Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
¿Se incurrió en mayores costos durante la ejecución del contrato de obra? No
El apelante sostiene que los mayores costos reclamados en la demanda los cuales fueron objeto de salvedades en el cruce de cuentas hecho entre las partes debieron ser reconocidos por el a quo por estar debidamente sustentados.… Vistas las salvedades en conjunto con las obligaciones se encuentra que hay dos situaciones que repercuten directamente en el incumplimiento que el contratista pretende frente a la entidad, pues, de un lado, se acordó un precio global fijo mediante el sistema de llave en mano lo cual impide dividir la obra como si se tratara del pago por precios unitarios y, de otro, el hecho de que el actor estuviera a cargo de hacer los estudios técnicos y los diseños definitivos, así como también la construcción, conlleva a que el éxito del proyecto estaba condicionado principalmente por su actuación…
También resuelve:¿Es posible consignar salvedades en el acta de liquidación bilateral del contrato para posteriormente formular pretensiones en sede judicial?¿En los contratos de obra pactados a precio global fijo, el valor abarca todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra lo cual descarta, en principio…¿Al desestimarse el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las costas procesales de la segunda instancia?
¿Se acreditaron los presupuestos de mayor permanencia en obra a causa de suspensiones contractuales? No
La reclamación de mayor permanencia en obra derivada de suspensiones contractuales exige acreditar el alcance específico de las obligaciones del contratista, para lo cual deben aportarse el pliego de condiciones del contrato y la matriz de riesgos o el acta de asignación de estos, pues sin ellos no es posible establecer cómo las partes distribuyeron las obligaciones y las consecuencias de las circunstancias ocurridas durante la ejecución. Además, cuando el contratista renuncia a reclamar esos reconocimientos al momento de pactar las prórrogas del contrato, esa renuncia no puede desconocerse después, porque los actos propios de quienes suscribieron las prórrogas no pueden ser desconocidos sin que hayan sido anulados por la jurisdicción. En el caso concreto, el contratista había planteado reclamaciones durante las tratativas, pero renunció a cobrarlas al suscribir las prórrogas, de modo que se mantuvo la negativa del reconocimiento por ese concepto. La sentencia modificó la decisión de primera instancia en lo relativo a la mayor permanencia derivada de las suspensiones. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda ese reconocimiento debe probar con los documentos contractuales el alcance de sus obligaciones, y debe tener presente que la renuncia expresa al cobro al suscribir prórrogas tiene efectos que se mantienen.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el reconocimiento económico por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato, pese a que el contratista renunció a reclamar en el momento de pactarlas?¿Procede reconocer al contratista el pago del saldo final del precio cuyo pago quedó diferido para el momento de la liquidación del contrato, suma que el IDU reconoce deber?¿Es procedente descontar el valor de las retenciones en la fuente practicadas a los pagos recibidos por el contratista?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de controversias contractuales derivadas de contratos de obra celebrados por establecimientos públicos distritales, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. La acción de controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, tal como ocurrió en este caso, donde la demanda fue interpuesta antes de que venciera el término de caducidad. Sin embargo, el reajuste de precios no es procedente si no se ha pactado una fórmula de ajuste en el contrato y no se ha demostrado la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica que la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto a este punto, matizando la jurisprudencia existente sobre la procedencia del reajuste en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra?¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción…¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá…
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿Tiene eficacia probatoria el dictamen pericial practicado en el proceso, por una abogada, para acreditar si la oferta de la demandante se ajustaba a los pliegos de condiciones y que al ser la mejor se le debía adjudicar el contrato? No
El dictamen pericial rendido por una persona que carece de la idoneidad técnica exigida para el objeto de la prueba no tiene mérito probatorio, especialmente cuando absuelve cuestiones de derecho reservadas al juez. Una razón es que en el proceso el dictamen fue rendido por una abogada, y para establecer si la propuesta cumplía especificaciones constructivas de la obra era necesario un perito de ingeniería civil, arquitectura o profesión afín. Otra razón es que el dictamen se limitó a fijar el alcance general de un pliego de condiciones y los efectos de un contrato a precios unitarios, puntos que corresponden exclusivamente al juez, sin contener análisis técnico sobre la oferta del demandante. En el caso, la Sala concluyó que el dictamen no acreditó la conformidad de la propuesta con el pliego, de modo que no se probó que debiera adjudicarse el contrato al demandante. La providencia confirmó la decisión de primera instancia. No indica que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la prueba pericial en procesos de adjudicación debe rendirla un experto en la materia técnica objeto del pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?¿La oferta presentada por el demandante sirve para pretender la nulidad del acto de adjudicación y su confirmación?¿Probó el demandante que al valorar los costos en los precios unitarios no modificó las especificaciones de construcción previstas en el pliego de condiciones y con ello desvirtuó la presunción de…
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿En la liquidación bilateral del contrato, el estudio de las pretensiones en lo contencioso administrativo, está atado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades? Sí
El contratista y la entidad estatal, al liquidar bilateralmente un contrato de obra pública, deben incluir en el acta de liquidación las salvedades que reflejen los aspectos no acordados, pues estas revelan un presupuesto de orden material para la prosperidad de las pretensiones en lo contencioso administrativo, ya que si los asuntos debatidos quedaron cobijados por el acuerdo, no es posible desconocer sus efectos vinculantes. La Sala reitera que las salvedades deben ser claras y concretas, no abstractas o genéricas, y que su ausencia implica que el contrato se cerró sin reparos sobre los puntos no excluidos del acuerdo. En consecuencia, la entidad estatal y el contratista deben asegurar que el acta de liquidación contenga todas las salvedades pertinentes para evitar conflictos posteriores en la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Se estableció que las reclamaciones invocadas en la demanda, todas ellas hubieren quedado contenidas en el oficio del 23 de diciembre de 2010 al que se remitió el consorcio para fundamentar su…¿La tipología contractual especial llave en mano, es aquella por medio de la cual el contratista se obliga, a cambio de una contraprestación…¿Se acreditaron los mayores costos en los que habría incurrido el contratista en el diseño y construcción de la obra, al establecerse un metraje superior al previsto en el pliego de condiciones?
¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula 20.2.1.2 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002, relativas al pago del remanente del valor global para obras de construcción y redes? No
El contratista ejecuta las obras públicas pactadas a precio global conforme a las especificaciones y plazos establecidos en el respectivo contrato de obra y sus modificaciones bilaterales. En el caso examinado, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de incumplimiento al constatar que las obras no estaban ejecutadas en su totalidad al finalizar la etapa de construcción, y que la postergación de las mismas fue aceptada mediante otrosí suscrito por el contratista sin salvedad alguna respecto al pago del remanente previsto en la cláusula contractual invocada, careciendo de fundamento fáctico y jurídico la reclamación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula y 20.2.8 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002…¿Procede en este caso, la pretensión subsidiaria fundada en un presunto rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Debe condenarse en costas a la parte que resultó vencida, en aplicación del criterio objetivo, y tambien fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de los demandantes?
¿Está demostrado el incumplimiento de contrato de obra pública por parte del IDU por entrega de estudios y diseños incompletos y deficientes y, por la demora en entregar los predios necesarios para la obra requeridos para la ampliación y rehabilitación de la Autopista al Llano entre el CAI Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá – Villavicencio? Sí
La entidad estatal que entrega estudios y diseños deficientes o demora la entrega de los predios necesarios para la obra incurre en incumplimiento del contrato de obra pública, pero la declaratoria de ese incumplimiento no genera por sí sola la indemnización de perjuicios, la cual exige probar un daño económico concreto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los incumplimientos de la entidad pueden generar la necesidad de ejecutar obras no previstas en el proyecto inicial y una mayor permanencia en obra, lo que acredita el incumplimiento contractual. Segundo, para reconocer perjuicios el contratista debe demostrar que no se le pagaron las mayores cantidades de obra ejecutadas o que asumió sobrecostos por la mayor permanencia, pues esos hechos constituyen el daño indemnizable. La providencia declara el incumplimiento de la entidad y confirma la negativa de las pretensiones indemnizatorias; en la práctica, el contratista que reclame perjuicios por incumplimientos de la entidad debe acreditar el pago omitido o el sobrecosto asumido con soporte probatorio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante no demostró la ejecución de obras no reconocidas ni pagadas por el IDU, ni acreditó que hubiera asumido sobrecostos por concepto de la mayor permanencia en la obra…¿Es necesario dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral sobre los puntos sobre los cuales posteriormente se realizará alguna reclamación en sede judicial?¿Para reconocer una mayor permanencia en la obra y/o obras adicionales o no previstas, es indiferente si el precio pactado era global o por valores unitarios…
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿El contrato celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como establecimiento público del orden distrital sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y los documentos integrantes del negocio jurídico? Sí
El contrato celebrado por un establecimiento público del orden distrital, que es entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y cuya actividad contractual no está cobijada por un régimen exceptuado, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas y por los documentos que integran el negocio jurídico. La regla se sostiene en tres razones: el ente fue creado por acuerdo distrital y no está exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 remite a las normas civiles y comerciales en los aspectos no regulados por aquella ley; y los documentos del negocio jurídico integran el régimen aplicable al litigio. Así, la controversia sobre la ejecución del contrato se resuelve con el Estatuto General de Contratación y con el clausulado que las partes incorporaron al negocio, sin que la naturaleza del ente altere ese régimen.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el…¿La fijación del precio de los ítems no previstos de adoquín de concreto con color y pictograma muisca, mediante la homologación con precios de otro contrato y al margen del procedimiento previsto en…¿El IDU debe asumir los mayores costes de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga n.º 1…
¿La celebración de un contrato bajo la modalidad de “llave en mano” implica que el contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin que sea necesario especificarlas individualmente? Sí
El contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin necesidad de especificarlas individualmente en un contrato de llave en mano a precio global, ya que esta modalidad implica su responsabilidad integral en la ejecución del proyecto desde su diseño hasta su entrega, asumiendo riesgos y beneficios inherentes a la ejecución eficiente del contrato. La regla reitera que el contratista no debe recibir un valor adicional por áreas no limitadas explícitamente si los documentos contractuales y los pliegos definen con claridad su alcance, lo que implica que la interpretación del contrato debe ajustarse a los términos pactados y al lenguaje técnico propio de la disciplina, garantizando la integridad del acuerdo y la responsabilidad del contratista en la ejecución del proyecto.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos celebrados bajo la modalidad de precio global y llave en mano, el contratista asume el riesgo de mayores o menores cantidades necesarias para la ejecución de la obra…¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, es válido interpretar que el contratista asume integralmente el diseño y la construcción del proyecto…¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, el contratista está obligado a entregar el objeto en condiciones de funcionalidad conforme a su finalidad…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público? Sí
La jurisdicción competente para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público, sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"). En tal sentido, el recurso de apelación es competente para la Sala en segundo instancia, ya que la cuantía de las pretensiones de la demanda impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato?¿En los contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual?¿Las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm. 163 de 2006 fue…
"¿la calidad de contratista implica una situación de debilidad que permita flexibilizar la valoración probatoria?" No
El contratista asume las cargas probatorias ordinarias en los procesos de controversias contractuales sin que su condición contractual le confiera un tratamiento privilegiado o flexible. La improcedencia de un trato probatorio privilegiado a favor del contratista como parte débil de la relación contractual se fundamenta en que la tesis planteada por el apelante no encuentra respaldo en la ley ni en la jurisprudencia. La calidad de contratista no implica, por sí misma, una situación de debilidad o desprotección que habilite la flexibilización de la carga probatoria que le corresponde, pues el sujeto que contrata con la Administración se concibe como un colaborador experto que concurre al negocio con conocimiento de sus implicaciones y con el deber de prever los riesgos normales de su actividad comercial.síntesis automática
¿En el sistema del precio global, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, de manera que el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista también percibe los beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él? Sí
El contratista asume los riesgos y beneficios inherentes a la ejecución de un contrato estatal a precio global, donde la entidad contratante conviene en pagar una suma única que remunera todos los costos, directos e indirectos, sin posibilidad de ajustes posteriores, lo que implica que el contratista debe estimar cuidadosamente los riesgos y factores que podrían incidir en la terminación de la obra. Esta modalidad no solo se aplica a contratos de obra, sino también a contratos de interventoría, donde el precio global fijo es la estimación anticipada del costo total de la supervisión y vigilancia de otro contrato estatal, con el contratista asumiendo tanto los mayores como los menores costos derivados de su eficiencia y organización. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la modalidad de precio global, lo que implica que en la práctica, las partes deben tener en cuenta los riesgos y beneficios inherentes a esta forma de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU incumplió el contrato de interventoría al no pagar a la contratista el precio total pactado en el contrato, dada la terminación anticipada de dicho negocio jurídico por el cumplimiento del…¿La exigibilidad se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron, mientras que la mora…¿La contratista tiene derecho a que se le reconozcan intereses moratorios sobre la obligación dineraria no reconocida por la demandada, al no haberle pagado
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, si no impugnó la legalidad del acto administrativo que lo rechazó en la vía judicial, debido a la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Además, la entidad estatal no incurrió en incumplimiento por el impago de costos adicionales del componente global de manejo de tráfico, señalización y desvíos, ya que los pliegos de condiciones establecieron que estos se pagaban a precio global fijo sin ajustes. Finalmente, el funcionario que impuso la multa era competente para hacerlo, ya que la facultad de imponer multas o cláusulas penales de apremio es inherente a las facultades generales de ejecución del contrato, aunque no esté expresamente delegada en la normatividad vigente. Estas reglas reafirman la importancia de la impugnación oportuna de actos administrativos y la interpretación restrictiva de las facultades delegadas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico…¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento?¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas…
¿Resulta procedente abordar el asunto sub lite desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual soportada en el enriquecimiento sin causa, cuando se observa que las pretensiones de la demanda tienen naturaleza estrictamente contractual? No
El contratista no puede basar su demanda en la responsabilidad extracontractual de enriquecimiento sin causa cuando las pretensiones de la demanda tienen una naturaleza estrictamente contractual, ya que la controversia se centra en el alcance de las obligaciones derivadas del contrato. Además, la Sala confirma que es procedente analizar las reclamaciones del contratista en sede judicial respecto a las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato, siempre y cuando el material probatorio en el plenario permita establecer el contenido de dichas salvedades, incluso si el documento remitido no se encuentra en el expediente. Esto implica que las partes deben aportar pruebas concretas y específicas en la liquidación del contrato y que la entidad judicial puede considerar otras pruebas en el plenario para determinar la correspondencia entre las pretensiones y las situaciones expuestas en los oficios, siempre que no se supla la carga de la prueba que les corresponde a las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el análisis de las reclamaciones del contratista realizadas en sede judicial con miras a objetar el acta de liquidación bilateral del contrato de obra…¿Mediante la modalidad de pago del contrato a precio global, el contratista asume el riesgo por mayor cantidad de obra, salvo que los costos adicionales tengan causa en prestaciones ajenas al objeto…¿Resulta procedente declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato No. 062-3 de 2009 y reconocer el valor actualizado de las obras ejecutadas…
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles?¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial?¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…