atribuido a la sociedad Jesús María Tobón Gutiérrez y Cía. Ltda. Se extrae de lo dicho que el análisis de la obligación está ligado al plazo y a pesar de que las razones que sirvieron de apoyo para la imposición de la multa ocurrieron un mes y medio antes de finalizar el plazo de ejecución contractual, vinieron a ser expuestas como fundamento de la Resolución n°. 35135 del 6 de febrero de 1995, día en que venció el plazo de ejecución del contrato, lo que permite concluir que para entonces la finalidad de conminar al cumplimiento de la obligación contenida en la «boleta de interventoría» del 16 de noviembre de 1994 era infructuoso, por cuenta del fenecimiento del término previsto para la ejecución del contrato. (...) la multa impuesta al contratista –contenida en la Resolución nº. 35135–, notificada 14 días después del fenecimiento del plazo de ejecución contractual, fue expedida con falta de competencia temporal [ratione temporis], por cuanto es indiscutible que el acto contentivo de la multa se notificó en debida forma cuando se encontraba vencido el plazo de ejecución del contrato. (...) es claro que con la multa, además de que no atendió a su carácter conminatorio y se ejerció por fuera sin competencia, se pretendió sancionar al contratista dos veces por el incumplimiento de una obligación. En efecto, la multa y la declaratoria de incumplimiento se fundamentaron, en parte, en los mismos hechos, esto es, en la desatención de las direcciones contenidas en la «boleta de interventoría» del 16 de noviembre de 1994. De otra parte, la multa se impuso el último día del plazo contractual, con lo cual, no se permitió al contratista allanarse a cumplir con las direcciones que le hacían falta. Esta circunstancia, advertida por la Sala, denota que EPM activó doblemente su poder unilateral fundado en el mismo supuesto fáctico. Es evidente que, para la fecha en que se dictó la multa, ya el contratista no estaba en posibilidad de cumplir las prestaciones pendientes ante la inminencia del vencimiento del plazo de ejecución del contrato que habría de producirse ese mismo día. Nada cambió desde ese momento hasta el día en que se dictó el acto de declaratoria de incumplimiento. De ahí se revela con nitidez que, en realidad, la intención de la entidad contratante, al imponer la multa, no fue distinta que la de ejercer su potestad punitiva dirigida a sancionar al particular por el incumplimiento del acuerdo por los mismos hechos que meses después se expusieron en la Resolución nº. 39542 como soporte –en parte– de la declaratoria de incumplimiento, con efectividad de la cláusula penal, conducta que no puede ser de recibo en esta instancia. La multa y la declaratoria de incumplimiento no pueden justificarse en los mismos motivos, porque, tal como quedó expuesto, difieren en su esencia. Por lo tanto, el incumplimiento de la «boleta de interventoría» del 16 de noviembre de 1994 no podía justificar una multa y, al mismo tiempo, la declaratoria de incumplimiento del contrato. Si la entidad consideraba que el incumplimiento recayó sobre un aspecto central del contrato que impedía la ejecución del objeto, lo procedente era declarar el incumplimiento y hacer efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria, pero no imponer –con fundamento en estos mismos hechos– una multa el último día del plazo contractual. (...) Después de confrontar los actos acusados con lo establecido en el Decreto Ley 222 de 1983 para la imposición de las multas, la Sala concluye que los mismos están viciados de nulidad porque se expidieron con falta de competencia temporal y en contra de la naturaleza legal de conminatoria -infracción en las normas en que debería fundarse-. En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará la nulidad de las Resoluciones nº. 35135 del 6 de febrero de 1995 y nº. 38369 del 2 de mayo de 1996. FUENTE FORMAL: DECRETO DISTRITAL 222 DE 1983 - ARTÍCULO 120 DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / MULTA AL CONTRATISTA / PERJUICIO MATERIAL / PAGO DE LA MULTA / REINTEGRO DEL PAGO DE LA MULTA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL Problema jurídico: ¿Se acreditó la existencia de un perjuicio material derivado de la expedición ilegal del acto administrativo que impuso una multa al contratista? Respuesta al problema jurídico: No [F]rente a un perjuicio material derivado de la expedición ilegal del acto administrativo que impuso una multa al contratista, no se demostró que el demandante hubiera realizado algún pago por ese concepto. De modo que, no obra prueba de que el acto administrativo demandado hubiera causado algún daño material al demandante. Valga precisar que, aun cuando la entidad demandada tenía la facultad de realizar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a recursos legales y control judicial, se abstuvo de hacerlo, de modo que se desconoce el estado de cuentas entre las partes y si, efectivamente, se retuvo o descontó al contratista el valor de la multa. Finalmente, es importante aclarar que ninguno de los seis testigos se refirió al descuento o pago de la multa y, por ello, tampoco prueban el perjuicio alegado (fls. 405-422 y 438-445 c. 1). En este orden de ideas, la Sala negará la pretensión relativa al reintegro del valor de la multa impuesta, con fundamento en que, a partir de las pruebas del proceso, no es posible concluir que la demandante haya demostrado el pago de este valor, como le correspondía conforme a los artículos 1757 del Código Civil y 177 del CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 del CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO LEY 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757 PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL EN MATERIA CONTRACTUAL / PERJUICIO MORAL A PERSONA JURÍDICA / GOOD WILL / GOOD WILL COMERCIAL / DAÑO AL BUEN NOMBRE / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL Problema jurídico: ¿Es procedente reconocer perjuicios extrapatrimoniales, en particular, daño al buen nombre, a favor de una persona jurídica contratista, como consecuencia de la imposición de una multa y la declaratoria de incumplimiento contractual? Respuesta al problema jurídico: No Es claro que el dictamen no se refirió a las causas del daño alegado en la demanda, porque dio por sentado que se afectó la capacidad del contratista de celebrar contratos con otras entidades, lo que llevó a su desaparición, sin que exista prueba alguna de esa afirmación. El dictamen no aportó documento alguno que acredite algún menoscabo al good will de la demandante con ocasión de la imposición de la multa. Los peritos no se refirieron a los libros de contabilidad de la demandante, ni tampoco analizaron la evolución de su actividad comercial. Mucho menos determinaron el valor del good will con anterioridad y posterioridad a la configuración de la multa. Tampoco constataron de forma técnica si hubo una disminución de ingresos de la empresa. Por otra parte, el dictamen pericial rendido por D. V. A. y las declaraciones que se rindieron en el proceso no se refirieron al perjuicio alegado en la demanda. No obra, entonces, alguna otra prueba que acredite un menoscabo al good will y, por ello, se impone negar la reclamación de la demandante. NOTA DE RELATORÍA: Referente al perjuicio moral en materia contractual, consultar sentencia de 13 de noviembre de 2008, Exp. 14584, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE MALA FE / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199601544011100103